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<strong>DECISIÓN AMPARO A247-09 </strong></p>
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Entidad pública: Dirección Nacional de Vialidad - MOP</p>
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Requirente: Renán Baeza Castillo, en representación de Empresa Constructora Loma Linda y Cía. Ltda.</p>
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Ingreso Consejo: 17.08.2009</p>
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En sesión ordinaria N° 122 de su Consejo Directivo, celebrada el 22 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A247-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; el D.L. N° 249/1973, que fija la escala única de sueldos para el personal que señala; el D.L. N° 479/1974; el D.F.L. N° 29/2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; el D.F.L. N° 147/1991, que fija plantas y requisitos generales y específicos de ingreso y promoción del personal de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; el D.F.L. N° 850/1997, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del D.F.L. Nº 206/1960, sobre la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de julio de 2009 don Renán Baeza Castillo, en representación de la Empresa Constructora Loma Linda y Cía. Ltda., solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (en adelante MOP), los certificados de título profesional de don Rubén Valenzuela Portilla, don Andrés Maldini Sánchez y doña Claudia Castillo Pereira, todos funcionarios de la Dirección de Vialidad de la IV Región. Agrega en su requerimiento que dichos documentos fueron solicitados a esa repartición regional, pero se excusaron de entregarlos ya que no tenían copia, pues habían sido enviados a Santiago.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta D.V. N° 3.512, de 5 de agosto de 2009, el Director Nacional de Vialidad, denegó el acceso a la información, por oposición de los funcionarios cuyos certificados fueron solicitados, en virtud de lo dispuesto en el art. 20 y el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) OPOSICION DE DON RUBÉN VALENZUELA PORTILLA: Habiendo sido notificado por la Dirección de Vialidad el 10 de julio de 2009, don Rubén Valenzuela, se opuso a la entrega de la información, mediante Ord. N° 18, de 14 de julio, fundamentando su oposición en que la entrega del documento requerido afecta su vida privada y su seguridad.</p>
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4) OPOSICION DE DON ANDRÉS MALDINI SÁNCHEZ: Habiendo sido notificado por la Dirección de Vialidad el 10 de julio de 2009, don Andrés Maldini, se opuso a la entrega de la información, mediante Ord. N° 01, de 21 de julio, fundamentando su oposición en que su certificado de título es de carácter personal y, no teniendo claridad sobre la utilidad que se le puede dar al documento, agrega que puede afectar su seguridad y su vida privada.</p>
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5) OPOSICION DE DOÑA CLAUDIA CASTILLO PEREIRA: Habiendo sido notificada por la Dirección de Vialidad el 10 de julio de 2009, doña Claudia Castillo, se opuso en a la entrega de la información, mediante Ord. N° 11, de 27 de julio, fundamentando su oposición en que su certificado de título es de carácter personal y, no teniendo claridad sobre la utilidad que se le puede dar al documento, agrega que puede afectar su seguridad y su vida privada.</p>
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6) AMPARO: Don Renán Baeza Castillo, en representación de la Empresa Constructora Loma Linda y Cía. Ltda., en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 17 de agosto de 2009, por habérsele denegado la información requerida. Agrega que ésta es de carácter público, toda vez que para el ingreso a la repartición en la que se desempeñan los funcionarios cuyos certificados de títulos fueron solicitados, se aplica el D.L. N° 147, de 1991, que fija plantas y requisitos de ingreso y promoción del personal de la Dirección de Vialidad del MOP. Por último, indica que el ingreso a los cargos que desempeñan los funcionarios aludidos se hace por concurso público.</p>
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7) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo en sesión ordinaria N° 80, de 28 de agosto de 2009. Se procedió a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Director Nacional de Vialidad del MOP, mediante Oficio N° 558, de 7 de septiembre de 2009. La Autoridad mediante Ord. N° 9.677, de 29 de septiembre de 2009, formuló los siguientes descargos y observaciones al presente amparo:</p>
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a. Manifiesta que una vez ingresado al sistema de gestión de solicitudes el requerimiento de información, se dispuso la notificación establecida en el art. 20 de la Ley de Transparencia a los funcionarios cuyos certificados de título profesional fueron solicitados.</p>
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b. Agrega que los funcionarios don Rubén Valenzuela Portilla, don Andrés Maldini Sánchez y doña Claudia Castillo Pereira se opusieron a la entrega de la información y se consideró que sus oposiciones eran fundadas y realizadas en tiempo y forma.</p>
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c. Concluye que la Dirección Nacional de Vialidad ha orientado sus esfuerzos a dar un trato igualitario a la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información ingresada por los ciudadanos. Indica que su voluntad siempre ha sido coherente con el mandato de la Ley de Transparencia, así como los criterios pro transparencia que se han definido en el Servicio, lo que pone de relieve que la denegación de la información en este caso fue conforme a la Ley y no ha respondido a ningún criterio subjetivo del reclamado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el art. 8° inc. 2° de la Constitución establece el principio de publicidad de los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen.</p>
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2) Que, por su parte, el art. 5° de la Ley de Transparencia, desarrollando el precepto constitucional señalado en el considerando anterior, establece, además, que son públicos los documentos que les sirvan a dichos actos y resoluciones de sustento o complemento directo y esencial y la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas en la Ley. Asimismo, el art. 10 de la Ley de Transparencia establece que el derecho de acceso a la información comprende el acceso a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.</p>
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3) Que en el presente caso, el reclamante ha solicitado copia de los certificados de títulos de tres funcionarios dependientes del órgano reclamado, que desempeñan sus funciones en la Dirección de Vialidad de la IV Región. Dicha circunstancia fue constatada por este Consejo revisando el banner “Gobierno Transparente” de dicho organismo, en donde se informa que dos de los funcionarios son profesionales de planta (grados 7° y 11) y uno de ellos es profesional a contrata (grado 9°).</p>
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4) Que, en sus descargos, la Dirección Nacional de Vialidad consideró que la información requerida podría afectar los derechos de los funcionarios, procediendo en conformidad con los arts. 4 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia a comunicarles su derecho de oposición, quienes en tiempo y forma presentaron sus respectivas oposiciones, por considerar que la entrega de la información les afectaría su vida privada y su seguridad. En virtud de lo anterior, el reclamado procedió a denegar el acceso a los antecedentes requeridos.</p>
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5) Que, en la especie, debe analizarse si la información solicitada es pública o si se configura a su respecto, total o parcialmente, la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Es decir, debe determinarse si la entrega de los certificados de título de los funcionarios públicos referidos afecta o no el derecho a su vida privada y a su seguridad, como se ha alegado.</p>
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6) Que, al respecto, el certificado de título, profesional o técnico, de un funcionario público es exigido como requisito para el ingreso a la Administración del Estado por el D.F.L. N° 29, de 2004, sobre el Estatuto Administrativo, el que en su art. 12 letra d) señala que para ingresar a la Administración del Estado es necesario cumplir, entre otros requisitos, con el de “Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley”. Por su parte, el inciso tercero del artículo 13 del mismo Estatuto dispone que el requisito del título profesional o técnico “se acreditará mediante los títulos conferidos en la calidad de profesional o técnico, según corresponda, de conformidad a las normas legales vigentes en materia de Educación Superior”.</p>
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7) Que el ingreso a los cargos de carrera de la Administración Pública, en conformidad con el art. 17 del Estatuto Administrativo, se realiza a través de un concurso público en los términos que dicho cuerpo legal establece. En cuanto a la publicidad de dichos concursos el art. 19 del Estatuto Administrativo sólo establece la confidencialidad de la identidad de los candidatos para los efectos de evaluación de las pruebas y otros instrumentos del procedimiento de selección. Luego, una vez designado el respectivo funcionario por la autoridad facultada para ello se da por concluido el proceso o concurso mediante la dictación del correspondiente acto administrativo.</p>
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8) Que, en virtud del principio de publicidad, el acto que nombra o promociona a un determinado funcionario en su respectivo cargo es público y lo son también sus fundamentos, procedimientos y documentos que le sirvieron de sustento o complemento directo y esencial.</p>
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9) Que para poder ejercer un cargo público del estamento profesional, la persona que postula al respectivo concurso público debe contar con un título profesional o técnico idóneo para el cargo, como requisito esencial según lo dispuesto en el art. 12 del Estatuto Administrativo. Por lo tanto, uno de los documentos que sirve como sustento o complemento directo y esencial del acto o resolución de nombramiento de un funcionario en el estamento profesional es el certificado de título respectivo, siendo, éste, entonces, un documento de carácter público.</p>
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10) Que, además, es relevante anotar que los funcionarios que cuentan con un título profesional reciben una asignación profesional que compone su remuneración –la que se debe publicar como tal en el banner “Gobierno Transparente” en virtud del art. 7° letra d) de la Ley de Transparencia– beneficio que es otorgado por el art. 3° del D.L. N° 479/1974, en relación con el D.L. N° 249/1973, que estableció la escala única de sueldos de los funcionarios de la Administración del Estado allí indicados, entre ellos los funcionarios de la Dirección de Vialidad dependiente de la Dirección General de Obras Públicas del MOP. Además, el D.F.L. N° 147/1991, que fija las plantas del personal de la Dirección de Vialidad del MOP y sus requisitos de ingreso y promoción, establece expresamente en su art. 2° que los funcionarios de planta correspondientes al estamento profesional de los grados 19 al 4° deben contar con un título profesional emitido por un establecimiento de Educación Superior del Estado o reconocido por éste. En consecuencia, el certificado que da cuenta del título profesional que ostenta un funcionario público no sólo es un requisito para ingresar a la Administración Pública y, en el caso, a la Dirección de Vialidad, sino que, además, le otorga al respectivo funcionario profesional un beneficio pecuniario legal, como es la asignación profesional, beneficio que perciben tanto los funcionarios de planta o a contrata.</p>
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11) Que, no obstante concluir este Consejo que el certificado de título profesional de un funcionario de la Administración es un documento público, cabe igualmente referirse a la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 N° 2 de dicha Ley y que ha sido invocada por los terceros en sus respectivas oposiciones, fundamentándola en que la entrega de dicha información afectaría su vida privada y su seguridad.</p>
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12) Que este Consejo ha señalado en su decisión A47-09 que la esfera de la vida privada de un funcionario público es más restringida que la de un particular, pues los primeros desempeñan una función pública que debe ejercerse con transparencia. En ese sentido, el considerando 12º de dicha decisión resolvió: “(…) Que, además, la supuesta afectación de la honra de los funcionarios sancionados no puede ser fundamento suficiente para reconocer que la publicidad de tal expediente sumarial ni del informe en derecho toda vez que las personas involucradas, en cuanto funcionarios públicos, poseen una esfera de vida privada más delimitada en virtud precisamente de la función que ejercen (…)” (lo destacado es nuestro).</p>
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13) Que, en virtud de lo indicado en el considerando anterior, en el caso no cabe admitir la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, debido a que este Consejo no estima que la entrega de la información requerida afecte los derechos de los funcionarios ya individualizados de la Dirección de Vialidad de la IV Región, especialmente en lo que se refiere a su vida privada y a su seguridad.</p>
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14) Que, aun si la divulgación de los certificados de título profesional de los funcionarios del órgano reclamado, afectare su vida privada en alguna medida, el beneficio de divulgar la información requerida es mucho mayor que mantenerla en reserva, pues permite a la ciudadanía conocer si los funcionarios que han sido designados en cargos de estamento profesional cumplen con los requisitos para haber ingresado a la Administración Pública, y si les corresponde percibir la asignación pecuniaria especial por revestir dicha calidad.</p>
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15) Que, en conclusión, siendo públicos los certificados de título profesional de los funcionarios ya individualizados y no concurriendo causal de secreto o reserva a su respecto se acogerá el presente amparo. Por la misma razón este Consejo ha estimado innecesario conferir traslado a los funcionarios que se opusieron ante la Dirección Nacional de Vialidad, pues la evidente naturaleza pública de la información requerida impide que pueda sostenerse que dichos funcionarios pudieran sufrir una potencial afectación de sus derechos en los términos que establece el art. 20 de la Ley de Transparencia, máxime si no se configura, tampoco, la causal del art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia que motivó la denegación de la entrega de la información solicitada por el reclamante.</p>
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16) Que, por último, en relación con el argumento de dos de los funcionarios de la Dirección de Vialidad de la IV Región para oponerse a la entrega de la información, en cuanto a que no se sabría con claridad con qué fin se utilizaría el antecedente solicitado, debe desecharse esta alegación, ya que en virtud del principio de no discriminación, establecido en el art. 11 letra g) de la Ley de Transparencia, el requirente no está obligado a expresar causa o motivo para realizar una solicitud de acceso a la información ante un órgano de la Administración del Estado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Renán Baeza Castillo, en representación de la Empresa Constructora Loma Linda y Cía. Ltda. en contra de la Dirección Nacional de Vialidad del MOP, por las consideraciones ya señaladas.</p>
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II. Requerir al Director Nacional de Vialidad del MOP la entrega de la información requerida a don Renán Baeza Castillo, dentro del plazo de 10 días hábiles desde que se encuentre ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder de conformidad con los arts. 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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III. Requerir al Director Nacional de Vialidad del MOP que remita copia de la información requerida a este Consejo al domicilio Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para verificar el cumplimiento de esta decisión.</p>
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IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Renán Baeza Castillo, en representación de la Empresa Constructora Loma Linda y Cía. Ltda. y al Director Nacional de Vialidad del MOP.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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