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DECISIÓN AMPARO ROL C4482-17</p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior.</p>
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Requirente: Karina Uribe Peña</p>
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Ingreso Consejo: 22.12.2017.</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, referido a antecedentes relativos a las resoluciones que acogen y rechazan la condición de refugiado solicitadas al Estado de Chile durante el periodo 2000-2017, en atención a que otorgar acceso a éstos podría significar la distracción indebida de las funciones del órgano reclamado, puesto que sólo para el periodo que del año 2005-2017 se presentaron un total de 12.957 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.</p>
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En sesión ordinaria N° 913 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4482-17.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de octubre de 2017, doña Karina Uribe Peña solicita a la Subsecretaría del Interior, lo siguiente:</p>
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a) "Se indique el número de peticiones de asilo/refugio al Estado de Chile, entre los años 2000 y 2017, señalando o acompañando información relativa a la nacionalidad de las personas que realizan las solicitudes".</p>
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b) "Contenido de las resoluciones que han concedido o rechazado las solicitudes de asilo/refugio entre los años 2000 y 2017, con preeminencia del contenido y análisis jurídico de cada una de ellas (fundamentación del acto administrativo que concede o rechaza)".</p>
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c) "Señalar si existe un formulario tipo con los que cuenten los funcionarios de fronteras, para efectos de informar y registrar las solicitudes de asilo/refugio en los pasos fronterizos. De existir el formulario, se solicita copia del mismo, para efectos de saber su contenido".</p>
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d) "Causales por las cuales se ha pedido refugio/asilo en Chile, entre los años 2000 y 2017, señalando la nacionalidad del solicitante asociada a la causal".</p>
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e) "Señalar el número de resoluciones que se han recurrido, asociándolo al caso; el tipo de recurso (administrativo o judicial); si la solicitud llegó a los tribunales de justicia, y el resultado final".</p>
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f) "Contenido de las resoluciones administrativas que acogen y rechazan los recursos".</p>
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2) RESPUESTA: La Subsecretaría del Interior, mediante ordinario N° 27.881, de fecha 20 de noviembre de 2017, informan sobre lo consultado. En cuanto a lo pedido en los literales b), d), e) y f) del requerimiento, consideran que se configuraría la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puesto que implica la revisión y análisis de cada una de las solicitudes y recursos administrativos interpuestos y tramitados durante diecisiete años, información que no está sistematizada, lo que claramente supondría una labor que distraería indebidamente a sus funcionarios, viendo interrumpida sus funciones principales. Además, hacen presente lo dispuesto en el artículo 7, de la ley N° 20.430, que establece disposiciones sobre protección de refugiados - en adelante ley N° 20.430-; con relación a lo dispuesto en la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 22 de diciembre de 2017, doña Karina Uribe Peña deduce amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. En particular, sostiene que no se le habría proporcionado acceso a lo pedido en los literales b), d), e) y f) del requerimiento.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante oficio N° E262, de fecha 15 de enero de 2017.</p>
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El órgano reclamado, presentó sus descargos y observaciones por medio de oficio N° 2.542, de fecha 23 de enero de 2018, reiterando lo señalado en su respuesta, en orden a que respecto de lo solicitado se configurarían las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 1, letra c), y N° 5 de la Ley de Transparencia; ésta última en relación con lo dispuesto en el artículo 7, de la ley N° 20.430.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicita a la Subsecretaría del Interior, mediante correos electrónicos de fecha 27 de febrero y 27 de marzo de 2018, informe detalladamente cómo la entrega de la información pedida significaría una distracción indebida de sus funciones en los términos establecidos en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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El órgano reclamado, por medio de correos electrónicos de fecha 2 y 29 de marzo de 2018, informa que la Sección de Refugio y Reasentamiento del Departamento de Extranjería y Migración, posee información estadística sobre las solicitudes a partir del año 2005. En este contexto, señalan que, entre el período que va entre los años 2005 y 2017 se han efectuado un total de 12.957 solicitudes, por lo que, se debe considerar que cada acto administrativo que las resuelve tiene entre una y tres planas, esto es, aproximadamente 38.871 fojas que, además, deben ser revisadas una a una para censurar y tarjar la mayoría del documento, dejando solo las consideraciones normativas, esto por tratarse de información secreta de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, de la ley N° 20.430, que se aplica respecto del trámite de la condición de refugiado en todas sus etapas. Adicionalmente, a esta labor que ciertamente demandaría un alto uso de recursos y distracción de funciones, se debe considerar que, por la fecha de dictación de muchos de estos actos, un importante número no se encuentra digitalizado, por lo que habría que realizar dicha labor para poder proceder a su censura, los que tampoco están físicamente todos en un mismo lugar. Así, estiman considerando un tiempo de una hora para el trabajo relativo a dos expedientes, en que finalmente se requerirían de por lo menos 5.000 horas de trabajo para poder satisfacer el requerimiento formulado en la especie. En consecuencia, y aun si se destinaran 10 funcionarios a dicha tarea, la misma les tomaría al menos 500 horas de trabajo a cada uno de ellos.</p>
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Entonces, consideran que no es procedente la entrega de información declarada secreta por la ley, además, que en el caso concreto resulta materialmente imposible, al menos sin que dicha labor no distrajera indebidamente a lo menos a 10 funcionarios, del cumplimiento regular de sus funciones habituales, por un período de al menos 500 horas, vale decir, más de 55 jornadas laborales completas a cada uno de ellos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, circunscribiéndose el objeto de éste a lo pedido en los literales b), d), e) y f) del requerimiento. Al respecto el órgano reclamado argumenta la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 1, letra c), y N° 5, de la Ley de Transparencia, esta última en relación a lo establecido en el artículo 7, de la ley N° 20.430.</p>
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2) Que cabe hacer presente que este Consejo ha establecido que sólo puede configurarse la causal de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras. En dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales".</p>
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6) Que el órgano reclamado señala que en el periodo que va entre los años 2005 a 2017, se han efectuado un total de 12.957 solicitudes, así que cada acto administrativo que las resuelve consta entre una y tres planas, esto es, aproximadamente 38.871 fojas que, además, deben ser revisadas para tarjar los datos personales y sensibles contenidos en aquellos. Lo anterior, sólo en cuanto a lo pedido en el literal b) del requerimiento, esto es, contenido de las resoluciones que conceden o rechazan la solicitud de la condición de refugiado, a lo que debe agregarse, estadísticas de causales asociadas a nacionalidad; resoluciones recurridas, señalando tipo de recurso - administrativo o judicial- y resultado final; y contenido de las resoluciones que acogen o rechazan los recursos administrativos deducidos.</p>
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7) Que, en cuanto a lo pedido, cabe hacer presente que el procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado, se encuentra regulado en la ley N° 20.430, que en su artículo segundo, establece que tendrán derecho a que se les reconozca dicha condición a aquellas personas que se encuentren en las siguientes situaciones:</p>
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a) "Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores".</p>
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b) "Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país".</p>
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c) "Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no puedan o no quieran regresar a él".</p>
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d) "Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida".</p>
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3) Que dentro de los principios fundamentales de la protección de los solicitantes de la condición de refugiados, se encuentra el de la confidencialidad, en particular, el artículo 7, de la ley N° 20.430, establece que "todo solicitante de la condición de refugiado y refugiado tiene derecho a la protección de sus datos personales. El registro de la información, así como el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, en todas sus etapas, deberá respetar la confidencialidad de cada uno de los aspectos de la solicitud, inclusive el mismo hecho de que la persona haya requerido protección como refugiado". En particular, para el "caso de personas que presentaren una solicitud y alegasen haber sido víctimas de violencia sexual o por motivos de género, se procurará que los organismos públicos competentes les presten asistencia psicológica y social entrevistas, la persona pueda sentirse segura respecto de la confidencialidad de su petición". (Artículo 41)</p>
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4) Que el artículo 9, del decreto supremo N° 837, de 2010, del Ministerio del Interior, que aprueba el reglamento de la ley N° 20.430, agrega respecto del mencionado deber de confidencialidad, que "Esta obligación es extensiva a todas las personas o instituciones que participen directa o indirectamente en alguna de las etapas del procedimiento de determinación de la condición de refugiado y de búsqueda de soluciones duraderas. // De conformidad a la ley N° 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, se entiende por datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a la persona de los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, identificados o identificables.// Datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual".</p>
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5) Que en atención a lo razonado precedentemente, si bien la información solicitada se trata, en su mayoría, de actos administrativos, en estos se contienen, principalmente, datos personales e incluso sensibles de extranjeros que se encontrarían en situación de vulnerabilidad que hace que pidan protección al Estado de Chile. Por lo tanto, resulta plausible lo argumentado por el órgano reclamado, en orden a que debido a la cantidad de resoluciones pedidas, respecto de un periodo de 18 años, las que deberían ser revisadas detalladamente para tarjar los datos personales que contienen, otorgar acceso a lo pedido conllevaría la distracción de sus trabajadores del cumplimiento habitual de sus funciones, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de la Subsecretaría del Interior. Razón por la cual, se rechazará el amparo, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, en atención de lo resuelto precedentemente, este Consejo estima inoficioso pronunciarse respecto de las demás alegaciones efectuadas por el órgano reclamado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar los amparos deducidos por doña Karina Uribe Peña, en contra de la Subsecretaría del Interior, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por los fundamentos señalados precedentemen.</p>
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II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Karina Uribe Peña y al Sr. Subsecretario del Interior.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.</p>
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