Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C903-11

Reclamante:	JORGE CONDEZA NEUBER
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Resumen del caso: Se dedujeron tres amparos en contra de la Municipalidad de Concepción, todos ellos fundados en no haber recibido respuesta dentro de plazo a sus requerimientos de información sobre ciertas inconsistencias detectadas en materia presupuestaria en relación a lo informado en la cuenta pública de abril de 2011. El Consejo estimó que la Ley de Transparencia resulta plenamente aplicable a las Corporaciones Municipales, entidades que, por lo tanto, están sujetas al régimen de transparencia que establece dicho cuerpo legal y resulta reprochable la actitud de la reclamada de negar al requirente la información solicitada, sustentada en que el procedimiento empleado no se ajusta a derecho, negativa que resulta infundada, aún más considerando que el Consejo ya ha emitido un pronunciamiento en su contra respecto a una situación idéntica a la que motiva las presentes reclamaciones, por lo que se acoge parcialmente el amparo presentado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/14/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C205-10 C830-11 C913-11 C254-10 C530-10 C354-11 C388-11 C468-11 C153-10 C158-10 C583-10 C114-11 C117-11 C119-11 C208-11 C480-11 C518-11 C530-11
Jurisprudencia a:	C544-12 C743-12 C830-11 C913-11 C2559-18
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Órganos sujetos a la competencia del Consejo >> Órganos autónomos >> Universidades públicas
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

<div> DECISIÓN AMPARO C830-11, C903-11 y C913-11</div> <div>  </div> <div> Entidad Publica: Municipalidad de Concepción</div> <div>  </div> <div> Requirente: Jorge Condeza Neuber</div> <div>  </div> <div> Ingreso Consejo: 01.07.2011 - 19.07.2011 - 21.07.2011</div> En sesión ordinaria Nº 287 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C830-11, C903-11 y C913-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Mediante presentaciones realizadas el 27 de mayo y el 10, 16 y 17 de junio de 2011, don Jorge Condeza Neuber, Concejal de la comuna de Concepción, solicitó a la Municipalidad de Concepción, la siguiente información: a) Solicitud formulada el 27 de mayo de 2011 (Amparo Rol C830-11): Luego de hacer presente ciertas inconsistencias detectadas en materia presupuestaria en relación a lo informado en la cuenta pública de abril de 2011, solicitó los siguientes antecedentes: i. Información soportante de la caja inicial del año 2011; ii. Se informe en relación a la supuesta aprobación de gastos sin financiamiento; iii. Ingresos efectivamente percibidos el año 2010 en la cuenta 08.999-99-014; iv. Ingresos y gastos, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido, es decir, «el % respecto al presupuesto para el período que se ha cumplido»; y, v. Pasivos del municipio y las Corporaciones Municipales al 31 de diciembre de 2010, «incluyendo todos los pasivos y no solo los declarados en la deuda exigible y que posteriormente se traspasa a la deuda flotante». b) Solicitudes formuladas el 10 y 16 de junio de 2011 (Amparo Rol C903-11): Solicita la siguiente información referida al Departamento de Educación Municipal (DEM): i. Matriculados por establecimiento educacional administrado por la Municipalidad de Concepción al 31 de marzo de 2011; ii. Ingresos proyectados que esta matrícula generará el año 2011; iii. Comparación de ingresos que esta nueva matrícula entregará, respecto a los proyectados, en el presupuesto del DEM para el 2011; iv. Gastos proyectados para el año 2011, en base a la nueva matrícula al 31 de marzo 2011; v. Pasivo del DEM al 31 de mayo del 2011; vi. Saldo de cuentas corrientes de la DEM al 31 de diciembre de 2010; vii. Conciliación bancaria de la DEM de Concepción al 31 de diciembre de 2010; viii. Saldo de cuentas declaradas como pagadas en cuenta 21, y que al 31 de diciembre de 2010 se encontraban impagas, indicando que «deben considerarse específicamente retenciones previsionales, retenciones voluntarias, impuesto único, etc.; y que fueron canceladas en enero 2011 o en meses posteriores»; y, ix. Pagos realizados durante el año 2011 a la fecha, y que corresponden a gastos o inversiones efectuados el año 2010 y no declarados como deuda exigible al 31 de diciembre de 2010. c) Solicitud formulada el 17 de junio de 2011 (Amparo Rol C913-11). A través de presentación dirigida al Director de Administrador Municipal de Concepción, solicita idéntica información a la señalada en el literal b) precedente, excepto la indicada en el punto v. 2) AUSENCIA DE RESPUESTAS Y AMPAROS: El 1°, 19 y 21 de julio de 2011, don Jorge Condeza Neuber dedujo tres amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Concepción, a los cuales se asignó los Roles C830-11, C903-11 y C913-11, respectivamente, todos ellos fundados en no haber recibido respuesta dentro de plazo a sus requerimientos de información. 3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación estos amparos, trasladándolos al Alcalde de la Municipalidad de Concepción, mediante Oficio N° 1757, de 13 de julio de 2011 (Amparo C830-11) y Oficio N° 1864, de 27 de julio de 2011 (Amparos C903-11 y C913-11). a) A través del Ordinario N° 798, de 3 de agosto de 2011, el Sr. Rodrigo Díaz Aguilera –abogado de la Municipalidad de Concepción– evacuó sus descargos respecto del amparo Rol C830-11, señalando en síntesis que: i. El requirente ostenta la calidad de concejal de la comuna de Concepción, de manera que la información solicitada la ha requerido, precisamente, en su carácter de concejal y en las labores de fiscalización que como tal autoridad le empecen, lo que queda de manifiesto del tenor de sus solicitudes. ii. No obstante haber omitido el reclamante al momento de formular su solicitud, el cargo que detenta, ello en nada altera el sentido y espíritu de su presentación, la que claramente fue realizada en virtud de sus facultades fiscalizadoras. Siendo así, a dichas solicitudes de información debe aplicárseles la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (LOCM), que establece un procedimiento especial, distinto al señalado en la Ley N° 20.285, para solicitar información cuando quien la requiere es un concejal en el ejercicio de sus funciones, ya sea como concejal individualmente considerado, a través del procedimiento establecido en al artículo 87 del citado cuerpo legal; o por intermedio del Concejo, como cuerpo colegiado, en los términos del artículo 79, letra h del mismo. iii. En este caso en particular, el requirente debió ajustar sus peticiones a la normativa legal vigente y efectuarla directamente al Alcalde, canalizándola por escrito a través del Concejo, pues no está solicitando ser informado de la marcha o funcionamiento del Municipio, sino requiriendo información precisa en virtud de su facultad fiscalizadora, por lo que sólo puede emplear el mecanismo previsto expresamente en la letra h) del artículo 79 de la LOCM, ya citado, lo que hace improcedente que el concejal, individualmente considerado, efectúe requerimientos de antecedentes tan extensos, referidos a un elevadísimo número de actos administrativos y de antecedentes, fotocopias, etc., cuya atención requiere distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. iv. A continuación, hace presente que estas consultas y muchas otras, han sido presentadas por el solicitante, directamente a la Contralaría Regional del Bío Bío, quién ya se ha pronunciado respecto de algunas de ellas. v. Por otro lado, sostiene que «[l]as solicitudes antes expuestas, no pueden ser consideradas como realizadas al amparo de la Ley 20.285, debido a que del simple examen o lectura de la solicitud, se constata que no ha sido solicitada así, pues se requiere información amparado en cuerpos normativos distintos, con cuerpos y regulaciones diferentes que se oponen entre sí ». Por lo mismo, concluye que el Consejo para la Transparencia no puede conocer de un posible reclamo, debiendo atenerse a lo expresamente señalado en la ley, criterio que, a su juicio, estaría contenido en la decisión recaída en el amparo Rol C530-11. vi. En otro orden de consideraciones, manifiesta que se aprecia que el requirente solicita información que es pública y de la cual tiene conocimiento, pero que no comparte u objeta, cuestión que no es competencia del Consejo para la Transparencia. vii. Asimismo, afirma que la solicitud no cumple con todos los requisitos exigidos por el artículo 12 de la Ley de Transparencia y 27 de su Reglamento. No obstante lo cual, estima que de acogerse tal requerimiento, se afectaría el debido cumplimiento de las funciones del municipio. viii. Sostiene que la solicitud del peticionario debe contener un “interés legítimo”, señalando que estimar lo contrario, constituiría un caso de abuso de derecho. De esta forma, hace presente que desconoce el interés que motiva las solicitudes del concejal, «aunque podríamos estimar o deducir que existe algún interés político». Enseguida, afirma que «el legislador no tuvo en su espíritu, el que los particulares ejercieran sin límites y sin ninguna prudencia, ni motivo o interés los derechos que le otorga la Ley 20.285 … Sostener que no existen límites y que los requerimientos de información no requieren tener motivo alguno, es reconocer que se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico una suerte de acción sin que su titular tenga interés alguno, es decir, una mera liberalidad, bastando el deseo o ganas del agente». ix. Finalmente, advierte que el Consejo para la Transparencia no tiene competencia respecto de las Corporaciones Municipales, dada su calidad de personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, criterio que recuerda ha sido plasmado por la Contraloría General de la República en el Dictamen N° 44461 y N° 75508, ambos del año 2010. x. Acompaña a sus descargos, copia de mandato judicial donde consta la personería del Sr. Rodrigo Díaz Aguilera para representar a la Municipalidad de Concepción. b) Por su parte, a través de Ordinario N° 843, de 16 de agosto de 2011, la reclamada formuló descargos en relación a los amparos Roles C903-11 y C913-11, en idénticos términos a los ya expuestos, con la salvedad de aquellos referidos a la incompetencia del Consejo para la Transparencia respecto de las Corporaciones Municipales. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en conformidad al principio de economía procedimental, consagrado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y, atendido el hecho que en los amparos Roles C830-11, C903-11 y C913-11, existe identidad respecto del reclamante y de la autoridad requerida, este Consejo, para facilitar la comprensión y resolución de aquéllos –en virtud del citado principio– ha resuelto acumular los amparos señalados, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto. 2) Que, atendiendo el tenor de los descargos efectuados por el órgano reclamado, en relación a la competencia de este Consejo respecto de las Corporaciones Municipales, resulta necesario pronunciarse sobre la aplicabilidad de las disposiciones de la Ley de Transparencia respecto de dichas entidades. 3) Que, en este contexto, es preciso recordar que según ha resuelto reiteradamente este Consejo, por ejemplo, en las decisiones recaídas en los amparos R23-09, de 09.10.2009; A194-09, 17.09.2009; A211-09, de 11.09.2009: A240-09, 27.10.2009; A242-09, de 24.11.2009; A286-09, de 04.12.2009; A327-09, de 06.11.2009; C153-10, de 06.07.2010; C158-10, de 29.06.2010; C205-10, de 29.06.2010; C254-10, de 06.07.2010; C114-11, C117-11 y C119-11, de 13.05.20111, y C480-11, de 29.07.2011, la Ley de Transparencia resulta plenamente aplicable a las Corporaciones Municipales, entidades que, por lo tanto, están sujetas al régimen de transparencia que establece dicho cuerpo legal. Ello, por cuanto se trata de organizaciones creadas y controladas por organismos públicos (en la especie, por la Municipalidad de Concepción), y en virtud de la relación de instrumentalidad que motivó su existencia, al ser creadas para el cumplimiento de funciones administrativas, quedando comprendidas en la categoría de «órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa» a que se refiere el inciso primero del artículo 2° de la Ley de Transparencia. 4) Que, tal criterio, además ha sido ratificado por distintos Tribunales de Alzada de nuestro país, los que conociendo de reclamos de ilegalidad interpuestos por Corporaciones Municipales en contra de determinadas decisiones, se han pronunciado en la misma línea. Así ocurre con la sentencia dictada el 14 de junio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol N° 2.361-2009, caratulada “Corporación Municipal de Viña del Mar con Consejo para la Transparencia”, en relación con la decisión Rol R23-09; sentencia dictada el 29 de junio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la causa Rol N° 294-2010, caratulada “Corporación Municipal de Villa Alemana con Consejo para la Transparencia”, relativa a la decisión Rol A194-09; sentencia dictada el 22 de julio de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de San Miguel, en la causa Rol N° 132-2009-ILE, caratulada “Corporación Municipal de San Miguel con Consejo para la Transparencia”, respecto de la decisión Rol A327-09; sentencia dictada el 10 de agosto de 2010, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en la causa Rol N° 8131-2009, caratulada “Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa con Consejo para la Transparencia”, en relación con la decisión Rol A242-09; y sentencia dictada el 27 de enero de 2011, por la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la causa Rol N° 8395-2010, caratulada “Corporación Municipal de Desarrollo Social de Dalcahue con Consejo para la Transparencia”. 5) Que, por su parte, atendido que el requirente es concejal de la comuna de Concepción, debe tenerse presente que en forma reiterada este Consejo ha estimado que los concejales, en el desempeño de dicho cargo público, pueden solicitar información a los organismos o funcionarios de la respectiva entidad municipal no sólo a través del procedimiento establecido en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante LOCM), sino que también mediante las disposiciones y mecanismos regulados por la Ley de Transparencia, optando por uno u otro, o, incluso, empleando ambos procedimientos paralelamente; ajustándose, en todo caso, a las normas que regulan a cada uno, conforme se ha resuelto en las decisiones recaídas en los amparos Roles A270-09, C530-10, C583-10, C208-11, C468-11, C354-11, C388-11, C518-11 y en la reposición de esta última decisión. Con todo, cabe precisar que este Consejo ha estimado que sólo posee competencia para conocer de los amparos deducidos por concejales, en aquellos casos en que las solicitudes de información se formulen conforme al procedimiento establecido y regulado en la Ley de Transparencia y su Reglamento. 6) Que, revisadas las solicitudes que dan origen a los amparos en análisis, se observa que en ellas consta el timbre de recepción de la Oficina de Partes, ya sea de la Municipalidad (amparos Roles C830-11 y C903-11) o del Departamento de Educación Municipal (amparo Rol C913-11), debiendo reiterar a la Municipalidad de Concepción que, tal como se sostuvo en las decisiones de los amparos C354-11 y C388-11 interpuestos en su contra por el mismo recurrente, dicha constancia permite concluir que se está en presencia de una solicitud de acceso al amparo de la Ley de Transparencia. En efecto, en las citadas decisiones se concluyó que si la solicitud era entregada directamente en el Concejo Municipal, se trataba del ejercicio de las facultades fiscalizadoras que la ley asigna a los concejales en el inciso 2° letra h) del artículo 79 de la LOCM. Por el contrario, si constaba su ingreso a través de la oficina de partes o en algún otro lugar habilitado por el municipio para recibir solicitudes de acceso a la información, debía aplicarse la tramitación propia de la Ley de Transparencia. Así, resulta reprochable la actitud de la reclamada de negar al requirente la información solicitada, sustentada en que el procedimiento empleado no se ajusta a derecho, negativa que resulta infundada, aún más considerando que este Consejo ya ha emitido un pronunciamiento en su contra respecto a una situación idéntica a la que motiva las presentes reclamaciones. 7) Que, por su parte, y pese a lo expresado por la reclamada en sus descargos, las referidas solicitudes reúnen los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia y 28 de su Reglamento, normas que por lo demás no exigen que los requerimientos de información señalen expresamente que ellos se formulan en virtud de lo dispuesto en dichos cuerpos normativos. 8) Que, aclarado lo anterior y a fin de resolver acertadamente el presente amparo, corresponde analizar el carácter que reviste cada uno de los antecedentes solicitados, de manera de determinar si resulta procedente su entrega. 9) Que, en primer término, respecto de la solicitud contenida en punto i, literal a), del numeral 1° de lo expositivo -«información soportante» de la caja inicial del año 2011- este Consejo estima que ella, en los términos en que se encuentra planteada, no cumple cabalmente con el requisito contemplado en la letra b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, complementado por la letra c) del artículo 28 de su Reglamento, por cuanto no identifica claramente la información que se requiere, la cual tampoco puede desprenderse del conjunto de antecedentes que obran en poder de este Consejo. De este modo, careciendo dicha solicitud de la especificidad necesaria, el presente amparo no puede prosperar respecto de ella, debiendo rechazarse por improcedente en esta parte, por no haber sido posible determinar en esta sede el alcance exacto del referido requerimiento. 10) Que a continuación, se aprecia que el reclamante hace referencia a una supuesta aprobación de gastos sin financiamiento, señalando enseguida «información precisa en ese sentido es requerida» -punto ii, literal a), del numeral 1° de lo expositivo-. En relación a dicho requerimiento, cabe señalar que a juicio de este Consejo tal petición no se refiere específicamente a un determinado acto, documento o antecedente, en los términos definidos por el artículo 3°, letra e) del Reglamento de la Ley de Transparencia, sino más bien está destinada a provocar un pronunciamiento por parte de la autoridad municipal en relación a un juicio emitido por el requirente, destinado precisamente a esclarecer una determinada situación por él planteada, razón por la cual no constituye una solicitud de acceso a información pública, en los términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia, circunscribiéndose al ámbito del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política, por lo que no cabe pronunciarse al respecto en esta sede. 11) Que, en relación a lo solicitado en los puntos iii, iv y v del literal a), numeral 1° de lo expositivo -referido en términos generales a ingresos, gastos y pasivos-, se advierte que constituyen antecedentes que dan cuenta del destino de los recursos públicos asignados en el presupuesto municipal y de su respectiva ejecución presupuestaria, de tal forma que resulta evidente el carácter público de dicha información, que debe necesariamente obrar en poder del municipio y se relaciona directamente con las funciones que son de su esencia, por cuanto en conformidad a la letra b) del artículo 5° de la LOCM le corresponde «[e]laborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto municipal». Así, a juicio de este Consejo, la entidad edilicia debería poseer antecedentes o registros de los cuales pueda desprenderse fácilmente la información requerida, sin que la respuesta a la solicitud implique la imposición de un gravamen a su respecto, debiendo, en consecuencia, entregar copia de los documentos donde conste la información requerida; o, si lo prefiere, informar derechamente la materia consultada, según lo que represente el menor gravamen. 12) Que, a igual razonamiento puede arribarse respecto de las solicitudes contenidas en los puntos v, vi, viii y ix del literal b), número 1 de lo expositivo, ya que ellas dicen relación con la ejecución presupuestaria del Departamento de Educación del municipio. 13) Que, por su parte, tratándose de los matriculados por establecimiento educacional administrado por la Municipalidad de Concepción al 31 de marzo de 2011 –punto i, literal b) del numeral 1° de lo expositivo- se advierte que es información relativa a la gestión administrativa del municipio, que debe constar o desprenderse de los registros que al efecto lleve la autoridad reclamada, de manera que obra en su poder y, por tanto, en conformidad al artículo 5 y 10 de la Ley de Transparencia reviste carácter público, siendo procedente su entrega. 14) Que enseguida, los puntos ii, iii y iv del literal b), numeral 1° de lo expositivo dicen relación con ingresos y gastos que generaría la matrícula de alumnos el año 2011, específicamente con la proyección de los mismos y los efectivamente generados, antecedentes que puede sostenerse que forman parte de la planificación presupuestaria del sector educación municipal, de tal suerte que, siguiendo los razonamientos expuestos más arriba, se ordenará su entrega en los términos indicados en el considerando 11) precedente. 15) Que, por último, el reclamante ha solicitado la conciliación bancaria de la DEM de Concepción al 31 de diciembre de 2010 –punto v, literal b) del numeral 1° de lo expositivo, desconociendo este Consejo si tal antecedente obra o no poder de la reclamada. Sobre este punto, es preciso aclarar que la conciliación bancaria consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en el libro auxiliar de bancos con los valores contenidos en el extracto bancario, y así determinar eventuales diferencias (http://www.contabilidadyfinanzas.com/conciliacion-bancaria.html). De lo dicho, es dable concluir que tales antecedentes revisten carácter público, por cuanto presumiblemente obran en poder del órgano y dicen relación con el uso de fondos públicos, razón por la cual se ordenará a la reclamada su entrega, solo en el evento de existir dicho documento. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente los amparos interpuestos por don Jorge Condeza Neuber, en contra de la Municipalidad de Concepción, y requerir al Sr. Alcalde: a) Entregar al reclamante la siguiente información, en los términos expuestos en el presente acuerdo: i. Ingresos efectivamente percibidos el año 2010 en la cuenta 08.999-99-014; ii. Ingresos y gastos, indicando la forma en que la previsión de ingresos y gastos se ha cumplido, es decir, «el % respecto al presupuesto para el período que se ha cumplido»; y, iii. Pasivos del municipio y las Corporaciones Municipales al 31 de diciembre de 2010, «incluyendo todos los pasivos y no solo los declarados en la deuda exigible y que posteriormente se traspasa a la deuda flotante». iv. Matriculados por establecimiento educacional administrado por la Municipalidad de Concepción al 31 de marzo de 2011; v. Ingresos proyectados que esta matrícula generará el año 2011; vi. Comparación de ingresos que esta nueva matrícula entregará, respecto a los proyectados, en el presupuesto del DEM para el 2011; vii. Gastos proyectados para el año 2011, en base a la nueva matricula al 31 de marzo 2011; viii. Pasivo del DEM al 31 de mayo del 2011; ix. Saldo de cuentas corrientes de la DEM al 31 de diciembre de 2010; x. Conciliación bancaria de la DEM de Concepción al 31 de diciembre de 2010; xi. Saldo de cuentas declaradas como pagadas en cuenta 21, y que al 31 de diciembre de 2010 se encontraban impagas, indicando que «deben considerarse específicamente retenciones previsionales, retenciones voluntarias, impuesto único, etc.; y que fueron canceladas en enero 2011 o en meses posteriores»; y, xii. Pagos realizados durante el año 2011 a la fecha, y que corresponden a gastos o inversiones efectuados el año 2010 y no declarados como deuda exigible al 31 de diciembre de 2010. b) Cumplir dicho requerimiento dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde que quede ejecutoriada la presente decisión, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de este requerimiento enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión. II. Rechazar por improcedente el amparo Rol C830-11 interpuesto por don Jorge Condeza Neuber en contra de la Municipalidad de Concepción, en relación al requerimiento referido a informar sobre la supuesta aprobación de gastos sin financiamiento, por no tratarse de una solicitud de acceso amparada por la Ley de Transparencia, según se indicó en la parte considerativa del presente acuerdo y, en relación al requerimiento referido a entregar «información soportante» de la caja inicial del año 2011, por no identificar claramente la información requerida en los términos del artículo 12, letra b) de la Ley de Transparencia y 28, letra c) de su Reglamento. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Concepción no haber sometido la solicitud del reclamante, atendida su naturaleza, al tratamiento propio de una solicitud de acceso de información al amparo de la Ley de Transparencia, por lo que deberá adoptar las providencias administrativas necesarias a fin de evitar que en lo sucesivo se reiteren actuaciones como la antes indicada. IV. Encomendar al Director General de este Consejo que notifique la presente decisión a don Jorge Condeza Neuber, y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Concepción. En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Se deja constancia que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.