Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2097-18

Reclamante:	ALBA VASQUEZ JIMENEZ
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Subsecretaría de Transportes, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada referente a las 15 regiones: copia de los estudios de impacto vial, análisis vial básico, o estudios de impacto vial solicitados por ventanilla única de los proyectos de: supermercados, mall, strip center, comercios, edificios de oficinas y edificios residenciales durante el año 2017. El Consejo acoge el amparo, toda vez que no se acredito de manera suficiente la causal de reserva invocada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/27/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Transporte; Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPARO ROL C2097-18 Entidad pública: Subsecretaría de Transportes. Requirente: Alba Vásquez Jiménez. Ingreso Consejo: 15.05.2018. RESUMEN Se acoge el amparo, ordenando a la Subsecretaría de Transportes la entrega de copias de los estudios de impacto vial o análisis vial básicos requeridos. Se desestima la causal de distracción indebida alegada, por no acreditarse debidamente. El órgano describió que debería realizar diversas actividades para entregar lo solicitado, las cuales abarcarían una mayor cantidad de antecedentes que los requeridos. Asimismo, el número de informes totales solicitados -250-, no constituyen un volumen tal que pueda distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En sesión ordinaria N° 920 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de agosto de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C2097-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de abril de 2018, doña Alba Vásquez Jiménez solicitó a la Subsecretaría de Transportes, la siguiente información: "solicito de las 15 regiones: copia de los estudios de impacto vial, análisis vial básico, o estudios de impacto vial solicitados por ventanilla única de los proyectos de: supermercados, mall, strip center, comercios, edificios de oficinas y edificios residenciales durante el año 2017. Se agradece que la información sea suministrada en formato PDF o ZIP". 2) RESPUESTA: Por medio de oficio N° 3291, de 8 de mayo de 2018, el órgano indicó en resumen que dada la gran cantidad de información requerida solo es posible entregar una tabla con la información indicada. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de requerir antecedentes adicionales respecto de algún estudio en particular puede la solicitante contactarse con los funcionarios que se individualizan. 3) AMPARO: El 15 de mayo de 2018, la solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Al efecto, sostuvo que sólo le enviaron una lista de proyectos, pero no sus copias. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Transportes, mediante oficio N° E3547, de fecha 1 de junio de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de parte de la información solicitada; (2°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, indicando la cantidad total de estudios impacto a que refiere el requerimiento, así como el tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; y, (4°) de haber cambiado las circunstancias por las cuales fue denegada inicialmente la información, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Posteriormente, por medio de oficio N° 4152, de fecha 15 de junio de 2018, el órgano en síntesis, indicó lo que sigue: a) La cantidad de Estudios de Impacto al Sistema de Transporte Urbano (EISTU) y de Informes Vial Básicos (IVB), a nivel nacional superan los 250. En este contexto, se estimó que se configuraba la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra c), de la Ley de Transparencia. b) Si bien esta Subsecretaría negó el acceso a los antecedentes correspondientes a cada uno de los 250 estudios por concurrir una causa legal, entregó la individualización de cada uno de estos para que la solicitante pudiera requerir los que fueran de su interés. c) En el contexto referido, la entrega de 250 estudios con todos sus antecedentes, a juicio de esta Subsecretaría, implicaría solicitar a cada una de las 15 secretarías regionales, en primer lugar, buscar y reunir los antecedentes solicitados, para luego proceder a revisarlos y tarjar los datos personales, de ser necesario. Posteriormente, tendrían que copiarlos, para posteriormente enviarlos a nivel central donde los antecedentes regionales deben sistematizarse y revisarse nuevamente para que la autoridad pueda consolidarlos en una respuesta única. Todo lo anterior, implica un gasto de recursos humanos que afecta las funciones de cada Secretaría Regional y de esta Subsecretaría, al tener que distraer a los funcionarios de sus labores habituales para dedicarse a contestar esta solicitud de acceso a la información por un plazo que podría superar fácilmente las dos o tres semanas. d) En efecto, buscar, revisar y preparar la respuesta a esta solicitud, implicaría al menos la dedicación de 40 minutos a una hora por cada uno de los estudios en las respectivas secretarías regionales, sin contar la copia que se debe hacer de cada uno de los archivos que componen el expediente, y la revisión y validación posterior que se debe efectuar en la Subsecretaría, lo que implica al menos la dedicación exclusiva de un funcionario de nivel central para revisar y validar la totalidad de los estudios e información enviada, lo que demoraría más de 10 jornadas completas, si se considera un tiempo de revisión de 15 a 25 minutos por estudio. En síntesis, su atención distraería indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, los que deberían dedicar más de 250 horas de su jornada a atender exclusivamente este requerimiento, lo que a todos luces no resulta razonable. Y CONSIDERANDO: 1) Que, de conformidad a lo anotado en el numeral 3° y 4°, de lo expositivo, el presente amparo tiene por objeto la negativa del órgano en orden a entregar los estudios anotados en el numeral 1°, de lo expositivo, en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, sobre la causal de reserva relativa a la distracción indebida, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 3) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud de acceso podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, éste no ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 4) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus fundamentos, no resultan suficientes para acreditar ante este Consejo, el supuesto establecido en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, la reclamada no precisó la extensión aproximada de los documentos respectivos, debiéndose considerar además, que en la especie, a diferencia de lo que interpreta el órgano, de acuerdo a lo que se desprende del tenor literal de la solicitud de información, aquella sólo abarca los estudios respectivos, mas no los expedientes completos ni sus antecedentes anexos. Asimismo, se debe considerar que únicamente se han requerido copia de los estudios respectivos, lo cual no necesita ningún tipo de consolidación como señala el servicio, salvo el tarje de datos personales de contexto que pudiesen existir. Por estos motivos, el tiempo y recursos estimados por el órgano para entregar lo solicitado, no resultan aplicables de acuerdo al tenor literal de la solicitud. Por otra parte, tampoco se precisaron las atribuciones precisas que se dejarían de cumplir debidamente, siguiendo en este caso el criterio establecido por la Excma. Corte Suprema transcrito en el considerando precedente. Por estas consideraciones, la causal de reserva alegada será desestimada 5) Que, en mérito de lo razonado en los considerandos anteriores, este Consejo, acogerá el presente amparo, ordenando la entrega de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, debiendo tarjar en caso de existir todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-, según lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628 y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por doña Alba Vásquez Jiménez en contra de la Subsecretaría de Transportes, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Transportes, que: a) Entregue, respecto de las 15 regiones, copia de los estudios de impacto vial, análisis vial básico, o estudios de impacto vial solicitados por ventanilla única de los proyectos de: Supermercados, Mall, Strip Center, Comercios, edificios de oficinas y edificios residenciales durante el año 2017. Para tales efectos, se deberán tarjar todos los datos personales de contexto incorporados -domicilio, teléfono, correo electrónico, RUN, entre otros-. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Alba Vásquez Jiménez y al Sr. Subsecretario de Transportes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.