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DECISIÓN AMPARO ROL C2126-18</p>
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Entidad pública: Dirección Nacional de Fronteras y Límites (DIFROL).</p>
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Requirente: Pedro Peña Espinoza.</p>
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Ingreso Consejo: 17.05.2018.</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, ordenando la entrega del sumario solicitado el año 2016 por la Contraloría General de la República, por irregularidades en los 300.000 atlas geográficos con error limítrofe internacional.</p>
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Lo anterior, por no resultar plausible la alegación del órgano en el sentido de que dicho sumario no obraba en su poder, y no haberse alegado causales de reserva que ponderar, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se proporcione.</p>
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En sesión ordinaria N° 924 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2126-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de abril de 2018, don Pedro Peña Espinoza solicitó a la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, en adelante e indistintamente, la Dirección o la DIFROL, la siguiente información: "se pide copia de sumario solicitado por la Contraloría General de la República, con fecha fines del año 2016, a la DIFROL. Corresponde a irregularidades por 300.000 atlas geográficos con error limítrofe internacional".</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de mayo de 2018, mediante carta de Respuesta, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites dio respuesta al requerimiento de información, señalando en síntesis, que "en relación con lo requerido en esta oportunidad, remítase a lo señalado últimamente en las respuestas a las Solicitudes AC003T0000571, AC003T0000572, AC003T0000581, AC003T0000587, AC003T0000600 y AC003T0000607, en los términos y por las razones que en ellas se señala, así como a lo que le fuera informado por la Contraloría General de la República mediante Oficio N° 8118, de fecha 9 de marzo de 2017. A esta fecha, el sumario se encuentra en la Contraloría General de la República".</p>
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3) AMPARO: El 17 de mayo de 2018, don Pedro Peña Espinoza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Asimismo, agrega que "sumario fue solicitado con fecha 30.12.16, fue rechazado en primera instancia el año 2017 y ahora se supone es el final. Se pide copia de sumario, responde que lo envió a la CGR".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E3543, de 1 de junio de 2018, confirió traslado a la Sra. Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante Of. Público DIFROL N° 811, de fecha 13 de junio de 2018, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "en la especie no se ha denegado información al requirente, sino que se le ha hecho presente, en innumerables oportunidades a través de sucesivas respuestas desde 2017, que el sumario se encontraba primero en proceso de instrucción, lo que conforme dispone el estatuto administrativo le confiere durante dicha etapa el carácter de secreto y, últimamente, que éste se encuentra en el Órgano Contralor", haciendo mención a lo indicado en el Oficio N° 8118 de la CGR.</p>
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Acto seguido, informa que "dicho lo anterior, corresponde hacer presente que esta Dirección Nacional no ha podido hacer entrega del documento solicitado debido a que éste no obra en su poder, en razón de que se encuentra en la Contraloría General de la República desde el 30 de noviembre de 2017, en que fuera ingresado junto con la Resolución DIFROL N° 07 de 2017, la que a la fecha aún no ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Órgano Contralor".</p>
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5) COMPLEMENTO DE DESCARGOS: El 9 de agosto de 2018, mediante correo electrónico, el órgano complementó sus descargos, señalando en síntesis que la Resolución N°7, del 2017, de DIFROL, que sobresee el sumario, fue tomada de razón por la Contraloría General de la República, con fecha 5 de julio de 2018.</p>
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6) GESTIÓN OFICIOSA: Este Consejo, en virtud de lo señalado, mediante correo electrónico de fecha 9 de agosto de 2018, solicitó al órgano reclamado remitir copia del sumario solicitado, o en su defecto, indicar si el mismo fue enviado al solicitante.</p>
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Hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano su haya pronunciado en los términos referidos.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia del sumario solicitado por la Contraloría General de la República a la DIFROL, a fines del año 2016, por irregularidades en los 300.000 atlas geográficos con error limítrofe internacional. Al respecto, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano informó que el expediente no se encontraba en su poder, sino que en la Contraloría General de la República.</p>
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2) Que, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarlo fehacientemente. En la especie, para este Consejo, no resulta plausible sostener que el órgano reclamado no contaba con la información requerida, por cuanto una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debiera tener, entre otras finalidades, la de garantizar y materializar el derecho de acceso de los ciudadanos a dicha información, lo que a su vez, permitiría al órgano contar con una copia física del expediente remitido a la Contraloría General de la República, o en su defecto, una copia digital del mismo, como respaldo ante una eventual pérdida o destrozo del expediente original remitido a la entidad contralora. En consecuencia, la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos, no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de la información requerida, motivo por el cual se desestimará dicha alegación.</p>
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3) Que, por su lado, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros).</p>
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4) Que, en el presente caso, según lo expuesto por el órgano, a la época de la solicitud de información, el expediente se encontraba en poder de la Contraloría General de la República, complementando lo anterior con lo consignado en el numeral 5) de la parte expositiva, en el sentido de que el órgano Contralor ya había tomado razón de la resolución que sobreseyó el sumario administrativo. De lo anterior, es posible colegir que, a la fecha de la petición que dio origen el presente amparo, el órgano reclamado ya había adoptado la resolución del sumario administrativo consultado, y sólo faltaba realizar el trámite de toma de razón, por lo que no es posible sostener que, con la entrega del sumario requerido, dentro de los plazos dispuestos en la ley de Transparencia, se hubiera afectado el privilegio deliberativo del órgano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, o se pudiera haber afectado el éxito de la investigación, en relación con lo que establece el artículo 137 del Estatuto Administrativo.</p>
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5) Que, en tal sentido, tal como sostuvo este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos roles C575-11 y C1847-15, resulta plenamente aplicable en la especie lo señalado por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 7.355 de 2007, en el que se afirma que la "la autoridad se encuentra obligada a proporcionar a los interesados copia de los actos que emita en ejercicio de sus potestades públicas, aún en el caso de aquellos sujetos a toma de razón cuyo trámite ante este Órgano Fiscalizador se encuentre pendiente. Ello, por cuanto dicho control de juridicidad constituye una mera presunción de legalidad de los actos administrativos que no guarda relación con la existencia de la actuación administrativa de la cual emanan, ni con las causales que podrían motivar la reserva o secreto de los actos y resoluciones, sino que se establece como requisito de validez de los mismos, es decir se relaciona con sus efectos y obligatoriedad". Además, en dicho Dictamen se agrega que esta entrega de información debe realizarse sin perjuicio de que se ponga en conocimiento de los interesados, si fuese necesario, que dicho acto administrativo no produce efectos mientras no se haya cumplido su total tramitación (aplica dictámenes N° 33.659, de 2000, y N° 10.246, de 2006).</p>
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6) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado la alegación del órgano, y no habiéndose alegado causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega del sumario administrativo requerido, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4 de la ley N° 19.628, en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Pedro Peña Espinoza, en contra de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado lo siguiente:</p>
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a) Entregar al reclamante copia del sumario solicitado por la Contraloría General de la República a la DIFROL, a fines del año 2016, por irregularidades en los 300.000 atlas geográficos con error limítrofe internacional, debiendo el órgano tarjar, previamente, los datos personales de contexto que pudieran estar incorporados en la información que se entregue, tales como número de cédula de identidad, teléfonos, domicilios, correos electrónicos particulares, entre otros.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Pedro Peña Espinoza y a la Sra. Directora Nacional de Fronteras y Límites del Estado.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.</p>
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