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<strong>DECISIÓN AMPARO C839-11</strong></div>
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Entidad Publica: Dirección Regional del Trabajo de Magallanes</div>
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Requirente: Juan Barría Álvarez</div>
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Ingreso Consejo: 04.07.2011</div>
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En sesión ordinaria Nº 290 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C839-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Juan Barría Álvarez, el 26 de mayo de 2011, junto con deducir recurso de reposición y, subsidiariamente, recurso jerárquico en contra de las resoluciones que indica, solicitó a la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes que le informara lo siguiente:</p>
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a) Para que diga si es efectivo que emitió la Resolución Exenta N° 1.081.</p>
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b) Para que diga si es efectivo que la resolución indicada en el punto anterior emitida por su Institución obligó a las empresas de transportes de pasajeros a la implementación de un dispositivo de control denominado Sinach.</p>
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c) Para que diga si tiene conocimiento que dicho sistema desde su implementación ha presentado múltiples fallas en la Región de Magallanes.</p>
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d) Para que diga si es efectivo que su Institución firmó un convenio con Fenabus a fin de que esta entidad gremial implementara el sistema de control ya indicado en los puntos anteriores.</p>
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e) Para que diga si es efectivo que su Institución certificó a Fenabus como única entidad que pueda vender e implementar el dispositivo de control ya indicado.</p>
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f) Para que diga si es efectivo que los días en que se efectuaron las inspecciones y multas a las empresas de las cuales es representante, Ud. sólo se limitó a fiscalizar los vehículos sin considerar que existían los libros respectivos en las oficinas de Buses Barria.</p>
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g) Copia del convenio y certificación otorgado a Fenabus para la implementación del sistema Sinach</p>
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2) FALTA DE RESPUESTA Y AMPARO: Don Juan Barría Álvarez, el 4 de julio de 2011, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes, fundado en que dicho órgano no dio respuesta a su requerimiento.</p>
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3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación el presente amparo, pero sólo respecto de la información indicada en los literales d), e) y g) del numeral 1° de esta parte expositiva, trasladándolo mediante Oficio N° 1.748, de 13 de julio de 2011, al Sr. Director Regional del Trabajo de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, quien evacuó el traslado conferido por medio del Ordinario N° 590, de 5 de agosto de 2011, informando, en lo que interesa al presente amparo, lo siguiente:</p>
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a) Don Juan Barria Álvarez, el 21 de marzo de 2011, en representación de Transportes Juan Carlos Barría EIRL y de Transportes Ghisoni Ltda., dedujo, ante la Inspección del Trabajo de Magallanes, el recurso de invalidación administrativa respecto de la multas N° 3520.2008.73, de 16 de septiembre de 2008, y N° 3064.2008.17, de 19 de marzo de 2008, el cual fue rechazado por medio de la Resolución N° 91, de 16 de mayo de 2011, de la Inspección del Trabajo de Magallanes, debido a que se interpuso en forma extemporánea.</p>
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b) El 20 de mayo de 2011 fue notificada al requirente, personalmente, la resolución N° 91 ya indicada, quien, el 26 de mayo de 2011, dedujo en su contra, ante la Inspección del Trabajo de Magallanes, el recurso de reposición y, en subsidio, jerárquico, el cual fue ampliado el 8 de julio de 2011.</p>
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c) Atendido la indicado y lo dispuesto en el artículo 59 de Ley N°19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, que indica que la autoridad llamada a pronunciarse tendrá un plazo no superior a 30 días para resolver los recursos presentados, señala que “encontrándose la Inspección del Trabajo de Magallanes dentro del plazo legal para responder el recurso y las consultas efectuadas, es que vengo en señalar que éste Servicio dará respuesta y tendrá en cuenta las conclusiones efectuadas por el Consejo Para la Transparencia, respecto a la entrega de información”.</p>
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d) Asimismo, señala que la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, mediante la Resolución N° 140, de 3 de agosto de 2011, resolvió el recurso de reposición deducido por el requirente y proporcionó la información solicitada, señalando, lo siguiente:</p>
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i. Es efectivo que se emitió la Resolución Exenta N° 1.081.</p>
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ii. La resolución señalada, obligó a establecer un sistema automatizado de control de asistencia, de las horas de trabajo, de los turnos de conducción, de los tiempos de descanso y de determinación de las remuneraciones correspondientes al servicio prestado, para el personal de choferes y auxiliares que se desempeñan a bordo de los vehículos de la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros del sector particular. El sistema establecido, debe ser certificado por una Universidad reconocida por el Estado u organismo dependiente de ella, que cuente con una experiencia en la materia de a lo menos cinco años. Dicha certificación debe ser presentada a la Dirección del Trabajo por el operador del sistema, de forma previa a su entrada en funcionamiento.</p>
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iii. Si, existió conocimiento de los problemas del sistema a bordo, solamente respecto a los buses con viajes internacionales (Ej. Ushuaia, Rio Grande, Rio Gallegos).</p>
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iv. No es efectivo que la Dirección del Trabajo firmó convenio con la denominada Fenabus.</p>
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v. No es efectivo que la DT certificó a Fenabus como única entidad que puede vender e implementar el dispositivo de control.</p>
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vi. Del análisis de los informes de fiscalización, se desprende que de la fiscalización por programa sectorial, en este caso transporte de pasajeros, se constató el hecho de llevarse registro mediante libro control de asistencia, y no mediante la modalidad exigida por la Resolución N° 1082.</p>
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vii. Se adjunta copia de resolución N° 00169 que acredita a Fenabus.</p>
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4) GESTIONES UTILES: Este Consejo, a fin de resolver acertadamente el presente amparo, el 12 de octubre de 2011, se comunicó telefónicamente con el órgano requerido y le solicitó que remitiera, por la vía más rápida, copia de los antecedentes en que constara la entrega de la información requerida a don Juan Barría Álvarez. Al respecto, doña Viviana Ampuero Santana, Coordinadora Jurídica de la Dirección del Trabajo de Magallanes, remitió a este Consejo, vía correo electrónico, una copia de la guía de depósito Nº 109, de Correos de Chile, por el cual se acredita que la Resolución Nº 140, a que se hizo referencia en el numeral anterior de esta parte expositiva, y por el cual se da respuesta a cada una de las consultas formuladas por el requirente, fue remitida por carta certificada al solicitante, la que fue depositada en la oficina de correos el 8 de agosto de 2011.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en primer término, cabe tener presente que, de acuerdo a lo establecido en el análisis de admisibilidad del presente amparo, consignado en el acta N° 132, de 8 de julio de 2011, este Consejo estimó que sólo la información requerida en los literales d), e) y g) del numeral 1° de la parte expositiva de la presente decisión, constituyen solicitud de información amparada por la Ley de Transparencia, sin perjuicio de que el organismo reclamado se pronuncie respecto de todos los literales requeridos. Tales requerimientos son los siguientes:</p>
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a) Para que diga si es efectivo que su Institución firmó un convenio con Fenabus a fin de que esta entidad gremial implementara el sistema de control ya indicado en los puntos anteriores.</p>
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b) Para que diga si es efectivo que su Institución certificó a Fenabus como única entidad que pueda vender e implementar el dispositivo de control ya indicado.</p>
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c) Copia del convenio y certificación otorgado a Fenabus para la implementación del sistema Sinach.</p>
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2) Que, precisado lo anterior, resulta pertinente señalar que, si bien en la especie se solicitó la entrega de información en el contexto de un procedimiento administrativo regido por la Ley Nº 19.880, esta solicitud cumplió con los requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, debiendo entenderse que el reclamante, en su calidad de interesado, optó por la vía de acceso especialísima dispuesta en este último cuerpo legal, deduciendo amparo a su derecho de acceso a la información respecto de aquella parte de su presentación ante el organismo reclamado en que solicitaba determinada información en lo pertinente, por lo que, en la especie, deben aplicarse las disposiciones de dicho cuerpo legal. Al respecto, cabe tener presente, lo resuelto por este Consejo en la decisión recaída sobre el amparo Rol C856-10, el que señaló «[q]ue, al respecto, es menester señalar que este Consejo (en sus decisiones recaídas en amparos Roles A157-09, A292-09, C347-10 y C348-10, por ejemplo) ha entendido que las solicitudes sobre el estado de un procedimiento administrativo, el cual reviste el carácter de información pública de acuerdo a los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, pueden realizarse ya sea por la vía establecida en el procedimiento general dispuesto en la Ley Nº 19.880 o por la vía especialísima de la Ley de Transparencia, a opción del interesado. En este caso consta que éste optó por la segunda, motivo por el cual, dicho requerimiento debe regirse por el procedimiento y los plazos establecidos en dicho cuerpo legal».</p>
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3) Que de los antecedentes aportados por el propio órgano reclamado, se desprende que la Resolución Nº 140, de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, por medio de la cual, en su considerando, 7°), se da respuesta a cada una de las consultas formuladas por el reclamante, fue expedida el 3 de agosto de 2011 y enviada por carta certificada al reclamante, la cual fue depositada en la oficina de correos el 8 de agosto de 2011, por lo que, en virtud de la presunción establecida en el inciso segundo del artículo 46 de la Ley Nº 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, debe tenerse por entregada la información requerida al Sr. Barría Álvarez, extemporáneamente, el 11 de agosto de este año, esto es, una vez vencido el plazo que el artículo 14 de la Ley de Transparencia otorga a los órganos de la Administración del Estado para dar respuesta a los requerimientos de información, el que, en la especie, expiró el 23 de junio de 2011.</p>
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4) Que, asimismo, atendido que el organismo reclamado tramitó conjuntamente los recursos interpuestos y la solicitud de información, según se desprende de lo señalado en sus descargos ante este Consejo, lo que redundó en el retardo en la entrega de la respuesta a las solicitudes de acceso, resulta necesario hacer presente que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, en tanto derecho fundamental con reconocimiento en el artículo 8º de la Constitución Política, no puede verse alterado en su procedimiento regulado por la Ley de Transparencia por el curso normal del procedimiento administrativo regido por la Ley Nº 19.880, así como tampoco debe afectar las facultades que le asisten al órgano de la Administración del Estado como organismo resolutor en este último. En efecto, lo que la Directora Regional del Trabajo de Magallanes resuelva respecto de los recursos administrativos interpuestos, no puede constituir un obstáculo para el ejercicio del derecho de acceder a la información pública.</p>
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5) Que, por lo anterior, se representará a la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente, transgredió lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente, de dicho cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas que sean necesarias a fin de que, en lo sucesivo, frente a una situación similar a la del presente amparo, dé respuesta a las solicitudes de información dentro del plazo legal.</p>
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6) Que, del análisis de la información que le fuera entregada al reclamante y que da respuesta a las solicitudes de información consignadas en el considerando 1) de la presente decisión, es posible advertir que el organismo reclamado negó la existencia del convenio consultado, como también el hecho de haberse otorgado por parte de la Dirección del Trabajo una certificación a la empresa aludida en la misma, con lo que ha de estimarse suficiente tales respuestas, debiendo acogerse el amparo de la especie, no obstante lo cual, debe darse por entregada en forma extemporánea la respuesta a la solicitud planteada, según lo señalado en el considerando 3) de la presente decisión.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el presente amparo, deducido por don Juan Barría Álvarez en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes, por los fundamentos señalados en los considerandos precedentes, sin perjuicio de lo cual se tendrá por entregada en forma extemporánea la información requerida.</p>
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II. Representar a la Dirección Regional del Trabajo de Magallanes que al no haber dado respuesta a la solicitud de información del requirente, transgredió lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como los principios de facilitación y oportunidad consagrados en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente, de dicho cuerpo legal, razón por la cual deberá adoptar las medidas administrativas que sean necesarias a fin de que, en lo sucesivo, frente a una situación similar a la del presente amparo, dé respuesta a las solicitudes de información dentro del plazo legal.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Juan Barría Álvarez y al Sr. Director Regional del Trabajo de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre a la presente decisión por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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