Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1895-18

Reclamante:	ALBERT APABLAZA CANCINO
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundado en la respuesta parcial a una solicitud de información referente a: "En relación a la promulgación de una orden general que establece normativa relacionada a la jornada de trabajo (Orden General N° 2483, de fecha 22.12.2016), quisiera saber lo siguiente: 1.- ¿Qué actos administrativos ha realizado esta institución para velar por el correcto cumplimiento de la norma de trabajo? 2.- ¿Existen mecanismos físicos o digitales para controlar la jornada de los funcionarios de esta institución? 3.- Teniendo en consideración que dichos actos administrativos podrían ser fiscalizaciones o auditorias, y en caso de que lo sean: ¿Quién está a cargo de dicha labor? ¿Cuál es el plan o programa que tienen para llevar a cabo tal materia? 4.- De acuerdo a lo anterior, cabe preguntar: ¿Cuántas fiscalizaciones y/o auditorias se han hecho en cada Región? ¿Qué resultados han obtenido? 5.- De acuerdo a estas fiscalizaciones: ¿Se ha detectado el incumplimiento de la jornada de trabajo en alguna repartición de esta Institución? ¿La detección de esta conducta ha resultado en la elaboración de otro acto administrativo, por ejemplo: una investigación interna?" El Consejo acoge el amparo, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó la entrega de una respuesta suficiente y la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/7/2018
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2956-17 C1542-15
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Datos personales >> Principios >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C1895-18 Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) Requirente: Albert Apablaza Cancino Ingreso Consejo: 04.05.2018 RESUMEN Se acoge el amparo, deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, ordenando informar al reclamante: - Cuántas fiscalizaciones y/o auditorias sobre cumplimiento de la jornada laboral se han hecho en cada Región en el período consultado, y los resultados obtenidos. En el evento que la información sea inexistente, deberá señalarse expresa y fundadamente esta circunstancia y comunicarlo al reclamante y a este Consejo. - Si de acuerdo a estas fiscalizaciones, se ha detectado el incumplimiento de la jornada de trabajo en alguna repartición de esta Institución y si la detección de esta conducta ha derivado en alguna investigación administrativa interna. Respondiendo afirmativa o negativamente, según corresponda. Criterio aplicado en las decisiones de amparo C1542-15 y C2956-17, entre otras. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó la entrega de una respuesta suficiente y la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. En sesión ordinaria N° 923 del Consejo Directivo, celebrada el 4 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1895-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de marzo de 2018, don Albert Apablaza Cancino solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante también denominada PDI, la siguiente información: "En relación a la promulgación de una orden general que establece normativa relacionada a la jornada de trabajo (Orden General N° 2483, de fecha 22.12.2016), quisiera saber lo siguiente: 1.- ¿Qué actos administrativos ha realizado esta institución para velar por el correcto cumplimiento de la norma de trabajo? 2.- ¿Existen mecanismos físicos o digitales para controlar la jornada de los funcionarios de esta institución? 3.- Teniendo en consideración que dichos actos administrativos podrían ser fiscalizaciones o auditorias, y en caso de que lo sean: ¿Quién está a cargo de dicha labor? ¿Cuál es el plan o programa que tienen para llevar a cabo tal materia? 4.- De acuerdo a lo anterior, cabe preguntar: ¿Cuántas fiscalizaciones y/o auditorias se han hecho en cada Región? ¿Qué resultados han obtenido? 5.- De acuerdo a estas fiscalizaciones: ¿Se ha detectado el incumplimiento de la jornada de trabajo en alguna repartición de esta Institución? ¿La detección de esta conducta ha resultado en la elaboración de otro acto administrativo, por ejemplo: una investigación interna?" 2) PRORROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 20 de abril de 2018, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: El 30 de abril de 2018, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información mediante escrito de misma fecha, señalando, en síntesis, que: La Institución generó la Orden General N° 2522, de 27 de noviembre de 2017, que aprueba el Reglamento de los Servicios de la Policía de Investigaciones de Chile. Además, se encuentran vigentes distintos sistemas de control de la jornada laboral, como el Libro 4-E sobre "Control de Asistencia del Personal de Apoyo General", sin perjuicio de lo regulado en la Orden General N° 2506, de 27 de junio de 2017, que aprueba el nuevo sistema informático de "Estado de Fuerza". Asimismo, en la actualidad se encuentra en etapa de implementación el "Sistema Informático de Control de Asistencia" que excluye a ciertos escalafones, siendo un sistema que aún se encuentra afecto a modificaciones y depuraciones en su código fuente, por lo que no se encuentra reglamentado a la fecha institucionalmente. De acuerdo a la reglamentación interna, las labores de fiscalización de las jornadas son propias de los jefes de unidades y reparticiones, siendo el ente contralor superior a nivel institucional, la Inspectoría General. Por lo tanto, siendo el superior jerárquico quien controla el cumplimiento de los horarios de los funcionarios que se encuentran bajo su mando, no existen estadísticas sobre el cumplimiento de horario. En caso de advertirse incumplimiento de la jornada de trabajo, será el jefe de unidad quien emitirá el o los actos administrativos que correspondan. Por último, el peticionario, en calidad de funcionario activo, puede acceder a través de la intranet institucional a todas las disposiciones reglamentarias y legales sobre la materia, como a las citadas precedentemente, las cuales, por lo demás, tiene obligación de conocer y acatar. 4) AMPARO: El 04 de mayo de 2018, don Albert Apablaza Cancino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud. Además el reclamante hizo presente en síntesis que, "(...) la información no es entregada en su totalidad, por cuanto los puntos 4 y 5 de la presente petición de información no han sido abordados en el fondo, señalándose solamente que existen dos instancias de revisión". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E3158, de 18 de mayo de 2018, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. Mediante ordinario N° 452, de 19 de junio de 2018, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que: No existen estadísticas al respecto, toda vez que el Sistema Informático de Control de Asistencia, se encuentra afecto a modificaciones y depuraciones en su código fuente, no encontrándose reglamentado a la fecha, debiendo tenerse en consideración además que este comenzó a operar recién con fecha 01 de marzo de 2018. Se reitera, que no existe la información que el requirente desea relacionado con estadísticas de fiscalizaciones sobre el cumplimiento horario. Finalmente agrega que tanto el requirente como los funcionarios que se desempeñan en la Sección de Acceso a la Información Pública, son empleados públicos de la Policía de Investigaciones de Chile, no teniendo el recurrente ningún impedimento para acceder a la información que tiene un tercero ajeno a la Institución. En razón a lo expuesto, se solicita rechazar el amparo deducido, toda vez que, tal como se ha señalado, la información solicitada y entregada corresponde a aquella que registra esta Institución, la que fue recabada del estamento pertinente, esto es, la Inspectoría General y Jefatura del Personal. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la entrega parcial de la información que se indica en el numeral 1) de lo expositivo, referida a los mecanismos de control de la jornada de trabajo de los funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), desde la entrada en vigencia de la Orden General N° 2483, de 22 de diciembre de 2016. Al efecto, según el tenor del amparo, este Consejo entiende que éste se circunscribe a los numerales 4) y 5) de la solicitud, referidos a cuántas fiscalizaciones y/o auditorias sobre esta materia se han hecho en cada Región y a los resultados obtenidos (numeral 4°), y en caso de haberse detectado incumplimientos en alguna repartición, si se ha generado alguna investigación interna (numeral 5°). 2) Que, sobre el particular, el órgano tanto en su respuesta como en los descargos evacuados en esta sede denegó esta información, fundada en que actualmente se encuentra en etapa de implementación el "Sistema Informático de Control de Asistencia" y que no existen estadísticas sobre el incumplimiento de la jornada de trabajo, y que las labores de fiscalización de las jornadas son propias de los jefes de unidades y reparticiones, y que en caso de advertirse incumplimientos son los jefes de unidades quien deben emitir el o los actos administrativos que correspondan. 3) Que, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales. 4) Que, en cuanto a la denegación del numeral 4) de la solicitud, referida a cuántas fiscalizaciones y/o auditorias sobre cumplimiento de la jornada laboral se han efectuado por Región, y a los resultados de las mismas, en el período consultado, este Consejo estima, que lo alegado por el órgano, en orden a que no se encuentra en funcionamiento el sistema informático de control de asistencia y que no existen estadísticas sobre la materia, no obsta a que pueda informar si se han efectuado o no las fiscalizaciones o auditorías consultadas con sus resultados, las que de obrar en poder del órgano en algún soporte documental constituyen información de naturaleza pública amparada por la Ley de Trasparencia. Por tanto, en virtud de lo señalado, y no habiéndose acreditado la concurrencia de alguna causal de reserva que justifique denegar la entrega de esta información, se acogerá el amparo respecto de este punto y se ordenará informar sobre la materia, y en el evento que aquella sea inexistente, deberá señalarse expresa y fundadamente esta circunstancia, y comunicarlo al reclamante y a este Consejo. 5) Que, a su turno, en lo tocante al numeral 5) de la solicitud, en la cual se consulta si en caso de haberse detectado incumplimientos de la jornada laboral en alguna repartición, se ha generado alguna investigación interna, lo cual implica contestar si o no, respuesta, que según ha estimado este Consejo, el órgano cumpliría con su obligación de informar respondiendo en términos positivos o negativos, según sea el caso, estimándose que dicha respuesta debe considerarse amparada por las disposiciones de la Ley de Transparencia. Por tanto, en virtud de lo señalado se acogerá el amparo respecto de este punto, y se ordenará la entrega de esta información en los términos señalados. Criterio aplicado en las decisiones de amparo C1542-15 y C2956-17, entre otras. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Albert Apablaza Cancino, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. a) Entregar al reclamante la siguiente información: i. Cuántas fiscalizaciones y/o auditorias sobre cumplimiento de la jornada laboral se han hecho en cada Región y los resultados obtenidos, ello desde la entrada en vigencia de la Orden General N° 2483, de fecha 22.12.2016. En el evento que la información sea inexistente, deberá señalarse expresa y fundadamente esta circunstancia y comunicarlo al reclamante y a este Consejo. ii. Si de acuerdo a estas fiscalizaciones, se ha detectado el incumplimiento de la jornada de trabajo en alguna repartición de esta Institución y si la detección de esta conducta ha resultado en la elaboración de otro acto administrativo, como por ejemplo, una investigación interna. Responder con un sí o un no, según corresponda. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Albert Apablaza Cancino y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.