Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1875-18

Reclamante:	PABLO GARRETON CORVALÁN
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DEL MAULE
Resumen del caso: Se dedujo tres amparos en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud del Maule, fundado en la negativa a la entrega de la información solicitada referente a las plantas de tratamientos de aguas servidas en la región, resoluciones de aprobación, de recepción de funcionamiento, especificaciones técnicas, memoria, planos, patentes municipales, fiscalizaciones, entre otros antecedentes relativos a su funcionamiento. Lo anterior, respecto del año 2000 a la fecha. El Consejo acoge los amparos, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada, por no acompañarse antecedentes suficientes que permitan tenerla por acreditada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/27/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1870-18 C1871-18 C377-13
Jurisprudencia a:	C1870-18 C1871-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Inexistencia de información >> Inexistencia acreditada >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud; Servicios Básicos

DECISIÓN AMPAROS ROLES C1870-18, C1871-18 y C1875-18 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud del Maule Requirente: Pablo Garretón Corvalán Ingreso Consejo: 03.05.2018 RESUMEN Se acogen los amparos deducidos en contra de la SEREMI de Salud del Maule, ordenando entregar al reclamante los antecedentes relativos al funcionamiento de las plantas de tratamientos de aguas servidas consultadas. Lo anterior, por tratarse de información pública, desestimándose la causal de distracción indebida alegada, por no acompañarse antecedentes suficientes que permitan tenerla por acreditada. En sesión ordinaria N° 920 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de agosto de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C1870-18, C1871-18 y C1875-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 5 de marzo de 2018, don Pablo Garretón Corvalán solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule -en adelante e indistintamente Secretaría o Seremi-, información sobre plantas de tratamientos de aguas servidas en la región, resoluciones de aprobación, de recepción de funcionamiento, especificaciones técnicas, memoria, planos, patentes municipales, fiscalizaciones, entre otros antecedentes relativos a su funcionamiento. Lo anterior, respecto del año 2000 a la fecha. 2) RESPUESTA: La Seremi, mediante oficio 16 de abril de 2018, informó a la requirente que no le era posible acceder a la divulgación de la información, por cuanto, su satisfacción implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, razón por la cual, procedía denegar su entrega en uso de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. La Unidad encargada de aprobar los proyectos de tratamiento es la de Residuos y Emisiones del Departamento de Acción Sanitaria, el cual cuenta con tres funcionarios, los cuales verían afectado el cumplimiento habitual de sus tareas de cumplir con la función de recopilar la información. 3) AMPAROS: El 3 de mayo de 2018, la requirente dedujo sendos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la negativa de la reclamada a divulgar los antecedentes consultados. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Maule, mediante Oficio N°E 3150, de 18 de mayo de 2018, solicitando: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (3°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (4°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (5°) aclare y detalle qué información de lo solicitado no obraría en su poder. El referido funcionario, mediante presentación de 11 junio de 2018, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento. Agregó, que debería revisar antecedentes desde el 2004 a la fecha. Lo anterior, toda vez que en el 2004 se creó dicha autoridad sanitaria. Asimismo, hizo presente que atendido el volumen no le es posible proceder en conformidad lo previsto en la Ley de Transparencia en su artículo 20. Y CONSIDERANDO: 1) Que el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendiendo al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C1870-18, C1871-18 y C1875-18, existe identidad respecto del requirente y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, conforme a lo establecido en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que «se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales». 3) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 4) Que, sobre la causal de reserva relativa a la distracción indebida, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. En efecto, en la decisión recaída en el amparo Rol N° C377-13, se razonó que «la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado». 5) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que «la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales». 6) Que en el procedimiento de acceso a la información en comento, la requerida no ha acompañado antecedentes suficientes, que permitan tener por configurada la hipótesis de distracción indebida alegada. Por el contrario, la circunstancia que la aprobación y estudio de antecedentes sobre plantas de tratamiento de aguas servidas, este radicada en una única Unidad de la reclamada -Residuos y Emisiones-, en vez de dificultar la búsqueda y recopilación de antecedentes, debería facilitar su entrega, toda vez que los tres funcionarios que se desempeñan en ésta tienen perfecto conocimiento de la información que se le esta consultado, más aun considerando la materia, relevancia y por tratarse de antecedentes de naturaleza pública que obran en su poder. Luego, al no haberse precisado de un modo aproximado el número de actos administrativos ni el tiempo que los referidos funcionarios deberían emplear en el levantamiento de la información para su posterior entrega, no permite tener por acreditada la hipótesis en análisis. Al efecto, cabe agregar que la información requerida con casi en su totalidad actos administrativos, por consiguiente, públicos en conformidad a lo previsto en el artículo 8° de la Constitución Policita de la República como en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia. 7) Que a lo anterior, cabe señalar que la obligación de entregar la información solicitada en el contexto de la Ley de Transparencia, es una de las obligaciones que recaen en los órganos de la Administración del Estado, de la misma entidad, que las restantes conferidas por las leyes que los rigen. 8) Que, por tal razón, y no concurriendo los supuestos de hecho suficientes que justifiquen la hipótesis de reserva objeto de análisis, esta será desestimada, acogiéndose los amparos en análisis. Conjuntamente con lo anterior, se requerirá a la reclamada que haga entrega al solicitante la información consultada. No obstante lo anterior, en forma previa a su entrega, deberá tarjar todo dato personal de contexto detallados en dichos antecedentes, como por ejemplo; número de teléfono, domicilio, cédula de identidad, correo electrónico u otro similar. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada como de la Ley de Transparencia en su artículo 33 letra m). EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger los amparos interpuestos por don Pablo Garretón Corvalán en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Maule, en virtud de lo señalado precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Maule que: a) Entregue a la reclamante la información sobre plantas de tratamientos de aguas servidas en la región solicitada -que obren en su poder-, como por ejemplo; resoluciones de aprobación, recepción, funcionamiento, especificaciones técnicas, memoria, planos, patentes municipales, fiscalizaciones, entre otros antecedentes relativos a su funcionamiento, detallados en las respectivas solicitudes de don Pablo Garretón Corvalán. Lo anterior, tarjando previamente todo dato personal de contexto detallados en dichos antecedentes. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite el cumplimiento de dicho requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio ubicado en Morandé 360, piso 7, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pablo Garretón Corvalán y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud del Maule. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.