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<strong>DECISIÓN AMPARO C917-11</strong></div>
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Entidad Publica: Servicio de Impuestos Internos</div>
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Requirente: Álvaro Ponce Faccuse</div>
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Ingreso Consejo: 22.07.2011</div>
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En sesión ordinaria N° 292 de su Consejo Directivo, celebrada el 21 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C917-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley Nº 17.235, sobre Impuesto Territorial; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de junio de 2011 don Álvaro Ponce Faccuse requirió al Servicio de Impuestos Internos –en adelante también SII–, le proporcionara copia del Oficio Circular Nº 4.213, del año 2000.</p>
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2) RESPUESTA: El SII respondió a dicho requerimiento mediante Resolución Exenta Nº 2.705, de 18 de julio de 2011, del Subdirector Jurídico Subrogante, señalando que:</p>
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a) Según lo dispuesto por el Director del Servicio, a través de Oficio Circular Nº 1.296, de 11 de mayo de 1995, los Oficios Circulares son instrucciones e informaciones de índole administrativa o de régimen meramente interno que interesan sólo al Servicio y se encuentran dirigidos al personal en general, o a un estamento en específico, según el caso.</p>
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b) Por su parte, se contienen en las Circulares, todas aquellas informaciones, instrucciones o interpretaciones administrativas que tengan carácter tributario, incluidas las instrucciones relativas a procedimientos internos que digan relación con materias tributarias.</p>
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c) En consideración a lo expuesto, los Oficios Circulares se ponen en conocimiento solamente de los funcionarios de la institución, a diferencia de las Circulares, las que se publican para conocimiento de toda la ciudadanía en la página web del Servicio.</p>
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d) En consecuencia, la exposición a terceros ajenos al Servicio del contenido del documento solicitado, dada su finalidad, afectaría las facultades fiscalizadoras del Servicio, configurándose, en la especie, la causal prevista en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia, razón por la cual se resuelve no acceder a lo solicitado.</p>
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3) AMPARO: Don Álvaro Ponce Faccuse dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 22 de julio de 2011 en contra del Servicio de Impuestos Internos, fundado en que:</p>
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a) De las causales invocadas por el SII se desprende que es absolutamente desajustada a la ley la respuesta entregada, ya que, por una parte, la consulta solamente versaba sobre un Oficio Circular el que, claramente, se obtiene fácilmente del sistema computacional y del área de archivo que maneja el organismo y, por otra parte, no involucra distracción de las labores funcionarias, ya que extraer estos oficios del sistema virtual no excedería de diez minutos.</p>
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b) Por otra parte, en la especie, el SII no ha respetado el principio de facilitación, que constituye el eje rector de la Ley de Transparencia, no sólo por haber negado el requerimiento de información, sino que, además, se exigió que una consulta simple y de fácil expedición tuviera que formalizarse por escrito. Asimismo, el servicio ha hecho uso de la totalidad del plazo para evacuar su pronunciamiento negativo, pudiendo haber contestado, debido a lo fácil de extraer la información requerida, a los pocos días de ingresarse la petición, atendido el hecho de que su respuesta fue de rechazo.</p>
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c) En cuanto al fondo de los argumentos esgrimidos por el SII, éstos son totalmente errados, mal utilizados y, sin lugar a dudas, pretenden confundir tanto al solicitante como a este Consejo. En efecto, la información que se solicita, y contrariamente a lo que se señala, en ninguna medida podría afectar la facultad fiscalizadora del SII, por cuanto lo que se trata de averiguar, precisamente, es cómo el servicio ejerce dicha función y de los criterios que se utilizan.</p>
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d) El hecho de que un particular conozca el detalle de ese Oficio Circular no afecta las funciones fiscalizadoras que posee el SII, ya que sólo se pretende conocer el criterio, plasmado en dicho Oficio. Además, con el conocimiento de estos Oficios Circulares no se configura la causal que contiene el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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e) Finalmente, hace presente que el SII, y ante una solicitud del requirente, el año 2009 entregó copia de una oficio interno, en el cual el Sub Director de Avaluaciones efectuaba una consulta al Sub Director Jurídico de la institución y éste respondía en base a los criterios y elementos de determinación del SII, en relación a una materia vinculada con avalúos de bienes raíces. Ese documento es de mayor importancia y trascendencia que los que se solicitan, por lo cual resulta aún más inexplicable el motivo del SII para rechazar lo requerido.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 1.866, de 27 de julio de 2011, al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, solicitándole, especialmente que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante presentación de 22 de agosto de 2011, el Sub Director Jurídico del Servicio de Impuestos Internos, señala que:</p>
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a) Si bien el sentido final de la Ley de Transparencia es permitir un mayor control de la ciudadanía, en razón de los principios que fundamentan la dictación de la ley, es que la misma se encargó de que existiera un límite a la entrega de la información, que dice relación con que los organismos públicos no se desvíen de las funciones para las cuales se crearon y se transformen en meros proveedores de información.</p>
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b) De esta forma, la entrega de la información solicitada afectaría las funciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos, configurándose así la causal establecida en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. En la especie, lo requerido es la copia de un Oficio Circular que versa sobre el procedimiento para la solicitud de pronunciamientos –que efectúen las Direcciones Regionales del Servicio a la Dirección Nacional del mismo– sobre la aplicación del impuesto territorial.</p>
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c) Dicha Instrucción dice directa relación con la competencia del Servicio en relación con la aplicación y fiscalización del impuesto territorial (artículo 1º de la Ley Orgánica del SII).</p>
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d) Por otro lado, los Oficios Circulares, según lo dispuesto por el Director del Servicio, a través del Oficio Circular Nº 1.296, de 11 de mayo de 1995, se definen como instrucciones e informaciones de índole administrativa o de régimen meramente interno que interesan sólo al Servicio y se encuentran dirigidos al personal en general, o a un estamento específico, según el caso. Por el contrario, todas aquellas informaciones, instrucciones o interpretaciones administrativas que tengan carácter tributario, incluidas las relativas a procedimientos que digan relación con materias tributarias se contienen en Circulares.</p>
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e) En consideración a lo expuesto, los Oficios Circulares se ponen en conocimiento solamente de los funcionarios de la institución, a diferencia de las Circulares, que se publican para conocimiento de toda la ciudadanía en la página web del Servicio.</p>
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f) En consecuencia, y dado el contenido y finalidad del Oficio Circular requerido, la entrega de éste afecta claramente las funciones fiscalizadoras del Servicio, ya que se refiere a una materia propia del marco regulatorio de la competencia de sus funcionarios, por lo que publicitarla puede afectar directamente el ejercicio de las potestades de fiscalización de la propiedad raíz que se llevan a cabo por las áreas de Avaluaciones del Servicio.</p>
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g) Por otra parte, y tomando en cuenta las innumerables solicitudes de información sobre la misma materia que realiza el peticionario, es evidente que a éste no lo anima el espíritu de control social, sino que es un interés mercantilista el que lo impulsa a ejercer el derecho de acceso. Así, su actuar carece de motivaciones consistentes con el sentido y espíritu de la Ley de Transparencia.</p>
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h) Respecto a lo señalado por el reclamante, en cuanto a que no se habría respetado el principio de facilitación, cabe indicar que es el propio artículo 12 de la Ley de Transparencia el que exige que una petición de solicitud de información debe ser presentada por escrito, por lo que no se puede recibir una solicitud de información por medios verbales, como pretende el reclamante.</p>
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i) Finalmente, aclara que dicho Servicio no ha puesto en forma previa a disposición del reclamante ningún Oficio Circular, ya que haberlo hecho implicaría no cumplir con lo instruido por el Director del SII a través del Oficio Circular Nº 1.296. En efecto, y según se ha constatado, lo que fuera entregado en su oportunidad al Sr. Ponce Faccuse fue copia de un Oficio Ordinario (Nº 218, de 23 de septiembre de 2003), emitido por el Sub Director Jurídico del Servicio, en relación con una interpretación de la normativa del Impuesto Territorial y en ningún caso se entregó un Oficio Circular en los términos ya definidos.</p>
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5) INFORMACIÓN ADICIONAL: Mediante Oficio Nº 2.334, de 8 de septiembre de 2011, este Consejo solicitó al SII, a efectos de adoptar una acertada decisión en el presente amparo, remitir a esta Corporación copia del Oficio Circular solicitado por el recurrente, haciéndole presente que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, este Consejo mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. En virtud de lo anterior, por presentación de 26 de septiembre de 2011, el Sub Director Jurídico del SII, señala que, junto con dar cumplimiento a la solicitud de este Consejo, remitiendo el Oficio Circular Nº 4.213, de 2000, hace presente las razones ya expuestas en sus descargos en cuanto a que la publicidad de las instrucciones solicitadas afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, configurándose la causal de denegación contemplada en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley de Transparencia, toda la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, así como los actos y resoluciones, sus fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial, son públicos, salvo que una ley de quórum calificado establezca su reserva de acuerdo a alguna de las causales previstas en el artículo 8º de la Constitución Política, o se invoque alguna de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley señala que el derecho de acceso a la información se extiende “a toda información elaborada con presupuesto público”.</p>
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2) Que, en la especie, lo solicitado dice relación con copia del Oficio Circular Nº 4.213, del año 2000, documento elaborado por el organismo reclamado, por lo que según lo expuesto en el considerando anterior, en principio, se trataría de información pública. Sin perjuicio, el SII señaló que los Oficios Circulares –naturaleza jurídica que tiene el documento requerido– son instrucciones de índole administrativa que interesan sólo al Servicio y se encuentran dirigidos al personal y no a toda la ciudadanía, por lo que con su exposición a terceros ajenos al Servicio, y considerando el contenido y finalidad de la documentación requerida, se afectarían las facultades fiscalizadoras de éste, configurándose así, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, asimismo, el organismo reclamado indicó en sus descargos, que el Oficio Circular requerido versa sobre el procedimiento para la solicitud de pronunciamientos –que efectúan las Direcciones Regionales del Servicio a la Dirección Nacional del mismo– sobre la aplicación del impuesto territorial, refiriéndose, en consecuencia, a una materia propia del marco regulatorio de la competencia de sus funcionarios.</p>
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4) Que, sobre el particular, cabe tener presente que en materia de impuesto territorial, es la Ley Nº 17.235 la que regula la imposición y aplicación de este impuesto, señalándose, en su artículo 1º, que “Establécese un impuesto a los bienes raíces, que se aplicará sobre el avalúo de ellos, determinado de conformidad con las disposiciones de la presente ley”, señalando, a continuación, en su artículo 3º, que “El Servicio de Impuestos Internos deberá reevaluar, cada 5 años, los bienes raíces agrícolas y no agrícolas sujetos a las disposiciones de esta ley, aplicándose la nueva tasación, para cada serie, simultáneamente a todas las comunas del país”. Por su parte, de acuerdo al artículo 4º, del cuerpo legal citado, “El Servicio de Impuestos Internos impartirá las instrucciones técnicas y administrativas necesarias para efectuar la tasación…”, para señalar, finalmente, en su artículo 29 que “El Servicio de Impuestos Internos tendrá a cargo la aplicación de la presente ley”.</p>
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5) Que, en consecuencia, resulta claro que todo aquello que diga relación con la aplicación del impuesto territorial a los bienes raíces queda dentro del ámbito de competencia del SII, encontrándose éste facultado para emitir instrucciones administrativas para la correcta aplicación de la ley, considerando, además, que el SII tiene como fines, de acuerdo al artículo 1º del D.F.L. Nº 7, de 1980, Ley Orgánica del SII, la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos. Es en relación con dicha facultad, y a fin de optimizar la resolución de las solicitudes de pronunciamiento referidos a tales tributos, que el órgano reclamado dictó el Oficio Circular Nº 4.213, de 2000, que regula precisamente el procedimiento para solicitar pronunciamientos sobre la aplicación del impuesto territorial.</p>
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6) Que, en relación con la causal de secreto o reserva alegada por el SII –artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia–, esto es, que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, cabe señalar, en primer lugar, que, en materia de prueba de causales de secreto o reserva, este Consejo estableció en su decisión Rol A39-09, que dado de que de éstas depende la extinción del deber de entregar la información, la carga de la prueba corresponderá a quien alega su concurrencia, vale decir, al SII en este caso. La pura invocación de la causal, desprovista de prueba suficiente, llevará a rechazar las alegaciones y ordenar la entrega de la información.</p>
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7) Que, en la especie, el SII ha señalado para fundamentar la concurrencia de la causal de secreto o reserva invocada, que el Oficio Circular requerido versa sobre el procedimiento para la solicitud de pronunciamientos –que efectúen las Direcciones Regionales del Servicio a la Dirección Nacional del mismo– sobre la aplicación del impuesto territorial, por lo que dado el contenido y finalidad del mismo, y refiriéndose a una materia propia del marco regulatorio de la competencia de sus funcionarios, su publicidad puede afectar directamente el ejercicio de las potestades de fiscalización de la propiedad raíz que se llevan a cabo por las áreas de Avaluaciones del Servicio, afectando, en definitiva, el debido cumplimiento de las funciones del Servicio.</p>
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8) Que, a fin de verificar la concurrencia de la causal alegada, este Consejo requirió al SII que remitiera el Oficio Circular solicitado, tal como se detalló en la parte expositiva del presente acuerdo, documento emitido por el Director del SII hacia los Directores Regionales del mismo, y que tiene por objeto “optimizar la resolución de las solicitudes de pronunciamiento, sobre la aplicación del impuesto territorial, que efectúen las Direcciones Regionales ante esta Dirección Nacional”, señalando a continuación el procedimiento a seguir para estos efectos, el que, en síntesis, establece, de manera bastante sintética, el curso que seguirán las solicitudes de pronunciamiento, las que deberán efectuarse a través de la Subdirección de Avaluaciones.</p>
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9) Que, sobre el particular, cabe indicar que este Consejo, en decisión recaída sobre amparo Rol A96-09, en contra del mismo Servicio de Impuestos Internos, estimó que la divulgación de la información requerida –que en dicho caso consistía en copia del programa de fiscalización “Síndicos I”– afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, sólo en cuanto la reserva de dicho programa de fiscalización puede servir mejor al interés público al permitir que el Servicio pueda ejercer su función fiscalizadora con mayor eficacia y eficiencia, ya que “la publicidad del programa de fiscalización solicitado supondría revelar el modo y criterios de evaluación utilizados por este servicio que, de ser conocidos previamente por los fiscalizados les facilitarían eludir la acción del fiscalizador”, generando, en definitiva, un daño probable y específico a la tarea de fiscalización que debe realizar el SII en cumplimiento de un mandato legal.</p>
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10) Que, tenido a la vista por este Consejo el Oficio Circular Nº 4.213, del 3 de noviembre de 2000, que constituye el objeto de la solicitud de información, no se observa de qué modo su publicidad pueda traer consigo un desmedro o afectación de las funciones propias del SII, en particular, lo relativo con la aplicación del impuesto territorial, ya que, como se indicara en el considerando 8º de la presente decisión, dicho oficio sólo establece, en términos generales, un procedimiento interno a fin de canalizar a través de él las solicitudes de pronunciamiento, sobre la aplicación del impuesto territorial, que efectúen las Direcciones Regionales ante la Dirección Nacional, sin que dicho procedimiento, atendida su propia naturaleza, establezca de modo alguno criterios sustantivos respecto de la forma específica en que el SII dispondrá la fiscalización de dicho impuesto, consignándose sólo aspectos meramente formales que deberán observarse para evacuar el pronunciamiento de que se trate. Así, no se configura en la especie un daño probable ni específico a las facultades otorgadas al SII, de forma tal que no puede concurrir la causal invocada por dicho Servicio.</p>
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11) Que, en cuanto al alcance que el SII le atribuye al documento solicitado –un Oficio Circular, que contendría instrucciones e informaciones de índole administrativa o de régimen meramente interno que interesan sólo al Servicio–, este Consejo debe concluir que los efectos jurídicos que el SII le asigna dicho antecedente no pueden servir de fundamento, por sí solos, para alterar la presunción de publicidad del mismo, conforme a lo que disponen los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, salvo que pudiera concurrir a su respecto alguna de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 del mismo cuerpo legal, circunstancia que no se ha verificado en el presente amparo.</p>
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12) Que, en consecuencia, este Consejo estima que no existen antecedentes que permitan acreditar la concurrencia de la causal invocada, por lo que, en definitiva, se acogerá el amparo, debiendo entregarse al solicitante copia del Oficio Circular Nº 4.213, del año 2000.</p>
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13) Que, en relación a lo señalado por el reclamante en su amparo, en cuanto a que el SII no habría respetado el principio de facilitación al haber hecho uso de la totalidad del plazo para evacuar su respuesta negativa, cabe indicar que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, el órgano de la Administración del Estado que sea requerido en una solicitud de información, deberá pronunciarse sobre ésta en un plazo máximo de veinte días hábiles, pudiendo prorrogarse, excepcionalmente, por otros diez días, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. Por lo tanto, este Consejo estima que, en la especie, no ha existido infracción al principio de facilitación por parte del SII, por cuanto consta que dicho Servicio dio respuesta a lo solicitado dentro del plazo ya indicado de veinte días.</p>
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14) Que, finalmente, cabe señalar que este Consejo estima que, en virtud del principio de no discriminación reconocido en el artículo 11, letra g) de la Ley de Transparencia, “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”, no procede la alegación realizada por el SII relativa a la falta de motivaciones consistentes con el sentido y espíritu de la Ley de Transparencia. Además, en el artículo 12 de la Ley, que establece los requisitos que deberá contener una solicitud de acceso a la información, no establece dentro de éstos que el requirente señale los motivos para efectuar el requerimiento, ni tampoco limita la facultad de ejercer este derecho a que no se haya hecho valer con anterioridad, por lo que no procede que el órgano establezca condiciones o requisitos que no se encuentran establecidos en la Ley.</p>
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Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo considera del todo impropio el tenor de la alegación efectuada por el órgano reclamado, descrita en el literal g) del numeral 4°) de lo expositivo de esta decisión, por medio de la cual efectúa una calificación respecto de la supuesta intención que animaría al requirente para solicitar información objeto de su petición, todo lo cual vulnera lo previsto en el principio de discriminación ya enunciado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo de don Álvaro Ponce Faccuse en contra del Servicio de Impuestos Internos, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos:</p>
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a) Entregar al solicitante copia del Oficio Circular Nº 4.213, del año 2000.</p>
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b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Álvaro Ponce Faccuse y al Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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