Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4455-17

Reclamante:	GUILLERMO GARRIDO PARRA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a: a) "Antecedentes que contengan el total de las multas cursadas y rebajadas solo durante el año 2015, en formato que detallo: fecha; tipo de multa rebajada; N° Resolución; Nombre de jefe que ordenó la rebaja; nombre funcionario que realizó la rebaja; monto de la multa rebajada; monto total anual rebajado; b) El o los instructivos o resoluciones administrativas internas que establecen expresamente qué personal está facultado para rebajar multas; c) Características que debe tener el INFORME SOCIAL que se requiere adjuntar a la carpeta del solicitante, para calificar una solicitud de rebaja de multa, frente a alguna infracción reglamentaria y resolución o instructivo que así lo determina; d) Cuáles son los organismos o instituciones calificadas y certificadas por el DEM para expedir dichos informes sociales y la Resolución o instructivo que así lo determina; e) Manual de procedimientos administrativos para la capacitación o retroalimentación de los funcionarios del DEM, vigente durante el año 2012 y sus modificaciones a esta fecha". El Consejo acoge parcialmente el amparo, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra a), por concurrir la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en los literales c) y d), por la inexistencia de la información solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/24/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C4455-17 Entidad pública: Subsecretaría del Interior. Requirente: Guillermo Garrido Parra. Ingreso Consejo: 20.12.2017 RESUMEN Por decisión unánime del Consejo Directivo, se acoge parcialmente el presente amparo, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra a), por concurrir la causal de distracción indebida de los funcionarios del órgano, y en las letras c) y d), por la inexistencia de la información solicitada; y ordenando la entrega de lo pedido en las letras b) y e), esto es, el o los instructivos o resoluciones administrativas internas, y copia del manual de procedimientos administrativos requeridos. En sesión ordinaria N° 892 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de mayo de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4455-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Subsecretaría Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Subsecretaría Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de octubre de 2017, don Guillermo Garrido Parra solicitó a la Subsecretaría del Interior, la siguiente información: a) "Antecedentes que contengan el total de las multas cursadas y rebajadas solo durante el año 2015, en formato que detallo: fecha; tipo de multa rebajada; N° Resolución; Nombre de jefe que ordenó la rebaja; nombre funcionario que realizó la rebaja; monto de la multa rebajada; monto total anual rebajado; b) El o los instructivos o resoluciones administrativas internas que establecen expresamente qué personal está facultado para rebajar multas; c) Características que debe tener el INFORME SOCIAL que se requiere adjuntar a la carpeta del solicitante, para calificar una solicitud de rebaja de multa, frente a alguna infracción reglamentaria y resolución o instructivo que así lo determina; d) Cuáles son los organismos o instituciones calificadas y certificadas por el DEM para expedir dichos informes sociales y la Resolución o instructivo que así lo determina; e) Manual de procedimientos administrativos para la capacitación o retroalimentación de los funcionarios del DEM, vigente durante el año 2012 y sus modificaciones a esta fecha". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 2 de noviembre de 2017, el órgano notificó al solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en los términos dispuestos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, mediante Ord. N° 27.885, de fecha 20 de noviembre de 2017, notificado por correo electrónico de fecha 4 de diciembre de 2017, la Subsecretaría del Interior otorgó respuesta a la solicitud de información, adjuntando planilla en la que da cuenta de las multas aplicadas el año 2015 con el total de ingresos, respecto de lo pedido en la letra a); indicando las normas relativas a la aplicación de multas y su respectiva tabla, con relación a lo requerido en la letra b); haciendo mención a los artículos 159 y 163 del decreto N° 597 del año 1984 respecto al procedimiento de reconsideración de la multa, en lo relativo a la letra c); señalando que no existe calificación o certificación, a lo pedido en la letra d); y adjuntando documento del año 2008, modificado el 2017, respecto al procedimiento de sanciones, consultado en la letra e). 3) AMPARO: El 20 de diciembre de 2017, don Guillermo Garrido Parra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, respecto a lo pedido en el literal a), agrega que "se respondió con una planilla que no corresponde a lo solicitado, sin el detalle, ni formato, ni los elementos mínimos que permitan discernir lo solicitado". Acto seguido, con relación a lo requerido en el literal b), reclama que "lo que se pidió son INSTRUCTIVOS O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, de aquellas que ordenan el trabajo del DEM, establecen los criterios y otorgan facultades delegadas jerárquicamente, a saber: qué facultades tiene un jefe de área, un supervisor o un administrativo de atención y dónde se encuentra dicha descripción de funciones. NADA DE ELLO SE RESPONDIÓ". Asimismo, respecto de lo consultado en el literal c), alega que los artículos indicados no se refieren a lo preguntado, y en la letra d), informan que no existen dichas certificaciones o calificaciones. Finalmente, con relación a lo solicitado en la letra e), reclama que "no se entregan, sino una que no corresponde a lo solicitado". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E88, de fecha 3 de enero de 2018, confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 30 de enero de 2018, se concedió a la Subsecretaría un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Mediante Oficio N° 1861, ingresado en este Consejo con fecha 30 de enero de 2018, el órgano presentó sus observaciones, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta al solicitante, agregó, en síntesis, lo siguiente: Respecto de lo pedido en la letra a), informa que "pronunciarse sobre el N° de resolución mediante la cual se impone esa sanción, nombre del funcionario que dicta dicha resolución, tipo y monto específico de la multa, implica la búsqueda y análisis de aproximadamente 30.088 resoluciones, toda vez que no existe una tabla estadística que contenga el nivel de detalle solicitado, lo que claramente supondría una labor que distraería indebidamente a los funcionarios de esta Subsecretaría", denegando su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia. Con relación a lo solicitado en el literal b), indica que "es la ley la que autoriza y faculta al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante el Departamento de Extranjería y Migración y las Intendencias Regionales (no uno o más funcionarios en específico)", haciendo mención al procedimiento regulado en el artículo 159 del decreto N° 597, del año 1984, del Ministerio del Interior. En lo relativo a lo requerido en la letra c), el órgano señala que "el procedimiento de reconsideración (o rebaja) se encuentra reglamentado en el artículo 159 y siguientes del Decreto N° 597, de 1984, no existiendo resoluciones o reglamento sobre este punto". Respecto de lo consultado en el literal d), la Subsecretaría explica que "no existe dicha calificación o certificación indicada en su requerimiento, las únicas circunstancias a considerar al momento de solicitar la rebaja de la multa impuesta, son las atenuantes establecidas en el artículo 163 del Decreto N° 597, de 1984, las cuales serán apreciadas conforme al procedimiento". Finalmente, con relación a lo pedido en la letra e), reitera la minuta de procedimiento sancionatorio elaborado el año 2008 y su actual modificación 2017. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado ni tampoco dentro del plazo prorrogado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario del Interior, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado. 2) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por parte de la Subsecretaría del Interior, no corresponde a la solicitada por el reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a una serie de antecedentes, manuales, informes e instructivos, relativos a la aplicación de multas a extranjeros y de rebajas o reconsideraciones de dichas sanciones. Al respecto, en su respuesta, el órgano entregó un conjunto de antecedentes que, a juicio del reclamante, serían insuficientes y no corresponderían a lo solicitado. 3) Que, en tal sentido, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, respecto de lo requerido en la letra a), esto es, antecedentes que contengan el total de las multas cursadas y rebajadas durante el año 2015, con el detalle de fecha, tipo de multa rebajada, N° de resolución, nombre de jefe que ordenó la rebaja, nombre de funcionario que realizó la rebaja, monto de la multa rebajada, y monto total anual rebajado, el órgano informó, con ocasión de sus descargos ante esta sede, que no existe información con el nivel de detalle requerido, y que su elaboración implicaría distracción indebida de sus funcionarios. 5) Que, en tal sentido, el órgano denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 6) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras. 8) Que, en la especie, cabe tener presente lo señalado por la Subsecretaría, en el sentido de que la elaboración de la información objeto del presente amparo, implica distraer indebidamente a sus funcionarios, respecto de sus labores habituales, por cuanto deberían revisarse más de 30.000 resoluciones, una a una, con la finalidad de verificar y recolectar los antecedentes necesarios para la elaboración de la planilla excel requerida, incluyendo en cada caso, el nombre de los funcionarios que ordenaron y efectuaron las rebajas a las multas impuestas, configurándose la causal de reserva alegada. 9) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto por la Subsecretaría, tratándose de información que no existe en los términos y con el detalle requeridos, y teniéndose por configurada la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de esta parte. 10) Que, sin perjuicio de lo resuelto en el considerando anterior, cabe tener presente que las resoluciones exentas con información sobre multas o amonestaciones a extranjeros, se encuentran publicadas en la página web de Transparencia Activa de la Subsecretaría del Interior, para su revisión en el link http://www.interior.gob.cl/transparencia/sag/sanciones_2015.html, entre otras, desde donde es posible acceder a la información detallada de las sanciones impuestas a extranjeros, por motivos de residencia ilegal o trabajar sin autorización, en los términos dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Transparencia, pese a no haber sido informado por el órgano reclamado. 11) Que, con relación a lo pedido en los literales b) y e), esto es, el o los instructivos o resoluciones administrativas internas que establecen expresamente qué personal está facultado para rebajar multas; y copia de manual de procedimientos administrativos para la capacitación o retroalimentación de los funcionarios del Departamento de Extranjería y Migración (DEM), vigente durante el año 2012 y sus modificaciones a esta fecha, el órgano hizo mención a lo dispuesto en el artículo 159 del Decreto N° 597, del año 1984, del Ministerio del Interior, respecto de la facultad de dicho Ministerio para aplicar multas y amonestaciones, y la tramitación de recursos de reconsideración, y respecto del manual, acompañó copia de hojas dispersas que se refieren a sanciones. Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que lo solicitado se refiere a instructivos o resoluciones internas respecto de las personas facultadas para autorizar las rebajas, y un manual para capacitar o retroalimentar a los funcionarios, y en tal sentido, la Subsecretaría nada dijo sobre su existencia o entregó hojas sueltas eventualmente extraídas de algún manual o documento informativo. En consecuencia, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de estos literales, ordenando la entrega de la información solicitada, o, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. 12) Que, respecto de lo solicitado en las letras c) y d), esto es, características que debe tener el informe social que se requiere adjuntar a la carpeta del solicitante, para calificar una solicitud de rebaja de multa y resolución o instructivo que así lo determina; y los organismos o instituciones calificadas y certificadas por el Departamento de Extranjería y Migración para expedir dichos informes sociales y la resolución o instructivo que así lo determina, el órgano indicó que el procedimiento de reconsideración se regula en el artículo 159 del mencionado Decreto N° 597, y las condiciones o atenuantes a considerar se encuentran en el artículo 163 del mismo decreto, y que no existen resoluciones o instructivos sobre la materia. 13) Que, en tal sentido, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 163 del Decreto N° 597, al disponer que: "Para la aplicación de las sanciones pecuniarias establecidas en el presente Reglamento, se considerará como atenuante el hecho de que el infractor se haya autodenunciado o concurrido ante la autoridad a requerir la regulación de su situación. Además, se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias: 1. Los vínculos familiares que el infractor tenga en el país; 2. El tiempo de permanencia en el país y lugar de su residencia y domicilio; 3. Su nivel cultural y situación económica; 4. Si es o no reincidente; 5. El período durante el cual se ha estado cometiendo la infracción, y; 6. Los antecedentes personales del infractor", en el cual no se requiere expresamente, la presentación de un informe social para la reconsideración o rebaja de una multa, motivo por el cual resulta plausible la inexistencia informada por el órgano, en el sentido de que no existen resoluciones, instructivos ni instituciones calificadas para la emisión, calificación y certificación de informes sociales. Al respecto, el inciso 2° del artículo 5 de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado), lo que no sucede en este caso. 14) Que, en consecuencia, tratándose de información que no existe, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, respecto de estos literales. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Guillermo Garrido Parra en contra de la Subsecretaría del Interior, rechazándolo respecto de lo solicitado en la letra a), por concurrir la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, y en los literales c) y d), por la inexistencia de la información solicitada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de el o los instructivos o resoluciones administrativas internas que establecen expresamente qué personal está facultado para rebajar multas, y copia del manual de procedimientos administrativos para la capacitación o retroalimentación de los funcionarios del DEM, vigente durante el año 2012 y sus modificaciones a esta fecha, o, en su defecto, señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los respectivos motivos, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido la solicitud de información dentro del plazo legal, ni dentro del plazo prorrogado. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Guillermo Garrido Parra y al Sr. Subsecretario del Interior. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.