Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C997-11

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Reclamante:	INVERSIONES ROSARIO LIMITADA
Reclamado:	MINISTERIO DE ENERGÍA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Ministerio de Energía, fundado en que éste organismo le denegó la información solicitada sobre resoluciones o Decretos Supremos que aprueben cesiones de contrato, modificaciones, aclaraciones o complementaciones de contratos y otras que tengan incidencia en el Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) de cual es titular Geopark Chile Ltda.. El Consejo rechazó el amparo ya que señaló que atendidas las particularidades del CEOP la cláusula de confidencialidad constituye una especial forma de resguardar las funciones del Estado de Chile relativas a la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contienen hidrocarburos líquidos, sustancias que tienen un tratamiento especial en la Constitución Política de la República, como ya se ha señalado en atención a su relevancia estratégica. En efecto, dicha cláusula se ha incorporado en virtud de la atribución competencial que la Carta Fundamental atribuye al Presidente de la República a efectos de establecer las condiciones generales y requisitos de los contratos de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos , y parece lógico entender que constituye un factor que contribuye a consolidar el régimen especial de los CEOP. Siendo así, se estima que divulgar la información reclamada ––que se encuentra precisamente cubierta por la cláusula de confidencialidad–– vulneraría una obligación que integra un estatuto definido por el Jefe de Estado en virtud de la Constitución, desincentivando la suscripción de estos contratos y arriesgando la responsabilidad civil del Estado, lo que afectaría de manera cierta, probable y específica el interés nacional en lo referido a los intereses económicos o comerciales del país, Por ello, divulgar la información reclamada implicaría quebrantar este régimen de protección afectando sus derechos de naturaleza económica o comercial de un modo cierto, probable y específico.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/25/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C501-09 C587-09 C841-11 C783-10 C839-10 C380-11 C641-10 C722-10
Jurisprudencia a:	C690-14 C4408-17 C1791-12 C2163-14
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Derecho de acceso a la información >> Como derecho fundamental >> Otros
Descriptores analíticos:	Industria (Productividad)

DECISIÓN AMPARO ROL C997-11 Entidad pública: Ministerio de Energía Requirente: Aldo Poblete Flores Ingreso Consejo: 04.08.2011 En sesión ordinaria N° 312 del Consejo Directivo, celebrada el 20 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C997-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 23 de junio de 2011 don Aldo Poblete Flores solicitó al Ministerio de Energía (en adelante, indistintamente “el ministerio”) lo siguiente: a) Resoluciones o Decretos Supremos que aprueben cesiones de contrato, modificaciones, aclaraciones o complementaciones de contratos y otras que tengan incidencia en el Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) de cual es titular Geopark Chile Ltda., aprobado por D.S. N° 5, de fecha 9 de enero de 1997, del Ministerio de Minería, que recae sobre el bloque Fell XII Región. b) Anexos de las antedichas resoluciones. c) Informes de Geopark Chile Ltda. o del Ministerio de Energía, que establezcan cuales pozos de hidrocarburos son comercialmente explotables, para efectos de determinar cuáles pozos serán explotados. d) Se le informe el estado actual del CEOP, informando si la etapa actual de explotación ha concluido. e) Se le permita revisar en las dependencias del Ministerio de Energía todos los antecedentes asociados al CEOP de Geopark Chile Ltda. sobre el bloque Fell, en la fecha y hora que se fije al efecto. 2) OPOSICIÓN DEL TERCERO INTERESADO: En virtud del artículo 20 de la Ley de Transparencia el Ministerio de Energía comunicó dicha solicitud a la empresa GEOPARK Chile Ltda. a través de la Resolución N° 650, de 28 de junio de 2011. El 1° de julio ésta se opuso a que se entregase la información requerida, señalando que: a) El requerimiento contraviene el artículo 21 N° 1 c) de la Ley de Transparencia: tiene carácter genérico al comprender un conjunto de información que importaría entregar y/o poner a disposición del solicitante todos los antecedentes del CEOP Bloque Fell, y abarca un elevado número de actos, documentos y antecedentes (técnicos, comerciales, financieros, operacionales, etc.). Asimismo, la petición de contar con la “oportunidad para revisar” en las dependencias del ministerio “todos los antecedentes relativos al CEOP” implica distraer importantes recursos humanos y materiales del ministerio para atender un requerimiento que a todas luces carece del interés particular o específico que exige la ley. b) Este CEOP, celebrado el 29 de abril de 1997, ha estado en vigencia durante más de doce años a la fecha y próximamente concluirá su fase de exploración. El Estado ha sido representado por el Ministerio de Minería, primero, y por el Ministerio de Energía, a partir del 10 de febrero de 2010. Por su parte, el contratista ha sido conformado por distintas compañías (al inicio Cordex lne, después Oil Gener y luego Geopark) en asociación con ENAP. c) De aceptarse la solicitud se conculcaría el deber de confidencialidad que emana del punto 17.1 del CEOP: "[s]alvo acuerdo de las partes, las mismas mantendrán con carácter confidencial todos los datos e informaciones técnicas que se obtengan, durante la vigencia de este contrato". Esta cláusula hace que el Estado sólo pueda revelar información con el consentimiento expreso de Geopark, que no ha existido y que en esta oposición se niega expresamente. Por lo mismo, Geopark ha tratado como confidenciales todos los datos e informaciones técnicas relacionadas con las operaciones petroleras relacionadas con este CEOP, sean del periodo de Geopark o al de sus antecesores. La información solicitada por el Sr. Flores y que Geopark ha entregado al Ministerio incluye comunicaciones oficiales, comunicaciones informales, reuniones y otros tipos de intercambio de información que no corresponden a información de carácter público. d) La entrega de la información solicitada generaría perjuicios económicos a Geopark, pues constituye información sensible de su negocio derivada de su gestión empresarial, y de complejos y costosos procesos que requirieron años de investigación, así como de la importación de compleja y costosa maquinaria y del dedicado trabajo de numerosos profesionales. Estos estudios han decidido el destino de las cuantiosas inversiones que ha realizado Geopark en el área del CEOP, son de su propiedad y deben compartirse con el Estado de Chile. Además, tienen enorme valor para muchas actividades comerciales que pueden desarrollarse en el área del CEOP y para las operaciones petroleras que terceros desarrollan en las zonas aledañas. El Ministerio de Energía resolvió la solicitud de acceso a través de la Resolución Exenta N° 0414, de 22 de julio de 2011, que deniega parcialmente el requerimiento, particularmente en lo referido a la información de carácter técnica relacionada con el CEOP que obra en su poder, en razón de la oposición manifestada por la empresa Geopark y haciendo referencia al artículo 1.7 del CEOP. En la respuesta el ministerio informa al solicitante que: a) Actos administrativos relacionados con el CEOP –literal a) de la solicitud–: Sólo puede entregar los que se encuentran en su poder en virtud del traspaso de competencias derivado de la Ley N° 20.402, que creó el Ministerio de Energía, pudiendo recurrirse al Ministerio de Minería para recabar otros antecedentes que pudiesen existir en dicha Secretaría de Estado, atendidas las atribuciones que poseía antes de la dictación del señalado cuerpo legal. b) Estado actual del CEOP –literal c) de la solicitud–: Comprende una fase de exploración compuesta de una fase inicial y otra complementaria. La inicial, de doce años y nueve meses, terminó en mayo. La complementaria finalizará el 25 de agosto de 2011. c) Revisión de los antecedentes que obren en poder del ministerio –literal e) de la solicitud–: Rechaza el requerimiento por la oposición del tercero y por no apreciarse en los fundamentos que abonen esta petición. d) Datos e informaciones técnicas que se encuentran en poder del ministerio y que hayan sido entregados en cumplimiento de los deberes de entrega de información contemplados en el CEOP: Rechaza esta parte en virtud de la oposición manifestada por la empresa Geopark. 3) AMPARO: El 11 de agosto de 2011 don Aldo Poblete Flores, en representación de la empresa Inversiones Rosario Ltda., dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Ministerio de Energía, fundado en que éste organismo le denegó la información solicitada en virtud de la oposición deducida por la empresa Geopark. Argumentó, en resumen, lo siguiente: a) Geopark ejecuta actividades de exploración y explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos en virtud del CEOP Bloque Fell. Dentro del Bloque Fell se ubica la Estancia Punta Delgada, cuya propiedad pertenece a Inversiones Rosario Limitada. b) Geopark ha sometido 73 proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos a evaluación ambiental. 68 cuentan con Resolución de Calificación Ambiental favorable e implican la construcción de más de 170 pozos, caminos de acceso a los mismos y líneas de flujo que conecten los pozos productores con gasoductos o plantas de procesamiento de hidrocarburos, también construidos y operados por dicha empresa. c) Las actividades económicas de Geopark se desarrollan en predios de propiedad de la empresa Inversiones Rosario Ltda. y generan un alto impacto ambiental, perturbando y amenazando el derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita de esta última empresa. Por ello resulta del todo razonable que ésta consulte acerca de las mismas, la duración de la fase de exploración, la cantidad de pozos que se pretende construir en la estancia y cuáles serán explotados a futuro (pozos comercialmente explotables) y se encuentran abandonados, así como acerca del estado actual del CEOP Bloque Fell. d) No aprecia razones legales para rechazar la solicitud de acceder a los expedientes asociados a dicho contrato, especialmente considerando que el propio CEOP establece, por ejemplo, que Geopark debe contratar seguros que garanticen el pago de indemnizaciones por contaminación ambiental y por daños a terceros. Todo ello otorga aún más relevancia a este amparo, sin perjuicio que Inversiones Rosario Ltda. no está obligada, conforme a la ley, a expresar razón, motivo o antecedente que justifique la solicitud de información planteada ante el Ministerio de Energía. e) En relación a la respuesta entregada por el Ministerio de Energía, argumenta lo siguiente: i. La respuesta no alude a las razones que motivan la denegación parcial de la solicitud ni justifica la reserva de la información excluida, toda vez que el Ministerio se limita a exponer la oposición deducida por la empresa Geopark, sin referirse a las razones para considerar ciertas piezas de los expedientes requeridos como secretas o reservadas. El artículo 21 de la Ley de Transparencia contiene un listado taxativo de las causales de reserva que no contempla la oposición manifestada por terceros. Si la oposición no invoca alguna de esas causales o éstas resultan inexistentes no cabe la reserva. ii. La resolución denegatoria adolece de una doble falta de expresión de causa: ni se pronuncia sobre si la oposición del tercero fue fundada, pese a que ni siquiera cita alguna causal, sino que tampoco proporciona los argumentos fundantes para declarar la reserva de cierta información, en circunstancias que la normativa exige, además de la negativa, que el tercero justifique la afectación de sus derechos. No basta esgrimir la afectación de un mero interés, pues sólo así puede tener algún sentido el procedimiento de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. iii. Tal como lo ha reconocido el Consejo para la Transparencia la eventual pugna entre la pretendida prohibición de entrega en virtud de la oposición de un tercero y las causales de reserva o secreto establecidas en el artículo 21, debe resolverse manteniendo el secreto sólo en cuanto la información requerida se encuentre dentro de alguna de dichas causales. Así, el Ministerio de Energía no puede ampararse en la oposición deducida por un tercero para no revelar la información. Para ello debe configurarse alguna de las situaciones determinadas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. iv. Que el Ministerio no señale en su respuesta los antecedentes concretos para fundamentar la reserva constituye, en sí, una infracción al artículo 23 de la Ley de Transparencia, pues ni siquiera es posible saber cuántos actos administrativos y documentos están involucrados en la reserva decretada por el Ministerio de Energía, ya que no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8° letra d) del Reglamento de la Ley de Transparencia, lo que a su juicio constituye un antecedente que deberá ser considerado al momento de resolver el amparo. f) Agrega que el ministerio no sólo denegó parcialmente el acceso a la información solicitada, sino que también prohibió revisar los expedientes administrativos asociados al CEOP bloque fell y declaró secreta tal información sin justificar la forma en que el acceso a la misma afectaría derechos de carácter comercial o económico de la empresa Geopark, y sin que existan tampoco antecedentes que justifiquen la declaratoria de reserva. Asimismo, respecto al acuerdo de confidencialidad del CEOP y la afectación de los derechos comerciales y/o económicos de Geopark, indica que no se enmarcan dentro de las excepciones contenidas en la Ley de Transparencia ya que no se encuentran debidamente fundadas. g) El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental -tal como ha reconocido el Consejo para la Transparencia en diversas decisiones-, por lo que los casos de secreto deben interpretarse en forma restringida y estricta, deben fundamentarse y justificarse en forma fehaciente y su prueba queda de cargo de quien las alega, esto es, al órgano público o al tercero que se opone a la entrega de la información. De allí que las meras afirmaciones formuladas no basten para acreditar la causal de reserva invocada. h) La negativa reviste la mayor gravedad dado que la información que se solicita no versa sobre antecedentes comerciales o financieros de Geopark. Sólo se pretende averiguar cuántos pozos han sido declarados comercialmente explotables (para lo cual la solicitud se refirió a informes técnicos, ya sea de Geopark o del Ministerio); cuántos pozos se encuentran en desuso o abandono; cuál es el plan de inversión para el año 2011 (cuántos pozos se construirán este año y los venideros); cuáles son los seguros de que dispone Geopark para hacer frente a eventos de contaminación y daños a terceros; cuál es el área que comprende el CEOP Bloque Fell; cuál es la cantidad de petróleo y de gas que, anualmente, el Ministerio de Energía exige de Geopark con el objeto de abastecer la demanda nacional, etc. El objetivo es determinar el impacto que estas actividades causarán en la Estancia Punta Delgada (propiedad de Inversiones Rosario Ltda.), donde se ejecutan labores mineras al alero del CEOP Bloque Fell. Además, la solicitud pretendía conocer cuando concluía la etapa de exploración de dicho contrato y cuántos pozos serán explotados dentro de la Estancia, y los demás antecedentes referidos, pues la actividad petrolera colisiona indefectiblemente con la actividad ganadera y turística que se desarrolla y pretende ejecutar en ella por parte de la empresa Geopark. i) Finalmente solicita que: a) Se declare que la Resolución Exenta N° 0414 no se encuentra debidamente fundada, al tenor de la Ley de Transparencia y que en la especie no concurre causal de reserva alguna; b) Se ordene al Ministerio de Energía informar: cuántos pozos han sido declarados comercialmente explotables; cuántos pozos se encuentran en desuso o abandono; cuál es el plan de inversión para el año 2011 y para años venideros; cuáles son los seguros de que dispone Geopark para hacer frente a eventos de contaminación y daños a terceros; cuál es el área que comprende el CEOP Bloque Fell; cuál es la cantidad de petróleo y de gas que, anualmente, el Ministerio de Energía exige de Geopark con el objeto de abastecer la demanda nacional, y toda otra información que no tenga el carácter de reservada; c) Se ordene al Ministerio de Energía fijar día y hora para concurrir a sus dependencias a revisar los antecedentes asociados al CEOP Bloque Fell, disponiendo el completo acceso a todos los expedientes referidos al citado contrato, con excepción de la información que pudiera tener el carácter de reservada, conforme a la determinación que realice el Consejo; d) Se decrete como medida para mejor resolver la realización de una visita inspectiva en dependencias del Ministerio de Energía, con el fin de tomar conocimiento de la información que el órgano denegó al reclamante, en virtud de la oposición de la empresa Geopark. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo declaró admisible este amparo y lo trasladó al Sr. Subsecretario de Energía mediante el Oficio N° 2.137, en el cual le solicitó especialmente: (i) referirse a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información requerida; (ii) acompañar copia de todos los antecedentes incluidos en el procedimiento de notificación al tercero; informando el domicilio de la empresa Geopark, y (iii) remitir, bajo la reserva del artículo 26 de la Ley de Transparencia, la información objeto de la solicitud. Dicha autoridad formuló sus observaciones o descargos a través del Oficio Ordinario N° 1.360, de 9 de septiembre de 2011, argumentando lo siguiente: I. Falta de legitimación activa. a) Precisa que de los antecedentes acompañados por el requirente se desprende que la solicitud de acceso a la información fue realizada por el Sr. Aldo Poblete Flores a título personal, tal y como consta en la presentación efectuada electrónicamente (AU002W-0000182), en donde hace referencia textual al " ...ejercicio de mi derecho constitucional a presentar peticiones"; sin embargo, el reclamo fue formulado por Inversiones Rosario limitada, a través de su apoderado Sr. Aldo Poblete Flores. b) Argumenta que del artículo 12 de la Ley de Transparencia y 28 del Reglamento, se desprende que existe la posibilidad de ejercer el derecho de acceso a título personal o en representación de un tercero, debiendo indicarse al momento de formular la solicitud si se actúa a nombre propio o como apoderado o representante de otro, cuestión esta última que en la especie no sucedió dado que el solicitante formuló la solicitud a título personal. Por su parte, el artículo 24 de la Ley de Transparencia entrega la legitimación activa para deducir reclamación ante el Consejo para la Transparencia al "requirente", es decir, a quien previamente ha ejercido el derecho de acceso a la información, Tal criterio ha sido recogido por el Consejo para la Transparencia en la decisión de amparo Rol A269-09, cuyos razonamientos cita al efecto. c) Conforme a lo anterior, sostiene que la Sociedad Inversiones Rosario Limitada, carece de legitimación activa para interponer la acción de amparo del artículo 24 de la Ley de Transparencia, dado que no formuló solicitud de información alguna. II. Inexistencia de falta de fundamentación en la respuesta. a) Luego de razonar en torno a la exigencia de fundamentación de la respuesta denegatoria que exige el artículo 16 de la Ley de Transparencia, precisa que la respuesta pronunciada mediante la Resolución N° 0414, no adolece de "falta de motivación", como alega el reclamante, pues en ella se hizo mención expresa a que los motivos de la denegación eran aquellos invocados por el tercero opositor en su carta de oposición, es decir, a la existencia de una cláusula de confidencialidad en el CEOP Bloque Fell, así como a la afectación de derechos de carácter comercial y económico de la empresa Geopark, siendo además dicha carta perfectamente identificada en el considerando 4° de la misma resolución, con lo cual han quedado expuestos en forma clara, manifiesta y precisa los antecedentes y fundamentos jurídicos que motivaron la denegación de la información. Conforme a ello, expresa que la remisión efectuada a la carta de oposición del tercero cumple con la exigencia del citado artículo 16 en cuanto alude a las razones que motivan la decisión, más aún cuando dicha carta en cuanto tal forma parte del respectivo expediente administrativo de acceso a la información, al que el reclamante pudo tener acceso en cualquier momento, sin haberlo consultado. Cita al efecto lo razonado en la decisión de amparo C783-10. b) Reforzando lo anterior expresa que la posibilidad de fundamentar actos administrativos por remisión a informes se encuentra expresamente reconocida y con carácter general en el artículo 41, inciso final, de la Ley Nº 19.880, en cuanto dispone textualmente: "la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma", norma que a su juicio, es de aplicación al procedimiento especial de acceso a la información, por cuanto su aplicabilidad no ha de entenderse excluida en razón del principio de especialidad contemplado en el artículo 1° de la Ley N° 19.880, toda vez que dicha regla del artículo 41 in fine no contradice la norma especial del artículo 16 de la Ley de Transparencia, no desvirtúa su objeto, ni impide que se cumpla el fin de dicha disposición, cual es permitir que quien solicita acceso a la información, conozca los motivos de la denegación a la misma. Al respecto cita los Dictámenes de la Contraloría General de la República N°s 33.255/2004; 45.503/2005; 20.119/2006; 17.329/2007 y 32.762/2009, que se refieren a la supletoriedad del artículo 1° de la Ley N° 19.880, aludiendo además al origen de dicha norma, expresando que ha sido tomada íntegramente del ordenamiento jurídico español. c) En este sentido precisa que el concepto "informes" debe entenderse en sentido amplio, pudiendo el mismo abarcar tanto opiniones emanadas de un órgano de la Administración del Estado, como de particulares, como sería la situación prevista en la legislación de transparencia en relación con los terceros opositores (MORAGA KLENNER, Claudio. Tratado de Derecho Administrativo, La actividad formal de la Administración del Estado, Tomo VII. Santiago de Chile: Abeledo Perrot, 2010, p. 215). Agrega al efecto que la motivación de los actos administrativos por medio de informes, denominada doctrinalmente como motivación no contextual o in aliunde, conlleva la ficción de considerar que forman parte del acto administrativo respectivo los informes que lo preceden, siendo necesario para que ella pueda operar que se realice una referencia expresa al informe en cuestión en el respectivo acto (GARCÍA TREVIJANO, José. Los Actos Administrativos. Madrid: Civitas, 1986, p. 151). Para fundamentar dicha interpretación cita doctrina de autores nacionales y extranjeros, así como jurisprudencia del Tribunal Supremo Español. III. Formula las siguientes consideraciones en relación a la excepcionalidad del régimen jurídico de los Contratos Especiales de Operación Petrolera (CEOP): a) El asunto sub lite, es de especial trascendencia pues dice relación directa con el régimen jurídico al que se encuentran sometidas la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestro país, al tenor del régimen consagrado en el articulo 19 N° 24, inciso 10, de la Constitución Política de la República. b) Expresa que de acuerdo a dicho precepto, los derechos y obligaciones generales de los contratistas especiales de operación se encuentran en el correspondiente Decreto de Requisitos y Condiciones, el cual opera como verdadero marco dentro del cual se moverá el CEOP respectivo (VERGARA BLANCO, Alejandro. Instituciones de Derecho Minero. Santiago de Chile: Abeledo Perrot, 2010, p. 656). A este respecto, indica que la Contraloría General de la República ha destacado en su dictamen Nº 33.716, de 2 de noviembre de 1982, la atribución competencial que la misma norma significa a favor del Presidente de la República. c) Indica que de lo señalado se desprende que el establecimiento de los derechos y obligaciones de los contratistas especiales de operación, compete al Presidente de la República, quien en el marco de las atribuciones que le otorga directamente la Constitución Política de la República (artículo 19 Nº 24, inciso 10º), puede fijar las que estime convenientes para el adecuado aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos nacionales. En tal sentido, precisa que el artículo 15, inciso 29, del Decreto Nº 5, de 9 de enero de 1997, del Ministerio de Minería, que establece los requisitos, términos y condiciones del contrato especial de operación para exploración y explotación de hidrocarburos en el denominado Bloque Fell, dispone que: "El Contrato contendrá además estipulaciones conducentes a asegurar el aprovechamiento de los yacimientos de hidrocarburos que puedan descubrirse, así como cláusulas y compromisos que sean nacional e internacionalmente conocidas y utilizadas para convenios de la misma o similar naturaleza, o que tengan por objeto su adecuada ejecución". d) Teniendo en cuenta lo señalado es que el artículo 17.1 del contrato especial de operación petrolera, Bloque Fell, establece expresamente: "Salvo acuerdo de las Partes las mismas mantendrán con carácter confidencial todos los datos e informaciones técnicas que se obtengan, durante la vigencia de este contrato", de lo cual resulta claro que se salvaguarda la información técnica obtenida por el contratista especial, garantizándole su uso exclusivo durante el período de vigencia del contrato especial. En relación a las cláusulas de confidencialidad, señala que son de muy extendido uso en materia de exploración y explotación de hidrocarburos, atendidos los grandes costos inherentes a la obtención de la información técnica, la que constituye el elemento esencial a efectos de llevar a cabo las decisiones de inversión por parte de la empresa de exploración. De ahí que la existencia de estas cláusulas constituyan un elemento esencial para la materialización de las inversiones en materia no sólo petrolera, sino que asimismo minera (cita al efecto HARDWICKE-BROWMN, M. "Confidentiality and Dispositions in the Oil and Gas lndustry" /en/ Alberta Law Review, Vol. 35 Nº 2, 1997, p. 356-388; ONORATO, W. Y PARK, J. "World Petroleum Legislation: Frameworks that Foster Oil and Gas Development". /en/ Alberto Law Review, Vol. 39, Nº 1, 2001, p. 70-126). e) Por otra parte, expresa que los derechos del contratista son libremente transferibles, según contempla expresamente el propio CEOP. De ahí que la libre circulación de la información afectaría de manera relevante el valor de cesión de los citados derechos, afectándose con ello los derechos económicos adquiridos por el contratista en el mismo CEOP. f) Finalmente, en relación a este especial régimen constitucional, señala que el reparto competencial dispuesto en la Constitución Política de la República en materia de derechos y obligaciones de los contratistas especiales de operación, constituye un supuesto de excepción constitucional al principio de máxima divulgación contemplado en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, este Consejo trasladó al presente amparo a la empresa Geopark Fell SpA, mediante el Oficio N° 2.456, de 22 de septiembre de 2011, quien el 12 de octubre del año en curso, a través de su representante formuló sus observaciones y descargos al amparo, ratificando su oposición a la entrega de la información solicitada, en base a los siguientes argumentos: I. Falta de legitimación activa de Inversiones Rosario Limitada para recurrir de amparo a) Expresa que la solicitud fue realizada por don Aldo Poblete Flores a título personal o en representación del estudio jurídico Carey & Allende Abogados, mas no en representación de quien deduce el amparo, es decir Inversiones Rosario Limitada. Lo cual puede fácilmente comprobarse revisando dicha solicitud, en la que el señor Poblete firma corno "Aldo Poblete Flores Carey & Allende Abogados" sin mencionar en ninguna parte de dicha solicitud era realizada por o en representación de una persona distinta a las allí señaladas. Asimismo, el Ministerio de Energía, en su Resolución Exenta N° 0414 de 22 de Julio de 2011, en el artículo primero de la parte resolutiva, señala textualmente: DENIÉGASE parcialmente la solicitud de acceso a la información pública formulada por el Sr. Aldo Poblete Flores, en representación de Carey & Allende Abogados, presentada con fecha 23 de Junio de 2011". b) Indica que si la solicitud hubiese sido deducida efectivamente por Inversiones Rosario Limitada, ello debiese haber sido obligatoria y expresamente señalado en su texto, de acuerdo al explicito mandato contenido en el artículo 12, literal a) de la Ley de Transparencia. En consecuencia, consta claramente que la solicitud no se realizó por quién deduce el amparo; además, aparece claramente en los mismos antecedentes que en la solicitud se incumplió el señalar el domicilio del solicitante. Agrega que el artículo 24 de la Ley de Transparencia señala expresamente que será el requirente quien tendrá "el derecho a recurrir al Consejo establecido en el título V, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información". c) Por lo tanto, no habiendo realizado solicitud de información alguna la empresa Invesriones Rosario Ltda. carece de legitimación activa para deducir amparo. Cita al efecto jurisprudencia emanada del Consejo para la Transparencia (amparos roles A312-09, C380-11, C841-11), señalando que ésta ha asentado el criterio planteado en relación a la legitimación activa que exige el artículo 24 de la Ley de Transparencia. II. La entrega de la información solicitada pondría en incumplimiento contractual a las partes del CEOP Bloque Fell (GeoPark y el Estado de Chile). a) Señala que Geopark se opuso en su momento a entregar la información requerida argumentando, entre otras razones, que de aceptarse la solicitud, se verían conculcados los derechos de reserva, confidencialidad y de propiedad que protegen a la empresa y al Estado de Chile respecto a las actividades de todo tipo realizadas en virtud del CEOP Bloque Fell, y que emanan del deber de confidencialidad establecido en el artículo 1.7 del CEOP, pues bajo este deber, amparado por el vínculo contractual, ambas partes, incluido el Estado chileno, sólo pueden revelar los datos e informaciones técnicas del contrato con el consentimiento expreso de la otra parte. Geopark no tiene voluntad de relevar del carácter confidencial que revisten estos actos. Asimismo, la falta de voluntad por parte del Ministerio de Energía en el mismo sentido se puede desprender claramente de su Resolución Exenta N° 0414, siendo por tanto clara la intención de las partes en orden a mantener la confidencialidad de la información técnica referida al CEOP Bloque Fell. b) En atención a la clara la intención de ambas partes, la cláusula de confidencialidad en comento tiene plena vigencia, siendo una ley para las partes al tenor de los prescrito en el artículo 1545 del Código Civil, tanto así que en cumplimiento de la obligación contractual señalada precedentemente, GeoPark ha tratado con carácter de confidencial todos los datos e informaciones técnicas relacionadas con las Operaciones Petroleras relacionadas a este CEOP, sin distinguir si ellas fueron adquiridas por Geopark o por los anteriores contratistas, pues el conocimiento de esta información por parte de un tercero al CEOP pondrá en incumplimiento de la cláusula contractual señalada a la parte que informe, comunique o divulgue esta información. c) Enfatiza que la información a la que se alude no tiene carácter público, en atención a que carece de los elementos señalados en el artículo 5° de la Ley de Transparencia, puesto que los datos e información técnica de Geopark no constituyen actos o resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, ni su fundamento, ni documentos que les sirven de antecedentes directos o esenciales. Asimismo, estos datos e información técnica fueron obtenidos por GeoPark utilizando sus propios recursos. Prueba de lo anterior es la denegación parcial de la solicitud por parte del ministerio, mediante la Resolución Exenta N° 0414, en que hizo entrega de toda la información que sí tenía dicho carácter. Lo cual, señala, es de suyo relevante y merece ser destacado, pues el Ministerio de Energía entregó la información referente al CEOP Fell de carácter público, denegando en cambio aquella que no tiene dicho carácter en virtud de las razones ya explicadas. d) Finalmente, precisa la necesidad de tener especial consideración la naturaleza jurídica del CEOP, por cuanto señala constituye un contrato ley. III. Afectación de los derechos económicos y comerciales de Geopark. a) Expresa que la entrega de la información solicitada vulneraría los derechos económicos y comerciales de Geopark, por cuanto todos los datos e información técnica que GeoPark ha adquirido, desarrollado, y generado para el CEOP Bloque Fell, son el resultado de una gestión empresarial que ha desarrollado mediante complejos y costosos procesos que requirieron años de investigación, y la importación de compleja y costosa maquinaria, y el dedicado trabajo de numerosos profesionales, dando como resultado complejos estudios que han decidido el destino de las cuantiosas inversiones que ha realizado GeoPark en el área del CEOP. Es decir, toda la información que GeoPark tiene sobre el Bloque Fell para el cumplimiento de las obligaciones que emanan del CEOP, es información que sus profesionales han desarrollado, o que ha adquirido pagando cuantiosas sumas de dinero, y por tanto le pertenecen. b) Esta información, cuya obtención requirió inversiones de capital, recursos financieros y humanos, y sobre la cual hay obligación de compartir con el Estado de Chile, tiene un enorme valor para muchas actividades comerciales que se pueden desarrollar en el área del CEOP, y son también de enorme valor para las operaciones petroleras que se desarrollan en las zonas aledañas por terceros en atención a la gran extensión y continuidad territorial que tienen las trampas geológicas que se encuentran en la zona y que constituyen el objeto de búsqueda para los exploradores de hidrocarburos, por lo que su entrega generaría no sólo un tremendo perjuicio económico al privado en cuanto a la posibilidad de recuperar en parte la cuantiosa inversión realizada para adquirir esta información, sino que también, y por las especiales características que tiene dicha información, le podrían poner en los incumplimientos contractuales que se han explicado, lo que a su vez conlleva exponerse a otro tipo de perjuicios. c) Por tanto, los datos e información técnica de propiedad Geopark en la zona del Bloque Fell son información de carácter especialísimo obtenida en el cumplimiento de un contrato especial. Agrega que si bien se trata de información a la cual se le podrían dar múltiples usos con fines de obtener réditos de carácter económico, no es generalmente conocida, ni mucho menos de fácil acceso para personas introducidas en los cirulos en que normalmente se usa este tipo de información. Lo que se ajusta a los criterios fijados por el Consejo para la Transparencia para determinar que la divulgación de determinada información empresarial afectaría los derechos comerciales y económicos del titular de los mismos (cita al efecto los razonamientos contenidos en las decisiones de los amparos A204-09 y C501-09). d) Geopark adopta todos los resguardos que le es posible para mantener el carácter de secreto de dicha información, entregando la misma sólo al Ministerio de Energía. Por otra parte, debido a sus obligaciones de reserva, obliga a sus empleados a firmar cláusulas de confidencialidad en sus contratos de trabajo, y a sus contratistas a mantener reserva y confidencialidad sobre esta información, elevándola contractualmente al nivel de secreto empresarial, a efecto de poder ejercer las acciones que al efecto estipula la Ley N° 19.039. e) Conforme a ello, sostiene que se configura en la especie la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo que concierne a la afectación de los derechos de carácter comercial y económico de la empresa Geopark, razón por la cual el amparo debe ser desestimado. f) Finalmente, a efectos de fundamentar lo señalado en sus descargos acompaña copia autorizada del Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos de Hidrocarburos Área Bloque Fell, de la XII Región de Magallanes; asimismo, a efectos de dar cuenta de las medidas adoptadas por la empresa para resguardar la información de su propiedad, acompaña copia simple del contrato privado de Perforación entre San Antonio Internacional S.A. GeoPark Fell SpA, y copia simple de contratos de trabajo de los empleados de la empresa de GeoPark Fell SpA. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, previo a analizar el fondo del asunto, es preciso abordar dos asuntos planteados por las partes: la legitimación activa para deducir este amparo y el fundamento de una respuesta denegatoria en caso de oposición de un tercero. Legitimación activa 2) Que en este caso la solicitud de acceso fue formulada ante el ministerio por don Aldo Poblete Flores actuando a nombre propio, pero posteriormente éste dedujo el amparo actuando en representación de Inversiones Rosario Ltda., acreditando tal personería en conformidad al artículo 22, inciso 2°, de la Ley N° 19.880. Este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles A269-09, A312-09, C380-11 y C841-11, ha resuelto que quien posee legitimación para deducir un amparo a su derecho de acceso a la información es sólo la persona que ha solicitado previamente la información a un órgano de la Administración del Estado, conforme los artículos 10 y siguientes de la Ley de Transparencia, lo que llevaría en principio a declarar la improcedencia de este amparo. 3) Que, sin embargo, a juicio de esta corporación debe precisarse esa jurisprudencia, pues la concurrencia del antedicho presupuesto debe apreciarse en función de un criterio finalista que atienda a la finalidad y sentido que poseen los procedimientos contemplados en la Ley de Transparencia, esto es, satisfacer el derecho fundamental de acceso a la información pública. Dado que esta última puede ser conocida por cualquier persona —sin que quepan restricciones a su empleo— la legitimación activa ante este Consejo se ve satisfecha si quien actuó en el procedimiento administrativo de acceso a la información como solicitante y acude a esta sede pidiendo amparo a su derecho es la misma persona, aún cuando haya invocando una calidad diversa al formular la solicitud, pues no tiene mayor sentido colocar exigencias adicionales, salvo que la identidad del requirente fuera un dato relevante para acceder a la información, como ocurre cuando se acude representando al titular de un dato personal que pide acceso a él o a una persona que pudiese oponerse a la entrega de la información solicitada si la pidiese un tercero (pues en ambos casos podría soslayarse indebidamente la comunicación que exige el art. 20 de la Ley). Fuera de estos casos el carácter secreto o público de la información solicitada opera respecto de todos los sujetos por lo que resulta irrelevante el problema planteado. Basta, entonces, que la persona que suscribe la solicitud inicial y el amparo sea la misma, para admitir a trámite este último, aplicando los principios de facilitación y no discriminación (artículo 11, literales f) y g) de la Ley de Transparencia) y el de mínima formalización (artículo 13, inciso 1°, Ley N° 19.880). 4) Que habiéndose verificado la identidad entre solicitante y reclamante en los términos expuestos en el considerando precedente, y no apreciándose el riesgo allí indicado, se desecharán las alegaciones relativas a la falta de legitimación activa y se entenderá que el sujeto activo de este amparo, y de la solicitud que le dio origen, es don Aldo Poblete Flores a título personal. Fundamentación de la respuesta denegatoria 5) Que, en lo que respecta a la aplicación del procedimiento de oposición contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, de los antecedentes adjuntos al amparo se colige que el Ministerio de Energía no dio cumplimiento a los plazos que exige dicha norma, por cuanto comunicó la solicitud al tercero una vez vencido el término de dos días hábiles que contempla dicha norma y, habiendo recibido la oposición del tercero oportunamente, respondió a la solicitud de información al cabo de quince días hábiles, lo que deberá ser representado al Sr. Subsecretario de Energía, en atención a los principios de oportunidad y responsabilidad estatuidos en el artículo 11, letras f) y g), de la Ley de Transparencia. Con todo, en atención a que el tercero formuló su oposición cumpliendo con los requisitos que exige la norma citada no cabe sino tenerla por interpuesta, pues no puede imputársele al tercero que el órgano requerido le haya comunicado su derecho a oponerse en exceso del plazo legal, sin perjuicio de lo que se resolverá, en definitiva, en torno al carácter público o reservado de la información. 6) Que, en caso de existir oposición del tercero, es suficiente que la respuesta denegatoria consigne este hecho y otorgue copia de la oposición, sin que quepa valorar la fundamentación en dicha sede. Así lo señala la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, sobre «Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información», publicada en el Diario Oficial de 17.12.2011( ). Por ello se rechazará la alegación del requirente en este punto. En cuanto al fondo 7) Que, de los antecedentes acompañados por el Ministerio de Energía a sus descargos se desprende que éste adjuntó a su respuesta la información a que se refieren las solicitudes de los literales a) y b) del apartado N° 1 de la parte expositiva ––Resoluciones o Decretos Supremos que tengan incidencia en el Contrato Especial de Operación Petrolera CEOP de la empresa GEOPARK y sus anexos––. Sin embargo, hizo presente en la misma respuesta que otros actos de la misma naturaleza podían encontrarse en poder del Ministerio de Minería en virtud del traspaso de competencias operado entre ambas carteras por medio de la Ley N° 20.402( ). En consecuencia, respecto de ambos puntos se rechazará el amparo al haber entregado el Ministerio de Energía la información que obraba en su poder salvo en cuanto a la información que pudiese obrar en poder del Ministerio de Minería, pues en tal caso debiese haberse empleado el procedimiento de derivación que contempla en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Por ello se requerirá al Ministerio de Energía derivar al Ministerio de Minería ambos puntos de la solicitud de información. 8) Que la solicitud del literal d) del N° 1 de la parte expositiva ––referida al estado actual del CEOP, con indicación de si la etapa actual de explotación ha concluido–– ha de tenerse por contestada por cuanto la respuesta entregada por el Ministerio de Energía se pronunció directamente sobre este punto en los términos requeridos por el solicitante. 9) Que, en virtud de lo razonado precedentemente este amparo se circunscribe a la información requerida en los literales c) y e) de la solicitud de acceso, esto es: (i) Informes emitidos por Geopark Chile Ltda. o el Ministerio de Energía, en que se establezcan cuáles pozos de hidrocarburos son comercialmente explotables; (ii) Todos los antecedentes asociados al Contrato Especial de Operación Petrolera de Geopark Chile Ltda. sobre el bloque Fell. Respecto de este último punto cabe consignar que si bien el reclamante solicitó textualmente autorización para «revisar en las dependencias del Ministerio de Energía todos los antecedentes asociados al CEOP de Geopark Chile Ltda. sobre el bloque Fell, en la fecha y hora que se fije al efecto», este Consejo ha considerado que ello constituye una modalidad particular de acceder a dicha información. 10) Que, respecto del primer punto descrito, cabe consignar que el CEOP contempla dos etapas sucesivas; la primera de exploración y la segunda de explotación, siendo un supuesto para que tenga lugar esta última que el contratista, una vez concluida la etapa de exploración, declare que el yacimiento es “comercialmente explotable”. De este modo, la solicitud en referencia parece aludir a los informes técnicos evacuados por el contratista o por el Ministerio de Energía para efectos de efectuar esa declaración respecto de determinados yacimientos de hidrocarburos ubicados en el Bloque Fell. Si bien el Ministerio de Energía no se pronunció sobre el particular ni en su respuesta ni en sus descargos, parece razonable estimar que dicha información no obraba en su poder a la fecha de la solicitud ––8 de agosto de 2011––, toda vez que al referirse al punto d) de la solicitud informó que el contrato se encontraba en etapa de exploración, la cual se extendería hasta el 25 de agosto de 2011. Con todo, para el caso que los informes en cuestión obrasen en poder del Ministerio de Energía, deberá atenderse a lo razonado en los considerandos 18° y siguientes. 11) Que, conforme al criterio establecido en la decisión de amparo Rol A107-09, de 17.09.2009, la solicitud referida a los «antecedentes asociados al CEOP» puede calificarse de “general” mas no de “genérica”, pues si bien no especifica un documento concreto, su fecha u otros datos, alude a la materia sobre que versa la información lo que tiene suficiente especificidad para satisfacer la exigida en el artículo 7° N° 1 c) del Reglamento de la Ley de Transparencia. En efecto, en su amparo el reclamante manifestó su interés de acceder a la información técnica relacionada con la operación del CEOP, concretamente la existente en las dependencias del Ministerio de Energía. En virtud de ello cabe presumir razonablemente que la solicitud alude a aquella información a que hace referencia el artículo 17.4 del CEOP, cuyo texto establece: «El Contratista deberá entregar oportunamente al Estado copia de toda la información técnica que vaya obteniendo durante la ejecución de las Operaciones Petroleras en su Área de Contrato, incluyendo, sin que ello importe limitación, datos geológicos y geofísicos, cintas magnéticas sísmicas, secciones sísmicas procesadas y los correspondientes datos de terreno, registros magnéticos y gravimétricos, todo ello en forma reproducible cuando corresponda, copias de informes geofísicos originales reproducibles de todos los perfiles eléctricos de los pozos perforados por el Contratista, incluyendo el perfil conjunto final de cada pozo y copia del informe final de perforación, muestras de testigos y de canaleta y copia de sus análisis, resultado de pruebas de producción y cualquiera otra informaci6n obtenida por el Contratista que tenga que ver con el registro o interpretación de datos de cualquiera clase, sin limitaciones». 12) Que, previo a definir si la información sobre que versa el amparo posee carácter público o reservado al tenor de la normativa contemplada en la Ley de Transparencia se hará una breve referencia al régimen especial de explotación de hidrocarburos que establece la Constitución Política de la República, así como a la situación particular del Contrato Especial de Operación Petrolera, Bloque Fell, XII Región. Régimen de explotación de hidrocarburos: a) La Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 24, inciso 6°, establece: «El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas… los depósitos de carbón e hidrocarburos(…)», estableciendo su inciso 7° que: «Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación». A su turno, el inciso 10 establece: «La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo» (énfasis agregado). b) El D.F.L N° 2/1987, que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 1.089, de 1975, que establece normas sobre contratos especiales de operación para la exploración y explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, en su artículo 1° define el contrato especial de operación como «aquel que el Estado celebra con un contratista para la exploración, explotación o beneficio de yacimientos de hidrocarburos, con los requisitos y bajo las condiciones que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso décimo del número 24° del artículo 19 de la Constitución Política, fije por decreto supremo el Presidente de la República» c) El D.F.L N° 302/1960, del Ministerio de Hacienda, que establece las disposiciones Orgánicas y Reglamentarias del Ministerio de Minería, en su texto anterior a la Ley N° 20.402, establecía en su artículo 5°, letra i), como una de las funciones del Ministerio de Minería, la de suscribir en representación del Estado, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Energía (la norma actual se refiere a la Comisión Chilena del Cobre) con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije por decreto supremo, los contratos especiales de operación a que se refiere el inciso décimo del número 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República; como asimismo le atribuye la función de ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado le señalen. El Contrato Especial de Operación Petrolera, Bloque Fell, XII Región: a) El D.S. N° 5/1997, del Ministerio de Minería, estableció los requisitos, términos y condiciones del Contrato Especial de Operación para la Exploración y Explotación de Yacimientos Hidrocarburíferos en la XII Región, Bloque Fell, autorizando al Ministerio de Minería para que, en representación del Estado de Chile y en las condiciones fijadas en el mismo acto administrativo, suscribiera dicho contrato con las empresas ENAP y Cordex Petroleums Inc., como empresas contratistas. Dando cumplimiento de lo anterior el contrato en cuestión fue celebrado, aprobándose por Resolución N° 10/1997 del Ministerio de Minería. Debido a sucesivas cesiones de derechos, realizadas tanto por ENAP como por el otro contratista –las cuales fueron debidamente aprobadas– el único contratista actual es la empresa GEOPARK Fell SpA. b) En virtud de este CEOP el contratista tiene el derecho exclusivo a realizar operaciones de exploración en el área del contrato, las que comprenden todos los trabajos que ejecute el contratista por sí mismo o por intermedio de subcontratistas para determinar la existencia de hidrocarburos o para evaluar un descubrimiento de hidrocarburos dentro del área del contrato. Si como resultado de estas operaciones el contratista declara un yacimiento comercialmente explotable , está facultado para realizar operaciones de explotación, las que comprenden todas las actividades referentes al desarrollo y explotación de los yacimientos, producción de los hidrocarburos, transporte, almacenamiento y entrega de los mismos, incluyendo, sin que ello importe limitación, la perforación de pozos, instalaciones para la separación de hidrocarburos líquidos de los hidrocarburos gaseosos, transporte de hidrocarburos, sistemas de cañerías e instalaciones de almacenamiento, también operaciones de reinyección de gas o agua, y actividades complementarias en relación con el contrato . En contraprestación de sus actividades el contratista recibe una retribución mensual del Estado pagadera en petróleo, equivalente a un porcentaje de la producción de petróleo del área de contrato. c) El artículo decimoséptimo del CEOP establece una “cláusula de manejo de información” que se encarga de regular la administración de los flujos de información que emanan del contrato, estableciendo deberes de confidencialidad para las partes. El artículo 17.1 establece que «…salvo acuerdo de las Partes las mismas mantendrán con carácter confidencial todos los datos e informaciones técnicas que obtengan, durante la vigencia del contrato». El artículo 17.2 agrega: «El contratista, sin embargo, podrá dar a conocer un descubrimiento de hidrocarburos u otra información importante, relativa a este descubrimiento, a sus afiliadas, consultores, instituciones financieras o la autoridad competente que se la solicite, comunicando de este hecho al Estado». El artículo 17.3 añade: «El Contratista deberá mantener en todo tiempo en Chile los originales o copias de la información técnica antes mencionada. No obstante lo anterior, el contratista podrá temporalmente sacar del país, previa autorización del Ministro o de la autoridad pertinente, las cintas magnéticas sísmicas originales referentes al área de contrato, para procesamiento o estudios especiales, sin necesidad de dejar copias de ellas en Chile». Finalmente, el artículo 17.4, transcrito en el considerando 11 precedente, se refiere a la información que el contratista deberá entregar al Estado. 13) Que, del marco normativo citado precedentemente se desprende que la información sobre que versa la reclamación ha debido ser remitida por la empresa Geopark Fell SpA al Estado de Chile, cuya representación en la celebración y ejecución del CEOP corresponde al Ministerio de Minería en función de lo dispuesto en el ya citado artículo 5°, letra i), del D.F.L N° 302 del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, conforme a la misma disposición reglamentaria dicha Secretaría de Estado puede ejercer, directamente o por intermedio de un organismo o empresa del Estado, funciones y derechos que el decreto supremo y el correspondiente contrato especial de operación antes mencionado establezcan. En consecuencia, habiéndose formulado la solicitud de información ante el Ministerio de Energía sin que éste haya controvertido la circunstancia que dicha información reclamada obre en su poder y, en cambio, haya dado aplicación al procedimiento de oposición del artículo 20 de la Ley de Transparencia, es dable presumir que la administración del CEOP y, consecuentemente, la administración de los flujos de información relativos al mismo corresponden en conjunto a ambos Ministerios como administradores del CEOP encargados de representar de los intereses del Estado. 14) Que, en consecuencia, la información objeto de la reclamación ha de presumirse pública —en principio— al tenor de lo dispuesto en el artículo 5° y 10 de la Ley de Transparencia, en relación con el principio de relevancia consagrado en el artículo 11 literal a), del mismo texto legal. Sin embargo, respecto de este punto el Consejero Sr. Jorge Jaraquemada estima pertinente hacer una prevención relacionada con su opinión manifestada p. ej., en las decisiones recaídas en los amparos Roles C722-10 y C839-10, respecto de la aplicación de la formula general de publicidad consagrada en las normas citadas, pues considera que en este caso la aplicación de estas normas se justifica desde una perspectiva finalista, pues se trata de información que tiene relevancia pública al permitir al Estado controlar la actividad que debe desarrollar un particular para satisfacer el interés público que justifica la celebración del CEOP, sin perjuicio que pudiese operar alguna causal que justificase mantenerla en reserva. 15) Que, en este contexto, procede a continuación analizar si se configura alguna de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 16) Que, para fundar su oposición la empresa Geopark invocó —en primer término— la causal de reserva comprendida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, vale decir, la afectación del debido cumplimiento de las funciones del Ministerio de Energía debido al carácter genérico de la solicitud, el elevado número de actos administrativos que involucraría y la distracción indebida de los funcionarios que conllevaría aceptarla. Sobre el particular, sin embargo, este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol C641-10, de 14 de enero de 2011 (considerando 13), ha establecido como criterio que “(…) la causal de reserva invocada, en cuanto protege el debido cumplimiento de la funciones del órgano requerido en el marco de un proceso decisional es privativa de dicho órgano, pues se estima que precisamente él se encuentra en la posición adecuada para ponderar la medida en que la divulgación de los antecedentes previos a la adopción de una decisión en el ejercicio de sus funciones puede afectar el debido cumplimiento de éstas. En consecuencia, al no haber alegado el Ministerio de Energía este supuesto específico de la causal, ella debe ser desechada, sin perjuicio de lo que se dirá más adelante respecto de la afectación del debido cumplimiento de sus funciones. 17) Que, por otra parte, en los descargos y la oposición se alegó el carácter reservado de la información requerida en base a la cláusula de confidencialidad que contempla el CEOP. Este Consejo ya ha razonado, en su decisión Rol C587-09, que la existencia de este tipo de cláusulas en contratos públicos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8º de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental. 18) Que no obstante esta declaración general, debe analizarse el caso específico que se ha sometido a este Consejo. Atendidas las particularidades del CEOP este Consejo estima que, en este caso, la cláusula de confidencialidad constituye una especial forma de resguardar las funciones del Estado de Chile relativas a la exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contienen hidrocarburos líquidos, sustancias que tienen un tratamiento especial en la Constitución Política de la República, como ya se ha señalado en atención a su relevancia estratégica. En efecto, dicha cláusula se ha incorporado en virtud de la atribución competencial que la Carta Fundamental atribuye al Presidente de la República a efectos de establecer las condiciones generales y requisitos de los contratos de operación para la exploración y explotación de hidrocarburos , y parece lógico entender que constituye un factor que contribuye a consolidar el régimen especial de los CEOP. Siendo así, se estima que divulgar la información reclamada ––que se encuentra precisamente cubierta por la cláusula de confidencialidad–– vulneraría una obligación que integra un estatuto definido por el Jefe de Estado en virtud de la Constitución, desincentivando la suscripción de estos contratos y arriesgando la responsabilidad civil del Estado, lo que afectaría de manera cierta, probable y específica el interés nacional en lo referido a los intereses económicos o comerciales del país, configurándose la hipótesis prevista en el artículo 21 N° 4 de la Ley de Transparencia. 19) Que, por lo mismo que se ha señalado, el régimen de confidencialidad que contempla este CEOP constituye un estatuto especial que protege la actividad del tercero que contrata con el Estado, en este caso, la actividad comercial que ejecuta la empresa Geopark Fell SpA. Por ello, divulgar la información reclamada implicaría quebrantar este régimen de protección afectando sus derechos de naturaleza económica o comercial de un modo cierto, probable y específico, en los términos exigidos por el art. 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 20) Que, por todo lo dicho, se rechazará el presente amparo. <h3> LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo interpuesto por don Aldo Poblete Flores en contra del Ministerio de Energía, por los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Subsecretario de Energía el no haber dado estricto cumplimiento a los plazos contemplados en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por constituir ello una transgresión de los principios de facilitación y de oportunidad consagrados en el artículo 11, literales f) y h) de la Ley de Transparencia. III. Requerir al Sr. Subsecretario de Energía que derive la solicitud de información, en lo que respecta a los puntos a) y b) al Ministerio de Minería, en conformidad al procedimiento descrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Aldo Poblete Flores y al Sr. Subsecretario de Energía. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente, don Alejandro Ferreiro Yazigi, y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.