Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4000-18

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Reclamante:	BENITO LANDAETA VILCHES
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía, ordenándose la entrega de los informes estadísticos y financieros mensuales exigidos a las cooperativas de ahorro y crédito del periodo 2012 al 2018. Lo anterior al no acreditarse suficientemente la afectación a sus derechos económicos y comerciales. Se rechaza el amparo respecto de la información contenida en dichos informes referentes a datos personales, por afectarse la esfera de la vida privada de personas naturales; como asimismo, la razón social de personas jurídicas -en su calidad de socios, clientes, avales, etc.- y toda información por medio de las cuales se las pueda identificar, siguiendo lo resuelto en este último caso, en el amparo Rol C1510-15.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/5/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3477-17 C377-13 C1510-15
Jurisprudencia a:	C5012-19 C870-20 C4422-20 C462-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4000-18 Entidad pública: Subsecretaría de Economía. Requirente: Benito Landaeta Vilches. Ingreso Consejo: 28.08.2018. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Economía, ordenándose la entrega de los informes estadísticos y financieros mensuales exigidos a las cooperativas de ahorro y crédito del periodo 2012 al 2018. Lo anterior al no acreditarse suficientemente la afectación a sus derechos económicos y comerciales. Se rechaza el amparo respecto de la información contenida en dichos informes referentes a datos personales, por afectarse la esfera de la vida privada de personas naturales; como asimismo, la razón social de personas jurídicas -en su calidad de socios, clientes, avales, etc.- y toda información por medio de las cuales se las pueda identificar, siguiendo lo resuelto en este último caso, en el amparo Rol C1510-15. En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4000-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de julio de 2018, don Benito Landaeta Vilches solicitó a la Subsecretaría de Economía, la siguiente información: a) "Plan de Cuenta de mayor detalle exigido a cooperativas de ahorro y préstamo. b) Informes mensuales exigidos a tales cooperativas, estadísticos, financieros, etc. c) Registro de incumplimientos a exigencias de informes, antes citados en que incurrió Financoop entre años 2012 y 2018. d) Forma de control de cumplimiento de encaje (...); e) Forma de control de cumplimiento de Ley de la Renta; f) Información disponible en a público sobre gestión de cooperativas. Aclaro, todo lo requerido es sobre función que ejerce por Ley de Cooperativas, el Departamento de Cooperativa de Ministerio de Economía. Concretamente de cada artículo del Capítulo IV". 2) RESPUESTA: Por medio de ordinario N° 6866, de fecha 22 de agosto de 2018, el órgano en resumen, en lo que importa, respecto a la letra b) del requerimiento, indicó que: "En cuanto a los informes mensuales exigidos a las cooperativas, se puede acceder a ellos en el sitio ya señalado (https://economiasocial.economia.cl), sección Oficina Virtual y luego a subsección Trámites en línea". 3) AMPARO: El 28 de agosto de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en que se "omite los informes estadísticos y financieros mensuales del periodo 2012 al 2018 (...) Razones no dan, simplemente confunden informes con formularios. Yo no pedí formularios". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Economía, mediante oficio N° E7467, de fecha 3 de octubre de 2018, requiriendo que: (1°) refiérase a las alegaciones del recurrente respecto a la información cuya falta de entrega objeta ante esta instancia; (2°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) en el evento de pretender complementar la respuesta inicialmente otorgada, remítasela directamente a la parte recurrente, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Posteriormente, el órgano por medio de ordinario N° 8497, de 19 de octubre de 2018, acompañó descargos, en donde en síntesis, señaló lo siguiente: a) El amparo se refiere a cuestiones que no fueron señaladas en su solicitud de acceso a la información pública, situación que vulnera el principio de congruencia procesal administrativa. En primer lugar, se entiende que el reclamante en su solicitud, requiere: "informes mensuales exigidos a tales cooperativas, estadísticas, financieras, etc." de forma amplia. En tal sentido, que la respuesta otorgada al requirente se le señaló el link en el que aparece el listado de los documentos solicitados y además tiene la posibilidad de descargar ejemplos, por lo que la información solicitada se entregó en su totalidad. Sin embargo, de la simple lectura del amparo, el reclamante varía en el objeto de la solicitud formulada, requiriéndose en su amparo: "informes estadísticos y financieros mensuales del periodo 2012 a 2018", sin tampoco señalar respecto de cual cooperativas se refiere, atendido a que a la fecha se encuentran registradas 5.680. b) La información entregada al reclamante de autos se encuentra absolutamente completa. Lo anterior se fundamenta en el hecho que la Subsecretaria hizo entrega de la información que el reclamante solicita, señalándole el link en la que aparece el listado de los documentos solicitados. c) La información a la que alude el reclamante en su reclamación no es posible que sea entregada de forma alguna, toda vez que es de carácter secreta o reservada. El artículo 105, de la Resolución Exenta N° 1321, de fecha 11 de junio de 2013, que dicta normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo, señala los documentos que deben acompañar mensualmente las cooperativas de importancia económica. Esta información es registrada en un sistema informático denominado "Supervisionac", el que cuenta con clave y "Nickname" del funcionario que efectuará, tanto el tratamiento de datos como de la fiscalización correspondiente a dichos documentos, y no se encuentra de libre acceso al público por expresa disposición de la ley. El inciso segundo del artículo 154 del reglamento de la ley General de Cooperativas vigente, dispone lo siguiente: "los datos personales de los socios, incluyendo las operaciones de depósitos, ahorros y demás captaciones de cualquier naturaleza que reciban las cooperativas de ahorro y crédito quedarán sujetas al tratamiento de reserva establecido por la ley 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personales". De revelarse la información solicitada por el requirente en su amparo, afectaría los derechos de carácter comercial o económico de terceras personas, ya que lo solicitado incluye antecedentes como balance mensual cuentas de activos, pasivos y resultados, colocaciones con tramo de morosidad, endeudamiento consejeros y funcionarios, tasas de interés (cobradas y pagadas), calce de plazos, encaje, patrimonio efectivo, antecedentes administrativos, direcciones de sucursales, número de socios, captaciones, toda aquella información relativa al giro de ahorro y crédito, tanto de la Cooperativa, de los socios de la cooperativa, como de terceros, información que por el artículo 154 del reglamento ya citado, se encuentra sujetas al tratamiento de reserva de la Ley 19.628, y su divulgación puede afectar sus derechos fundamentales a la vida privada e intimidad, configurándose la hipótesis de reserva prevista, tanto en el inciso 2° del artículo 8° de la Carta Magna, como en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. d) Ahora bien, por otra parte, el reclamante no especifica en su amparo la cooperativa respecto de la cual requiere los documentos. Por lo tanto, si se considera a las 5.680 cooperativas, de distintos rubros registradas en la Subsecretaría, más el periodo comprendido por el requirente, que abarca desde el año 2012 a 2018, hacerse cargo de lo solicitado en el amparo, implicaría esfuerzos desproporcionados, por lo que se estima que se configura además la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 N° 1 letra c) de la ley 20.285, atendido que la referida actividad implica, que no sólo se debe efectuar una importante labor administrativa por parte del analistas, consistente en revisar de la información disponible de las 5680 cooperativas registradas, sino que de la encargada de transparencia en leer y tachar los documentos respectivos. En efecto, si se calcula una revisión de cada cooperativa de 10 minutos por cada expediente y se multiplica por la cantidad de cooperativas, daría un total de 21 semanas para la sola revisión de la información, a esto se le debe sumar a la labor que debe efectuar la labor del encargado de transparencia entre revisar y tachar los datos sensibles, daría un total de 30 semanas para hacerse cargo del requerimiento de información. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante oficios N° 226 y 280, de fecha 4 y 12 de febrero de 2019, este Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Transparencia, solicitó al órgano entre otras cosas, explicar y remitir la información objeto de este amparo, lo cual se envió por medio de oficios N° 1335 y 1638, de 11 y 15 de febrero, respectivamente. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a las Cooperativas de Ahorro y Crédito interesadas en el presente amparo, mediante los oficios Nos 340 a 379, todos de fecha 21 de febrero de 2019. Las cooperativas de ahorro y crédito que evacuaron traslado, refirieron en síntesis, lo siguiente: a) Cajanova: Se opuso en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, señalando que tendría perjuicios sobre su organización y su credibilidad frente al mercado, puesto que la publicación de dicha información podría afectar la confianza que terceros han depositado en ella. Asimismo, precisó que podría afectarles comercialmente a través de perjuicios a terceros. b) Unioncoop: indicó que el solicitante no es socio de la cooperativa. c) Coopacsi: Refirió que lo solicitado no corresponde a información propia de la cooperativa. d) Copaga: Se opuso a la entrega de lo solicitado, alegando la causal del artículo 21 N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, ya que al solicitar información de la operación de un agente de comercio y aspectos relevantes de su actividad y negocio implican acceder a información confidencial como también la igualdad que debe profesar la autoridad en el trato económico y el derecho de dominio. Las cooperativas de ahorro y crédito son entidades privadas. Por tanto la información que ellas generan son de su propiedad. Respecto de lo pedido, la ley expresamente establece la obligación de reserva de las mismas. En particular, el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, dispone que: "Los funcionarios del Departamento de Cooperativas estarán obligados a guardar reserva acerca de los documentos y antecedentes de las cooperativas, siempre que tales documentos no tengan el carácter de públicos ni se trate de requerimientos de algún Poder del Estado". Las cooperativas deben entregar mensualmente información que dice relación con las estrategias, políticas adoptadas y forma de llevarla a cabo, para desarrollar su actividad económica. Si un tercero tiene acceso a ella, puede crear estrategias que desvíe a potenciales clientes y se constituya en un potencial competidor con información que lo ha puesto en una posición privilegiada, lo que es un atentado contra la libre competencia. También se produce una afección al derecho a la igualdad de trato en el ejercicio de la actividad económica, al permitir establecer una especie de gravamen a las cooperativas en el ejercicio de su actividad, en comparación con las restantes personas que pueden llevar a cabo la actividad financiera. En efecto, de permitirse la publicidad de la información que las cooperativas entregan, las coloca en una situación desmedrada, porque el resto de los competidores tendrán conocimiento sobre la forma en que desempeñan su actividad. Los Informes mensuales contienen la composición detallada del activo y pasivo, conforme a los distintos tipos de créditos, incluso datos específicos de cada operación, como el monto de la misma, tasas de interés, documentos de garantía y fechas de vencimiento. Lo anterior, además categorizado según los montos de los créditos. Adicionalmente se entrega antecedentes de los socios, inversiones de activos fijos de la cooperativas, datos y estratificación de deudores, detalles de las cuentas de ahorro y a plazo, etcétera. La única razón por la que se le entrega la información a la Subsecretaría de Economía, es porque existe una obligación legal, sustentada en la fiscalización que la ley encomienda a esta entidad administrativa. e) Araucaníacoop: Señaló que la información de carácter público requerida se encuentra disponible en el sitio web de la cooperativa, y del órgano reclamado, y que cualquier otro tipo de información de carácter comercial relacionada con las operaciones realizadas por los socios, conforme a lo establecido en el artículo 118 de sus estatutos, se encuentra sujeto a secreto, siendo sólo el titular quien debe autorizar la divulgación de los mismos, por cuanto su entrega podría significar una vulneración de la garantía constitucional consagrada en el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución Política, que asegura a todas las personas "el respeto y protección a la vida privada". Habida consideración que la divulgación de todo otro tipo de información conlleva la posibilidad cierta de afectación de los derechos comerciales y económicos de sus socios, se configura en relación con los documentos referidos, la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. f) Mantecoop: La Ley de Transparencia no es aplicable a las instituciones particulares dentro de las cuales se encuentra la cooperativa, quien sólo capta dinero de los propios socios y les otorga préstamos sólo a aquellos; es una cooperativa cerrada, no captan dinero del público y no otorgan crédito al público. Se cita el artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, antes señalado. g) Solidaridad: Refiere no inteligir lo solicitado, refiriendo que no tiene reparos para difundir la información oficial y de carácter público que maneja el órgano. h) Cooperlacar: Señala que lo solicitado debería ser entregada por la subsecretaría, o bien, indicar qué información necesitan de la cooperativa. i) Ahorro Maule: indica que el oficio solicitado debió ser dirigido a Financoop. j) Mujercoop: Señaló no tener inconveniente a que se acceda a la información requerida. k) O’Higginscoop: Manifestó no esgrimir ninguna causal de reserva para mantener dicha información en secreto. l) Drevecoop: Señaló no tener inconveniente en publicar sus datos y resultados. m) Concredicoop: No tiene inconveniente que se tenga acceso a la documentación solicitada atendido el carácter público de la misma y para la cual es posible acceder por internet. n) Planea: Se opuso a la entrega de lo solicitado en los mismos términos de la cooperativa Copaga. o) Bancrece: Indica que la RA Exenta N° 1065 de fecha 21 de diciembre de 2007 que establece el Plan de Supervisión y Autocontrol aplicable a Cooperativas de Ahorro y Crédito y la RA Exenta N° 1321 de fecha 11 de junio de 2013 que dicta normas de carácter societario, administrativo, financiero y contables para el sector cooperativo disponen que las cooperativas deben confeccionar y enviar mensualmente al Departamento de Cooperativas una serie antecedentes societarios, financieros, contables, de desempeño y complementarios que, una vez entregados, se encuentran a disposición del público en la página web de la División de Asociatividad y Economía Social antes señalada. De este modo, esta institución no objeta el acceso a la información que dice relación con el Oficio de la referencia la que es pública y accesible por los procedimientos o mecanismos que el mismo órgano regulador ha establecido para tal efecto, según se ha indicado precedentemente, y en la medida que no contravenga otras normativas que le son aplicables, en especial relativas a la ley 19.628 sobre protección a la vida privada. p) Andescoop: Se adhiere a la respuesta dada por el órgano el 22 de agosto de 2018. q) Coosagro: señaló que para poder entregar información respecto de la Cooperativa, es necesario ser socio de ésta última, y cumplir con los requisitos que en ella se establezca, por lo que no es posible poner a disposición de personas ajenas a ésta la información de la misma, ya sea contable, financiera, comercial y/o económica, puesto que no se cuenta con la autorización expresa de los socios de dicha Cooperativa. La Cooperativa notificará a cada socio, con el objeto de dar a conocer tal circunstancia, debiendo realizar por escrito la oposición que estimen pertinente a más tardar el día que se llevará a efecto la Asamblea General de Socios, y en la cual además se entregará toda la información relativa sobre la materia. En consecuencia, en virtud de los hechos ya expuestos es que ésta Cooperativa no autoriza que la información relativa al estado financiero, estadístico, contable comercial, económico y cualquier otro, sea objeto de publicidad, ya que si bien ésta se encuentra supervisada y fiscalizada por la Subsecretaria, es una Cooperativa sin fines de lucro, que se encuentra obligada a proteger los datos personales de los socios que la conforman. r) Parinacoop: Refiere que la cooperativa no es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia. Además sostuvo que el contenido de lo pedido dice relación con antecedentes de cada socio o cliente, sus inversiones en cuotas de participación, depósitos a plazo, cuentas de ahorro, créditos otorgados. En definitiva, toda información que es de estricta reserva y de exclusivo conocimiento del socio o cliente. s) Isla de Maipo: refirió que se debe declarar la inadmisibilidad por cuanto no se cumple con los requisitos referidos en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, ya que no señala claramente la infracción cometida ni los hechos que la configuran, no refutando lo referido por el órgano. Alega también la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. t) Limarí: Se opuso a la entrega de lo solicitado, por cuanto se afectaría la privacidad de los socios, como asimismo la libre competencia. u) Coopenorte: No accede a la entrega de lo solicitado puesto que el solicitante no es socio de la cooperativa. v) Chilecoop: Indicó que la Cooperativa está sujeta a mantener en secreto las operaciones de depósito y captaciones de cualquier naturaleza que realicen sus asociados o terceros con ella, por lo que no puede proporcionar esta información sino a su titular o a quien haya sido expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. En este sentido, la información mensual que la Cooperativa remite a la DAES incluye antecedentes de créditos conferidos a funcionarios, directivos y otros socios de la institución, la que en virtud de la normativa antes expresada impide su difusión a terceros. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la falta de entrega de la información anotada en la letra b), del requerimiento, respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, particularmente, los informes estadísticos y financieros mensuales del periodo comprendido entre los años 2012 al 2018. En tal sentido, el reclamante con ocasión de su amparo, de acuerdo a lo referido en el numeral 3°, de lo expositivo, acotó su requerimiento a los años y materias que ahí se indican. 2) Que, en un primer orden de ideas, se alegó que no se cumplirían los requisitos del artículo 24 de la Ley de Transparencia, lo cual debe desestimarse por cuanto el fundamento de dicho reclamo es la respuesta incompleta otorgada por la institución, y en el que se acompañaron los antecedentes que requiere el anotado precepto del referido cuerpo normativo. En tal sentido, dicha disposición establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por el reclamante. 3) Que, por otra parte, en lo que atañe al cambio del objeto de lo pedido que alega el órgano, se debe señalar que dicha situación no se produce en la especie, por cuanto del tenor del amparo se desprende sin duda alguna que su reclamo se enmarca respecto de lo pedido en la letra b), del requerimiento de información, concerniente a los informes estadísticos y financieros de las cooperativas de ahorro y crédito. En tal sentido, en el reclamo en análisis, el solicitante refiere que le entregaron formularios y no los informes que solicitó, documentación que claramente fue requerida en el referido literal b). Por otra parte, la circunstancia de que no haya hecho referencia expresa en su amparo a las cooperativas de ahorro y crédito, no puede ser entendido como una intención manifiesta del requirente de extender lo pedido a la letra b), a todo el universo de cooperativas existentes. En efecto, lo pedido y lo reclamado se han de interpretar en forma conjunta y sistemática, de manera tal que lo reclamado en definitiva, consiste en que se le hizo entrega, respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, de formularios, mas no de los informes respectivos. Además, dicha inteligencia del amparo se ajusta al Principio de Facilitación, consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, conforme al cual los mecanismos y procedimientos para el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado deben facilitar el ejercicio del derecho, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo. Luego, lo que sí llevó a cabo el solicitante en su amparo fue acotar lo pedido en un principio, en tanto restringió su solicitud sólo a informes mensuales financieros y estadísticos (habiendo pedido originalmente informes estadísticos, financieros, etc.), y a los años 2012 a 2018 (sin precisar en su requerimiento un periodo en particular). Por lo tanto, la alegación del órgano en esta parte será desestimada. 4) Que, respecto de lo señalado por el órgano, en orden a que se habría entregado al requirente lo pedido, señalándole el link en el que aparece el listado de los documentos solicitados, dicha alegación debe ser desestimada, en la medida que en la web indicada si bien se encuentran los formularios que deben completar las cooperativas para efectos de informar lo que corresponde, no se publican dichos informes completos ya evacuados por éstas, que es lo solicitado en este amparo. En tal sentido, se debe tener presente que lo requerido en la letra b), del numeral 1°, de lo expositivo, dice relación con los "informes" que deben enviar las cooperativas de ahorro y crédito al Departamento de Cooperativas, de lo cual se sigue naturalmente, que aquella no se satisface entregando, tal como hizo el servicio, planillas que deben llenar sus fiscalizados. 5) Que, resuelto lo anterior, para analizar el fondo del asunto controvertido, conviene tener presente el siguiente contexto normativo: a) El artículo 1°, de la Ley General de Cooperativas, contenida en el decreto con fuerza ley N° 5, de 2003, del Ministerio de Economía, indica que: "son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales: Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su ingreso y retiro es voluntario. Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas. Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas". A su turno, el artículo 86 de la citada ley, señala que "Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios (...)". b) Luego, el artículo 2°, numeral 12, de la resolución exenta N° 1321, de 2013, del Ministerio de Economía, que dicta normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo, refiere que la "intermediación financiera" es un proceso mediante el cual una entidad, generalmente un Banco, Financiera o Cooperativa de Ahorro y Crédito, capta recursos de los ahorrantes para prestarlos a sus clientes y/o socios, que requieren de financiamiento, obteniendo por ello un beneficio. c) Por otra parte, la Ley General de Cooperativas ya citada, dispone en su artículo 109 que corresponderá al Departamento de Cooperativas "(...) la supervisión del cumplimiento de las leyes aplicables a las cooperativas y de sus normas reglamentarias y especialmente fiscalizar el funcionamiento societario, administrativo, contable y financiero de las cooperativas de importancia económica (...). Para los efectos de esta ley, se entenderá por cooperativas de importancia económica, las cooperativas de ahorro y crédito (...)". d) A su turno, el artículo 108, de la referida ley, señala que el Departamento de Cooperativas, tendrá entre otras funciones: "j) Requerir de las cooperativas que proporcionen, por las vías que el Departamento señale, suficiente y oportuna información a los socios y al público sobre su situación jurídica, económica, financiera y patrimonial". Al respecto, la resolución exenta N° 1321, indica en su artículo 105, que el modelo de supervisión aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, comprende: 1. Balance de ocho columnas, confeccionado de conformidad con el Plan y Manual de Cuentas; 2. Formularios que informan el cumplimiento de las normas del Capítulo III.C.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile; 3. El Sistema de Indicadores de Desempeño Financiero; 4. Informe Complementario de Créditos y Relacionados: a. Las personas que tienen relación con la cooperativa; b. Las operaciones de crédito; c. Las garantías que caucionan las operaciones de crédito; y d. La información contable. e) Finalmente, el artículo 58 de la Ley General de Cooperativas, establece que constituirán infracción de las obligaciones establecidas en esta ley las siguientes: c) denegar la entrega de información al Departamento de Cooperativas cuando estos tengan facultades para solicitarlas. 6) Que, de lo anterior se desprende que los referidos informes obran en poder de la Subsecretaría de Economía, específicamente en su Departamento de Cooperativas, en cumplimiento de una obligación normativa en el marco de sus acciones de fiscalización, constituyendo incluso una infracción el no envío de aquella al referido Departamento. En dicho contexto, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, no sólo declara públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sino también sus fundamentos y procedimientos, siendo precisamente en este último aspecto en donde se insertan los mencionados informes, en la medida que forma parte de los procedimientos administrativos de fiscalización del Departamento respectivo. Además, se debe tener en cuenta también, que el artículo 5° de la Ley de Transparencia, dispone entre otras cosas, que es pública la información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. Desde este punto de vista, la información en comento es susceptible de ser requerida por Ley de Transparencia, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan configurarse en la especie. 7) Que, en un primer orden de cosas, tanto el órgano como algunas cooperativas, alegaron la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, respecto de las mismas Cooperativas, como de sus clientes y socios, ya sean personas naturales y jurídicas. De este modo, se analizará en primer lugar la eventual afectación a los derechos económicos o comerciales que pudiese configurarse en el caso de las cooperativas. En este sentido, es menester recordar, en lo que atañe a la referida causal del N° 2 del artículo 21 de la citada Ley de Transparencia, que este Consejo ha establecido los criterios copulativos que deben considerarse para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica, los que deben ser acreditados por aquéllos. Así, la información debe: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 8) Que, en lo que atañe al primer requisito, el carácter reservado de la información resulta atenuado, por cuanto se puede apreciar que parte de la información requerida se puede reflejar, en cierto grado, en las memorias y estados financieros que aproximadamente la mitad de las cooperativas interesadas mantienen publicadas en sus webs institucionales. En dicho contexto, en esta clase de información se precisa en detalle, información como la siguiente: activos, colocaciones (préstamos de consumo, préstamos comerciales, cartera vencida), inversiones (inversiones financieras, bienes recibidos en pago o adjudicados), pasivos, depósitos y captaciones, provisiones voluntarias, patrimonio neto, capital social, reserva legal, remanente, resultados operaciones (ingresos por intereses colocaciones, intereses inversiones financieras, gastos por intereses y reajustes, remuneraciones y gastos del personal, gastos de administración y otros), provisiones por activos riesgosos, castigo de colocaciones, recuperación de colocaciones, flujo originado por actividades de inversión y financiamiento, etc. Por otra parte, en lo que atañe al requisito anotado en la letra b), del considerando anterior, se debe indicar que de las 40 cooperativas de ahorro y crédito, únicamente 22 evacuaron traslado, de lo cual se extrae que no existe un real interés sistémico por oponerse a la entrega de lo requerido, debiéndose tener presente que de las cooperativas que contestaron, algunas de ellas incluso manifestaron expresamente no tener inconveniente en que la información solicitada sea entregada. 9) Que, en cuanto al requisito referido en la letra c), del considerando 7°, referente a la afectación de su desenvolvimiento competitivo, se debe indicar que los terceros no acreditaron suficientemente cómo la entrega de lo solicitado puede afectar sus derechos económicos y comerciales. En tal sentido, se indicó que la entrega de lo solicitado afectaba la propiedad sobre la información, sin embargo, no se explicó cómo el mero conocimiento de lo pedido puede privar de aquella a las cooperativas, debiendo en este caso tener presente que por medio de la Ley de Transparencia, no se pueda despojar de la propiedad de esta información a sus titulares. En este orden de ideas, en el caso particular de la propiedad intelectual, se debe tener presente que la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2019, en la causal rol 137-2018, sostuvo que: "los propósitos de la Ley Sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son diferentes, desde que en la primera la autorización es para su utilización y en la segunda sólo se posibilita el acceso a la información, lo que no importa un permiso para su aprovechamiento, quedando a salvo las acciones que contempla la ley para su protección". 10) Que, asimismo, se indicó por algunas cooperativas que los informes pedidos dicen relación con estrategias y forma de llevarlas a cabo, pudiendo un tercero crear nuevas estrategias que desvíe a clientes y se constituya en un potencial competidor, sin embargo, de los informes requeridos tenidos a la vista por este Consejo, no se advierte que de ella se pueda desprender alguna estrategia o antecedente relativo al Know How en el desarrollo y generación de los secretos industriales o intelectuales, planes de negocios, estrategias de producción o marketing, ni ningún otro tipo de antecedentes cuya publicidad pueda generar desventajas competitivas. Al efecto, se debe tener presente que el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe ser acreditado en forma pormenorizada, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. En tal sentido, es menester determinar una afectación la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, hecho que en la especie no se produce. Por lo tanto, la causal alegada respecto de las cooperativas de ahorro y crédito, será desestimada. 11) Que, sin perjuicio de lo anterior, del análisis de los informes objeto de este amparo, se advierte información relacionada con la identidad y otros datos personales de personas naturales y razón social de personas jurídicas con las cuales las cooperativas mantienen algún vínculo en el ejercicio de sus funciones. Desde este punto de vista, en el caso de las personas naturales, estamos en presencia de datos personales en los términos dispuestos por el literal f), del artículo 2° de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, toda vez que tal información supone divulgar información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. Al efecto, el artículo 4° de la ley N° 19.628 prescribe que "el tratamiento de los datos personales sólo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o el titular consienta expresamente en ello", entendiéndose por tratamiento de datos, según los literales c) y o) de su artículo 2°, cualquier operación, de carácter automatizado o no, que permita, entre otras cosas, comunicar o transmitir datos de carácter personal, esto es, "dar a conocer de cualquier forma los datos de carácter personal a personas distintas del titular, sean determinadas o indeterminadas". En tal sentido, no existe en este amparo, consentimiento de las personas cuya información se evidencia en los informes tenidos a la vista. Por este motivo, este Consejo en virtud de su función establecida en el artículo 33 letra m), de la Ley de Transparencia, consistente en "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órgano de la Administración del Estado", rechazará el amparo respecto de todo tipo de información referente a personas naturales presentes en lo requerido. 12) Que, a su turno, respecto a la razón social u otro dato por medio del cual se pueda identificar a personas jurídicas distintas de la cooperativa, el hecho de estar vinculadas con esta última, ya sea como socio, cliente, aval, u otra forma, se seguirá lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C1510-15, a partir de cuya lógica aplicada a este caso, se puede sostener que los mencionados terceros se encuentran en una situación jurídica diversa a las Cooperativas en comento, por cuanto, a diferencia de las mencionadas entidades, no han sido objeto de procedimientos administrativo de fiscalización, en el cual encuentra su fundamento la publicidad de los antecedentes objeto de este amparo. Por lo expuesto, este Consejo concluye que entregar información respecto de aquéllas, afectarían los derechos de las mencionadas personas jurídicas, tomando en cuenta que por su cantidad además, no es posible notificarlos sin distraer indebidamente al órgano reclamado del cumplimiento regular de sus funciones habituales, razón por la cual este Consejo rechazará el amparo en esta parte. 13) Que, en otro orden de cosas, respecto de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), invocada por un tercero, cabe seguir lo razonado por este Consejo, entre otras, en la decisión C3477-17, en donde se indicó que: "en lo que respecta a las causales contempladas en el artículo 21 N° 1 (...), de la Ley de Transparencia, dichas alegaciones serán desestimadas, por cuanto aquellas sólo pueden ser invocadas por el órgano requerido, atendiendo que es el único facultado para determinar si la publicidad de lo solicitado afecta en definitiva el debido cumplimiento de sus funciones". Luego, dicha decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2019, causal rol 137-2018, en donde se precisó que: "En cuanto a la configuración de la causal de secreto del 21 N° 1, esto es, por afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, invocada en el reclamo, baste señalar para desestimarla, tal como hace presente el CPLT, que si el propio ente administrativo no la invoca no cabe a un tercero invocarlas, desde que han sido establecida en beneficio y resguardo de las funciones del órgano requerido". Por lo tanto, la causal de reserva en comento será desestimada. 14) Que, por otra parte, en lo que atañe a la misma causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), alegada por el órgano, aquella igualmente será desechada. En tal sentido, respecto de la interpretación de dicha causal, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". 15) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones..., mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 16) Que, de acuerdo a lo anterior, y analizando las alegaciones del órgano se advierte que sus alegaciones se basan en información no solicitada en el presente amparo. En efecto, el órgano alegó una distracción indebida basada en que supuestamente el solicitante habría reclamado en su amparo la entrega de informes de todas las cooperativas, sin acotarlas a las de ahorro y crédito, esto es, de más de 5.000 cooperativas fiscalizadas por el Departamento de Cooperativas. Sin embargo, como se razonó en el considerando 3°, precedente, dicha interpretación resulta errónea por las razones que ahí se detallan, debiendo tener presente que lo reclamado se restringe en realidad a las cooperativas de ahorro y crédito, las cuales no son más de 40. Por tal motivo, no siendo lo requerido de una entidad o volumen como la graficada por el servicio, se debe desestimar la referida causal. 17) Que, finalmente, se alegó también la causal de reserva del artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, sin embargo, no se justificó de manera alguna su configuración, desestimándose en consecuencia su aplicación al presente amparo. Además, respecto al artículo 112 de la Ley General de Cooperativas, cabe señalar que este Consejo ha sostenido reiteradamente que para la aplicación de una norma que disponga la reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley 20.050, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Pues bien, respecto de este último requisito, en la especie, como quedó de manifiesto en los considerandos precedentes, no se acreditó afectación en dichos términos, razón por la cual, no puede tenerse por configurada la causal de reserva alegada en esta parte. A mayor abundamiento, tal como precisó la Corte Suprema en la causal Rol 14.642-2017, en sentencia de 20 de diciembre de 2017, sobre una norma similar, que aquella constituye: "(...) una regulación jurídica que tiene como destinatarios a los funcionarios en las áreas de sus competencias propias (...). La publicidad y la transparencia, en cambio, con su regulación jurídica actual, antes que a las personas, están referidas a los órganos del Estado". EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Benito Landaeta Vilches en contra de la Subsecretaría de Economía, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario de Economía, que: a) Entregue al solicitante copia de los informes estadísticos y financieros mensuales exigidos a las cooperativas de ahorro y crédito del periodo 2012 al 2018, debiendo tarjar previamente la información anotada en los considerandos 11) y 12), precedentes. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo por la configuración de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, respecto de la información anotada en los considerandos 11) y 12), anteriores. IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Subsecretario de Economía, a don Benito Landaeta Vilches, y a las cooperativas de ahorro y crédito en su calidad de terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.