Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C266-09

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Reclamante:	VICTOR HUGO DIAZ ACUÑA
Reclamado:	FUERZA AÉREA DE CHILE
Resumen del caso: Se interpone amparo frente a la respuesta negativa de la Fuerza Aérea de Chile a su solicitud de acceder a los fundamentos que tuvo la Junta Especial de Selección del Cuadro Permanente para incluir al solicitante en la Lista de Retiros, debido a que tal información posee el carácter de secreta conforme a la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas y a la Ley de Transparencia. El Consejo rechaza el amparo debido a que la información se encuentra sujeta a la reserva o secreto establecido en la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, (que cumple con el requisito de se de quórum calificado) con el fin de proteger la defensa nacional (es decir, invoca alguna de las causales establecida en la Constitución Política de la República).
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/27/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 18948 1990 - Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C967-17 C1695-22 C12-16 C1877-16 C3853-17 C2284-18 C8264-19 C10013-22 C10714-22
Recursos relacionados:	1948-2010
Descriptores jurídicos:	- Derecho de acceso a la información >> Principios de la Ley >> Otros
Descriptores analíticos:	Defensa; Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL A266-09 Entidad pública: Fuerza Aérea de Chile (FACH) Requirente: Víctor Díaz Acuña Ingreso Consejo: 24.08.2009 En sesión ordinaria N° 111 de su Consejo Directivo, celebrada el 15 de diciembre de 2009, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol A266-09. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.948, de 1990, Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas; lo señalado en el D.F.L. N° 1, de 1997, que regula el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de julio de 2009, don Víctor Díaz Acuña, representado por el abogado Nelson Caucoto Pereira de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana, solicitó al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (en adelante FACH), información sobre los fundamentos que llevaron a la Junta Especial de Selección del Cuadro Permanente a determinar la inclusión en la Lista de Retiros a don Víctor Acuña Díaz (ex Cabo 2° de la FACH). Fundamenta su petición en los siguientes argumentos: a) Manifiesta que, si bien el art. 26 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948, establece el secreto respecto de varios aspectos de las Juntas establecidas en tal ley, dicha norma, según el requirente, se encontraría derogada por el art. 8° de la Constitución. b) Además, señala que de acuerdo a la Ley de Transparencia las únicas causales de secreto o reserva de la información pública son aquéllas contempladas en el art. 21, pasando a analizar una por una dichas causales y por qué no se aplicarían en el caso: i) El art. 21 N° 1 no procedería, pues no se afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Junta de Selección ni el de la Junta de Apelaciones, puesto que lo que se solicita son los fundamentos que llevaron a determinar la resolución que llamó a retiro al requirente. ii) Agrega que tampoco se aplicaría el art. 21 N° 2, pues es el mismo interesado quien solicita tal información. iii) En relación con la causal establecida en el art. 21 N° 3, no sería aplicable al caso, según expresa, ya que se trata de un requerimiento particular acerca de los fundamentos que llevaron a incluir al solicitante en la lista de retiro y que en nada afectaría a la defensa nacional, a la mantención del orden público o a la seguridad pública. iv) En cuanto a la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 5, no procedería según el requirente, debido a que dicha causal se refiere al secreto de información, cuando sea declarada como tal por una ley de quórum calificado, siempre y cuando, se cumplan con las causales establecidas en el art. 8° de la Constitución. Este punto se argumenta con mayor detalle en el sentido de que las normas relativas al secreto de la información de las Juntas ya aludidas y consagradas en el art. 26 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948, deben ser consideradas como inconstitucionales, puesto que la Constitución derogó tácitamente todas aquellas normas referentes al secreto de actos, datos o informaciones que no estén dentro de las causales del art. 8°. c) Agrega que no se podría argumentar, para justificar una eventual denegación de la información, que el secreto consagrado en el art. 26 sigue vigente debido a que la ficción del “congelamiento” del rango legal, establecidos tanto en la disposición transitoria sexta de la Constitución como en el art. 1° de la Ley de Transparencia. Señala que lo que realmente se exceptuaría, son aquellas normas que hayan declarado secretos los actos, datos e información, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor del precepto constitucional y de la Ley de Transparencia y que no cumplen con el carácter formal de quórum calificado y, por tanto, pueden mantenerse vigentes aún con la entrada en vigor de las normas citadas. d) Por lo tanto, concluye que no pueden mantenerse vigentes aquellas normas que vulneren materialmente el contenido de la Constitución, esto es, que existan normas que declaren como secretos ciertos actos, datos o informaciones cuya publicidad no afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. e) Agrega que, si aún así, se considerare que la disposición del art. 26 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948 permanece vigente, no resultaría aplicable al caso, dado que dicha norma señala expresamente cuáles son los actos de las Juntas de Calificación que son secretos, siéndolo solamente las sesiones y las actas de dichas Juntas, pero nada dice respecto de sus resoluciones ni de sus fundamentos, por lo que éstos deberían considerarse públicos. 2) RESPUESTA: Mediante C.J.F.A. Of. Ord. N° 31142-10, de 7 de agosto de 2009, se respondió lo siguiente: a) Indica que mediante Oficio (O) N° 31142-6, de 14 de julio de 2009, la Comandancia en Jefe de la FACH informó de diversos accidentes relacionados con el retiro de la Institución del ex Cabo 2°, don Víctor Díaz Acuña y de un accidente que éste habría sufrido mientras se encontraba en servicio. En dicho documento, se habría indicado también que el requirente fue incluido en la Lista Anual de Retiros el 1° de octubre de 2008, en el marco del proceso de calificaciones al que es sometido el personal de la FACH en conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948 y el D.F.L. N° 1, de 1997, que regula el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (en adelante FFAA). b) Manifiesta que, en conformidad con la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948, las Juntas de Selección y de Apelaciones de las FFAA son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos la revisión de los fundamentos de sus decisiones. Por consiguiente, se desprende de lo anterior, que las resoluciones que adopten dichas Juntas, también son soberanas y no pueden ser modificadas ni dejadas sin efecto por ninguna autoridad ajena a ellas. c) Agrega que en el art. 26, inc. 6°, de la Ley N° 18.948, se establece que las actas y sesiones de tales juntas serán secretas, precepto que no habría sido derogado por el art. 8° de la Constitución. Indica que la misma Carta Fundamental, en su art. 105 entrega a la Ley N° 18.948 la determinación de, entre otras materias, las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las FF.AA. Continúa señalando que el secreto que establece el art. 26 de la Ley N° 18.948 ha sido confirmado por los dictámenes de la Contraloría General de la República N° 10.646/2008 y 13.318/2008. Éstos, en su parte pertinente, señalan: i) Que la Ley N° 18.948 fue objeto, por la naturaleza de sus normas, del control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional. ii) Conforme al principio de especialidad que distingue a las leyes orgánicas constitucionales la Ley 18.948 establece dentro de su regulación de los procesos de calificación y selección del personal, una norma sobre secreto o reserva (art. 26, inc. 6°) que cumple con la exigencia del art. 8° de la Constitución. iii) El art. 26, inc. 6°, de la Ley N° 18.948 se encuentra plenamente vigente, por lo que las autoridades institucionales deben mantener en reserva las sesiones y actas que contienen los fundamentos enunciados por la Honorable Junta de Selección del Cuadro Permanente para incluir a una funcionaria en una Lista de Calificación que llevase a considerarla en la correspondiente Lista Anual de Retiros. f) Invoca, además, el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia y su art. 1° transitorio, este último que dispone que en conformidad con la disposición cuarta transitoria de la Constitución se entenderán que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley N° 20.050 (reforma constitucional del año 2005), que establecen el secreto o reserva de determinados actos o documentos, por las causales que señala el art. 8° de la Constitución. g) Por lo tanto, concluye, que siendo los fundamentos de la inclusión en Lista Anual de Retiros una información que consta en un documento que la Ley Orgánica Constitucional N° 18.948 ha declarado reservado o secreto, le deniega al requirente su acceso, toda vez que se configuraría en la especie la causal de secreto o reserva del art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: Don Víctor Díaz Acuña, en virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley de Transparencia, formuló amparo ante este Consejo el 24 de agosto de 2009, fundamentando dicho amparo en la denegación de la información por la FACH. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES AL AMPARO DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo en sesión ordinaria N° 80, de 28 de agosto de 2009, procediéndose a notificar el reclamo antedicho y a conferir traslado al Comandante en Jefe de la FACH, mediante Oficio N° 620, de 8 de septiembre de 2009, quien mediante C.J.F.A. “RES” N° 31142-15, de 24 de septiembre, presentó sus descargos u observaciones al amparo reiterando en su totalidad los argumentos esgrimidos en su respuesta al requirente y señalando que la FACH ha actuado con estricto apego a las disposiciones legales aplicables a la materia, solicitando que se desestime el amparo interpuesto ante este Consejo. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: En sesión ordinaria N° 91, de 6 de octubre de 2009, el Consejo Directivo de esta Corporación, junto con ordenar la realización, de oficio, de una audiencia pública a la que se hará referencia en el numeral siguiente, decretó una medida para mejor resolver con el fin de recabar la opinión del Ministerio de Defensa en el caso. Mediante Oficio N° 909, de 2 de diciembre de 2009, se le solicitó al Ministro de Defensa que se pronunciara sobre la causal de secreto invocada por la FACH para no entregar al reclamante, los fundamentos en virtud de los cuales la Junta Especial de Selección del Cuadro Permanente de la Fuerza Aérea determinó su inclusión en la Lista de Retiros de la Institución. Mediante Ordinario MDN.SSG. DEPTO.III N° 4098/DGCT, de 10 de diciembre de 2009, el Ministerio de Defensa informó lo que a continuación se pasará a resumir, respecto de la procedencia en la especie de la causal de secreto invocada por la FACH. Dicho informe aborda: la normativa constitucional y legal que rige la materia, la vigencia de las mismas normas, la jurisprudencia administrativa sobre el particular y el fundamento de la reserva legal. a) Cita el art. 105 de la Carta Fundamental, conforme al cual una Ley Orgánica Constitucional determinará las normas básicas referidas a la carrera profesional, incorporación a sus plantas, previsión, antigüedad, mando, sucesión de mando y presupuesto de las FFAA. Indica que esa ley es la N° 18.948, Orgánica Constitucional de las FFAA. b) Menciona los incs. 1° y 5° del art. 26 de la citada Ley Orgánica, para luego sostener que es en virtud de dicha disposición que las resoluciones que adoptan las ya aludidas Juntas son soberanas y no pueden ser modificadas o dejadas sin efecto por ninguna autoridad u organismo ajeno a ellas. Agrega que el inc. 6 del citado artículo dispone que: "Las sesiones y actas de las Juntas serán secretas”. c) Por su parte, se refiere a lo dispuesto en el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, relacionándola con lo previsto en el art. 1° transitorio de la misma ley y con la disposición cuarta transitoria de la Constitución. d) Respecto de la jurisprudencia administrativa, cita el Dictamen N° 13.318/2008 de la Contraloría General de la República, al que ya se ha hecho referencia en esta decisión. e) El Ministro de Defensa sostiene que: “Existiendo la jurisprudencia administrativa antes citada, el proceder de la Fuerza Aérea de Chile cumple con lo dispuesto en el artículo 9 inciso final de la Ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, que hace obligatorios para los funcionarios los dictámenes del órgano contralor”. f) Agrega, en cuanto a la plena vigencia de la disposición antes citada, –refiriéndose especialmente a la alegación del reclamante respecto a la supuesta inconstitucionalidad de la norma prevista en el citado art. 26 y a la supuesta incompatibilidad de dicho precepto con las excepciones al principio de transparencia establecidas en el inc. 2° del art. 8 de la Carta Fundamental– que la derogación tácita es aquélla que acontece cuando “una ley posterior se opone a una ley anterior, sin necesidad de mediar la existencia de determinadas disposiciones derogatorias específicas” (MORESO, J.J. y VILAJOSANA, J.M., Introducción a la Teoría del Derecho, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 87). g) Manifiesta que para que ello se produzca se requiere, al menos, de dos elementos: primero, que se interprete –puesto que no es una derogación expresa– que la regla inferior es incompatible con la superior y, segundo, que no exista incertidumbre sobre la contradicción entre la regla inferior y la superior. El primer elemento constata que no se trata de derogaciones “automáticas”, sino que son construcciones hermenéuticas del intérprete, mientras que el segundo elemento exige que la incompatibilidad sea total, puesto que, de lo contrario, podría resolverse la antinomia con el criterio de especialidad o de excepción. La derogación tácita se enmarcaría, en consecuencia, en una antinomia de corte “total-total” (ROSS, A., Sobre el Derecho y la Justicia, G. Carrió traduc., Buenos Aires, Eudeba, 28 ed. 1997, p. 164 y ss.) donde el supuesto de hecho de ambas normas –esto es, el art. 26, inc. 6°, de la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA y el art. 8, inc. 2°, de la Constitución– entran completamente en contradicción y no existe espacio que pueda salvar el conflicto de reglas. h) Sostiene que, sin perjuicio de que tal posibilidad de conflicto entre reglas inferiores y superiores puede ser factible, se constatan dos cuestiones altamente relevantes: i) En primer término, que el reclamante no ha demostrado cómo puede darse tamaña relación de contradicción de las reglas en comento, por lo que su construcción argumentativa es débil y la carga de la argumentación radica en quien esgrime la derogación tácita de una norma. Salvo ciertas generales afirmaciones sobre la supuesta incompatibilidad, el reclamante no ha establecido cómo es que son “completamente contradictorias” las normas, de manera tal que dada esa supuesta inconstitucionalidad, habría procedido una derogación tácita. ii) En segundo lugar y, a mayor abundamiento, hace presente que la calificación sobre la eventual falta de validez de la regla establecida por el legislador orgánico constitucional –en el art. 26 de la Ley Orgánica Constitucional de las FFAA– no es materia de competencia de este Consejo, toda vez que el control de constitucionalidad de leyes, en sede represiva, le corresponde a otro órgano establecido en la Constitución. Señala que esto es central, puesto que la Carta Fundamental, junto con reconocer derechos fundamentales, articula un sistema de competencias estatales que permiten el ejercicio de las diversas funciones del Estado, quedándole vedado a cada órgano inmiscuirse en la esfera de atribuciones que la misma norma normarum ha reservado para otras entidades estatales. i) De conformidad con lo anteriormente expuesto, dicho Ministerio informa a este Consejo que, en virtud del principio de separación de competencias constitucionalmente garantizadas, establecido en los arts. 6° y 7° de la Constitución, no le corresponde realizar un juicio de validez del cuestionado art. 26, inc. 6°, toda vez que carece de las potestades de control de constitucionalidad. j) Sin perjuicio de lo anterior, señala únicamente que la reserva establecida a propósito de las Juntas de Calificación posee un claro fundamento compatible con lo dispuesto en el art. 8 de la Carta Fundamental. Para ello, conviene tener un criterio de interpretación finalista y sistemático que, en numerosas ocasiones, ha sido esgrimido por el Tribunal Constitucional (vid. por todos STC Rol N° 33/1985; ZAPATA, P., Justicia Constitucional, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008, pp. 201 y ss.). En razón de lo anterior, el art. 8° no puede ser leído e interpretado de manera aislada, al contrario señala, debe ser concordado y complementado con el resto de las disposiciones que establece la Constitución. k) Indica, en cuanto al fundamento del secreto de la norma, conforme a lo establecido en el art. 8° de la Constitución Política de la República, que es necesario tener presente que los fines que justifican la existencia de las FFAA, contenidas en el art. 101 de nuestra Constitución, al expresar que “Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”, caracterizándolas seguidamente como esencialmente obedientes y no deliberantes, además de profesionales, jerarquizadas y disciplinadas, ha obligado al legislador a establecer una serie de normas tendientes a asegurar el cumplimiento de la función militar, entendida como la capacidad del Estado, por intermedio de instituciones especializadas, destinada a garantizar la protección de la población, la preservación del territorio nacional y el resguardo de su soberanía. Dentro de esa normativa y, mirada desde la especialidad de las características de la función militar, se entiende la necesidad, para el correcto funcionamiento de las Instituciones de la Defensa, con su obvia repercusión en la seguridad de la Nación, de la reserva de su sistema de calificaciones, elaboración de listas de clasificación, formación de escalafón de complemento, de la lista anual de retiros y consideración de solicitudes de reincorporación. l) Destaca, asimismo, que la misma disposición legal establece que las Juntas de Selección y de Apelación de las FFAA son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones, de manera tal que la publicidad de sus sesiones y actas no facultaría al calificado a ejercer otras acciones que las que establece el procedimiento administrativo militar. Finalmente, hace presente que lo expresado en el Dictamen N° 24.103/2009 de la Contraloría General de la República, en cuanto a que la incorporación en lista de retiros no es una sanción disciplinaria, sino una medida que obedece al cumplimiento de una necesidad institucional. m) Finaliza señalando que, conforme a lo expresado precedentemente, dicho Ministerio considera plenamente vigente la disposición invocada por la FACH para no entregar al reclamante la información solicitada, como el apego de la disposición referida al art. 8° de de la Constitución Política de la República. 6) AUDIENCIA: En sesión ordinaria N° 91, de 6 de octubre de 2009, el Consejo Directivo de esta Corporación, junto con decretar la medida para mejor resolver ya aludida en el numeral anterior, ordenó, de oficio, que se realizara en el presente caso una audiencia pública, en conformidad con el art. 25, inc. final, de la Ley de Transparencia, con el fin de recibir antecedentes o medios de prueba para adoptar una adecuada decisión. Así, mediante Oficio N° 919, de 7 de diciembre de 2009, este Consejo convocó a las partes a la referida audiencia, la que se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2009, a las 09:30 horas. La audiencia pública fue realizada en el día y hora indicados, concurriendo a ella el reclamante, don Víctor Díaz Acuña y don Diego Saavedra, postulante de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial Región Metropolitana; en representación de la FACH, compareció doña Francisca García Soto, abogada de la Oficina de Transparencia FACH y don Edgardo Jara Sepúlveda, Coronel de Aviación, Jefe de la Oficina de Transparencia FACH. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia consagran el derecho de toda persona de acceder a la información de los órganos de la Administración del Estado que dicha Ley señala y que son: los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, los procedimientos que se utilicen para su dictación, la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones legales consagradas en el art. 21 de la Ley de Transparencia y otras leyes de quórum calificado, por las causales del art. 8º de la Carta Fundamental. 2) Que las normas legales recién citadas se encuentran en armonía con el art. 8° de la Constitución que dispone, en su inc. 2°, que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen, agregando que “sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. 3) Que, por lo tanto, la regla general establecida, tanto en la norma constitucional como legal, es la publicidad de los actos de los órganos del Estado, salvo que concurran a su respecto alguna de las causales de secreto o reserva constitucionales y que han sido desarrolladas en el art. 21 de la Ley de Transparencia. 4) Que, en el presente caso, lo discutido versa sobre la naturaleza pública o secreta de los fundamentos que llevaron a la Junta Especial de Selección del Cuadro Permanente de la FACH, a determinar la inclusión en la Lista de Retiros al reclamante. 5) Que la Ley N° 18.948, Orgánica Constitucional de las FFAA, dispone en su art. 26 lo siguiente: “Artículo 26(27).- En cada Institución se convocarán y constituirán, anualmente, Juntas de Selección, ordinarias o extraordinarias, conformadas por Oficiales, para el conocimiento, estudio y valorización de las calificaciones del personal, elaboración de las listas de clasificación, formación del Escalafón de Complemento y la Lista Anual de retiros y consideración de las solicitudes de reincorporación. Estas mismas Juntas podrán establecer bases de selección de aquellos que serán propuestos para el ascenso al grado jerárquico superior u otorgar el respectivo pase de ascenso, cuando corresponda. Se convocarán y constituirán, además, Juntas de Apelación, conformadas por Oficiales Generales o por Oficiales Superiores y Jefes, según corresponda. La Junta de Apelación para Oficiales será presidida por cada Comandante en Jefe y estará conformada exclusivamente por Oficiales Generales de la respectiva Institución. Las Juntas de Selección y Apelación de las Fuerzas Armadas son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emiten sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados, no correspondiendo a otros organismos ajenos a las respectivas instituciones castrenses la revisión de los fundamentos de sus decisiones. Las sesiones y actas de las Juntas serán secretas. El Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas establecerá las disposiciones complementarias sobre calificación del personal, la organización y funcionamiento de las diferentes Juntas que se constituyan en cada Institución, como asimismo su competencia específica y los recursos que procederán en contra de sus determinaciones” (lo destacado es nuestro). 6) Que el reclamante, en el presente amparo, ha sido categórico en mantener que la disposición transcrita en el considerando anterior –específicamente el inc. 6° que declara que las sesiones y actas de las Juntas referidas son secretas– no se encuentra vigente y que ha sido derogada tácitamente, pues después de la reforma constitucional del año 2005, se deben entender derogadas todas aquellas normas que declaren secretos o reservados los documentos, datos o informaciones que no se encuentren contempladas dentro de las excepciones a la publicidad expresamente señaladas en el art. 8° de la Constitución. 7) Que, por su parte, tanto la FACH en su calidad de órgano reclamado como el Ministro de Defensa en el informe requerido por este Consejo –el que ha sido resumido en el numeral 5 de la parte expositiva de esta decisión– han aseverado y afirmado la vigencia del art. 26, inc. 6°, en conformidad con la Constitución y con el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia –que establece la reserva o secreto de la información cuando se trate de documentos, datos o informaciones, que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el art. 8° de la Constitución– pues no sólo se trataría de una ley aprobada con quórum orgánico constitucional, superior al requerido por la Ley, sino además, se encontraría vinculada con una de las causales del art. 8° de la Constitución que exceptúan la publicidad de la información, en particular, con la seguridad de la Nación. 8) Que, asimismo, la Contraloría General de la República ha establecido la vigencia y concordancia del art. 26, inc. 6°, de la Ley N° 18.948 con el art. 8° de la Constitución en varios dictámenes a los cuales ya se ha hecho referencia a lo largo de esta decisión. A mayor abundamiento, el ente contralor ha establecido que no sólo las Juntas de Selección y de Apelación de las FFAA son soberanas en cuanto a las apreciaciones que emitan sobre la idoneidad, eficiencia profesional y condiciones personales de los calificados sino que, además, ha considerado que, encontrándose vigente la disposición aludida, las instituciones castrenses deben mantener en reserva las sesiones y actas que contienen los fundamentos de calificación realizada por las Juntas mencionadas. 9) Que el art. 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia reconoce el secreto o reserva de los documentos, datos o informaciones que hayan sido declarado reservados o secretos: a) por una ley de quórum calificado y b) de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política. El inciso 6º del art. 26 de la Ley N° 18.948, que declara secretas las sesiones y actas de las Juntas, cumple sobradamente con el primero de estos requisitos dado su rango orgánico constitucional. En cuanto a la causal dicho inciso se fundaría, según se ha señalado, en la protección de la seguridad de la nación. Para este Consejo parece evidente que el legislador estima que revelar esa información podría dañar la defensa nacional, al atentar contra el carácter disciplinado y no deliberante del personal de las Fuerzas Armadas. Por lo demás, habiendo una definición legislativa clara, expresa y precisa sobre este punto, y no sujeta a temporalidad alguna conforme al art. 22, inciso 1º, de la Ley de Transparencia, sólo cabe respetarla. 10) Que, en conclusión, y valorando los antecedentes recabados en el presente amparo, este Consejo Directiva estima que la información requerida en este caso, esto es, los fundamentos sobre cuya base la Junta Especial de Selección del Cuadro Permanente de la Fuerza Aérea de Chile se basó para incluir al reclamante en la Lista de Retiros correspondiente, es reservada o secreta, debido a que se ha configurado fehacientemente la causal consagrada en el art. 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, no debiendo divulgarse la información individualizada, pues afectaría la seguridad de la Nación, como ya se ha demostrado a lo largo del presente procedimiento. En consecuencia, este Consejo, procederá a rechazar el amparo interpuesto. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo interpuesto por don Víctor Díaz Acuña en contra de la Fuerza Aérea de Chile, por las consideraciones ya señaladas. II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Víctor Díaz Acuña, al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile y al Ministro de Defensa (copia informativa). Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.