Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C464-18

Reclamante:	ESTEBAN RODRÍGUEZ
Reclamado:	UNIVERSIDAD DE LA SERENA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Universidad de La Serena, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a la "base de datos Excel de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 al 2007, indicando: nombres/apellidos, carrera, fecha en que se otorgó licenciatura, fecha en que se otorgó título profesional. Favor omitir entrega de licenciados y titulados de la carrera de Derecho por cuanto pueden ser verificadas en el portal del poder judicial". El Consejo rechaza el amparo, por inexistencia de la información solicitada, y por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Trasparencia, en caso de ordenarse su entrega. HAY VOTO DISIDENTE
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/15/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C220-18 C377-13
Jurisprudencia a:	C710-19
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C464-18 Entidad pública: Universidad de La Serena. Requirente: Esteban Rodríguez. Ingreso Consejo: 02.02.2018 RESUMEN Por mayoría de este Consejo Directivo, se rechaza el presente amparo, referido a la base de datos de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 a 2007, indicando nombres, apellidos, carrera, fecha en que se otorgó la licenciatura y fecha en que se otorgó el título profesional, atendido que la Universidad de La Serena sostiene que no existe la base de datos pedida, sin que se cuente con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria. Sin perjuicio de lo señalado, atendida la naturaleza de la información reclamada, este Consejo analizó la posibilidad de su entrega, concluyendo, que la sistematización de la información en la forma pedida, configura la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, rechazándose asimismo el amparo, en virtud de esta causal. No obstante lo resuelto, atendido el evidente interés público que reviste la base de datos solicitada, la cual, a juicio de este Consejo, debiera mantenerse permanentemente a disposición del público, se ordena a la Universidad de La Serena, entregar a esta Corporación, en un plazo de 30 días, un Plan de Gestión Documental y de Trabajo que permita la disponibilidad de esta información, debiendo el órgano explicitar el período de tiempo que le llevaría ejecutar dicho plan. Hay voto disidente de 1 Consejero respecto de la parte resolutiva del acuerdo. En sesión ordinaria N° 899 del Consejo Directivo, celebrada el 12 de junio de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información, rol C464-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Esteban Rodríguez solicitó a la Universidad de La Serena, la siguiente información: "de acuerdo a sentencias que se indican, favor les solicito base de datos Excel de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 al 2007, indicando: nombres/apellidos, carrera, fecha en que se otorgó licenciatura, fecha en que se otorgó título profesional. Favor omitir entrega de licenciados y titulados de la carrera de Derecho por cuanto pueden ser verificadas en el portal del poder judicial". 2) RESPUESTA: El 22 de enero de 2018, mediante Oficio N° LT 04/2018, la Universidad respondió a dicho requerimiento de información señalando en síntesis, que "esta corresponde al mismo requerimiento que usted presentó con fecha 10 de octubre de 2017 en nuestra página web y que nuestra institución respondió dentro de plazo y de acuerdo a la normativa vigente, con fecha 9 de noviembre de 2017, a través de Res.R.TL20285 N° LT 39/2017", reiterando el contenido de la respuesta anterior, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República y artículo 2, letras f) y ñ) de la ley N° 19.628, agregando que "lo solicitado corresponde a información que la propia Universidad no tiene procesada en los términos que usted señala y para poder obtenerla requiere realizar una actividad que significaría encargarle la confección de ésta a algún funcionario, hecho que claramente lo distraería de sus funciones (...) o también, habría que contratar a alguien externo que realice la tarea, lo cual tampoco procedería, ya que ni siquiera la propia ley contempla la posibilidad de invertir recursos públicos adicionales para dar respuesta a los requerimiento de información". Acto seguido, indica que "buscar los archivos desde 1990 a 2007 son 18 años, 42 carreras significa al menos 3 horas diarias por siete días. Por otra parte, generar la base de datos Excel entregando apellidos y fechas, significaría cuatro horas diarias por diez días, volumen y tiempos estimados que evidencian claramente que de efectuarlo, una distracción de las funciones de nuestros funcionarios". 3) AMPARO: El 2 de febrero de 2018, don Esteban Rodríguez, dedujo amparo a su derecho de acceso a la Información, en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. Asimismo, agrega que "en dos ocasiones distintas requerí la misma información y obtuve la misma respuesta negativa, bajo causal del art. 21 N°1 letra c) y por la ley N° 19.628, no obstante lo resuelto en tres sentencias por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (...) Respecto de la distracción indebida, agradecería acreditaran fehaciente y pormenorizadamente dicha situación, por cuanto no bastan meras invocaciones generales". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E801, de fecha 13 de febrero de 2018, confirió traslado al Sr. Rector de la Universidad de La Serena, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 8 de marzo de 2018, se concedió a la Universidad un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Mediante Oficio N° 020/2018, de fecha 14 de marzo de 2018, el órgano evacuó sus descargos, reiterando todo lo informado al solicitante, en su respuesta, y fundando la denegación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, en que se trata de una universidad con pocos funcionarios de escasos recursos, que atiende aproximadamente 7.000 estudiantes de pregrado, que se trata de 42 carreras, que la unidad de Registro Curricular tiene un jefe, una secretaria y dos administrativos, señalando las diversas funciones que realiza a diario dicha unidad. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en le respuesta negativa por parte de la Universidad de La Serena, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, dicha solicitud se refiere a una base de datos con los licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 al 2007, indicando nombres, carrera y fechas en que se otorgaron licenciatura y título profesional. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano señaló que no obra en su poder la información requerida, en los términos solicitados, y denegó su entrega fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República, y en los artículos 2, letras f) y ñ), y 4 de la ley N° 19.628. 2) Que, en primer lugar, a juicio de este Consejo, es relevante para el control social, conocer quiénes han obtenido un título técnico y profesional, a fin de poder determinar con certeza qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para ejercer su profesión, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Dicho control social, también se ve reflejado en el Código Penal, específicamente en el artículo 213, al sancionar con presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales, a quienes fingieren ser titular de una profesión que, por disposición de la ley, requiera título, y ejerciere actos propios de dichos cargos o profesiones. Lo dicho precedentemente, se ve refrendado por lo expuesto en el artículo 4°, inciso 5°, de la ley N° 19.628, sobre Protección de la vida privada, que dispone que: "No requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público, cuando sean de carácter económico, financiero, bancario o comercial, se contengan en listados relativos a una categoría de personas que se limiten a indicar antecedentes tales como la pertenencia del individuo a ese grupo, su profesión o actividad, sus títulos educativos (...)". (énfasis agregado). Al efecto, se observa que es el mismo legislador quien autoriza expresamente el tratamiento de datos personales, como los solicitados en la especie. 3) Que, en segundo lugar, según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C220-18, se debe hacer presente que constituye un presupuesto básico para el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública el que la información requerida exista en poder del órgano solicitado, conforme preceptúan los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. En tal sentido, el inciso 2° del artículo 5 de la Ley de Transparencia, dispone que "es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración" (énfasis agregado), lo que no sucede en este caso. En consecuencia, atendido que el órgano reclamado sostiene que la base de datos en la forma pedida no obra en su poder, el presente amparo no podrá prosperar, toda vez que no se cuenta con antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria a la señalada por el órgano. 4) Que, en tercer lugar, no obstante haberse acreditado suficientemente la inexistencia de la base de datos requerida, atendido que la información pedida, a juicio de este Consejo, es de aquéllas que debiera encontrarse permanentemente a disposición del público, por el evidente interés público que reviste, cabe tener presente que, en la especie, el órgano subsidiariamente denegó la entrega de la información fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, el cual dispone que se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, al respecto, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que esta causal de reserva sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, por cuanto lo pedido implicaría elaborar una base de datos de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 a 2007, cuya entrega implicaría procesar y sistematizar información durante un período de 18 años, lo cual, daría lugar a esfuerzos desproporcionados. 6) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 7) Que, atendido lo anterior, en el presente caso, respecto de la información pedida, efectivamente, concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, toda vez que el conjunto de actividades que implicaría la entrega de la información descrita en el numeral 1° de lo expositivo, es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que la Universidad debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor del reclamante en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. En virtud de lo anterior, se rechazará asimismo el presente amparo por la concurrencia de esta causal. 8) Que, en consecuencia, tratándose de información que no obra en poder del órgano en los términos solicitados por el reclamante, y habiéndose configurado a su respecto, la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo. 9) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente, dada la naturaleza de la información requerida, cuya publicidad reviste un evidente interés público, este Consejo ordenará a la Universidad elaborar una base de datos de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 a 2007, indicando nombres/apellidos, carrera, fecha en que se otorgó la licenciatura y fecha en que se otorgó el título profesional, la cual se ponga a disposición permanente del público, de manera que la ciudadanía pueda efectuar el debido control social respecto de esta materia, la que deberá ser acreditada por el órgano, y sujeta al control de este Consejo, por medio de su Dirección de Fiscalización. Lo anterior en virtud de las atribuciones que le otorga a esta Corporación el artículo 33, letras c) y e), de la Ley de Transparencia. 10) Que, en virtud de lo expuesto, no obstante que se rechazará el presente amparo, se ordenará a la Universidad de La Serena, entregar a este Consejo, en un plazo de 30 días, un Plan de Gestión Documental y de Trabajo que permita la disponibilidad de esta información, debiendo el órgano explicitar el período de tiempo que le llevaría ejecutar dicho plan. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo interpuesto por don Esteban Rodríguez, en contra de la Universidad de La Serena, por inexistencia de la información en la forma pedida, y por concurrir la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra c), de la Ley de Trasparencia, en caso de ordenarse su entrega, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Ordenar al Sr. Rector de la Universidad de La Serena, entregar a este Consejo, en un plazo de 30 días, un Plan de Gestión Documental y de Trabajo que permita la disponibilidad de una base de datos de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 a 2007, indicando nombres/apellidos, carrera, fecha en que se otorgó la licenciatura y fecha en que se otorgó el título profesional; debiendo explicitar el período de tiempo que le llevará ejecutar dicho plan. Lo anterior en virtud de las atribuciones que le otorga a esta Corporación el artículo 33, letras c) y e), de la Ley de Transparencia. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Esteban Rodríguez y al Sr. Rector de la Universidad de La Serena. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Gloria de la Fuente González, quien no comparte sólo lo resuelto en el presente acuerdo, estimando que el amparo debe ser acogido, fundado en base a que dada la naturaleza de la información requerida, cuya publicidad reviste un evidente interés público, es de la opinión de acoger el presente amparo y ordenar al organismo elaborar dentro de un plazo razonable una base de datos de licenciados y titulados de carreras conducentes a título profesional, desde el año 1990 a 2007, indicando nombres/apellidos, carrera, fecha en que se otorgó la licenciatura y fecha en que se otorgó el título profesional, la cual deberá ponerse a disposición permanente del público, de manera que la ciudadanía pueda efectuar el debido control social respecto de esta materia. Lo anterior en virtud de las atribuciones que le otorga a esta Corporación el artículo 33, letras c) y e), de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica del Consejo para la Transparencia doña Andrea Ruiz Rosas.