Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3376-18

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Reclamante:	FUNDACIÓN VALÍDAME
Reclamado:	COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE COPIAPO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Médica Regional de Copiapó, ordenando entregar la información referida a sus sesiones celebradas los años 2016, 2017 y 2018, hasta la fecha de la solicitud de información, con las indicaciones requeridas. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó ni configuró la causal de reserva alegada relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/23/2018
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C1336-16
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DECISIÓN AMPARO ROL C3376-18 Entidad pública: Comisión Médica Regional de Copiapó Requirente: Fundación Valídame Ingreso Consejo: 27.07.2018 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Médica Regional de Copiapó, ordenando entregar la información referida a sus sesiones celebradas los años 2016, 2017 y 2018, hasta la fecha de la solicitud de información, con las indicaciones requeridas. Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se acreditó ni configuró la causal de reserva alegada relativa a la afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado. En sesión ordinaria N° 944 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de noviembre de 2018, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3376-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 25 de junio de 2018, Fundación Valídame solicitó a la Superintendencia de Pensiones el detalle de las sesiones de la Comisión Médica Central y de todas las Comisiones Médicas Regionales de los años 2016, 2017 y 2018, desagregadas por año y mes, indicándose: a) Fecha y número de las sesiones. b) Hora de inicio y término de las sesiones. c) Nombre y número de integrantes de las sesiones, señalando los cargos que ejercieron. d) Número de casos cuya invalidez se dictamina, se suspende o se rechaza por causa administrativa. e) Número de casos en que procede la toma de conocimiento y cúmplase de las resoluciones de la Comisión Médica Central. f) Las tablas que se deben elaborar previa celebración las sesiones. La Superintendencia de Pensiones derivó la solicitud de información, en lo pertinente, a la Comisión Médica Regional de Copiapó, mediante oficio Ordinario N° 15.687, de fecha 13 de julio de 2018, de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia. 2) RESPUESTA: La Comisión Médica Regional de Copiapó respondió a dicho requerimiento de información mediante oficio N° 01/2018, de fecha 24 de julio de 2018, señalando, en síntesis, que se deniega la informacion pedida por concurrir la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En este sentido, señala que durante los años 2016, 2017 y 2018, la Comisión Médica Regional de Copiapó ha emitido un total de 2.049 Dictámenes. Agrega, que la información requerida se encuentra únicamente en los expedientes contenidos en el Sistema de Apoyo a la Gestión de las Comisiones Médicas, SAGCOM, y que la única forma de obtener la información es ingresando a dicho Sistema informático, para luego abrir cada tabla y cada dictamen y extraer manualmente la información pertinente de los documentos, no existiendo otra forma de obtener la información correspondiente. A su vez, estima que realizar la señalada tarea para cada uno de los 2.049 Dictámenes del período definido, considerando que cuenta con 3 funcionarios administrativos y que la obtención y sistematización de los datos demandaría aproximadamente 6,5 minutos por cada caso, se requeriría a lo menos de 8,2 días hábiles de dedicación exclusiva de tales los funcionarias. Lo anterior, señala, implicaría que durante todo ese periodo la Comisión deje de atender público, y deje de cumplir las labores propias del proceso de evaluación y calificación de invalidez que le corresponde conforme a la ley, causando un grave perjuicio previsional a los afiliados y solicitantes, produciendo una afectación al debido cumplimiento de sus funciones. 3) AMPARO: El 27 de julio de 2018, la Fundación Valídame dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Comisión Médica Regional de Copiapó, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información, agregando que no resulta plausible posible que a través del Sistema de Apoyo a la Gestión de las Comisiones Médicas no sea posible la aplicación de filtros que permitan refinar los antecedentes de las sesiones realizadas. Finalmente, expresa que la información pedida permitiría conocer posibles conflictos de interés o funciones incompatibles, de los integrantes que componen dichas comisiones, y en caso contrario, no existiría control horario y/o fiscalización de los recursos públicos involucrados. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Presidente de la Comisión Médica Regional de Copiapó, mediante oficio N° E6273, de fecha 22 de agosto de 2018. Se solicitó expresamente al órgano: se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; aclare qué datos de los requeridos se encuentran sistematizados, en formato digital; y, acompañe copia del Oficio N° 15687, junto con los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ingresó a vuestro servicio. El órgano reclamado, a través de oficio Ordinario N° 02/2018, de fecha 13 de septiembre de 2018, presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que se denegó la información pedida, por estimar que concurre la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, por cuanto dicha información se encuentra exclusivamente en los expedientes de calificación de invalidez, por lo que para contestar tal requerimiento sería necesario revisar cada uno de los expedientes para el período solicitado, considerando que para los años 2016, 2017 y 2018, la Comisión ha emitido un total de 2.065 dictámenes. Por ello, sostiene, se requiere elaborar la información ingresando a cada uno de los expedientes electrónicos que se contienen en el Sistema de Apoyo a la Gestión de las Comisiones Médicas (SAGCOM), con el objeto de abrir cada tabla y cada dictamen y extraer manualmente la información pertinente de tales documentos, no existiendo otra forma de obtener la información. En consecuencia, estima que para revisar cada uno de los mencionados dictámenes, considerando que se cuenta con 2 funcionarios administrativos y que la obtención y sistematización de los datos demandaría aproximadamente 6,5 minutos por cada caso, se requeriría a lo menos 40 días hábiles de dedicación exclusiva de tales funcionarios, lo que conlleva que durante ese lapso de tiempo en la práctica la Comisión deje de atender público, y de cumplir las labores propias de evaluación y calificación de invalidez que le corresponde conforme a la ley, causando un grave perjuicio previsional a los afiliados y solicitantes, todo lo cual implica una distracción indebida de sus funciones. Agrega, que el Sistema de Apoyo a la Gestión de las Comisiones Médicas fue diseñado para el cumplimiento de las funciones propias de estas comisiones en lo relativo al trámite de calificación de invalidez de los afiliados, y no contempla entre sus atributos la realización de las funciones que el reclamante pretende. Además, señala que en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones se publican los Informes de Gestión de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central, en los cuales se contiene gran cantidad de información estadística relativa al trabajo de tales entidades, como asimismo la identificación de los integrantes de las comisiones de que se trata, la que es información pública y que estaría disponible en dicha página web. Finalmente, señala que los trabajadores sujetos de una calificación de invalidez, tienen garantizado y regulado el acceso a su respectivo expediente con todos los antecedentes, incluida la copia del acta respectiva. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de información referida a las sesiones y casos conocidos por la Comisión Médica Regional de Copiapó de los años 2016, 2017 y 2018, al tenor de lo señalado en el N° 1 de lo expositivo de la presente decisión, antecedentes que fueron denegados por dicha Comisión Médica, fundado en la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, conforme al artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 3) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que el decreto N° 57, de 1991, del trabajo y previsión social, que aprueba nuevo reglamento del decreto ley N° 3.500, de 1980, en su Título III regula el funcionamiento de las Comisiones Médicas Regionales, señalando en su artículo 25 que "Las Comisiones celebrarán sesiones ordinarias a lo menos una vez a la semana, en los días y horarios que ellas acuerden, los que serán fijados en relación a las necesidades de otorgar una eficiente y oportuna atención. Los días y horarios de atención deberán ser comunicados a la Superintendencia y un letrero indicándolos será puesto en un lugar visible del local de funcionamiento de la respectiva Comisión. Habrá sesiones extraordinarias cuando así lo acuerde y cite el Presidente de la Comisión." El artículo 26 señala que "El quórum para sesionar será la mayoría de los miembros de la Comisión. Cada miembro de la Comisión deberá hacer personalmente la relación de los casos cuyo estudio le haya correspondido." Finalmente cabe destacar que el artículo 29 del citado reglamento prescribe que "De cada sesión se levantará un acta fiel y exacta de todo lo tratado en la reunión, consignándose las opiniones de los miembros. En el acta se dejará constancia de cada caso particular tratado y del acuerdo respectivo. Su contenido podrá ser consultado por el interesado, su médico asesor o su médico tratante, por los médicos observadores de las Compañías de Seguros y por un médico representante de la Administradora. El acta deberá ser aprobada y firmada por cada uno de los miembros que participaron de la sesión.". 4) Que, en relación a la causal de reserva alegada por el órgano requerido para denegar la información pedida, cabe tener presente que en virtud del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, puede denegarse la entrega de la información cuando su publicidad "afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado números de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus funciones habituales". Dicha norma ha sido desarrollada en el artículo 7°, N° 1, letra c), del Reglamento de la citada ley, señalando que "...un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 5) Que, en virtud de lo expuesto, y según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C1336-16, cabe determinar si, en la especie, concurren los hechos constitutivos de la referida causal, y teniendo en consideración que su atención podría implicar, para tales funcionarios, la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, al cumplimiento de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo de esta forma la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar, o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas. En este sentido, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, dichos órganos se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 6) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". En dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima no concurren en la especie. 7) Que, en efecto, de los antecedentes examinados, ha sido posible establecer que el órgano reclamado para justificar la causal de reserva alegada señaló que entregar la información pedida implicaría que la Comisión Médica Regional de Copiapó deje de atender público y de cumplir las labores propias de evaluación y calificación de invalidez que le corresponde conforme a la ley, causando un perjuicio previsional a los afiliados y solicitantes, lo que conllevaría una distracción indebida de sus funciones, por cuanto la dicha información se encontraría exclusivamente en los expedientes de calificación de invalidez, debiendo revisarse cada uno ellos, que para el periodo consultado comprende un total de 2.049 dictámenes, estimando que exigiría 8,2 días hábiles de dedicación exclusiva de los 3 funcionarios administrativos con que cuenta, agregando en sus descargos, que sería 2.065 los dictámenes a revisar, requiriendo para ello 40 días hábiles para destinar a 2 funcionarios a dicha tarea, sin que los antecedentes aportados permitan apreciar el modo en que la entrega de la información reclamada, efectivamente afecta el debido cumplimiento de sus funciones, como tampoco se justifique la diferencia de lo informado en la respuesta y los descargos, particularmente atendiendo la información precisa que ha sido solicitada, referida además a una data reciente, y sobre la cual no existe controversia acerca de su naturaleza pública. 8) Que, en este sentido, a juicio de este Consejo no resultan plausibles las alegaciones del órgano reclamado, teniendo especial consideración que a lo menos lo pedido en los literales a), b), c) y f) del requerimiento, podría obtenerse directamente de las actas y tablas de las respectivas sesiones realizadas por la Comisión Médica Regional de Copiapó, sin necesidad de revisar cada uno de los dictámenes emitidos en el periodo consultado, con lo que se genera una modificación sustancial del tiempo y recursos materiales y humanos que se requerirían para atender la solicitud de información formulada, desvirtuándose con ello la causal de reserva alegada. 9) Que, a mayor abundamiento, la publicidad de la información reclamada referida al funcionamiento de las sesiones de las Comisiones Médicas Regionales a que se refiere la solicitud formulada, permite el adecuado conocimiento y control por parte de la ciudadanía respecto de la duración total de las sesiones realizadas, e incluso de la debida fundamentación o motivación de los dictámenes que emiten, lo que refuerza el carácter público de la información reclamada, y que ésta se encuentre disponible para su entrega para quienes la requieran, puesto que de lo contrario puede volver ilusorio el derecho de acceso a la información. Así la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción señaló en sentencia sobre recurso de protección, Rol N° 1879-2012, de fecha 27 de agosto de 2012, confirmada por sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 7071-2012, de fecha 26 de noviembre de 2012, "Que, los integrantes de la Comisión de Evaluación Ambiental al votar informadamente el proyecto Pirquenes, debieron, como lo indica el nombre de la Comisión en que participan, evaluar, principalmente, el Proyecto en cuanto al cumplimiento o no de la normativa ambiental, cumplimiento de los permisos sectoriales, indicar porque estaban o no de acuerdo con lo manifestado en el Informe Consolidado, analizar si el Proyecto requería la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental o un Estudio de Impacto Ambiental, etc. (...) De los argumentos proporcionados por los integrantes de la Comisión, que ya reprodujimos, aparecen que sus votos no están fundados en razones ambientales- técnicas o jurídicas- y más aún, algunos de éstos no formularon argumentación atingente alguna. No podemos dejar de señalar que en la Sesión del día 12 de diciembre de 2011, pese a su transcendencia, se destinaron poco más de seis minutos para votar y que, la Sesión misma para "Resolver la Calificación Ambiental de la DIA Del Proyecto "Central Pirquenes", comuna de Arauco, provincia de Arauco", Segundo punto de la Tabla de dicho día, se extendió a poco más de 20 minutos, incluida la exposición de doña Deyanira Enríquez, profesional del S.E.A."(Considerando 27°; el subrayado es nuestro). 10) Que, por otro lado, respecto a la alegación acerca que una parte de la información pedida se encontraría disponible en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, por cuanto se publican los Informes de Gestión de las Comisiones Médicas Regionales y de la Comisión Médica Central, entre otros antecedentes, cabe tener presente que de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, "cuando la información esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impreso tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar.". Por su parte, la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en numeral 3.1 letra a), prescribe que "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público (...) se deberá comunicar al solicitante, con la mayor precisión posible, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información", agregando que "cuando la información se encuentre disponible en internet, caso en el cual se deberá señalar el link específico que la alberga o contiene, no entendiéndose cumplida la obligación con el hecho de indica, de modo general, la página de inicio respectiva (...).". 11) Que, de los antecedentes examinados, ha sido posible determinar que el órgano reclamado en caso alguno informó al solicitante que una parte de la información pedida se encontraría disponible en forma permanente al público, ni tampoco la forma de acceder a ella, razón por la cual forzoso es concluir que no ha cumplido con su obligación de informar, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. 12) Que, por consiguiente, no habiéndose configurado la causal de reserva alegada por el órgano reclamado, y siendo desestimadas las demás alegaciones del órgano reclamado, este Consejo acogerá el presente amparo, ordenando a la Comisión Médica Regional de Copiapó entregar a la Fundación Valídame la información reclamada. 13) Que, sin perjuicio de lo razonado precedentemente, atendidas las alegaciones formuladas por el órgano reclamado en el presente caso, este Consejo concederá excepcionalmente a la Comisión Médica Regional de Copiapó un plazo de 20 días hábiles, a fin de abordar la satisfacción del presente requerimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por Fundación Valídame en contra de la Comisión Médica Regional de Copiapó, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Presidente de la Comisión Médica Regional de Copiapó: a) Hacer entrega a la parte reclamante la información referida a las sesiones de la Comisión Médica Regional de Copiapó, de los años 2016, 2017, y 2018 hasta la fecha de la solicitud de información, desagregadas por año y mes, indicándose: i. Fecha y número de las sesiones. ii. Hora de inicio y término de las sesiones. iii. Nombre y número de integrantes de las sesiones, señalando los cargos que ejercieron. iv. Número de casos cuya invalidez se dictamina, se suspende o se rechaza por causa administrativa. v. Número de casos en que procede la toma de conocimiento y cúmplase de las resoluciones de la Comisión Médica Central. vi. Las tablas que se deben elaborar previa celebración las sesiones. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Fundación Valídame y al Sr. Presidente de la Comisión Médica Regional de Copiapó. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.