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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C891-11</strong></p>
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Entidad pública: Dirección Nacional del Servicio Civil, DNSC</p>
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Requirente: Alejandro Belmar Soto</p>
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Ingreso Consejo: 15.07.2011</p>
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En sesión ordinaria N° 298 de su Consejo Directivo, celebrada el 25 de noviembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C891-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de junio de 2011 don Alejandro Belmar Soto requirió a la Dirección Nacional del Servicio Civil –en adelante también DNSC- le proporcionara los siguientes antecedentes relativos a concursos de Alta Dirección Pública:</p>
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a) Acta de Comité de concurso de selección de candidatos elegibles al concurso Nº 1.309, Director(a) Complejo de Salud San Borja Arriarán, del Servicio Metropolitano de Salud Central, en que se consigne la nómina de los candidatos elegibles y ordenados por puntaje obtenido en el concurso.</p>
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b) Nómina de los miembros del Comité e institución a la que representan, información que fue enviada a la autoridad el 28 de abril de 2011.</p>
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2) RESPUESTA: La Dirección Nacional del Servicio Civil respondió a dicho requerimiento mediante Resolución Exenta Nº 635, de 30 de junio del 2011, del Director de dicho organismo, señalando que:</p>
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a) Conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia en este caso existen terceros a quienes se debe notificar la solicitud de información. Se trata de los candidatos que conforman la nómina del concurso Nº 1.309, por lo cual, el 10 de junio de 2011, se les despacharon los Oficios Nºs 545, 546, 547 y 548. Del Oficio Nº 546 se recibió respuesta el 14 de junio de 2011, permitiendo la persona que lo suscribió el acceso a la información solicitada en los términos que se exponen en la parte considerativa.</p>
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b) La Dirección deniega el acceso a la información solicitada por considerar que entregarla vulneraría lo dispuesto en el artículo quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882, norma que establece la confidencialidad de la identidad de los candidatos (“El proceso de selección tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato”). Asimismo, el artículo quincuagésimo señala que, tratándose del Sistema de Alta Dirección Pública, la ley ha dispuesto, expresamente, la reserva de las nóminas que se envían a la autoridad (“El consejo entregará, en carácter reservado, la nómina de entre 3 y 5 candidatos seleccionados, acompañada de los antecedentes profesionales y laborales de los mismos, así como la evaluación a que se refiere el inciso segundo del artículo quincuagésimo tercero, sin expresar preferencia por ninguno de ellos”).</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, tampoco se podrá acceder a lo solicitado en atención a lo señalado por el artículo 21 de la Ley de Transparencia, pues:</p>
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i. Según lo dispuesto en los artículos 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia y 7º Nº 2 de su Reglamento, la entrega de la información requerida afectaría los derechos de las personas directamente involucradas en el proceso de selección (postulante y/o candidato), cuyos antecedentes constan en el proceso de selección respectivo, puesto que la publicidad del proceso de selección –que involucra la evaluación de competencias, experiencia laboral y aptitudes psicológicas- vulneraría la dignidad personal del evaluado, pues en su evaluación constan apreciaciones del examinador emitidas dentro de un contexto técnico, experto y específico.</p>
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ii. En este caso, el titular de la información es la autoridad que solicita asesoría experta para la ejecución, en todo o en parte de un proceso de selección. Asimismo, las opiniones vertidas por referentes para un contexto laboral específico no deben darse a conocer al evaluado, pues si así se hiciera perderían todo sentido y efectividad en el cumplimiento de la función de seleccionar, careciendo, en este último caso, de la objetividad requerida para comprender el desempeño profesional de un individuo.</p>
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iii. Por otra parte, los antecedentes de estos terceros se encuentran protegidos por la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, ya que, de acuerdo con la letra g) del artículo 2º de la citada ley, constituyen datos sensibles, entre otros, los estados de salud psíquicos de las personas.</p>
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iv. En este sentido, cabe tener presente que el artículo 24 de la Ley Nº 19.628, incorporó un nuevo inciso al artículo 127 del Código Sanitario, en cuya virtud “las recetas médicas y análisis o exámenes de laboratorios clínicos y servicios relacionados con la salud son reservados”. A su vez, de acuerdo a los artículos 112 y 113 del Código Sanitario los informes emitidos por psicólogos se consideran para estos efectos dentro del supuesto indicado.</p>
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v. En razón de lo anterior, debe entenderse que los candidatos postulan bajo la premisa de participar en un proceso de selección de carácter confidencial, en el cual su identidad sería mantenida en reserva, lo que se vincula no solo con la protección de la vida privada, sino que también con la seguridad en el empleo.</p>
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vi. Asimismo, se ven afectados los derechos de aquellos terceros cuyos antecedentes no constan en el proceso, sino que son los generadores de los mismos, como las empresas consultoras, ya que su trabajo sería expuesto a un escrutinio descontextualizado y, generalmente, realizado por quienes carecen del conocimiento y las habilidades necesarias para dimensionarlo en forma adecuada, haciendo inútil la participación de empresas consultoras expertas, imposibilitando dicha participación al vulnerarse la regla de sigilo presente en el desarrollo de sus actividades y en la reserva del proceso de selección.</p>
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vii. De igual manera, el impedimento de entregar la información deriva de la existencia de prácticas y estándares internacionales en materia de selección y reclutamiento, que exigen la confidencialidad de la actividad desarrollada por head hunters y evaluadores de selección de personal, ya que dota al examinador y demás partícipes del proceso de selección de la objetividad necesaria para discriminar cuál de los postulantes se aproxima de mejor manera al perfil de selección definido por el mandante. Si los referentes que el especialista consulta tuvieses conocimiento de que el candidato va a poder acceder a las opiniones que de él se viertan, moderarían juicios y observaciones.</p>
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viii. Tampoco se puede acceder a lo solicitado en virtud del artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia, que declara secretos los documentos cuya</p>
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“…publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país”. El interés nacional se justifica debido a las características con que el legislador decidió dotar el nuevo proceso de selección de los altos directivos públicos. En efecto, al examinar sus características queda en evidencia que se ha dispuesto un proceso singularizado por el secreto, pues este rasgo distintivo es instrumental para el desempeño eficaz y eficiente de un mecanismo de selección exigente, profesional y calificado por sus resultados. Tal modalidad confidencial se justifica en el profundo cambio, esencialmente cultural, que implica el procedimiento de selección de alta dirección pública y la modernización y profesionalización del Estado.</p>
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ix. En este contexto, la confidencialidad dispuesta por los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882, tiene precisamente valor instrumental para lograr un cambio profundo en la provisión de cargos públicos altamente relevantes, facilitando que todos los interesados postulen, y que también participen en su selección consultores especializados del más exigente nivel dentro del mercado, mejorando la gestión de los servidores públicos y, con ello, la del Estado en su conjunto, lo cual se justifica en el interés nacional.</p>
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x. Si bien no se aprecia que la seguridad nacional justifique, en abstracto, los casos instrumentales de secreto, reserva o confidencialidad contemplados en la Ley Nº 19.882, ello no obsta a que puedan existir casos concretos de procesos de selección de altos directivos cuyo sigilo pueda sustentarse en dicha causal.</p>
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d) Sin perjuicio de todo lo señalado anteriormente, el órgano reclamado en su respuesta señala que se entregará la información relativa a la conformación del Comité de Selección del Concurso Nº 1.309, relativo a Director(a) Complejo de Salud San Borja Arriarán, del Servicio Metropolitano de Salud Central, adjuntando la Resolución Exenta del Servicio Nº 914, de 2 de junio de 2011, que da cuenta de la información solicitada.</p>
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3) AMPARO: Don Alejandro Belmar Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 15 de julio de 2011 en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, fundado en que:</p>
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a) Recibió respuesta negativa a su solicitud de información, debido a que la entrega de ésta afecta el interés nacional, como también que la confidencialidad de la identidad de los candidatos se encuentra protegida por el artículo quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 y artículo 21 Nº 2 y Nº 4 de la Ley de Transparencia, no correspondiendo denegar la entrega de la información requerida.</p>
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b) En efecto, no se ha solicitado información sobre el ?proceso? de selección de candidatos, sino que sobre el resultado del mismo que se expresa en la nómina a que se refiere el inciso 2º del artículo quincuagésimo segundo de la Ley Nº 19.882 (“El comité de selección propondrá al jefe superior del servicio respectivo una nómina de entre tres y cinco candidatos por cada cargo a proveer”). Al respecto, cabe señalar, que los concursos del Servicio Civil contemplan todo un proceso de desarrollo, ante el mismo organismo, y ante evaluadores externos, que termina con la proposición mediante una nómina con los candidatos finales al Servicio que corresponda. Pues bien, no se solicitó información en relación al proceso de selección, sino que se requirió el resultado del mismo y que se refiere a la nómina de candidatos finales, como también el nombre de los miembros del Comité que propone al Jefe Superior del Servicio respectivo los candidatos del cargo a proveer.</p>
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c) La confidencialidad que establece el artículo quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 se refiere al ?proceso? de selección, pero no así el resultado del mismo. Dado el carácter ?público? del concurso existe un interés público en el resultado de éstos, más no así en el proceso de selección. De esta forma, la reserva del</p>
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?proceso? de selección constituye una excepción al principio de transparencia, de tal forma que el resto de los actos y resoluciones propios de un concurso público de provisión de cargo mediante el Sistema de Alta Dirección Pública, son públicos, entre estos, la nómina que el Comité de Selección entrega al Jefe Superior del Servicio respectivo.</p>
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d) El Servicio Civil al negar la información solicitada está escapando a sus funciones e infringiendo el principio de transparencia, consagrado en el artículo 5º de la Ley de Transparencia.</p>
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e) Asimismo agrega, que el órgano reclamado ha interpretado erróneamente el artículo quincuagésimo de la Ley Nº 19.882, que dispone la reserva de las nóminas que se envían a la autoridad, por cuanto la referida reserva se aplica únicamente mientras se encuentra vigente el proceso de selección de los altos directivos públicos y no una vez que ha expirado y el Jefe Superior del respectivo Servicio ha elegido a uno de los candidatos propuestos en dicha nómina mediante su nombramiento.</p>
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f) Lo anterior resulta más relevante aún, si se considera que el proceso de Alta Dirección Pública está destinado a proveer los cargos superiores de la Administración Pública, es decir, aquellos cargos llamados a tomar decisiones relevantes que afectan a los ciudadanos, lo que claramente justifica el poder acceder a la nómina de candidatos a un cargo determinado.</p>
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g) Por otra parte, en cuanto al rechazo fundado en la causal establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia y el artículo 7º Nº 2 de su Reglamento, indica que no se aprecia la argumentación de esta causal, ya que por una parte, los participantes en el concurso consintieron en la entrega de la información relativa a sus personas y, por otra parte, al solicitarse información de los nombres y puntajes obtenidos no se está afectando a persona alguna en sus derechos, sino que solamente se quiere tomar conocimiento de un resultado acotado y no del proceso de selección.</p>
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h) En relación con la causal del artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia, señala que no se comprende cómo el cargo de Director de un Hospital de la red pública puede afectar derechos tan importantes como el interés nacional, y refleja simplemente la tozudez de una institución en mantener el secretismo en los actos públicos.</p>
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i) Finalmente, el haber entregado información relativa a la conformación del Comité de Selección de Salud San Borja Arriarán del Servicio de Salud Metropolitano Central solamente justifica aún más la solicitud de la especie, ya que demuestra que toda persona tiene derecho a conocer los funcionarios que toman una determinada decisión, pero no el porqué de la misma.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación esta amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.823, de 20 de julio de 2011, al Director del Servicio Civil, solicitándole, especialmente, que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. Asimismo, y para una acertada resolución del presente amparo, se le solicitó, especialmente, remitir a este Consejo: (i) copia de todos los documentos incluidos en el procedimiento de notificación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas notificaciones, de los documentos que acrediten tales notificaciones y de los escritos en virtud de los cuales los terceros formularon su oposición a la entrega de la información solicitada; (ii) los domicilios de los terceros, a fin de dar curso a la aplicación de los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (iii) copia de la información solicitada por el reclamante. Sin perjuicio de lo anterior, y en atención a que el órgano reclamado no evacuó el traslado que le fuera otorgado por este Consejo, esta Corporación mediante Oficio Nº 2.231, de 30 de agosto de 2011, reiteró dicha petición. Mediante Oficio Nº 892, de 12 de septiembre de 2011, del Director Nacional del Servicio Civil, éste señala que:</p>
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a) El Servicio reclamado materializó su respuesta a través del Oficio Nº 757, de 5 de agosto de 2011, que se envió a este Consejo, y que, por razones que desconocen, no llegaron a su destino. Sin perjuicio de lo anterior, remite respuesta y set de documentación relacionada con el amparo de la especie.</p>
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b) En el referido Oficio Nº 757 señala que en su oportunidad se emitió un pronunciamiento, entregando parcialmente la información mediante Resolución Exenta del Servicio Nº 635, de 30 de junio de 2011, dando acceso a la información de integrantes del Comité de Selección, y denegando el acceso a la identidad de las personas que integraron la nómina del cargo de Director(a) Complejo de Salud San Borja Arriarán del Servicio Metropolitano de Salud Central, replicando, sucintamente, los argumentos ya expuestos en la respuesta otorgada al solicitante.</p>
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c) Asimismo, adjunta los Oficios Nºs 545, 546, 547 y 548, todos de 10 de junio de 2011, despachados a los terceros interesados, individualizando a éstos y su domicilio, como también adjunta la carta de respuesta en que, uno de ellos, ejerce su derecho a oposición.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DE TERCEROS: El Consejo Directivo de este Consejo, en virtud de lo expuesto por el organismo reclamado en sus descargos, acordó, conforme lo establecido por el artículo 25 de la Ley de Transparencia, notificar a éstos mediante Oficios Nºs 2.460, 2.461, 2.464 y 2.465, todos de 22 de septiembre de 2011, solicitándoles, especialmente, que al momento de presentar sus descargos hicieran mención expresa a los derechos que estimasen pudiesen verse afectados con la publicidad de la información requerida:</p>
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a) A través de Ordinario Nº 538, de 7 de noviembre de 2011, don Claudio Robles Tapia, Director del Hospital Clínico San Borja Arriarán, manifestó que, de acuerdo a lo solicitado por el Oficio Nº 2.465 de este Consejo, otorga autorización expresa para que la información relativa al puntaje obtenido en el concurso Nº 1.309, en que fue seleccionado para el cargo que actualmente ocupa, sea entregada al requirente.</p>
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b) Los demás terceros interesados no presentaron descargos u observaciones ante este Consejo.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en la especie, se solicitó: a) El Acta del Comité del concurso del Sistema de Alta Dirección Pública para seleccionar al Director(a) del Complejo de Salud San Borja Arriarán, del Servicio Metropolitano de Salud Central, en que constase la nómina de los candidatos elegibles ordenados por el puntaje obtenido; y b) La nómina de los miembros del Comité de Selección y la institución que representaban.</p>
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2) Que en sus descargos, el Director del Servicio Civil reconoció que sólo entregó copia de los antecedentes requeridos en el literal b) de la solicitud de información, no proporcionando el resto de la información solicitada por considerar que tenía carácter reservado en conformidad con los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 y las causales de reserva de los numerales 2, 3 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que el amparo interpuesto por el reclamante se restringe sólo a la información requerida en el literal a) de su respectiva solicitud, esto es, el Acta del Comité de selección con la nómina de los candidatos elegibles y ordenados según el puntaje obtenidos, por lo que el pronunciamiento del Consejo se limitará a este punto. Por lo demás, lo requerido en el literal b) fue respondido según se afirma en los descargos.</p>
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4) Que los antecedentes de los concursos públicos de personal constituyen el fundamento de las resoluciones que designan a quienes ejercerán los cargos concursados, y les sirven de sustento o complemento directo y esencial, además de ser información que obra en poder de la Administración Pública. Dado lo anterior, y aplicando lo dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, deben considerarse información de carácter pública que sólo debe reservarse si a su respecto concurre una hipótesis de secreto establecida en una ley de quórum calificado en base a alguna de las causales contempladas en el artículo 8º de la Constitución Política.</p>
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5) Que la Dirección Nacional del Servicio Civil ha denegado la información solicitada alegando que en este caso concurren los casos de reserva establecidos en los numerales 2 y 4 del artículo 21 de la Ley de Transparencia y los artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882. Argumenta que la entrega de la información requerida vulnera lo dispuesto en el último artículo citado, que establece la confidencialidad de la identidad de los candidatos, y afecta los derechos de las personas directamente involucradas en el proceso de selección respectivo. Además, tales antecedentes serían datos personales que la Ley Nº 19.628 declara reservados. Agrega que la entrega de dicha información afectaría el interés nacional, por cuanto el funcionamiento del proceso de selección de altos directivos públicos necesita de este nivel de confidencialidad o se desnaturalizaría, y eventualmente la seguridad de la nación.</p>
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6) Que, por su parte, y conforme el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el Director Nacional del Servicio Civil procedió a comunicar la solicitud de información de la especie a los candidatos que conformaron la nómina del concurso Nº 1.309, a través de los Oficios Nºs 545, 546, 547 y 548, de 10 de junio de 2011, indicándoles que podían oponerse a la entrega del documento solicitado. Sólo uno de ellos que, en definitiva, no resultó seleccionado para el cargo al que postulaba, manifestó que:</p>
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a) Como la solicitud de acceso a la información está fechada el 2 de junio de 2011, es decir, un día después que el Servicio hiciera público el nombramiento, consideraba irrelevante el conocimiento de la información solicitada.</p>
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b) Sin perjuicio de lo anterior, otorgó su consentimiento para hacer pública la información requerida, siempre y cuando se hiciere pública la información de los puntajes de todos los postulantes que fueran considerados "candidatos elegibles" para el cargo en cuestión, fundado en la necesidad de ser considerado y tratado en igualdad de condiciones para dichos efectos.</p>
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7) Que, asimismo, según se expone en la parte expositiva del presente acuerdo, al evacuar sus descargos ante este Consejo la persona designada en el cargo concursado (esto es, el Director del Hospital Clínico San Borja Arriarán) consintió expresamente en que se entregara el puntaje que obtuvo en el concurso. En cambio, los demás candidatos no evacuaron descargos ante este Consejo.</p>
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8) Que para resolver el presente amparo deben analizarse las causales de secreto o reserva invocadas por el organismo reclamado, a efectos de determinar si procede o no la entrega de la nómina de los candidatos elegibles en el concurso público en cuestión, donde se consigne el puntaje obtenido por éstos.</p>
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9) Que la DNSC funda el secreto de lo solicitado en que:</p>
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a) El artículo quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882 dispone que el proceso de selección de los altos directivos públicos “…tendrá el carácter de confidencial, manteniéndose en reserva la identidad de cada candidato” y añade que la DNSC “dispondrá las medidas necesarias para garantizar esta condición”. La misma reserva se establece en el artículo quincuagésimo para la entrega de la nómina de candidatos en los concursos de segundo nivel jerárquico;</p>
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b) El artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia declara reservada la información cuya difusión afecte los derechos de las personas, lo que ocurriría en este caso;</p>
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c) El artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia declara reservada la información cuya difusión afecte la seguridad de la nación;</p>
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d) El artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia declara reservada la información cuya difusión afecte el interés nacional; y</p>
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e) La letra g) del artículo 2º de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, y su art. 24, junto a los artículos 112 y 113 del Código Sanitario.</p>
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10) Artículos quincuagésimo y quincuagésimo quinto de la Ley Nº 19.882: Que este Consejo estima que la disposiciones citadas de la Ley de Transparencia y la Ley N° 19.882 deben interpretarse de una armónica, lo que le ha llevado a concluir a partir de las decisiones recaídas en amparos Roles A29-09 y A35-09 que la confidencialidad del proceso de selección de un alto directivo público termina al finalizar éste, vale decir, al determinarse la nómina de candidatos a proponer al jefe superior del servicio que corresponde —o al Presidente de la República, en su caso— y seleccionar éste último a uno de los candidatos para ejercer el cargo. Producido lo anterior se aplica plenamente la regla general de publicidad establecida en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, pues como afirma el propio art. 21 N° 1 c) de la ley de Transparencia si bien en ocasiones los antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución son secretas, los fundamentos de dichas resoluciones son ?públicos una vez que sean adoptadas?.</p>
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11) Artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, puntaje obtenido por el postulante que fue designado para el desempeño del cargo de Director: Los puntajes que obtuvo el candidato que fue seleccionado para un cargo de alta dirección pública son el antecedente preciso que justifica que haya integrado la nómina propuesta por el Comité de Selección para el cargo, primero, y haya sido designado en él, después. Como ha sostenido este Consejo en su jurisprudencia el nombramiento transforma a esta persona, además, en un alto directivo que desempeña funciones públicas que son de evidente interés social y relevancia pública, pues el ejercicio de dichas funciones interesa a toda la comunidad. Por lo mismo, esta condición debe suponer un estándar de escrutinio público en que la privacidad cede en pos del necesario control social que debe ejercerse, en primer lugar, respecto a los procesos de selección y nombramiento de tales cargos y, luego, en el ejercicio de su función, que también estará sujeta al principio de transparencia de la gestión pública. A mayor abundamiento, y como se expuso, en este caso don Claudio Robles Tapia, que fue la persona designada como Director del Hospital Clínico San Borja Arriarán, otorgó autorización expresa para que la información relativa a su puntaje fuese entregada al requirente al formular sus descargos ante este Consejo. En consecuencia, no puede sostenerse de ninguna manera que vea afectado sus derechos si el mismo no lo ha considerado así.</p>
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12) Artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, puntaje obtenido por los postulantes que no fueron designados en el cargo: En estos casos debe considerarse lo siguiente:</p>
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a) Tratándose de aquellos postulantes que, en definitiva, no resultaron seleccionados para el cargo, el organismo reclamado procedió a notificarlos en conformidad a lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros (…) deberá comunicar mediante carta certificada, a la o a las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados. / Los terceros podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de la notificación (…) En caso de no deducirse la oposición, se entenderá que el tercero afectado accede a la publicidad de dicha información” (lo destacado es nuestro). Asimismo, este Consejo notificó a dichos terceros en conformidad con el artículo 25 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Ante esta comunicación dos terceros no dedujeron, dentro del plazo legal, oposición alguna ante la DNSC respecto de la solicitud de acceso efectuada ni tampoco evacuaron el traslado conferido por este Consejo, por lo que, en conformidad con el citado artículo 20, al no haber formulado dicha oposición corresponde que, a su respecto, se entregue su identidad y puntaje. En efecto, habiéndose procedido con el mecanismo que establece dicho precepto debe aplicarse también la consecuencia que dispone, como norma especial y posterior. En consecuencia, el derecho de esos terceros se vio cautelado por el procedimiento establecido por el legislador y no habiéndose apersonado en ningún momento para alegar una afectación actual, probable y seria de sus derechos deberá entenderse que han accedido a la publicidad de lo solicitado.</p>
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c) En cambio, el último de los terceros se manifestó expresamente, según se expresa en el considerando 6) de la presente decisión, consintiendo en la entrega de la información requerida si también se entregaban los puntajes de los demás postulantes que fueron considerados "candidatos elegibles" para el cargo en cuestión. Como de acuerdo a lo señalado en el párrafo precedente efectivamente esa información se entregará, la condición señalada por este tercero se ha cumplido no existiendo, entonces, oposición de su parte para la entrega de sus antecedentes. Siendo así no se advierte afectación alguna a sus derechos: por el contrario, se está procediendo del modo que él, libremente, decidió.</p>
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d) Cabe señalar, por último, que no existiendo oposición de los terceros la publicidad del puntaje que les fue asignado servirá, además, como un medio privilegiado para permitir el control social de los procesos de selección y la retroalimentación efectiva de los propios postulantes.</p>
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e) No obstante lo anterior, y en aplicación del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en la eventualidad de que el Acta del Comité del Concurso de Selección contenga información adicional a la solicitada, se deberá tarjar toda aquella otra información que no diga relación con lo exactamente pedido en la especie, esto es, la identidad de los candidatos y el puntaje otorgado a los mismos (sea el asignado por la Consultora contratada al efecto como el que estableció el Comité de Selección).</p>
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13) Artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, afectación de la seguridad de la nación: Que esta causal se desechará dado que la propia DNSC señala que esto sólo ocurriría en algunos procesos específicos de selección de altos directivos, sin que haya argumentado como ocurriría en este caso con la entrega de la nómina de los candidatos y sus puntajes, lo que tampoco se desprende de los antecedentes allegados.</p>
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14) Artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia, afectación del interés nacional: Que en cuanto a la causal de reserva establecida por el artículo 21 Nº 4 de la Ley de Transparencia, esto es, que la publicidad de la información “…afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o a las relaciones internacionales y los intereses económicos y comerciales del país”, también alegada por la DNSC, debe señalarse que:</p>
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a) La DNSC afirma que la publicación o conocimiento de la información solicitada afectaría al interés nacional, ya que la confidencialidad del proceso de selección de altos directivos públicos aseguraría que el mecanismo de selección fuese exigente, profesional, calificado y orientado a integrar al servicio público a personas altamente capaces, lo que generaría una mejora profunda de la gestión de los servidores públicos y, con ello, de la del Estado.</p>
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b) En relación con esto último, el concepto de "interés nacional" es un concepto jurídico indeterminado que alude a la conveniencia o beneficio de toda la sociedad. Sin embargo, la forma en que lo plantea la DNSC se termina por reconducir, más bien, a la causal establecida en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, esto es, a la afectación del debido cumplimiento de las funciones de este órgano –causal que no acredita de qué manera se configuraría-, pues no justifica que la divulgación de la información solicitada se refiriese, siguiendo el artículo 21 Nº 4, a “la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país”, ni tampoco la forma en que la publicidad del mecanismo de selección afecta o pudiera afectar dicho interés. En consecuencia, al no acreditarse un perjuicio o menoscabo del interés nacional deberá rechazarse, también, la aplicación de esta causal de secreto o reserva</p>
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15) Ley Nº 19.628 y Código Sanitario: Que, finalmente, este Consejo también descartará la alegación de reserva fundada en la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, específicamente la letra g) de su artículo 2º, y su artículo 24, que incorporó un nuevo inciso al artículo 127 del Código Sanitario, además de los artículos 112 y 113 del mismo Código, porque no se estima que los puntajes obtenidos por los candidatos puedan homologarse a un examen de laboratorio o un informe sicológico.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo de don Alejandro Belmar Soto en contra de la Dirección Nacional del Servicio Civil, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Director Nacional del Servicio Civil:</p>
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a) Entregar al requirente Acta de Comité de concurso de selección de candidatos elegibles al concurso Nº 1.309, Director(a) Complejo de Salud San Borja Arriarán, del Servicio Metropolitano de Salud Central, en que se consigne, tanto el candidato que resultara seleccionado para el cargo en cuestión, como los demás candidatos considerados como elegibles y que, en definitiva, no resultaron seleccionados, con indicación del puntaje otorgado a éstos en dicho concurso, tanto por la Consultora como por el Comité de Selección, debiendo tarjar toda otra información que pueda constar en dicha Acta, en conformidad a lo expuesto en el considerando 12° e) de la presente decisión.</p>
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b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Alejandro Belmar Soto, a los terceros involucrados y al Sr. Director Nacional del Servicio Civil.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que el Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero no pudo asistir a esta sesión. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>