Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3347-18

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Reclamante:	FELIPE SOTO
Reclamado:	SEREMI DE BIENES NACIONALES REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, fundado en la respuesta negativa a una solicitud de información referente a una serie de paños que se indican. El Consejo acoge parcialmente el amparo, ordenando la entrega de los links de su banner de transparencia activa, donde se encuentren los documentos que den cuenta de las transferencias de inmuebles en la comuna de Antofagasta, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, daría respuesta a lo requerido, esto es, información relativa a los paños que han sido transferidos al SERVIU para la construcción de viviendas sociales en la comuna de Antofagasta, las propiedades que han sido transferidos a privados para el desarrollo de iniciativas particulares y aquellas que están siendo utilizados por instituciones privadas o públicas con fines industriales. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por la SEREMI reclamada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/6/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo); Bienes Públicos

DECISIÓN AMPARO ROL C3347-18 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales Región de Antofagasta. Requirente: Felipe Soto. Ingreso Consejo: 26.07.2018. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, ordenando la entrega de los links de su banner de transparencia activa, donde se encuentren los documentos que den cuenta de las transferencias de inmuebles en la comuna de Antofagasta, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud. Lo anterior, daría respuesta a lo requerido, esto es, información relativa a los paños que han sido transferidos al SERVIU para la construcción de viviendas sociales en la comuna de Antofagasta, las propiedades que han sido transferidos a privados para el desarrollo de iniciativas particulares y aquellas que están siendo utilizados por instituciones privadas o públicas con fines industriales. Por otra parte, se rechaza el amparo respecto de la información solicitada, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de secreto de distracción indebida invocada por la SEREMI reclamada. En sesión ordinaria N° 937 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de octubre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C3347-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de junio de 2018, don Felipe Soto solicitó a la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, la siguiente información: a) "Información sobre los paños (ubicación, hectáreas o metros cuadrados y plano) que han sido transferido a SERVIU para la construcción de viviendas sociales en los últimos 30 años en la comuna de Antofagasta. b) Información sobre los paños (ubicación, hectáreas o metros cuadrados y plano) que han sido licitados (vendidos o transferidos por cualquier otra modalidad) a privados para el desarrollo de iniciativas particulares en la comuna de Antofagasta. c) Información sobre los paños (ubicación, hectáreas o metros cuadrados y plano) que actualmente están siendo utilizados por instituciones privadas o públicas con fines industriales y se encuentran dentro del radio urbano de la comuna de Antofagasta". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° E-27144, de 17 de julio de 2018, el órgano indicó en resumen, que se configuraba la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto la información que se solicita no está sistematizada, es decir, si bien el servicio lleva un catastro de los inmuebles sobre los cuales se dictan actos administrativos, no existe forma de entregar la información sin realizar, previamente un acucioso análisis lo que significa distraer indebidamente a los funcionarios de la unidad de catastro del cumplimiento regular de sus labores habituales. 3) AMPARO: El 26 de julio de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, mediante oficio N° E6057, de fecha 16 de agosto de 2018, requiriendo que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y, (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Posteriormente, por medio de ordinario N° 4272, de fecha 3 de septiembre de 2018, el órgano en síntesis, indicó que se configuraba la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por las siguientes razones: a) La información requerida, no existe como la solicita el peticionario. Crear la base de datos solicitada significa distraer de forma indebida las funciones habituales de los funcionarios. En tal sentido, por ejemplo, para poder dar respuesta a lo requerido en la letra c) de la solicitud, sólo durante el año 2017, se dictaron 1957 actos administrativos físicos (a partir del año 2014, se dictan además resoluciones administrativas electrónicas). Si multiplicáramos ese mismo número por 30 años, los funcionarios debieran revisar un total de 58.710 actos administrativos, sólo para poder determinar la finalidad de la actividad desarrollada en el inmueble, y si éste está o no dentro del radio urbano de la comuna, para luego revisar si ello es lo requerido por el solicitante. b) Los actos de administración anteriores al año 2010 no sólo no están digitalizados, sino que tampoco están agrupados ni en la forma solicitada, ni de otra manera. No existe un registro que dé cuenta de cuáles actos corresponden a ventas o transferencias u otra forma de administración, así como tampoco consta el tipo de actividad asociada. c) Cuando el órgano debe administrar un inmueble, se analiza el inmueble mismo, por su situación espacial, puesto que el registro que maneja la Unidad de Catastro es por folio real. Constituye este hecho una circunstancia fundamental para que se entienda que la posibilidad de requerir la información solicitada no está al alcance de esta repartición. Distinto sería si el sistema registral de la Unidad de Catastro fuera por folio personal (como ocurre en los Conservadores de Bienes Raíces, que está conformado por un sistema de folio personal, aunque anual), donde es posible conocer las propiedades de una determinada persona. Sin embargo, no es ese el sistema que utiliza el Ministerio. d) El sistema de folio real permite conocer la historia de un determinado inmueble, arrojando el catastro gráfico cada uno de las administraciones, gravámenes, y en definitiva el devenir del inmueble fiscal desde que se tiene registro del mismo. Por tanto, para analizar un inmueble, no se comienza su investigación a partir de la persona que lo usa, arrienda o es titular de él, sino por su localización espacial. No es posible, con el sistema del ministerio, comenzar un estudio de los inmuebles que una determinada persona tiene, sin hacer un esfuerzo extraordinario que distrae las funciones de este Ministerio y le significa levantar un tipo de información que no existe. e) A mayor abundamiento, la información solicitada, en los casos de las letras b) y c) de la solicitud, no especifica quién es el titular beneficiario del inmueble fiscal, por lo que levantar la información solicitada requeriría hacer adicionalmente una investigación relativa a la finalidad para la cual se otorgó el inmueble, o más aun, obtener el giro de la sociedad que utiliza el inmueble, información no disponible en el catastro fiscal. f) Además, tal como consta en certificado número EXP- C-36713, de fecha 10 de enero de 2013, emitido por el Comandante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, el día 06 de enero de 2013, se produjo un incendio en las dependencias del servicio, resultando con daños totales la bodega del subterráneo y toda la documentación que se encontraba allí, situación que hace aún más complejo sistematizar la información requerida en las letras a) y b), de la solicitud. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico, de fecha 16 de octubre de 2018, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano, entre otras cosas, precisar el tiempo aproximado y funcionarios necesarios para entregar la información solicitada. Luego, el día 17 de octubre del año en curso, por el mismo medio, el órgano en resumen indicó que para poder obtener los 3 productos requeridos, siendo estos distintos entre sí, es necesaria la contratación de 3 personas para que trabajen en forma exclusiva en dichas tareas, por un periodo de 4 a 6 meses, cuyas labores serían armar bases de datos Excel con cada uno de los campos requeridos, revisando las distintas bases Excel con que se trabaja, junto con la revisión del Sistema Intranet y la página web www.catastro.cl. Luego, una vez armada la base se deben identificar los actos que ya están inscritos en el CBR y en caso contrario, ir al CBR a revisar los libros (anotaciones marginales de la inscripciones globales y de igual cabida del fisco y solicitar copias de las inscripciones para actualizar el catastro. Ordenada toda la información se podría recién contestar a la consulta. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información sobre las propiedades que se detallan en el numeral 1°, de lo expositivo, respecto de la cual el órgano alegó la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que, a la luz de dicha causal, se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada Ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7° N° 1, literal c), inciso tercero, que "se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales". 3) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a esfuerzos desproporcionados como los mencionados. 4) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por el órgano reclamado. 5) Que, en línea con lo anterior y con ocasión de sus descargos y a la gestión oficiosa dispuesta por este Consejo, el órgano reclamado precisó que para entregar la información debe revisar como mínimo más de 58.710 actos administrativos, y llevar a cabo las demás gestiones anotadas en el numeral 4° y 5°, de lo expositivo, puesto que la información en la forma requerida no existe en poder del órgano. A su turno, aclaró que necesitaría 3 funcionarios para que desarrollen el procesamiento de información, durante 4 a 6 meses. 6) Que en dicho contexto, este Consejo estima que la causal del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia concurre en la especie -a lo menos parcialmente según como se dirá en el considerando siguiente-, toda vez que el conjunto de actividades descritas en el considerando precedente es de una entidad tal que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, ya que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del órgano la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el Servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a favor de esta persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás. Acorde con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dicha Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente y fomentando el desarrollo del país a través del ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y acciones de alcance nacional, regional y comunal. En virtud de lo expuesto precedentemente, se rechazará el amparo en esta parte. 7) Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe indicar que parte de la información reclamada que data desde el mes de abril de 2009, fecha de entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, hasta la época de la solicitud formulada, deberían estar presentes, por ejemplo, en los decretos que aprueban la venta directa de inmuebles fiscales, en donde se puede obtener información sobre lo requerido, tales como ubicación, superficie, comuna y comprador, cuya publicación constituye una obligación de transparencia activa del órgano reclamado en Actos y resoluciones con efectos sobre terceros. Luego, si bien dicha documentación no satisfaría íntegramente la pretensión del requirente, se debe tener presente que aquello resulta acorde con el Principio de Máxima Divulgación, consagrado en el artículo 11, letra d), de la Ley de Transparencia, de acuerdo al cual "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles". A su turno, se debe tener presente también, que a partir de la decisión de amparo Rol A321-09, que al encontrarse la información en un sitio web de acceso público debe entenderse cumplida la obligación de entrega con el hecho de indicar la fuente y el modo de acceder a ella, no siendo responsabilidad del órgano reclamado procesarla de la forma requerida. Por el contrario, dicha carga corresponde al reclamante, quien puede utilizarla de la forma que estime conveniente. Por tal motivo, se descartará la concurrencia de la causal de reserva alegada en este aspecto, y se acogerá el amparo en esta parte, ordenándose informar los links del banner de transparencia activa, donde se encuentren los documentos que den cuenta de las enajenaciones o transferencias de inmuebles en la comuna de Antofagasta, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información, de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia. 8) Que, sobre el cumplimiento de lo anterior, se debe tener presente que el numeral 3.1., de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, precisa el cumplimiento de dicha obligación en el siguiente sentido: "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información. Por ejemplo, este procedimiento podrá utilizarse cuando lo solicitado se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indicar, de modo general, la página de inicio respectiva". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Felipe Soto en contra de la SEREMI de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta, que: a) Entregue al solicitante, la información referente a los links del banner de transparencia activa, en donde se encuentren los documentos que den cuenta de las enajenaciones o transferencias de inmuebles en la comuna de Antofagasta, desde el mes de abril de 2009 a la fecha de la solicitud de información, en relación a lo requerido en el numeral 1°, de lo expositivo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo, respecto de la información requerida, anterior al mes de abril de 2009, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto precedentemente. IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región de Antofagasta y a don Felipe Soto. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.