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<strong>DECISIÓN AMPARO C650-11</strong></div>
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Entidad Publica: Gendarmería de Chile</div>
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Requirente: Carlos Herrera Jiménez </div>
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Ingreso Consejo: 01.06.2011</div>
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En sesión ordinaria Nº 278 del Consejo Directivo, celebrada el 31 de agosto de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C650-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 1 de abril de 2011 don Carlos Herrera Jiménez solicitó a Gendarmería de Chile:</p>
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a) Copias auténticas de las actas del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco, levantadas respecto de su persona, en las peticiones de indulto particular efectuadas al Presidente de la República, el 31 de enero de 2005 y el 12 de agosto de 2010;</p>
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b) Se le indiquen las razones por la cuales se le ha negado la salida dominical; y</p>
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c) Se le informe quién recibió y tramitó sus escritos dirigidos al Director de Gendarmería de Chile de 20 de mayo de 2010, 4 de febrero de 2011 y 1 de abril del mismo año.</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 1 de junio de 2011 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la falta de respuesta del organismo. Además, requirió se ordene al Director Nacional de Gendarmería de Chile: (a) que le haga entrega de las actas del Consejo Técnico cada vez que éste se pronuncie respecto de su persona, sin necesidad de petición de parte; (b) Se aclare por qué en un documento oficial signado con el mismo número y fecha, pero entregado en tiempos distintos, una o las dos firmas del Director Nacional sería falsa –se refiere a dos oficios mediante los cuales se le remitió la información ordenada entregar por este Consejo en su decisión de amparo Rol C426-10–; y (c) aclarar por qué Gendarmería de Chile demoró 66 días en notificarle la decisión del amparo Rol C426-10.</p>
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3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo al Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante Oficio N° 1.335, de 6 de junio de 2011; quien contestó al mismo el 30 de junio de 2011, a través de su Oficio Ord. N° 1.563, formulando los siguientes descargos y observaciones:</p>
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a) Señala que no es factible otorgar copias auténticas de las actas del Consejo Técnico requeridas por el reclamante, ya que éstas son las únicas con las que cuenta el centro penitenciario y la ley no reconoce el carácter de ministro de fe a ningún funcionario de Gendarmería de Chile. No obstante entregar todas las facilidades necesarias para que un Notario Público se dirija al centro penitenciario, a costa del reclamante.</p>
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b) Hace presente que la decisión de amparo C426-10 fue notificada al reclamante el 18 de enero del año 2011. Sobre el particular, sostiene que la Ley de Transparencia no contendría una obligación del órgano administrativo de notificar al reclamante la decisión del Consejo, a excepción de que este último lo solicite. Por lo tanto, su notificación al reclamante constituyó un acto de deferencia y respeto hacia su persona.</p>
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c) Señala que las firmas a las que alude el reclamante no son falsas, ya que como es de conocimiento público y de acuerdo a las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, se puede colegir que la cantidad de documentos diarios que el Director Nacional debe firmar es un número muy considerable, por tanto es humanamente imposible que las firmas sean absolutamente idénticas entre sí.</p>
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d) Indica que las personas encargadas de realizar las respuestas a las solicitudes de reclamante fueron la abogada Carolina Baeza Paredes y la egresada de Derecho Karla Hermosilla Órdenes, quienes actualmente se encuentran desvinculadas de la Institución; siendo remplazadas por la abogada Gabriela Abusabal Chacoff, quien confeccionó la respuesta a su último requerimiento.</p>
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e) Hace presente que la solicitud del reclamante fue contestada el 2 de mayo de 2011, mediante el Oficio N° 1.119, conforme al cual le indica que no es posible otorga copia autentica de lo solicitado, por los argumentos ya expresados (adjunta copia).</p>
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f) Afirma que no es posible enviarle todos los documentos que elabore la Comisión Técnica sobre su persona, por tratarse de documentos futuros, los que aún no han sido generados, razón por la cual deberá solicitarlos mediante el procedimiento de acceso a la información pública.</p>
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g) Por último, informa que las razones para denegarle el beneficio de salida dominical están contenidas en las actas del Comité Técnico que ya le fueron entregadas.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el D.S. N° 1542/1980, del Ministerio de Justicia, que contiene el Reglamento sobre Indultos Particulares, establece en el inciso 2° del artículo 2° que «[a] la solicitud del interesado, dicho funcionario deberá adjuntar un informe fundado del Tribunal de Conducta del establecimiento, que contendrá un pronunciamiento acerca de la procedencia de la petición y las menciones indicadas en el artículo 4° de este reglamento. En los establecimientos en que no exista Tribunal de Conducta, este trámite será cumplido por el Alcaide». Su artículo 3° dispone que «[l]as solicitudes de reos que cumplan sus condenas en establecimientos que cuenten con Servicio de Criminología, deberán ser sometidas a su consideración, a fin de que se emita un informe técnico sobre el caso». Agregando su artículo 4° que «[l]a autoridad gubernativa correspondiente requerirá los antecedentes policiales y demás que estime necesarios para evacuar un informe fundado del reo condenado a relegación o destierro que solicite el indulto y elevará los antecedentes directamente al Ministerio de Justicia. Se agregará, también, el certificado de antecedentes del solicitante, con todas sus anotaciones».</p>
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2) Que si bien los artículos 9° y 11 del citado reglamento sobre Indultos Particulares establecen la confidencialidad tanto de los antecedentes que constituyen el expediente de una solicitud de indulto como del decreto que lo otorga o lo rechaza, tratándose de un Decreto Supremo, éste no cumple con los requisitos de ley de quórum calificado exigido por la Constitución Política y los artículos 21 N° 5 y primero transitorio de la Ley de Transparencia, para constituir un caso de secreto o reserva.</p>
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3) Que en el presente caso el Servicio no ha invocado causal de secreto o reserva alguna para la denegación de las actas del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco relativas a las solicitudes de indulto particular efectuadas por el reclamante, razón por la cual éstas deberán estimarse públicas, conforme ya se resolvió en la decisión de amparo C323-10, de 30 de julio de 2010, de este Consejo –ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, a través de su sentencia Rol N° 6190-2010, de 31 de junio de 2011–, según la cual, su comunicación no importa un riesgo probable de afectación a los derechos de los funcionarios que intervinieron en el procedimiento de tramitación de la solicitud de indulto. Habida consideración del interés público que representa la posibilidad del control social de los pronunciamientos de la administración sobre estas particulares solicitudes, y que al referirse parte de la información requerida al propio reclamante, dicha solicitud de acceso a información también comprende el ejercicio del derecho de acceso del titular a sus datos personales (habeas data), por tratarse información concerniente a su persona que obra en poder del la Administración del Estado, al tenor del artículo 5° de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, en cuanto al contenido del expediente materia de la solicitud, según se observó en la decisión precitada, se ha podido establecer que, por lo general, estos conllevan la individualización de diversos funcionarios de Gendarmería y de la Subsecretaría de Justicia, tales como el Director Nacional de Gendarmería; el Ministro de Justicia; el Alcaide del establecimiento penal correspondiente; el Tribunal de Conductas del establecimiento penal; el Consejo Técnico del establecimiento penal; un asistente social del Departamento de Readaptación de Gendarmería –responsable de la elaboración del informe social del solicitante–; un psicólogo de Gendarmería –responsable del informe de evaluación psicológica–; en caso de que alegue razones de salud, informe de un médico; informe de la sección de indultos del Ministerio de Justicia; y de otras personas, como aquélla que emite y firma el certificado de antecedentes penales, entre otros.</p>
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5) Que, por su parte, en cuanto a la solicitud de las razones por la cuales se le ha negado la salida dominical al reclamante, atendido que el organismo ha indicado que lo solicitado consta, exclusivamente, en las actas e informes de las sesiones del Consejo Técnico que le fueron entregadas en cumplimiento de la decisión del amparo Rol C426-10, de 13 de noviembre de 2010, la solicitud del reclamante se refiere a información inexistente, por lo que éste no se encuentra obligado a su entrega.</p>
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6) Que, asimismo, no obstante el organismo no se pronunció en su respuesta sobre la individualización de los funcionarios que tramitaron las presentaciones que indica el reclamante, tal solicitud deberá estimarse contestada por la sola notificación de la presente decisión y los descargos y observaciones del organismo requerido, atendido que en ellos se individualizó a los funcionarios en comento.</p>
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7) Que el Servicio acompañó a este Consejo su Oficio N° 1.119, de 2 de mayo de 2011, mediante el cual habría dado respuesta al reclamante a sus solicitudes. Sin embargo, atendido que aquel no ha acompañado antecedente alguno que certifique su entrega en los términos indicados por el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, ésta no podrá estimarse contestada, lo que deberá serle representado.</p>
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8) Que analizadas las consultas formuladas por el reclamante en su presentación de amparo a la luz de los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, resulta forzoso concluir que éstas no son susceptibles de reclamación de amparo ante este Consejo, por no encontrarse comprendidas en la solicitud de información que le sirve de fundamento.</p>
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9) Que, en cuanto a la forma de entrega de la información requerida, esto es, los copia autentica o autorizada de éstos, según establece el artículo 17 de la Ley de Transparencia «[l]a información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado...», por lo que la información pública que obra en poder de los órganos de la Administración del Estado puede solicitarse en original, en copia simple o en copia autorizada, toda vez que la descripción de que los documentos entregados son copia fiel a su original es la única manera de demostrar de forma indubitada el origen de la información ante terceros y previene el uso malicioso de los documentos (criterio reconocido por este Consejo en su decisión de amparo Rol C614-09, de 23 de abril de 2010). Por lo tanto, de conformidad con el citado artículo 17 de la Ley de Transparencia, Gendarmería de Chile deberá estampar en la información que se entregue, una leyenda que identifique que se trata de una copia fiel a su original.</p>
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10) Que, en cuanto a la notificación de la presente decisión, tratándose el reclamante de una persona que se encuentra bajo la custodia y, consecuentemente, del cuidado del Estado, la notificación de las decisiones de esta Corporación debe desarrollarse por los canales dispuestos por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; habida consideración de que, según dispone el artículo 41 del título tercero del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios (D.S. N° 518/1998, del Ministerio de Justicia), forman parte de los derechos de los internos condenados comunicarse en forma escrita con las personas que ellos deseen.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Carlos Herrera Jiménez en contra de Gendarmería de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Director Nacional de Gendarmería de Chile:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de las actas del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Peuco relativas a las solicitudes de indulto particular efectuadas por el reclamante el 31 de enero de 2005 y el 12 de agosto de 2010, estampando en los documentos que se entreguen una leyenda que identifique que se trata de una copia fiel a su original.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé Nº 115, Piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión, así como de los descargos y observaciones formulados por el órgano requerido, a don Carlos Herrera Jiménez y al Director Nacional del Gendarmería de Chile.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Enrique Rajevic Mosler, Director General (S) del Consejo para la Transparencia.</p>
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