Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4347-18

Reclamante:	CARLOS SEPULVEDA SANZANA
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL BÍO BÍO
Resumen del caso: Se rechazar el recurso extraordinario de revisión y de revocación de oficio, deducido por don Jorge Ulloa Aguillón, en su calidad de Intendente Regional de la Región del Biobío, de fecha 15 de febrero de 2019, en contra de la decisión pronunciada por este Consejo en el amparo rol C4347-18
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/28/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C893-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:

RESUELVE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, Y EN SUBSIDIO, REVOCACIÓN DE OFICIO, RESPECTO DE LA DECISIÓN DE AMPARO ROL C4347-18 En sesión ordinaria N° 979 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la presentación efectuada por don Jorge Ulloa Aguillón, en su calidad de Intendente Regional de la Región del Biobío, de fecha 15 de febrero de 2019, relativa al Recurso Extraordinario de Revisión, y en subsidio, de la Revocación de Oficio, de la decisión pronunciada por este Consejo, recaída en el amparo Rol C4347-18, deducido el 11 de septiembre de 2018, por el recurrente don Carlos Sepúlveda Sanzana, en contra del Gobierno Regional de la Región del Biobío, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la citada Ley de Transparencia. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) Que, con fecha 24 de enero de 2019, en sesión ordinaria N° 961, este Consejo se pronunció sobre el amparo rol C4347-18, deducido por don Carlos Sepúlveda Sanzana, en contra del Gobierno Regional de la Región del Biobío, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, acogiendo dicha reclamación, en virtud de los fundamentos expuestos en la mencionada decisión. 2) Que, posteriormente, mediante presentación de fecha 15 de febrero de 2019, don Jorge Ulloa Aguillón, en su calidad de Intendente Regional de la Región del Biobío, dedujo Recurso Extraordinario de Revisión, y en subsidio, Revocación de Oficio, respecto de la decisión aludida en el numeral precedente. Funda sus alegaciones en virtud de lo dispuesto en los artículos 1, 15, 60 y 61 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, concluyendo que "es procedente la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión ante el mismo Consejo para la Transparencia, solicitando la revisión de la resolución adoptada en relación al Amparo Rol C4347-18, en base al nuevo antecedente que se aporta, el cual es esencial para la resolución del asunto". 3) Que, del mismo modo, funda sus alegaciones en relación con lo razonado por este Consejo en los considerandos 1), 4) y 5) de la decisión del amparo rol C4347-18. Respecto del primero de ellos, indica que "en este Servicio no se encuentra la información solicitada por el reclamante, ya que no tiene facultades ni atribuciones relacionadas con la aprobación de los proyectos Presidente de la República. Esto es de competencia directa del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y en virtud de ello la Intendencia Regional del Biobío a su vez, derivó dicha solicitud directamente a la Jefa del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior, a través de Ordinario N° 1454 de fecha 26 de septiembre de 2018. Con fecha 17 de octubre de 2018 y a través de Oficio N° 31.049 suscrito por el Subsecretario del Interior y dirigido a don Carlos Sepúlveda Sanzana se le responde su solicitud (...) De lo expuesto, resulta evidente que ni el Gobierno Regional del Biobío ni la Intendencia Regional del Biobío, cuentan en su poder con la información solicitada por el reclamante y que lo solicitado es de competencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública", adjuntando copia de los oficios mencionados. 4) Que, con relación a lo resuelto en el considerando 4) de la decisión recurrida, el órgano señala que "dicha derivación se efectuó entendiendo que como la Intendencia Regional depende directamente del Ministerio del Interior, podría haber tenido la información solicitada. Posiblemente este fue un error involuntario, y se debió haber derivado directamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública". 5) Que, respecto de lo razonado en el último considerando que indica, el recurrente indica que "En cuanto a lo señalado en la resolución recurrida, en el sentido de que el Consejo acoge el amparo, ordenando la entrega de la información solicitada, por lo ya expuesto, esto no es posible, no porque no se quiera entregar la información, sino porque ni éste Servicio ni la Intendencia Regional cuentan en su poder con la información solicitada, esta no se encuentra en sus archivos ni registros, y a lo imposible nadie está obligado". 6) Que, finalmente, y en subsidio, el órgano solicita la revocación de oficio de la decisión aludida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N° 19.880, en base a los mismos argumentos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 28 de la Ley de Transparencia dispone que "En contra de la resolución del Consejo que deniegue el acceso a la información, procederá el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante. (...) El afectado también podrá reclamar de la resolución del Consejo ante la Corte de Apelaciones respectiva, cuando la causal invocada hubiere sido la oposición oportunamente deducida por el titular de la información, de conformidad con el artículo 20", razón por la cual, para impugnar el contenido de lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida en relación con el fondo de la materia debatida-como lo pretende el recurrente-, la vía idónea es el reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, debiendo interponerse dentro del plazo de 15 días corridos, contado desde la notificación de la resolución que reclama. 2) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en el artículo 60 reconoce la posibilidad de interponer recurso extraordinario de revisión, respecto de actos administrativos firmes. En efecto, el recurso se sustenta en lo dispuesto en la letra b) del citado artículo 60, el cual establece que se podrá interponer cuando "aparecieren documentos de valor esencial para la resolución del asunto, ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento". Al respecto, el órgano ha hecho alusión a 2 oficios que, a su juicio, justificarían la procedencia del recurso impetrado. En el primero de ellos, oficio Ord. N° 1454, del 26 de septiembre de 2018, el Intendente Regional derivó la solicitud de información al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por su parte, en el segundo Oficio N° 31.049, de fecha 17 de octubre de 2018, dicho Ministerio requiere al solicitante que indique el período de años a informar. 3) Que, por su parte, este Consejo advierte que el recurso deducido por el recurrente es de carácter extraordinario y excepcional. Es extraordinario porque sólo se autoriza en las circunstancias taxativas que expresamente contempla el artículo 60 de la ley N° 19.880, en consecuencia, no puede utilizarse para hacer revivir asuntos ya planteados y resueltos en recursos administrativos ordinarios. Es excepcional porque debe interpretarse en forma estricta y no amplia, a fin de no transformarlo en un recurso de carácter ordinario. 4) Que, seguidamente, conviene dejar asentado que el fundamento del amparo rol C4347-18 fue la derivación de la solicitud de acceso efectuada por el órgano reclamado de conformidad al artículo 13 de la Ley de Transparencia, por parte del Gobierno Regional a la Intendencia Regional, y no respecto de la derivación que cualquiera de dichos órganos hubiera realizado en forma posterior, al Ministerio del Interior. En dicho contexto, este Consejo resolvió que la derivación era improcedente, según se indica en el considerando 4) de la decisión, por tratarse del mismo jefe de servicio. En tal sentido, el propio órgano recurrente, en su presentación, indica que "Posiblemente este fue un error involuntario, y se debió haber derivado directamente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública". Efectivamente, el Gobierno Regional derivó la solicitud, de manera improcedente y dilatoria, a la Intendencia Regional, sabiendo que dicho órgano no era el competente para atender el requerimiento. El Intendente, en su calidad de jefe de ambos servicios, se encontraba en condiciones de determinar si la información requerida obraba en poder de uno u otro órgano, o en ninguno de ellos, debiendo derivar, en forma directa e inmediata, a la institución competente según el ordenamiento jurídico. En virtud de lo expuesto, los documentos que sirven de fundamento al recurso extraordinario de revisión, en nada alteran lo resuelto por este Consejo en la decisión recurrida. 5) Que, en efecto, teniendo los descargos del Gobierno Regional del Biobío como fecha 15 de noviembre de 2018, como se consigna en la decisión amparo rol C4347-18, y los oficios acompañados por el órgano en su reclamación, de fecha 26 de septiembre de 2018 y 17 de octubre de 2018, cabe tener presente que ambos documentos son de data anterior a la presentación de dichos descargos, por lo que aquéllos debieron haber sido tenidos en consideración por el órgano al momento de evacuar sus observaciones al amparo aludido, a lo menos respecto del primero de ellos, esto es, el oficio N° 1.454, de fecha 26 de septiembre de 2018, por tratarse de un documento firmado por el mismo recurrente, en su calidad de Intendente Regional, motivo por el cual no es posible concluir que se trate de documentos "ignorados al dictarse el acto o que no haya sido posible acompañarlos al expediente administrativo en aquel momento". 6) Que, en cuanto a la alegación subsidiaria y lo dispuesto en el artículo 61 de la ley N° 19.880, el cual dispone que "Los actos administrativos podrán ser revocados por el órgano que los hubiere dictado. La revocación no procederá en los siguientes casos: a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legítimamente; b) Cuando la ley haya determinado expresamente otra forma de extinción de los actos; o c) Cuando, por su naturaleza, la regulación legal del acto impida que sean dejados sin efecto", y teniendo presente lo razonado en los considerandos precedentes, no se han aportado elementos de juicio que ameriten la revocación de la decisión del amparo rol C4347-18, y siendo el reclamo de ilegalidad la forma de impugnar lo resuelto por este Consejo, según se consigna en el considerando 1), este recurso tampoco podrá prosperar. 7) Que, en consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, habiéndose desestimado las alegaciones del órgano recurrente, este Consejo procederá a rechazar, tanto el recurso extraordinario de revisión, dispuesto en el artículo 60 de la ley N° 19.880, como la revocación de oficio, contemplada en el artículo 61 de la citada ley, interpuestos por el Sr. Intendente de la Región del Biobío. 8) Que, finalmente, para efectos del cumplimiento de lo resuelto en la decisión recurrida, correspondiente al amparo rol C4347-18, y de conformidad al Principio de Coordinación consagrado en el artículo 3, inciso 2°, de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional que establece las bases generales de la Administración del Estado, según el cual debe existir colaboración, cooperación y coordinación entre los órganos del Estado, y en el artículo 5, inciso 2°, el cual dispone que "Los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia de funciones", y el Principio de Facilitación consagrado en el artículo 11, letra f) de la Ley de Transparencia, el recurrente, en su calidad de jefe de servicio tanto del Gobierno Regional del Biobío, como de la Intendencia Regional del Biobío, deberá coordinar sus procedimientos para efectos de acceder a los antecedentes requeridos con el fin de proporcionarlos directamente al solicitante. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el recurso extraordinario de revisión y de revocación de oficio, deducido por don Jorge Ulloa Aguillón, en su calidad de Intendente Regional de la Región del Biobío, de fecha 15 de febrero de 2019, en contra de la decisión pronunciada por este Consejo en el amparo rol C4347-18, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jorge Ulloa Aguillón, en su calidad de Intendente Regional de la Región del Biobío, y a don Carlos Sepúlveda Sanzana. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González y don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.