Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4490-17

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Reclamante:	ARIEL FRANCISCO RIVERA NIETO
Reclamado:	CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CASTRO
Resumen del caso: Se dedujeron once amparos en contra de la Corporación Municipal de Castro, fundado en la respuesta negativa a las solicitudes de información referente a una serie de antecedentes económicos que especifica el requirente. Se acogen los amparos C4401-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17, respecto de la información enumerada en las letras; b) número i y ii; d), e) números i, ii, ii, iv y v; f) números i y ii; g) números i y ii; h) números ii y iii; i), j) y k), por tratarse de información pública, relacionada con ingresos y egresos del órgano; información de funcionarios públicos y, en general, a balances y situación patrimonial de la Corporación Municipal de Castro. En estos casos, se desestima las alegaciones del servicio, porque no se acreditó un vínculo directo con los procesos judiciales ni tampoco se probó una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano. se acogen parcialmente los amparos C4400-17 y C4402-17, ordenándose la entrega de la información anotada en las letras a) número i -con excepción de la factura señalada más adelante-; y c) números i, ii, iii y iv -con excepción del informe que se indicará-, por constituir información pública, relativas a egresos del servicio, estados financieros y auditorías de la Corporación, desestimándose las alegaciones del órgano señaladas precedentemente, por las mismas razones. Sin perjuicio de lo anterior, se rechazan estos últimos amparos, respecto a la copia de factura electrónica girada al proveedor Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, de fecha de emisión 1 de agosto del año 2017, y copia del primer informe que comprende la evaluación de control interno, al formar parte de la carpeta investigativa que obra en poder del Ministerio Público, antecedentes respecto de los cuales este órgano declaró como reservados.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/17/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C68-09 C4400-17 C4401-17 C4402-17 C4488-17 C4489-17 C293-09 C380-09 C4491-17 C4492-17 C4558-17 C4559-17 C4561-17
Jurisprudencia a:	C4400-17 C4401-17 C4402-17 C4488-17 C4489-17 C4491-17 C4492-17 C4558-17 C4559-17 C4561-17
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPAROS ROLES C4400-17, C4401-17, C4402-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17. Entidad pública: Corporación Municipal de Castro. Requirente: Ariel Rivera Nieto. Ingreso Consejo: 04.12, 21.12 y 27.12 de 2017. RESUMEN Se acogen los amparos C4401-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17, respecto de la información enumerada en las letras; b) número i y ii; d), e) números i, ii, ii, iv y v; f) números i y ii; g) números i y ii; h) números ii y iii; i), j) y k), por tratarse de información pública, relacionada con ingresos y egresos del órgano; información de funcionarios públicos y, en general, a balances y situación patrimonial de la Corporación Municipal de Castro. En estos casos, se desestima las alegaciones del servicio, porque no se acreditó un vínculo directo con los procesos judiciales ni tampoco se probó una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano, conforme a los criterios establecidos al resolverse los amparos Roles C68-09, C293-09 y C380-09. Por otra parte, se acogen parcialmente los amparos C4400-17 y C4402-17, ordenándose la entrega de la información anotada en las letras a) número i -con excepción de la factura señalada más adelante-; y c) números i, ii, iii y iv -con excepción del informe que se indicará-, por constituir información pública, relativas a egresos del servicio, estados financieros y auditorías de la Corporación, desestimándose las alegaciones del órgano señaladas precedentemente, por las mismas razones. Sin perjuicio de lo anterior, se rechazan estos últimos amparos, respecto a la copia de factura electrónica girada al proveedor Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, de fecha de emisión 1 de agosto del año 2017, y copia del primer informe que comprende la evaluación de control interno, al formar parte de la carpeta investigativa que obra en poder del Ministerio Público, antecedentes respecto de los cuales este órgano declaró como reservados. En sesión ordinaria N° 908 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de julio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C4400-17, C4401-17, C4402-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Ariel Rivera Nieto, mediante presentaciones que se singularizarán a continuación, solicitó a la Corporación Municipal de Castro los siguientes antecedentes: a) Solicitud de información N° CM011T00000045, de fecha 13 de octubre de 2017: i. Copia de todas las facturas, órdenes de compras y los respectivos respaldos giradas al proveedor: Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, desde octubre 2013 a la fecha; ii. Del departamento de adquisiciones se solicita facultades, funciones o atribuciones y descripción del cargo. b) Solicitud de información N° CM011T00000047, de fecha 13 de octubre de 2017: i. Balances Generales y Estados de Resultados Años Comerciales 2013 - 2014 - 2015 y 2016; ii. Declaraciones de Impuestos a la Renta Años Tributarios 2014 - 2015 - 2016 -2017. c) Solicitud de información N° CM011T00000046, de fecha 13 de octubre de 2017: i. Copia de la licitación pública por auditoria efectuada por V&P Asesores Consultores; ii. Contrato firmado con la empresa V&P Asesores Consultores; iii. Solicita copia de los estados financieros y económicos auditados según consta en vuestra orden de compra N° 29662 de fecha 29 de agosto de 2017 E/1192; iv. Copia primer informe que comprende la evaluación de control interno y validación preliminar de las actividades contenidas en la carta Gantt de V&P Asesores Consultores. d) Solicitud de información N° CM011T00000052, de fecha 6 de noviembre de 2017: Antecedentes pago del 30% del total del contrato de "Auditoría integral a los estados financieros y económicos-procesos internos de la Corporación Municipal de Castro". e) Solicitud de información N° CM011T00000053, de fecha 6 de noviembre de 2017: i. Copia de los contratos de trabajo y decreto de aprobación; ii. Calidad en que se encuentra contratados (planta, contrata u honorarios); iii. Copia del libro de registro de asistencia; iv. Copia del registro de ingreso y salida de los últimos 4 meses y funciones que desempeña; v. Certificado de remuneraciones y horas extraordinarias de los últimos 4 meses, acciones a las que destinaron las horas extras de los señores Carrillo Duhalde, Luis Enrique y Torres Saldivia, Jeremías Neftalí. f) Solicitud de información N° CM011T00000054, de fecha 6 de noviembre de 2017: i. Copia del registro general de socios actualizada al 30 de Septiembre de 2017, de conformidad al TITULO V Del Secretario General, Articulo 27°, letra f); ii. Patrimonio de la corporación al 30 de Septiembre de 2017, según título VI, artículo 28°, inciso primero. g) Solicitud de información N° CM011T00000056, de fecha 6 de noviembre de 2017: i. Detalle pormenorizado del déficit estructural de más de 1 mil 200 millones de pesos, por fuente de gasto, (por RUT Nombre del Proveedor o Prestador de servicios) Según V&P Asesores Consultores en: Deuda Exigible al 31 de Diciembre de 2016, página 2; ii. Detalle pormenorizado de la deuda exigible y flotante cercana a los mil millones de pesos, por fuente de gasto, (por RUT Nombre del Proveedor o Prestador de servicios). h) Solicitud de información N° CM011T00000050, de fecha 26 de octubre de 2017: i. Copia Actas de sesiones ordinarias años 2016 -2017 del Directorio de la Corporación de Educación de Castro para La Educación y Atención al Menor; ii. Copia de las rendiciones años 2015 -2016 efectuadas a la Asamblea general de Socios de la inversión de los fondos y marcha de la corporación; iii. Copia de las rendiciones trimestrales de cuentas año 2017 efectuadas al Directorio por el Secretario General de la Corporación de Educación de Castro para La Educación y Atención al Menor. i) Solicitud de información N° CM011T00000061, de fecha 27 de noviembre de 2017: Área Educación: Subvención regular - sep - integración -mantención-jardines-Opd-otras subvenciones. Aparte aportes municipales. Licencias médicas - dl 889 por meses y además liquidación de subvenciones, para los años auditados por V&P Consultores Años 2014 - 2015 y 2016. j) Solicitud de información N° CM011T00000062, de fecha 27 de noviembre de 2017: Área Salud: Per Cápita mensual desglosado y programas desglosado, para los años 2014 -2015 - 2016. k) Solicitud de información N° CM011T00000064, de fecha 27 de noviembre de 2017: Monto valorizado de licencias Médicas al 31 de diciembre de 2014 - 2015 - 2016 y al 30 de Septiembre de 2017. 2) RESPUESTA: El órgano, en respuesta a las solicitudes anteriores, por medio de ordinario N° 1633, 1634, 1635, 1693, 1725, 1726, 1727, 1729, 1751, 1752 y 1753, de fechas 28 de noviembre, 12, 19 y 27 de diciembre de 2017, respectivamente, señaló en resumen, lo siguiente: a) Respecto de todas las solicitudes, se aplica la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, por cuanto existe una querella, por los delitos de malversación de caudales públicos, desviación de caudales públicos, fraude al fisco y exacciones ilegales, RIT N° 1012-2017, del Juzgado de Garantía de Castro, en etapa de investigación, con una serie de diligencias pendientes, donde se indagan situaciones financieras de la Corporación (egresos e ingresos). Los antecedentes requeridos son parte fundamental de la misma, por pertenecer ellos a la anterior administración de la que se investiga el delito. b) Además, lo requerido también se relaciona con la demanda laboral presentada por la ex jefa de finanzas de la Corporación, causa T-55-2017, ante el Tribunal de Letras del Trabajo de Castro. c) En cuanto a lo solicitado en el número ii, letra a) y número i, letra h), indicó los link en donde se encuentra lo requerido. 3) AMPAROS: Con fecha 4, 21 y 27 de diciembre de 2017, don Ariel Rivera Nieto, presentó amparos, respecto a determinadas solicitudes referidas precedentemente, en contra de la Corporación Municipal de Castro, fundado en las respuestas negativas a sus solicitudes. Dichas presentaciones dieron origen a los siguientes roles: C4400-17, C4401-17, C4402-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17. Asimismo, en los amparos roles C4400-17, C4401-17 y C4402-17, agregó que si correspondiere, solicita aplicación de multa por respuesta extemporánea. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación los referidos amparos, confiriendo traslado al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Castro, mediante oficios N° E4870, E4862, E4861, E56, E91, E197, de 26 de diciembre de 2017, 3 y 10 de enero de 2018, respectivamente. Luego, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, lo siguiente: a) Que con fecha 11 de mayo del año 2017 se presentó querella por malversación de caudales públicos, aplicación pública diferente y defraudación y exacciones ilegales, en contra del ex Alcalde la Comuna don Nelson Águila Serpa y don Carlos Delgado Álvarez, ingresando con Rit N° 1012-2017, RUC 1710020170-4 al Juzgado de Garantía de la Ciudad de Castro. b) Hoy día dicha causa se encuentra en plena etapa investigación y con diligencias pendientes, toma de declaración a testigos, investigación cuentas en Bancos, análisis de prueba allegada, en especial informes de contraloría en cuanto a fondos Subvención Escolar Preferencia, Programa Integración Escolar y área de salud (fondos traspasados a la Corporación por el Servicio de Salud Chiloé para ejecución de programas, lo que no fueron ejecutados), todos ellos, fondos administrados hasta el 11 de agosto del año 2017, por la ex Jefa de Finanzas de la Corporación doña Adriana Olivares Soto. De la misma manera, se ha hecho llegar y están siendo analizados por Fiscalía Local de Castro hallazgos arrojados por auditoria externa realizada a Corporación donde la totalidad de los documentos requeridos por Ley de Transparencia, por el señor Rivera están vinculados a dicha investigación. c) Las finanzas se encontraban a cargo de doña Adriana Olivares Soto hasta el día 12 de agosto, ya que previo a la auditoria mencionada a realizarse en la Corporación, específicamente el día 05 de agosto es sorprendida por empresa de seguridad a cargo del resguardo de la Corporación sacando aproximadamente 45 archivadores con egresos e ingresos del área salud y educación, de dependencias de la Corporación, lo que provoca el despido el día 12 de agosto de 2017, archivos que contenían documentos a auditar. Por ello, se decide ampliar la querella en cuanto a doña Adriana Olivares Soto. Desde el punto de vista laboral y en razón del despido se genera causa T-55-2017 tramitada ante Tribunal Laboral de Castro, demandado así doña Adriana a esta Corporación por la suma de quinientos millones aproximadamente, causa que hoy se encuentra pendiente de realización de audiencia de juicio, donde la prueba nueva es una posibilidad cierta. d) Así las cosas cualquier documento que entregue esta Corporación puede ser aportado como eventual prueba nueva en el juicio refiriéndome a la causa laboral, y desde el punto de vista penal bien puede afectar el sustento de la acción deducida y prueba de nuestra querella que aún se encuentra en plena etapa de investigación como se dijo. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO: Atendiendo lo sostenido por el órgano, en orden al vínculo que existiría entre los documentos solicitados en estos amparos y la investigación penal que lleva a cabo el Ministerio Público en la causal judicial que se indicó previamente, es que el Consejo Directivo de esta Corporación, confirió traslado al Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público, mediante oficio N° 2390, de 9 de mayo de 2018. Al respecto, por medio de oficio N° 98/2018, de 25 de mayo del año en curso, el Ministerio Público, indicó en resumen, lo siguiente: a) Efectivamente la Fiscalía se encuentra desarrollando investigación en causa RUC 1710020170-4, por el delito de malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, entre otros ilícitos funcionarios, investigación vinculada a la causa RUC 1700731029-3. b) En la causa RUC 1710020170-4 existe una serie de antecedentes que han sido aportados por la Corporación Municipal de Castro, quien detenta la calidad de víctima en la mencionada investigación: i. Así, en relación a la letra a), del numeral 1°, precedente, se cuenta con una sola copia de factura electrónica girada al proveedor Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, de fecha de emisión 1 de agosto del año 2017; ii. Se cuenta con copia del informe a que se alude en la letra c), del numeral 1°, precedente. El resto de los documentos que se solicitan no están con el nivel de detalle y especificidad que plantea el requirente, por lo que no es posible pronunciarnos al respecto, siendo lo que se le ha indicado la información que podemos proporcionarle. c) Que en el caso en cuestión el Sr. Rivera es un tercero ajeno a la investigación, ya que no reviste la calidad de interviniente, según lo dispuesto en el artículo 12 del Código Procesal Penal. En consecuencia, rige a su respecto la causal de reserva legal del artículo 182 del Código Procesal Penal, que establece expresamente el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Púbico y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento; causal de secreto que se encuentra en concordancia a la causal de reserva legal que establece el artículo 21 N° 1 letra a) de la ley N° 20.285, en cuanto dispone el secreto de antecedentes que vayan en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales. d) En conclusión, en lo que atañe a las solicitudes de información del Sr. Rivera, y que la Corporación Municipal de Castro ha negado, como Ministerio Público señalan que en la medida que aquellos antecedentes formen parte de la investigación penal actualmente en curso a cargo de la Fiscalía Local de Castro, causa RUC N° 1710020170-4, dichos antecedentes no pueden ser entregados a un tercero ajeno a la investigación, como lo es el Sr. Ariel Rivera Nieto. Por tanto, en atención a los términos de la solicitud, el Ministerio Público se opone a la entrega de esos antecedentes, en virtud de las causales de reserva legal contempladas en las normas ya citadas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos mediante las cuales se rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige responder con la máxima economía de medios y eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo anterior, y atendido al hecho que entre los amparos C4400-17, C4401-17, C4402-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17, existe identidad respecto del solicitante y del órgano de la Administración requerido, además de tratarse en estos casos de solicitudes de información relacionadas, este Consejo para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en orden a entregar los documentos enumerados en las letras a) número i; b) número i y ii; c) números i, ii, iii y iv; d), e) números i, ii, ii, iv y v; f) números i y ii; g) números i y ii; h) números ii y iii; i), j) y k), todos del numeral 1°, de lo expositivo, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, en relación con el proceso penal y laboral que detalla. 3) Que, respecto a la referida causal, cabe recordar el criterio sostenido reiteradamente por este Consejo a partir de las decisiones recaídas en los amparos C68-09, C293-09 y C380-09, entre otras, mediante las cuales resolvió que aquella debe interpretarse de manera estricta, debiendo concluirse que la sola existencia de un juicio pendiente en que sea parte el órgano requerido no transforma en secretos los documentos relacionados con éste. Para que ello ocurra, debe existir una relación directa entre los documentos o información que se solicita y el litigio que se sustancia, debiendo verificarse, además, una afectación al debido funcionamiento del órgano en caso de revelarse aquéllos. 4) Que, en un primer orden de ideas, se desestimará como fundamento de la causal alegada la existencia de la causa laboral, debido a que no se acreditó la relación directa existente entre los documentos solicitados y el litigio, como asimismo, no se fundó la afectación al debido cumplimiento de las funciones de la Corporación Municipal. En efecto, el órgano indicó al respecto que se encontraba pendiente de realización de la audiencia de juicio, donde la prueba nueva es una posibilidad. Sin embargo, dicha posibilidad no es suficiente para acreditar una afectación en los estándares establecidos por este Consejo, por cuanto para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ha ocurrido. En efecto, el órgano no precisó de qué manera podría producirse una prueba nueva, el cual se debe recordar constituye una situacion excepcional en la audiencia de juicio en materia laboral, el cual si bien no se encuentra expresamente regulada en el Código del Trabajo, eventualmente, y en forma supletoria, podrían resultar aplicables, por ejemplo, los artículos 321 y 322 del Código de Procedimiento Civil, presupuestos que tampoco han sido explicados por el órgano. 5) Que, en un segundo orden de ideas, en cuanto a la existencia del proceso penal referido por la Corporación, el órgano precisó que la totalidad de los documentos solicitados en este amparo se encuentran vinculados con la investigación penal que al respecto está realizando el Ministerio Público. Por este motivo, este Consejo confirió traslado al órgano persecutor, quien señaló en síntesis que, respecto de los documentos solicitados en el numeral 1°, de lo expositivo, sólo obraban en el expediente de investigación, los siguientes: i) copia de factura electrónica girada al proveedor Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, de fecha de emisión 1 de agosto del año 2017, solicitada en el número i, letra a) y ii) copia del informe requerido en el número iv, letra c). En virtud de dicha situación, el Ministerio Público, respecto de dichos documentos, alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 182 del Código Procesal Penal. 6) Que, esta última disposición legal establece que "Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento". Por su parte, el artículo 80 del Código Procesal Penal dispone que la dirección de la investigación le corresponde al Ministerio Público, por lo que en principio el organismo reclamado se encontraría impedido de entregar información relacionada con la investigación de un crimen o simple delito. 7) Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8° de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien artículo 182 del Código Procesal Penal, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). Dicha reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8° de la Constitución Política. 8) Que, para estos efectos, debe indicarse que una de las funciones del Ministerio Público, contenida en el artículo 1° de la ley N° 19.640, que establece la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, que al respecto dispone que: "El Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito (...)". En mérito de lo anterior, se debe concluir que dicha norma tiene por objeto la protección del debido cumplimiento de las funciones del Ministerio Público, como órgano que detenta constitucional y legalmente, el monopolio de las actividades investigativas de los hechos que constituyen delitos. Por estas consideraciones, se rechazará el amparo, respecto de los documentos descritos en el considerando 5°, precedente por la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 9) Que, sin perjuicio de lo anterior, en lo que atañe a los demás documentos solicitados, que no forman parte del expediente investigativo, el órgano no ha acreditado una relación directa con el proceso penal antes referido, ni una afectación al debido cumplimiento de sus funciones, ambos requisitos copulativos para dar por configurada la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la Ley de Transparencia. Al efecto, sólo se limitó a sostener que constituían parte fundamental de la investigación, lo cual no ha sido acreditado de manera alguna, y que se relacionaban con la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía, esta última circunstancia ya tratada en los considerandos anteriores. En consecuencia, el amparo en esta parte será acogido, ordenándose al órgano hacer entrega del resto de los documentos que se indicarán en lo resolutivo, debiendo tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. Por otra parte, en caso que alguno de los documentos requeridos no obre en su poder, deberá explicar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la instrucción general N° 10. 10) Que, finalmente, en lo que concierne al reclamo por extemporaneidad de las respuestas del órgano respecto a las solicitudes de información que dieron origen a los amparos roles N° C4400-17, C4401-17 y C4402-17, se rechazarán por cuanto el órgano confirió respuesta dentro de los plazos legales. En efecto, en los tres casos, la solicitud de información fueron deducidas el 13 de octubre de 2017, comunicando el órgano la decisión de prorrogar el plazo respecto de cada una, el día 14 de noviembre, para luego responder la solicitud de información el 28 de octubre de 2017, cumpliéndose de esta manera los plazos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos C4401-17, C4488-17, C4489-17, C4490-17, C4491-17, C4492-17, C4558-17, C4559-17 y C4561-17, interpuestos por don Ariel Rivera Nieto en contra de la Corporación Municipal de Castro, de conformidad a lo expuesto anteriormente. II. Acoger parcialmente los amparos C4400-17 y C4402-17, interpuestos por don Ariel Rivera Nieto en contra de la Corporación Municipal de Castro, en mérito de lo expuesto en los considerandos precedentes. III. Requerir al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Castro que: a) Entregue al solicitante, los siguientes documentos: i. Copia de todas las facturas, órdenes de compras y los respectivos respaldos giradas al proveedor: Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, desde octubre 2013 a la fecha, con excepción de la factura señalada en el punto IV, de lo resolutivo; ii. Balances generales y estados de resultados años comerciales 2013 - 2014 - 2015 y 2016; iii. Declaraciones de impuestos a la renta años tributarios 2014 - 2015 - 2016 -2017; iv. Copia de la licitación pública por auditoria efectuada por V&P Asesores Consultores; v. Contrato firmado con la empresa V&P Asesores Consultores; vi. Copia de los estados financieros y económicos auditados según consta en orden de compra N° 29662 de fecha 29 de agosto de 2017 E/1192; vii. Validación preliminar de las actividades contenidas en la carta Gantt de V&P Asesores Consultores; viii. Antecedentes pago del 30% del total del contrato de "Auditoría integral a los estados financieros y económicos-procesos internos de la corporación municipal de castro"; ix. Copia de los contratos de trabajo y decreto de aprobación de los señores Carrillo Duhalde, Luis Enrique y Torres Saldivia, Jeremías Neftali; x. Calidad en que se encuentra contratados (planta, contrata u honorarios), los referidos funcionarios; xi. Copia del libro de registro de asistencia, de los funcionarios en comento; xii. Copia del registro de ingreso y salida de los últimos 4 meses y funciones que desempeñan las personas recién mencionadas; xiii. Certificado de remuneraciones y horas extraordinarias de los últimos 4 meses, acciones a las que destinaron las horas extras los ya referidos funcionarios. xiv. Copia del registro general de socios actualizada al 30 de Septiembre de 2017, de conformidad al título V, Del Secretario General, artículo 27°, letra f), de los estatutos de la Corporación; xv. Patrimonio de la corporación al 30 de Septiembre de 2017, según título VI, artículo 28°, inciso primero, de los estatutos de la Corporación; xvi. Detalle pormenorizado del déficit estructural de más de mil doscientos millones de pesos, por fuente de gasto, (por RUT, Nombre del Proveedor o Prestador de servicios) Según V&P Asesores Consultores en: Deuda Exigible al 31 de diciembre de 2016, página 2; xvii. Detalle pormenorizado de la deuda exigible y flotante cercana a los mil millones de pesos, por fuente de gasto, (por RUT, Nombre del Proveedor o Prestador de servicios); xviii. Copia de las rendiciones años 2015 -2016 efectuadas a la asamblea general de socios de la inversión de los fondos y marcha de la corporación; xix. Copia de las rendiciones trimestrales de cuentas año 2017 efectuadas al Directorio por el Secretario General de la Corporación de Educación de Castro para la Educación y Atención al Menor; xx. Área Educación: Subvención regular - sep - integración -mantención-jardines-Opd-otras subvenciones. Aparte aportes municipales. Licencias médicas - dl 889 por meses y además liquidación de subvenciones, para los años auditados por V&P Consultores Años 2014 - 2015 y 2016; xxi. Área Salud: Per Cápita mensual desglosado y programas desglosado, para los años 2014 -2015 - 2016; xxii. Monto valorizado de licencias Médicas al 31 de diciembre de 2014 - 2015 - 2016 y al 30 de Septiembre de 2017. Para todo lo anterior, se deberán tarjar los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. Por otra parte, en caso que alguno de los documentos requeridos no obre en poder del órgano, deberá explicar dicha situación en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la instrucción general N° 10. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. IV. Rechazar los amparos C4400-17 y C4402-17, sólo en lo que respecta a los siguientes documentos: copia de factura electrónica girada al proveedor Ariel Gonzalo Ignacio Rivera Olivares, de fecha de emisión 1 de agosto del año 2017, anotada en el numeral i, letra a), del numeral 1°, de lo expositivo y copia del primer informe que comprende la evaluación de control interno, señalado en el número iv, de la letra c), del numeral 1°, de lo expositivo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, de acuerdo a lo señalado precedentemente. V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ariel Rivera Nieto, al Sr. Alcalde y Presidente del Directorio de la Corporación Municipal de Castro y al Sr. Fiscal Nacional del Ministerio Público. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.