Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C2523-18

Reclamante:	JOAQUIN FRANCISCO FRANCISCO ARAVENA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Santo Domingo, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información realizada en los siguientes términos: "solicito archivo de las patentes comerciales de la comuna, donde figuren los siguientes datos: nombre o razón social, giro, dirección completa, N° de trabajadores, tipo de patente, y en general, todos los datos que posean (...) en archivo excel". El Consejo acoge el amparo, toda vez que se desestima la causal de reserva referente a que la entrega de la información afectaría los derechos comerciales o económicos de los contribuyentes.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/27/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada DFL 1 2006 - Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C554-09 C2425-17 C971-11 C1696-14 C1697-14 C1699-14 C681-15 C1780-16 C610-10
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DECISIÓN AMPARO ROL C2523-18 Entidad pública: Municipalidad de Santo Domingo. Requirente: Joaquín Francisco Aravena. Ingreso Consejo: 08.06.2018. RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Santo Domingo, ordenándose la entrega de la información respecto a las patentes comerciales de la comuna, con los datos que indica, por haberse desestimado las alegaciones del órgano relativas a la afectación a los derechos comerciales o económicos de los contribuyentes. En sesión ordinaria N° 930 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de septiembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C2523-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de mayo de 2018, don Joaquín Francisco Aravena solicitó a la Municipalidad de Santo Domingo, en adelante e indistintamente, la Municipalidad o el municipio, la siguiente información: "solicito archivo de las patentes comerciales de la comuna, donde figuren los siguientes datos: nombre o razón social, giro, dirección completa, N° de trabajadores, tipo de patente, y en general, todos los datos que posean (...) en archivo excel". 2) RESPUESTA: El 7 de junio de 2018, mediante un Certificado, la Municipalidad de Santo Domingo dio respuesta al requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, fundado en lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, por cuanto puede afectar los derechos de carácter comercial de los contribuyentes. 3) AMPARO: El 8 de junio de 2018, don Joaquín Francisco Aravena dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "la Ilustre Municipalidad denegó el acceso a la información, aludiendo a los derechos de las personas, sin respetar mi derecho a la libre información que debería estar en la página web del municipio para conocimiento del público como lo está en la mayoría de los municipios". 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante oficio N° E4414, de fecha 29 de junio de 2018, solicitó al reclamante subsanar su amparo, en el sentido de manifestar su voluntad de dar a conocer su identidad, ya que su reserva no puede ser acogida. Posteriormente, por medio de correo electrónico de fecha 6 de julio de 2018, el reclamante subsanó su amparo, señalando su identidad. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E5240, de 26 de julio de 2018, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Posteriormente, dado que el órgano no otorgó respuesta dentro del plazo indicado en el oficio mencionado, mediante correo electrónico de fecha 8 de agosto de 2018, se concedió a la Municipalidad un plazo extraordinario para evacuar los descargos respectivos. Hasta esta fecha, no existe constancia de que el órgano se haya pronunciado en los términos referidos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Municipalidad de Santo Domingo, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a un archivo con las patentes comerciales de la comuna, donde figuren los siguientes datos: nombre o razón social, giro, dirección completa, N° de trabajadores, tipo de patente, y en general, todos los datos que posean. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, en cuanto a la información solicitada -patentes municipales-, cabe tener presente que este Consejo ha establecido que "la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante un acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate. Además, la divulgación de información relativa a las mismas permite a los ciudadanos fiscalizar los ingresos que se recauden por este tipo de tributos, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades". 4) Que, en tercer lugar, en relación con los datos contenidos en los antecedentes solicitados, particularmente, a la información relativa al nombre, RUT y dirección, se advierte que, en cuanto éstos se refieren a contribuyentes que sean personas naturales, constituyen datos personales, ya que se trata de información concerniente a una persona natural identificada, según prescribe el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628. En este sentido, en relación al RUT de los contribuyentes personas naturales, se debe tener presente lo razonado en la decisión de amparo rol C2425-17, C1780-16 y rol C971-11, (reiterado posteriormente en las decisiones de amparos Roles C1696-14, C1697-14 y C1699-14) en que esta Corporación se pronunció expresamente sobre la materia, respecto de las patentes comerciales, estableciendo que "(...) al constituir un dato integrante del documento o acto administrativo que otorga la patente y que facilita la identificación del contribuyente, en cuanto es utilizado precisamente para fines tributarios, debe someterse también al régimen de publicidad de dicho acto, considerando que (...) la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante un acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate" (considerando 3) de la decisión del amparo Rol C554-09). Además, la publicidad del RUT contribuiría especialmente a la finalidad de control social, a efectos de verificar, por ejemplo, si quién ejerce la actividad gravada cumple las condiciones subjetivas necesarias para el ejercicio de la misma, y que en definitiva determinaron el otorgamiento de la patente, en cuanto ésta se trata de una contribución que grava el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o arte, o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria. 5) Que, por su parte, respecto del domicilio de los contribuyentes, a quienes se les hubiere otorgado patente municipal, resulta pertinente hacer presente que, en la decisión del amparo Rol C610-10, respecto al domicilio de patentes comerciales, se pronunció a favor de la publicidad de este dato personal, por el manifiesto interés público que reviste, razonando que "(...) no obstante lo anterior, a juicio de este Consejo, los datos de las personas naturales contribuyentes de patentes municipales, especialmente, los que son de interés del reclamante, en cuanto están directamente vinculados con la actividad gravada, revisten relevancia especialmente sobre las siguientes dos cuestiones, a saber: a) [e]l cumplimiento de los requisitos necesarios para el ejercicio de la actividad que se autoriza por medio de la patente: (...) [l]a divulgación de las patentes municipales permite verificar si las actividades autorizadas han cumplido o cumplen con los requisitos legales que precisamente habilitan o permiten continuar con su ejercicio, cuestión que está directamente relacionada con la publicidad de los datos relativos a los contribuyentes; así (...) la divulgación de la dirección y ciudad del contribuyente (incluido calle y número) -en el entendido que ella se refiere al lugar donde se ejerce la actividad lucrativa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto Ley N° 3063/1979: ‘La patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosko o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda’- permitiría conocer el lugar donde el contribuyente ejerce su actividad, lo cual, a su vez, permitiría establecer si ella cumple o no con las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemplen las respectivas ordenanzas municipales; b) [l]os ingresos que se perciben por concepto de patentes municipales: se refiere a los ingresos que se recaudan por parte de la autoridad edilicia por concepto de este tributo, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades". A mayor abundamiento, el inciso primero del artículo 9° de la Ley N° 19.925, de 2004, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas prescribe: "En la patente deberá anotarse el nombre del dueño, número de su cédula de identidad con indicación del lugar de su otorgamiento y la dirección del negocio". 6) Que, por su parte, y según lo razonado por este Consejo, en la decisión del amparo rol C681-15, con relación al número de trabajadores, cabe tener presente lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Decreto 2.385, del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N° 3063 -Ley de Rentas Municipales- refiriéndose a la forma de determinar el pago de las respectivas patentes municipales, los cuales establecen que la patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda, y que, en los casos de contribuyentes que tengan sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial, cualquiera que sea su naturaleza jurídica o importancia económica, el monto total de la patente que grava al contribuyente será pagado proporcionalmente por cada una de las unidades antedichas. En tal sentido, para estos efectos, el contribuyente deberá presentar, dentro del mes de mayo de cada año, en la municipalidad en que se encuentre ubicada su casa matriz, una declaración en que se incluya el número total de trabajadores que laboran en cada una de las sucursales, oficinas, establecimientos, locales u otras unidades de gestión empresarial. Sobre la base de esa declaración y los criterios establecidos en el reglamento, la municipalidad receptora determinará y comunicará, tanto al contribuyente como a las municipalidades vinculadas, la proporción del capital propio que corresponda a cada sucursal, establecimiento o unidad de gestión empresarial. Y en virtud de tal determinación, las municipalidades en donde funcionen las referidas sucursales, establecimientos o unidades, calcularán y aplicarán el monto de la patente que corresponda pagar en cada caso, según la tasa o tasas vigentes en las respectivas comunas. En consecuencia, dicha información sirve de fundamento directo para la determinación del monto o valor de la patente comercial correspondiente, por lo que se trata de información pública, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 5 de la Ley de Transparencia. 7) Que, luego, respecto de los demás antecedentes solicitados por el reclamante, relativos al giro, o el tipo de patente, el órgano no ha señalado, fundada y detalladamente, de qué forma podría generar la afectación a los derechos comerciales o económicos de los contribuyentes, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°2 de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que se trata de antecedentes contenidos en actos administrativos que autorizan la realización de una actividad comercial, motivo por el cual se desestimará dicha alegación. 8) Que, en consecuencia, habiéndose desestimado las alegaciones del órgano, tratándose información que obra en su poder respecto de la cual no se han alegado otras causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Joaquín Francisco Aravena, en contra de la Municipalidad de Santo Domingo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo lo siguiente: a) Entregar al reclamante un archivo con las patentes comerciales de la comuna, donde figuren los siguientes datos: nombre o razón social, giro, dirección completa, N° de trabajadores, tipo de patente, y en general, todos los datos que posean. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Joaquín Francisco Aravena y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Santo Domingo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.