Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1024-11

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Reclamante:	PEDRO ROMO ROJAS
Reclamado:	SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO
Resumen del caso: Se deduce amparo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana por no proporcionar al solicitante antecedentes sobre procedimientos sancionatorios a sostenedores de establecimientos educativos subvencionados. El Consejo acoge el recurso y ordena a dicha repartición otorgar la información requerida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/30/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Decreto Supremo 13 2009 Reglamento Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C301-11 C411-09
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento administrativo >> Especiales >> Procedimientos sancionatorios a privados
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C1024-11 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana Requirente: Pedro Romo Rojas Ingreso Consejo: 17.08.2011 En sesión ordinaria N° 299 del Consejo Directivo, celebrada el 30 de noviembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1024-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de junio de 2011 don Pedro Romo Rojas solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana ––en adelante, indistintamente la SEREMI–– la siguiente información: a) Copia íntegra de todas las resoluciones recaídas en procesos administrativos de subvenciones, durante los últimos cinco años, en que se haya decretado como sanción la inhabilidad perpetua del sostenedor. b) Copia íntegra de todas las resoluciones recaídas en procesos administrativos de subvenciones, durante los últimos cinco años, por la infracción contemplada en el inciso tercero, letra f), del artículo 50 del D.F.L N° 2/1998 del MINEDUC. 2) PRÓRROGA: La SEREMI requerida, a través de carta de 14 de julio de 2011, informó al solicitante la prorroga del plazo de respuesta por el término de diez días, fundada en que el volumen de la información solicitada, así como el volumen de las solicitudes recibidas diariamente, ha dificultado reunir y revisar la información requerida dentro del plazo ordinario, conforme a lo cual informó que el nuevo plazo de respuesta vencía el 1° de agosto de 2011. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 17 de agosto de 2011 don Pedro Romo Rojas dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, fundado en no haber recibido respuesta dentro del término dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. 4) OBSERVACIONES Y DESCARGOS DEL ORGANISMO: Este Consejo Directivo estimó admisible el amparo, trasladándolo al Sr. Secretario Regional Ministerial del Educación de la Región Metropolitana, mediante el Oficio N° 2.150, de 26 de agosto de 2011, quien por su parte formuló sus observaciones y descargos a través del Ordinario N° 66, de 14 de septiembre de 2011, señalando, en resumen, lo siguiente: a) La solicitud de información mencionada tuvo como plazo inicial de respuesta el día 18/07/2011, siendo dicho plazo prorrogado antes de su vencimiento el 14/07/2011, hasta el 01/08/2011 por la Coordinadora de MINFO Transparencia del Ministerio de Educación, Sra. Jessica Padilla Uribe. b) El 29 de julio de 2011 se dio respuesta, vía correo electrónico al Sr. Pedro Romo Rojas, a su dirección registrada en el Ministerio de Educación, acompañando las resoluciones exentas N° 4.028, de 3 de mayo de 2011, y N° 4.709, de 28 de julio de 2011. Conforme a ello, indica que no existe infracción a la Ley de Transparencia, pues no existen hechos que la configuren, ni el reclamante acompaña medios de prueba que lo acrediten en los términos prescritos en el artículo 24, inciso 3°, del mismo cuerpo legal. c) Expresa que la solicitud del Sr. Romo no fue ingresada por los formularios dispuestos por el servicio para estos casos, no obstante lo cual, es importante mencionar que para responder dicha solicitud, por su amplitud, sólo se pudo acceder a los documentos individualizados debido a que, de otra forma, hubiere distraído indebidamente a funcionarios del servicio del cumplimiento regular de sus labores habituales en los términos del artículo 21, letra c) de la Ley de Transparencia y artículo 7°, N° 1, letra c), de su Reglamento. Sin embargo, como no es el fin del servicio denegar el acceso a la información que posee, a las personas que la solicitan, se optó por responder en el tiempo y forma señalada. d) Agrega que lo anterior se funda en que hasta el año 2009, inclusive, no existía registro electrónico ni sistema informático de los procedimientos administrativos sancionatorios en donde se dictan las resoluciones requeridas. Esto se corrigió a contar del año 2010, pues a partir de dicho año se implementó un sistema de procesos administrativos (SIPA), en donde consta esta documentación. e) Manifiesta que también es de relevancia mencionar, que por el alto número de procedimientos administrativos sancionatorios que se tramitan por la SEREMI año a año –indica que sólo en el año 2011 van más de 2200 procesos, dictándose como mínimo 2 resoluciones por cada uno de ellos–, no fue posible mantener en sus dependencias el gran volumen de antecedentes que contenían cada carpeta investigativa, de los procedimientos del año 2009 y anteriores, destinándose a archivos externos. f) Por otra parte informa que en el actual sistema de información (SIPA) sólo es posible filtrar o distinguir los tipos de sanciones de que fueron objeto los establecimientos educacionales o sus sostenedores y no las causas legales o infracciones a la normativa educacional por las cuales se aplicaron. g) Finalmente, para dar cuenta de lo señalado precedentemente, acompaña copia de la documentación pertinente, y solicita se rechace el amparo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el marco normativo que rige el sistema de subvenciones otorgadas a los Establecimientos Educacionales está constituido, básicamente, por el Decreto Ley Nº 3.476, cuyo texto actualmente vigente se aprobó mediante el D.F.L N° 2/1998 del Ministerio de Educación, que precisamente fija el Sistema sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales –Ley de Subvenciones–, y su Reglamento fijado por el D.S. N° 8.144/1980, del Ministerio de Educación, sin perjuicio de los restantes cuerpos legales o reglamentarios complementarios. 2) Que, a efectos de la adecuada inteligencia del presente amparo conviene hacer referencia a las siguientes disposiciones que integran el antedicho marco normativo: a) El artículo 2° de la Ley de Subvenciones, establece que el régimen de subvenciones propenderá a crear, mantener y ampliar establecimientos educacionales cuya estructura, personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos propios de aquélla, proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural. Conforme al artículo 3° del Reglamento de dicha ley, tiene el carácter de establecimiento subvencionado, la entidad educacional privada, oficialmente reconocida como cooperador de la función educacional del Estado, que posea la organización necesaria para proporcionar en forma gratuita a su alumnado la enseñanza que el Estado determine en sus planes y programas, y cumpla con los demás requisitos que exige la ley para obtener la subvención fiscal. No obstante lo anterior, el artículo 4° de la ley permite a las municipalidades acogerse al beneficio de la subvención por los establecimientos educacionales que tomen a su cargo, de acuerdo a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 1-3.063. b) Por su parte, inciso 2°, del citado artículo 2° de la Ley de Subvenciones, dispone que el sostenedor es la persona natural o jurídica encargada de asumir ante el Estado y comunidad escolar la responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional, en la forma y condiciones exigidas, estableciendo en su párrafo II, los requisitos que deberán cumplir los sostenedores de establecimientos educacionales para impetrar la subvención fiscal. Por su parte, el artículo 50 del mismo cuerpo legal, en el texto anterior a la modificación de la Ley N° 20.529, de 27.08.2011, establecía que en caso de infracciones por parte de los sostenedores a las normas de la Ley o su Reglamento, las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación podrían aplicar sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal que procediera. El artículo 24 del Reglamento establecía que las sanciones sólo podrán ser aplicadas previo proceso administrativo de subvenciones ordenado instruir por la Secretaría Regional Ministerial de Educación respectiva. 3) Que, el principio de transparencia de la función pública tiene su fuente en el explícito mandato del precepto 8º de la Constitución Política de la República, norma fundacional mandato que se ve refrendada por lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, conforme a los cuales son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, así como la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, salvo que concurran las excepciones establecidas por la propia Ley de Transparencia y las previstas en otras leyes de quórum calificado. 4) Que, en este contexto, es manifiesto que la información requerida en la especie –copia íntegra de todas las resoluciones recaídas en procesos administrativos de subvenciones, pronunciadas por la SEREMI durante los últimos cinco años: (i) en que se haya aplicado al sostenedor las sanción de inhabilidad perpetua; y (ii) que digan relación con la infracción de atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, y cotizaciones previsionales de salud al personal (artículo 50, inciso 3°, letra f, Ley de Subvenciones)– ha de presumirse pública, por cuanto se trata de resoluciones pronunciadas por un órgano de la Administración del Estado en el ejercicio de sus funciones. 5) Que, sin perjuicio de lo anterior, tratándose lo solicitado del acceso a conocer antecedentes relativos a sanciones aplicadas por un órgano de la Administración, resulta necesario en este punto hacer presente el criterio acordado previamente por este Consejo, en cuanto a la aplicación del artículo 21 de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, según el cual los órganos de la Administración del Estado que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicar esta información una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Conforme a lo anterior, cabe aclara que en el presente caso no resulta aplicable la disposición antes citada, a los antecedentes solicitados en el numeral (i) del considerando anterior, toda vez que al tratarse de resoluciones que determinan la sanción de inhabilidad perpetua, no se configuran los prepuestos facticos que considera el citado artículo 21. 6) Que, por otra parte, en el caso de la solicitud del numeral (ii), esto es, copia de las resoluciones que digan relación con la infracción de atraso reiterado en el pago de las remuneraciones, y cotizaciones previsionales de salud al personal (artículo 50, inciso 3°, letra f, Ley de Subvenciones), en el contexto en análisis, podrían encontrarse en alguna de las hipótesis del artículo 21 de la Ley N° 19.628. Sin embargo, tal como se razonó por este Consejo al resolver el amparo Rol C411-09, resulta aplicable en este caso lo siguiente: «14) Que, no obstante que, de una primera lectura del arto 21 de la Ley N° 19.628, pareciera proceder la no comunicación de la información requerida, esta vía dejaría abierta la siguiente interrogante, a la luz de la Constitución y la Ley de Transparencia: si en virtud de la aplicación del artículo 21 citado no se pueden comunicar por parte de los organismos públicos que someten a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, una vez que haya prescrito la acción penal o administrativa o cumplida o prescrita la sanción o la pena, se podría llegar a la conclusión de que los resultados de un sumario incoado en contra de un funcionario público que termine en la aplicación de una medida disciplinaria y que se haya cumplido o haya prescrito, nunca podrá comunicarse, lo que atenta contra el principio de transparencia y publicidad. 15) Que una interpretación del artículo 21 de la Ley N° 19.628 que pugne con la publicidad de los actos administrativos es insostenible, por lo que se debe buscar una interpretación armónica con las normas que garantizan el acceso a la información pública. 16) Que este Consejo entiende que el archivo de los expedientes disciplinarios al interior de un organismo, así como el de los actos administrativos que disponen una medida disciplinaria, no constituiría un tratamiento de datos personales según el tenor del artículo 1° de la Ley N° 19.628, por lo que el art. 21 de dicha Ley no impediría entregar la copia de un decreto o resolución como los solicitados en este caso.» 7) Que, en el presente amparo y a mayor abundamiento, la divulgación de la información en comento envuelve un evidente interés público, en atención al rol del sostenedor de un establecimiento subvencionado, descrito por la ley como «cooperador de la función educacional del Estado» (art. 3° del Reglamento de Subvenciones), obligado a «asumir ante el Estado y comunidad escolar la responsabilidad de mantener en funcionamiento el establecimiento educacional, en la forma y condiciones exigidas» (art. 2° de la Ley de Subvenciones). En este contexto, la publicidad de las infracciones cometidas o las sanciones aplicadas a dichos sostenedores que la ley califica como graves, que implican no dar cumplimiento a las exigencias legales necesarias para impetrar la subvención otorgada con cargo a fondos públicos, propicia el necesario control social sobre estas materias, así como también la forma en que la autoridad sectorial ejerce sus facultades fiscalizadoras. No obstante esta declaración inicial, es preciso revisar si concurre o no la causal de reserva establecida en el artículo 21, letra c), de la Ley de Transparencia. 8) Que, en este último sentido, cabe consignar que las resoluciones sancionatorias remitidas a este Consejo por la SEREMI reclamada, dan cuenta de modo detallado de los hechos que configuran las infracciones legales, en base a los cuales se formulan cargos y aplican las sanciones respectivas, dando a conocer respecto de los establecimientos sancionados, entre otras, situaciones tales como: atraso en el pago de remuneraciones, falta de autorización a alumnos para efectos de evaluaciones, ausencia de libros de clases, existencia de cursos combinados sin que corresponda, informes de especialistas incompletos, remuneraciones del personal inferiores a aquellas que legalmente corresponden, cobros o exigencias económicas indebidas, incumplimiento de requisitos para recibir la subvención, falta de material didáctico, falta de suministro eléctrico, falta de iluminación, entre otros. 9) Que de las argumentaciones vertidas por la reclamada, se desprende que ésta cuenta con los insumos necesarios, ya sea, en soporte papel a través de los archivos o registros respectivos -información correspondiente al periodo comprendido entre los años 2007 a 2009-, o bien, en soporte magnético o informático -información correspondiente al periodo entre los años 2010 a 2011-, los que debidamente tratados y procesados a través de las búsquedas respectivas le permitirían satisfacer la solicitud de información. 10) Que, por otra parte, la SEREMI reclamada señaló en sus descargos haber respondido la solicitud entregando al reclamante copia de las resoluciones sancionatorias N°s 4.028 (03.05.11) y 4.709 (28.07.11) –aunque ello no fue debidamente certificado en esta sede, en los términos del artículo 17, inciso segundo, de la Ley de Transparencia–, invocando respecto de las restantes resoluciones solicitadas, la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, esto es, la reserva fundada en que la publicidad de la información «afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido por tratarse de requerimientos (…) cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento habitual de sus funciones». Dicha norma ha sido detallada en el artículo 7°, letra c) del Reglamento de la citada ley, al establecer que «un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales». 11) Que, atendido el tenor de las argumentaciones vertidas por la SEREMI reclamada para fundamentar la procedencia de la causal, es posible concluir lo siguiente: (i) Respecto de los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes a los años 2007 a 2009, ambos incluidos, sólo existirían soportes materiales que por su volumen se encuentran almacenados en archivos externos; (ii) En cambio, tratándose de los procedimientos aplicados desde al año 2010 a la fecha, se implementó un sistema informático (SIPA) que permite el registro electrónico de las actuaciones del procedimiento. (iii) El sistema informático en referencia permite filtrar o distinguir los tipos de sanciones aplicadas en los procedimientos sancionatorios, más no las causas legales o infracciones que motivan la sanción. 12) Que, de este modo, resulta manifiesto que respecto de los procedimientos sancionatorios aplicados durante el año 2010 y en lo que va del año 2011, la información a que se refiere el literal a) de la solicitud de acceso –resoluciones mediante las cuales se sancionó al sostenedor con la inhabilidad perpetua– puede ser fácilmente obtenida mediante simples operaciones electrónicas, dado que el sistema informático que utiliza la reclamada contiene el soporte electrónico de las actuaciones de los procedimientos sancionatorios, y permite distinguir respecto de cada uno según las sanciones aplicadas. 13) Que, en cambio, respecto del mismo periodo señalado en el considerando precedente, en lo que respecta al literal b) de la solicitud –resoluciones sancionatorias por atraso reiterado en de la el pago de las remuneraciones, y cotizaciones previsionales de salud al personal, por parte del sostenedor– la SEREMI ha dado a entender a este Consejo que existiría mayor dificultad para obtener la información, dado que si bien existe en un soporte electrónico, el sistema informático utilizado no permitiría distinguir las sanciones aplicadas en atención a la naturaleza de las infracciones. 14) Que, sin embargo, a juicio de este Consejo la antedicha dificultad no permite dar por configurada la distracción indebida que se ha invocado como supuesto de la causal de reserva, pues el acceder a lo requerido a través del soporte informático supone dos operaciones sucesivas de tratamiento electrónico. La primera, consistente en ubicar los procedimientos de subvención en que se han aplicado sanciones; y la segunda, consistente en establecer respecto de cada procedimiento sancionatorio, la infracción que motivó la sanción. Pues bien, respecto de la primera operación no cabe sino razonar en idénticos términos que en el considerando 10° precedente; mientras que respecto de la segunda operación, si bien ella puede suponer una mayor inversión de tiempo al no contemplar el sistema informático criterios de búsqueda precisos que permitan distinguir el tipo de infracción cometida respecto de cada procedimiento en que se aplicó una sanción, no parece plausible que ello envuelva la utilización de un tiempo excesivo de los funcionarios del servicio, considerando su jornada de trabajo, o dé lugar a un alejamiento de sus funciones habituales, por cuanto, habiéndose determinado previamente los procedimientos en que se aplicaron sanciones, y pudiendo distinguirse en cada caso según el tipo de sanción, la operación objeto de estudio consistirá simplemente en indagar, a través de las operaciones automáticas que suponen la utilización de los soportes informáticos, el fundamento de la sanción, operación esta última que ha de entenderse facilitada al utilizarse el tipo de sanción como criterio de búsqueda, máxime cuando el legislador ha graduado las infracciones de acuerdo a su gravedad, de suerte que conociéndose la entidad de la sanción es posible presumir el tipo de infracción que la motiva. 15) Que, por otra parte, la SEREMI ha dado a entender que si bien cuenta con la información concerniente a los años 2007 a 2009, ésta sólo se encuentra soportada materialmente en papel a través de los archivos o registros respectivos, los que se encuentran almacenados externamente dado su alto volumen, por lo que su tratamiento y procesamiento a través de las búsquedas respectivas para satisfacer la pretensión de información, le resultaría dificultosa y generaría la distracción indebida de sus funciones en los términos de la causal de reserva invocada. 16) Que, sin embargo, la SEREMI no ha explicado, ni entregado elementos de juicio que permitan apreciar la procedencia de la causal de reserva invocada, por ejemplo, la cantidad de procedimientos de subvenciones en que se han aplicado sanciones durante el periodo a que se refiere la solicitud, las actividades que sería necesario realizar para que proporcionara la información requerida, considerando los recursos personales y materiales, así como el tiempo que sus empleados deberían utilizar, en relación a su jornada habitual de trabajo, para el desarrollo de las mismas. 17) Que, en consecuencia, más allá de sus dichos, la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana no ha desvirtuado la presunción de publicidad que pesa sobre la información requerida, por lo que no puede dársela por eximida de su obligación legal de entregar la información en los términos requeridos. En este sentido, cabe recordar el criterio sentado por este Consejo en la decisión del amparo rol A39-09, reiterado profusamente en decisiones posteriores, en cuanto que no basta con la simple alegación de configurarse una causal de reserva, sino que ésta debe probarse por quien la alega, debido a que de esta circunstancia dependerá la extinción del deber de entregar la información. 18) Que, en este caso cabría considerar, además, que habiéndose descartado la causal respecto de la información que consta en soporte informático (años 2010-2011), aquella que corresponde al periodo restante (2007-2009) no parece excesiva como para afirmar que su procesamiento distraiga indebidamente a los funcionarios de sus funciones habituales. En este sentido, cabe recordar que en la decisión del amparo Rol C301-11, de 29.07.2011, en que se solicitaba a la JUNJI las estadísticas relacionadas con el número de educadoras de párvulos en dotación de planta, a contrata y a honorarios, que se desempeñaron en el servicio en un periodo de quince años, el Consejo dio por configurada la causal (previa visita técnica como medida para mejor resolver), al estimar que el procesamiento de la información implicaba un tratamiento y sistematización complejos de los registros o bases de datos del órgano reclamado, dando lugar al procesamiento y clasificación de importantes volúmenes de información, «todo lo cual comprende un periodo de quince años (…)». Refuerza tal conclusión, el manifiesto interés público que existe en divulgar la información requerida, según se ha expuesto en los considerandos 4° y 5° precedentes. 19) Que, por lo tanto, este Consejo acogerá el presente amparo, sin embargo, atendidas las dificultades esgrimidas por la SEREMI de Educación Metropolitana, para entregar la información que consta en soporte papel, se fijará un plazo prudencial mayor para hacer entrega de la misma al reclamante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Pedro Romo Rojas en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, por los fundamentos precedentemente expuestos. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de la Región Metropolitana: a) Entregar al reclamante copia íntegra de: i. todas las resoluciones recaídas en procesos administrativos de subvenciones, durante los últimos cinco años (2007-2011) en que se haya decretado como sanción la inhabilidad perpetua del sostenedor y; ii. todas las resoluciones recaídas en procesos administrativos de subvenciones, durante los últimos cinco años, por la infracción contemplada en el inciso tercero, letra f), del artículo 50 del D.F.L N° 2/1998 del MINEDUC. b) Cumplir dichos requerimientos dentro de un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de estos requerimientos, enviando copia de los documentos en que conste la entrega de información al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Pedro Romo Rojas, y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana. En contra de la presente decisión procede, sólo de parte del reclamante la interposición del reclamo de ilegalidad, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. No firma doña Vivianne Blanlot S., por estar ausente en la sesión en que se firma esta decisión. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia don Raúl Ferrada Carrasco.