Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C835-11

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Reclamante:	ALVARO PONCE FACCUSE
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra del Servicio de Impuestos internos por negarse a otorgar a requirente oficios circulares, por considerar el Servicio que aquellos están destinados sólamente a los funcionarios de dicha repartición y su divulgación afectaría el buen funcionamiento del Servicio. El Consejo para la Transparencia da por no acreditada la causal y acoge el amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/20/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C917-11
Jurisprudencia a:	C242-12 C241-12 C363-12
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C835-11 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos, SII Requirente: Álvaro Ponce Facusse Ingreso Consejo: 04.07.2011 En sesión ordinaria N° 301 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de amparo rol C835-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de junio de 2011 don Álvaro Ponce Facusse solicitó al Servicio de Impuestos Internos ––en adelante, indistintamente SII–– copia de los siguientes Oficios Circulares: (i) N° 21 del año 2006; (ii) N° 8 del año 2008; y (iii) N° 13 del año 2010. 2) RESPUESTA: El SII respondió a la antedicha solicitud a través de la Resolución Exenta N° 2.496, de 1° de julio de 2011, en la cual indicó, en resumen, lo siguiente: a) De conformidad a lo dispuesto por el Director del SII a través del Oficio Circular N° 1.296, de 11 de mayo de 1995, los Oficios Circulares son instrucciones e informaciones de índole administrativo o de régimen meramente interno que interesan sólo al Servicio y se encuentran dirigidos al personal en general, o a un estamento específico, según el caso. Por su parte, en las Circulares se contienen todas aquéllas informaciones, instrucciones o interpretaciones administrativas que tengan carácter tributario, incluidas las instrucciones relativas a procedimientos internos que digan relación con materias tributarias. En consideración a lo expuesto, los Oficios Circulares se ponen en conocimiento solamente de los funcionarios de la institución, a diferencia de las Circulares, las que se publican para conocimiento de toda la ciudadanía en la página web del SII www.sii.cl, en el link: Legislación, Normativa y Jurisprudencia, opción normativa. b) La entrega de los documentos solicitados, en la especie, tres Oficios Circulares referidos a materias de competencia de la Subdirección de Avaluaciones del SII, afectaría las funciones fiscalizadoras del servicio, dado el contenido y finalidad de los mismos, configurándose por tanto la causal prevista en el artículo 21 N° 1, de la Ley de Transparencia. c) Finalmente, el servicio cita la decisión de este Consejo que resolvió el amparo Rol A96-09, al señalar que: «aunque en algunos casos la publicidad favorece el debido funcionamiento del servicio en casos como éste ocurre más bien lo contrario, pues la reserva puede servir mejor al interés público al permitir que el servicio pueda ejercer su función fiscalizadora en materia de tributos con eficiencia y eficacia». Señala al efecto que la publicidad de los Oficios Circulares solicitados supondría revelar el método y criterios de evaluación utilizados por el servicio para cumplir la función fiscalizadora que debe ejercer por mandato legal. 3) AMPARO: El 4 de julio de 2011 don Álvaro Ponce Facusse dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del SII, fundado en que este último le denegó la información solicitada, señalando al efecto, en resumen, lo siguiente: a) La causal invocada por el SII en su respuesta, y la conducta funcionaria que de ella se deriva, resulta absolutamente desajustada a la ley ya que, por una parte, la consulta solamente versaba sobre 3 oficios circulares que pueden ser obtenidos fácilmente del sistema computacional y del área de archivo que maneja el organismo, circunstancia que, por otra parte, no involucra distracción de las labores funcionarias, ya que extraer tales oficios del sistema virtual no excedería de diez minutos a lo sumo en su totalidad. b) Por otra parte, alega que en la especie no se ha respetado el "principio de facilitación", no solo por haber negado el servicio el requerimiento de información, sino que, además, porque exigió que una consulta simple y de fácil expedición tuviera que formalizarse por escrito, pudiendo ser incluso verbal, lo cual hizo que un "proceso" que sólo debería tomar algunos minutos se alargó y entrabó en forma totalmente innecesaria. Además el servicio se ha tomado la totalidad del plazo para evacuar un pronunciamiento negativo, siendo ello innecesario atendido el hecho de que la respuesta fue de rechazo. c) A su juicio lo expuesto revelaría, la nula predisposición de acatar un cuerpo legal que, en teoría, significa un importante avance en las vinculaciones del aparato público con los ciudadanos del país. d) Agrega que los argumentos expuestos por el SII son, a sabiendas por parte de ellos, totalmente errados y mal utilizados, pues pretenden confundirlo como contribuyente y al propio Consejo. En efecto, precisa que la información que se solicita, en ninguna medida podría afectar a la función fiscalizadora del SIl, por cuanto, lo que se trata de averiguar precisamente es cómo dicho servicio ejerce esta función y los criterios que utiliza para la tasación de los terrenos del país. De este modo, no se aprecia cómo el hecho que un particular conozca el detalle de esos oficios circulares, vaya a afectar las funciones fiscalizadores que posee dicho organismo, por lo cual resulta impertinente la invocación de la causal contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. e) Hace presente que el SIl ante una solicitud del suscrito, en el año 2009, entregó copia de un oficio interno, en el cual el Sub Director de Avaluaciones efectuaba una consulta al Sub Director Jurídico de la institución y éste respondía en base a los criterios y elementos de determinación del SIl, respecto de una materia que se relacionaba con avalúos de bienes raíces. Agrega que ese documento es de mucha mayor trascendencia e importancia de los que actualmente se solicitan, razón por la cual, más aún resulta inexplicable el motivo del SIl para rechazar en esta oportunidad la solicitud. 4) OBSERVACIONES Y DESCARGOS DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo estimó admisible el amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante el Oficio N° 1.752, de 13 de julio de 2011, solicitándole especialmente que se refiriera a las causales de reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada, quien por su parte, formuló sus observaciones y descargos el 8 de agosto de 2011, señalando, en resumen, lo siguiente: a) Reitera los argumentos vertidos en la respuesta, en cuanto a que en la especie tiene lugar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, pues sostiene que lo oficios circulares requeridos dicen relación directa con la aplicación y fiscalización del impuesto territorial, función que corresponde al SII según prescribe el artículo 1° de su Ley Orgánica, contenida en el artículo 1° del D.F.L N° 7/1980, del Ministerio de Hacienda, y artículos 6°, letra A), numeral 1° del Código Tributario y artículo 28 de la Ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial. En este sentido, dado su contenido y finalidad, expresa que la entrega de los Oficios Circulares solicitados afectaría las funciones fiscalizadoras del SII, puesto que se refieren a materias propia de competencia de sus funcionarios, de manera que el divulgarlos afectaría directamente el ejercicio de las potestades fiscalizadoras en materia de propiedad raíz que se llevan a cabo por la áreas avaluadoras del organismo. b) En este sentido, y para fundamentar la causal invocada argumenta en torno al espíritu de la Ley de Transparencia con respecto a la norma que la contempla, e indica que si bien el sentido final de la ley es permitir un mayor control de la ciudadanía, es claro que el legislador tomó la precaución de tener a la vista algunas experiencias de legislaciones comparadas y se propuso que era «imprescindible cautelar la primacía de la función administrativa o pública que el órgano o institución requeridos están llamados a atender, de modo que el ejercicio del derecho de acceso no se transforme en un entorpecimiento del funcionamiento normal; precisar que la obligación de los órganos requeridos es proporcionar la documentación que poseen o generan en su función, y no producir información a petición de particulares; especificar que el derecho de acceso debe ejercerse con prudencia y de modo razonable (sic)». c) Asimismo, señala que en razón de los principios que fundamentan la dictación de la ley analizada, es que la misma se encargó de que existiera un límite a la entrega de la información, que dice relación con que los organismos públicos no se desvíen de las funciones para las cuales se crearon y se transformen en meros proveedores de información. Dicha limitación se encuentra consagrada en el artículo 21, N° 1 de la Ley de Transparencia, al establecer como causal denegatoria de la respectiva solicitud de información, cuando la atención y entrega de la misma, afecta el normal desarrollo de las funciones fiscalizadoras del servicio requerido. Concluye al respecto que no es el sentido de la ley el que los órganos de la Administración del Estado se transformen en proveedores de información de los particulares, menos aún de aquellos que lucran con la información obtenida de los señalados órganos, como ocurre en la especie. d) Expresa, por otra parte, que la solicitud que motiva el amparo debe responder a un interés legítimo del solicitante, para lo cual cita lo resuelto por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en la causa Rol N° 6.143-2010: «la solicitud (de información) del peticionario debe contener un interés legitimo, puesto que de lo contrario puede tratarse de un caso de abuso del derecho. El derecho, a propósito de la nulidad exige un interés que se ha entendido debe ser patrimonial. Respecto de los actos de la administración bien puede agregarse un interés académico, o de estudio, pero si se tratase de un interés comercial, como sería por ejemplo... una plataforma de servicios, no merece el amparo del Consejo para la Transparencia, porque no existe al respecto una acción popular; quedándole al interesado en tal evento proporcionarse por sus propios medios la información que requiere al Consejo, en cuyo caso será un problema de costos, que naturalmente debe asumir el propio interesado y no el órgano administrativo». Precisa al efecto que el tribunal de alzada ha señalado que el sentido de la Ley de Transparencia apunta principalmente al control social que ejerce la ciudadanía respecto de los actos de los órganos de la administración, siendo esto reconocido explícitamente en la historia fidedigna de la ley de acceso a la información pública. Sin embargo, señala que en la especie, tomando en cuenta la innumerable cantidad de solicitudes de información formuladas por el solicitante sobre la misma materia, resulta evidente que existe un interés mercantilista que lo impulsa a ejercer el derecho de acceso a la información, careciendo su actuar de motivaciones consistentes con el sentido y espíritu de la Ley de Transparencia. e) Respecto de la supuesta alegación del principio de facilitación alegada por el reclamante, señala que ésta no es tal, por cuanto el artículo 12 de la Ley de Transparencia exige que toda solicitud de información sea presentada por escrito, razón por la cual no resulta posible recibir una solicitud de información por medios verbales, como pretende el recurrente. Por otra parte, en cuanto a la alegación que el SII se ha tomado la totalidad del plazo para evacuar su pronunciamiento negativo, expresa que precisamente la Ley de Transparencia otorga al órgano de la Administración del Estado el plazo de 20 días para resolver, por lo que el haber resuelto la solicitud del peticionario dentro de dicho término, sólo confirma el actuar diligente y respetuoso del SII en relación con la normativa sobre acceso a información pública. Contextualizando lo anterior, precisa que al cumplirse más de 2 años de la vigencia de la Ley de Transparencia, el SII se mantiene en el cuarto lugar dentro de los 10 servicios que más solicitudes de información han recibido. f) Respecto de una supuesta falta de entrega de la información por motivos personales, expresa que el SII ha resuelto con apego a la ley cada una de las peticiones de información que ha promovido el recurrente, respetando el sentido del cuerpo legal invocado en cada una de estas solicitudes. g) En torno a una supuesta entrega previa de información similar a la requerida, indica que el SII no ha puesto a disposición del peticionario ningún Oficio Circular, ya que el haberlo hecho implicaría no cumplir con lo instruido por el Director del servicio a través del Oficio Circular N° 1.296, de fecha 11 de mayo de 1995 (vigente y obligatorio para todos los funcionarios de este organismo). Expresa que según se ha constatado, lo que fue entregado anteriormente al Sr. Ponce Facusse fue copia del Oficio Ordinario N° 218, de 23 de septiembre de 2003, emitido por Subdirector Jurídico del SII, en relación con una interpretación de la normativa del Impuesto Territorial y en ningún caso se entregó un Oficio Circular en los términos ya definidos. h) Finalmente, a efectos de ilustrar acerca de sus argumentaciones acompaña copia de los Oficios Circulares objeto de la solicitud. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, el principio de transparencia de la función pública consagrado en el 8º de la Constitución Política de la República, norma fundacional que se ve refrendada por lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo que concurran las excepciones establecidas por la propia norma constitucional, en relación con la Ley de Transparencia, y otras leyes de quórum calificado. 2) Que, lo solicitado en la especie ––Oficios Circulares N°21/2006; N° 8/2008; y N° 13/2010–– dice relación con actos administrativos pronunciados por el organismo reclamado, los cuales, según lo expuesto en el considerando anterior, constituirían, en principio, información pública. 3) Que, sin embargo, el SII señaló, en primer término, que los Oficios Circulares requeridos constituyen instrucciones de índole administrativo o de régimen meramente interno que como tales sólo interesan al Servicio y, por lo mismo, se encuentran dirigidos a su personal en general o a un estamento específico, según el caso, razón por la cual son puestos en conocimiento solamente de los funcionarios de la institución, más no de la ciudadanía. 4) Que, respecto al alcance que el SII le atribuye a la información solicitada, este Consejo estima que los efectos jurídicos atribuidos a tales actos no pueden servir de fundamento, por sí solos, para alterar la presunción de publicidad del mismo, conforme a lo que disponen los citados artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, salvo que pudiera concurrir a su respecto alguna de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal, razón por la cual, para resolver este amparo sólo se analizará la procedencia de la causal de reserva invocada. 5) Que, el SII para denegar el acceso a la información requerida y reclamada en el presente amparo, invocó la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, para lo cual sostuvo que, de divulgarse los oficios en cuestión, se vería afectada la función fiscalizadora que debe ejercer por mandato legal en materia de impuesto territorial. 6) Que, a efectos de analizar la procedencia de la causal alegada, conviene precisar, primeramente, que en materia de impuesto territorial, la Ley Nº 17.235, que regula la imposición y aplicación de este impuesto, preceptúa en su artículo 1º: «[e]stablécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley»; por su parte, su artículo 3º, dispone que «[e]l Servicio de Impuestos Internos deberá reevaluar, cada 5 años, los bienes raíces agrícolas y no agrícolas sujetos a las disposiciones de esta ley, aplicándose la nueva tasación, para cada serie, simultáneamente a todas las comunas del país». A su turno, su artículo 4º, dispone: «El Servicio de Impuestos Internos impartirá las instrucciones técnicas y administrativas necesarias para efectuar la tasación…», para señalar, finalmente, en su artículo 29 que «el Servicio de Impuestos Internos tendrá a cargo la aplicación de la presente ley». 7) Que, en consecuencia, resulta claro que todo aquello que diga relación con la aplicación del impuesto territorial a los bienes raíces queda dentro del ámbito de competencia del SII, encontrándose éste facultado para emitir instrucciones administrativas para la correcta aplicación de la ley, considerando, además, que el SII tiene como función principal, de acuerdo al artículo 1º del D.F.L. Nº 7, de 1980, Ley Orgánica del SII, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos. Así entonces, es en relación con dicha facultad, que el SII ha pronunciado los Oficios Circulares solicitados, toda vez que, según lo que se especifica más adelante, estos versan sobre distintos aspectos vinculados a la aplicación del impuesto territorial. 8) Que, el SII ha señalado para fundamentar la concurrencia de la causal de secreto o reserva invocada, que los Oficios Circulares requeridos, dado su contenido y finalidad, y refiriéndose a una materia propia del marco regulatorio de la competencia de sus funcionarios, revelarían el método y criterios de evaluación utilizados por el servicio para efectuar las avaluaciones de bienes raíces, de suerte que su publicidad puede afectar directamente el ejercicio de las funciones que se llevan a cabo por las áreas de avaluaciones del Servicio, afectando, en definitiva, el debido cumplimiento de sus funciones en materia de fiscalización tributaria. 9) Que, a modo ilustrativo, cabe indicar que este Consejo, en decisión recaída sobre amparo Rol A96-09, en contra del mismo Servicio de Impuestos Internos, estimó que la divulgación de la información requerida –que en dicho caso consistía en copia del programa de fiscalización “Síndicos I”– afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, sólo en cuanto la reserva de dicho programa de fiscalización puede servir mejor al interés público al permitir que el Servicio pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficacia y eficiencia, ya que «la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados les facilitarían eludir la acción del fiscalizador», generando, en definitiva, un daño probable y específico a la tarea de fiscalización que debe realizar el SII en cumplimiento de un mandato legal. 10) Que, habiéndose analizado la información requerida a efectos de verificar la concurrencia de la causal alegada, este Consejo advierte respecto del Oficio Circular N° 21/2006, que por su intermedio el SII imparte instrucciones operativas para la eliminación de la sobretasa y para la aplicación de la misma en el caso de sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, vigentes desde el primer semestre del año 2006. En efecto, en su primera parte ––acápite I–– se especifican las causales de ajuste y/o eliminación de sobretasas, estableciéndose los plazos asociados para cada una de estas operaciones; a continuación ––acápite II–– se describen situaciones similares; describiéndose en su parte final ––acápite III–– los procedimientos operativos para eliminar o aplicar las sobretasas en los casos que señalan, especificándose los movimientos de actualización catastral necesarios para registrar internamente tales operaciones. Por su parte, la Circular N° 13/2010, que actualiza las instrucciones descritas en la circular comentada en el considerando anterior, se refiere a los indicadores o códigos que deben registrar los funcionarios del SII en los movimientos a través de los cuales se actualiza el catastro de los bienes raíces, en caso de aplicar o eliminar la sobretasa a los sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros. 11) Que, como resultado del antedicho examen, no se observa de qué modo la publicidad de los Oficios Circulares en comento podría traer consigo un desmedro o la afectación de las funciones propias del SII, en particular, lo relativo con la aplicación del impuesto territorial, ya que mediante estos actos dicho organismo no hace más que especificar a través de instrucciones precisa, los criterios generales que respecto a la aplicación o eliminación de sobretasas al impuesto territorial establece el artículo 8° de la Ley N° 17.235 ; especificándose, además, un procedimiento interno a fin de registrar operativamente la aplicación de dichos criterios, sin que lo anterior suponga de modo alguno establecer criterios sustantivos respecto de la forma específica en que el SII dispondrá la fiscalización de dicho impuesto, al precisarse criterios ya establecidos en la ley, y consignarse aspectos meramente formales que deberán observarse internamente. Así, no se configura en la especie un daño probable ni específico a las facultades otorgadas al SII, de forma tal que no puede concurrir la causal invocada por dicho Servicio. 12) Que, por otra parte, se ha observado que mediante el Oficio Circular N° 08/2008, el SII imparte instrucciones destinadas a uniformar el procedimiento operativo a seguir con respecto a las solicitudes de reconsideración administrativa y reclamación subsidiaria del avalúo fiscal formuladas con ocasión del reevalúo de bienes raíces no agrícolas correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, correspondiente al año 2008, a través del formulario N° 2835, sin que se establezcan criterios sustantivos respecto de la forma de resolver tales solicitudes, pues sólo se especifican aspectos meramente formales relativos a las etapas y actuaciones que han de tener lugar en el marco de procedimiento respectivo, razón por la cual ha de concluirse, respecto del Oficio Circular descrito, lo mismo que en el considerando que antecede. 13) Que, en consecuencia, este Consejo estima que no existen antecedentes que permitan acreditar la concurrencia de la causal invocada, por lo que, en definitiva, se acogerá el amparo, debiendo entregarse al solicitante los Oficios Circulares requeridos. 14) Que, en relación a lo señalado por el reclamante en su amparo, en cuanto a que el SII no habría respetado el principio de facilitación al haber hecho uso de la totalidad del plazo para evacuar su respuesta negativa, cabe indicar que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, el órgano de la Administración del Estado que sea requerido en una solicitud de información, deberá pronunciarse sobre ésta en un plazo máximo de veinte días hábiles, pudiendo prorrogarse, excepcionalmente, por otros diez días, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Por lo tanto, este Consejo estima que, en la especie, no ha existido infracción al principio de facilitación por parte del SII, por cuanto consta que dicho Servicio dio respuesta a lo solicitado dentro del plazo que la propia ley a estimado oportuno al efecto. 15) Que, finalmente, este Consejo estima que, en virtud del principio de no discriminación reconocido en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, que dispone que «los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud», no procede la alegación realizada por el SII relativa a la falta de motivaciones consistentes con el sentido y espíritu de la Ley de Transparencia. Además, en el artículo 12 de la Ley, que establece los requisitos que deberá contener una solicitud de acceso a la información, no requiere que el requirente señale los motivos para efectuar el requerimiento, ni tampoco limita la facultad de ejercer este derecho a que no se haya hecho valer con anterioridad, por lo que no procede que el órgano establezca condiciones o requisitos que no se encuentran establecidos en la Ley. En virtud de lo anterior, y tal como se señalara en la decisión de amparo Rol C917-11, se desechará la alegación del SII, descrita en los literales c) y d) del numeral 4° de lo expositivo de esta decisión. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo de don Álvaro Ponce Facusse en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos: a) Entregar al solicitante copia de los Oficios Circulares: N° 21 del año 2006; N° 8 del año 2008; y N° 13 del año 2010. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Álvaro Ponce Faccuse y al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI VIVIANNE BLANLOT SOZA JORGE JARAQUEMADA ROBLERO JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU