Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4355-18

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Reclamante:	SOLEDAD LUTTINO ROJAS
Reclamado:	POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a diversos sumarios administrativos de los funcionarios que indica, teniendo por entregadas las copias de dichos sumarios, pero de manera extemporánea, una vez vencidos los plazos legales . Se rechaza el amparo respecto de la copia del sumario que se encuentra reabierto, por tratarse de un procedimiento que no se encuentra afinado, y respecto del sumario o investigación sumaria del funcionario que señala, a raíz de los motivos que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder, por las razones que indica.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/5/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	DFL 29 2005 Estatuto Administrativo Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1847-15 C561-11
Jurisprudencia a:	C6910-20 C5302-21 C5303-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C4355-18 Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Requirente: Soledad Luttino Rojas. Ingreso Consejo: 11.09.2018 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, referido a diversos sumarios administrativos de los funcionarios que indica, teniendo por entregadas las copias de dichos sumarios, pero de manera extemporánea, una vez vencidos los plazos legales. Se rechaza el amparo respecto de la copia del sumario que se encuentra reabierto, por tratarse de un procedimiento que no se encuentra afinado, y respecto del sumario o investigación sumaria del funcionario que señala, a raíz de los motivos que indica, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no obra en su poder, por las razones que indica. En sesión ordinaria N° 964 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4355-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de julio de 2018, doña Soledad Luttino Rojas solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante e indistintamente, la Policía o la PDI, con relación a los funcionarios policiales que indica, la siguiente información: "Respecto a los que registran procesos disciplinarios: a) Miguel Pascual Barahona: i. Se solicita copia íntegra y certificada del Sumario Administrativo por lesiones en actos de servicio y del Sumario en que resultó sobreseído, ambos de 2014. ii. Que, señale si el procedimiento disciplinario señalado es el único instruido al funcionario, durante su trayectoria policial. b) Iván Gallardo Santana: i. Se solicita copia íntegra y certificada del expediente (sumario o investigación sumaria u otro) que registra procedimiento disciplinario por accidente vehicular en el que resultó sobreseído. ii. Respecto a denuncia pública que aparece en diferentes medios de internet, efectuadas por el Sindicato de Reporteros Independientes (ARI), entre otros, que muestran imágenes del funcionario señalado, sindicándolo como ‘infiltrado de la PDI’ o ‘falso fotógrafo’, se solicita copia del documento (sumario o investigación sumaria u otro) si es que se realizó por este motivo o la falta de capacidad funcionaria, entre otros. iii. Se solicita copia del documento o resolución que destina al Sr. Iván Gallardo Santana a la Brigada de Inteligencia Policial de la ciudad de Valdivia. c) Christian Manríquez Caro: i. Se solicita copia íntegra y certificada del expediente (sumario o investigación sumaria u otro) que registra procedimiento disciplinario por accidente vehicular en el que resultó sobreseído". 2) RESPUESTA: El 22 de agosto de 2018, mediante carta de respuesta, la PDI atendió el requerimiento, señalando en síntesis, respecto de lo pedido en la letra a), que el funcionario tiene 2 sumarios administrativos en el año 2014, y que uno de ellos se encuentra reabierto, actualmente en etapa de sustanciación. Con relación a lo solicitado en la letra b), indicó el número del sumario respectivo del año 2013, que no hay información sobre lo consultado en el numeral ii), y que adjunta Resolución Exenta N° 311, de 24 de enero de 2013. Respecto de lo requerido en el literal c), informó el número del sumario consultado, del año 2012. Acto seguido, señaló que para acceder a las copias de sumarios, debe pagar los costos directos de reproducción, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, indicando número de resolución que regula dichos costos y del link para acceder a la misma, agregando que el fundamento de los cobros es que para tarjar datos personales, debe necesariamente copiarlos, y que el total de hojas de los 3 sumarios es de 591, con un valor de $9.456. Para dicho trámite, indicó además, la cuenta donde debe depositar dichos fondos y, finalmente, el lugar y horario para el retiro de la documentación. 3) AMPARO: El 11 de septiembre de 2018, doña Soledad Luttino Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "Con fecha 27 de agosto de 2018, cancelé la suma requerida por el total de la documentación reclamada, realizando depósito a la Cuenta (...), a nombre de la Policía de Investigaciones de Chile, como consta en el comprobante que adjunto. No obstante, desde ese día a la fecha, no he recibido nada de parte de esa policía. Han pasado más de 15 días en que pague por la documentación señalada y la PDI aún no me hace entrega de ella, ni siquiera me ha informado que ocurrió con ella. A la fecha, la PDI no me ha enviado la documentación por medio de ningún soporte; ni correo electrónico, ni correo tradicional (...)". Acto seguido, respecto de lo pedido en la letra a), reclamó que "Sumario Administrativo Nro. 560-2014, instruido contra el funcionario Miguel Pascual Barahona y que se encuentra con reapertura y en etapa de sustanciación, según lo informado por la PDI en su correo electrónico de 22 de agosto de 2018, se solicita a ese CPLT, tenga a bien, en sugerir a esa policía (Región Policial de Coquimbo) revisar la respuesta otorgada a esta requirente, pues podría tratarse de un error, ya que el acto administrativo reclamado es del año 2014, según lo señalado, por lo que resulta incoherente que su reapertura se produzca cuatro años después, considerando el tiempo transcurrido, suficiente para la aparición de nuevos antecedentes que ameritasen su apertura antes, como su propia reglamentación y lo dispuesto por la CGR, que en este sentido enfatiza: ‘Acto administrativo que impone sanción disciplinaria no puede ser invalidado si han transcurrido más de dos años desde su notificación, no procede reabrir sumario administrativo cuando han pasado más de cuatro años desde que se cometió la infracción’ (Aplica dictamen N° 82.339, de 16-XII-2013, entre otros)". Asimismo, con relación a lo solicitado en el número ii), del literal b), alegó que "se solicita a ese Honorable Consejo requerir a la PDI que busque con mayor prolijidad información relativa a medidas disciplinarias aplicadas al precitado, puesto que apareció en diferentes medios de internet, siendo acusado de "infiltrado" y dejando la institución en mala posición", por cuanto el funcionario consultado "incurrió en conductas que infringieron el Reglamento de Disciplina de esa policía, puntualmente, el artículo 6°, N° 2, letra b) La negligencia o el descuido en el cumplimiento de las disposiciones superiores y 6°, N° 4, letra a) La divulgación de noticias propias de la Institución, sin la respectiva autorización superior, cuando con ello se cause daño a la imagen Institucional. Ello, porque no se aprecia que su labor haya sido expuesta debido a circunstancias de fuerza mayor, como prestar auxilio policial por delito flagrante u otras, única atenuante que podría haberlo dejado exento de alguna medida disciplinaria. Es más, los hechos que se ventilaron, ocurrieron en la esfera de su vida pública, en el cumplimiento de órdenes secretas o reservadas, lo que, sin duda, afectó el prestigio de esa institución y que por obligación reglamentaria, debió derivar en responsabilidad administrativa". Finalmente, indica que "el CPLT ha sostenido que si un funcionario incurre en un acto ilegal o irregular es del todo relevante que la ciudadanía conozca dichos actos y las medidas aplicadas para restaurar el imperio del Derecho, agregando que la condición de funcionario público, supone un estándar de escrutinio público en el que la privacidad, en lo relativo al ejercicio de dicha función, debe ceder en pos del necesario control social que debe ejercerse para garantizar el debido cumplimiento de aquéllas". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo y, mediante oficio N° E7839, de fecha 10 de octubre de 2018, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. Mediante Ord. N° 812, de fecha 23 de octubre de 2018, el órgano presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "efectivamente, como señala la reclamante con fecha 27.AGO.018, pagó y remitió el comprobante respectivo en relación a la información solicitada, procediéndose a solicitar, en el caso del Sumario Administrativo 356-2013, a la Región Policial de Los Ríos, para el caso del Sumario Administrativo 318-2014, a la Región Policial de Coquimbo, y por último, respecto del Sumario Administrativo 249-2012 a la Secretaría General, expedientes sumariales todos, los cuales una vez recibidos se procedió a aplicar el principio de divisibilidad de la información, volviendo a fotocopiarlos en cuanto a la información que debía ser tachada. El total de hojas fotocopiadas corresponde a 591 hojas, las cuales por su volumen se mantuvieron a la espera del retiro por parte de la solicitante, en dependencias de la Sección de Acceso a la Información Pública, tal como se le señaló expresamente en la carta respuesta a la reclamante". Acto seguido, el órgano informa que "En cuanto al domicilio postal, debido a reclamos por parte de la recurrente en cuanto a no enviarle correo postal a su domicilio, no se consideró esta opción (...) Ahora bien, dado el reclamo presentado por medio de este traslado, este Servicio toma conocimiento que la reclamante no concurrirá a retirar la información, razón por la cual se procedió a digitalizar toda la información requerida, es decir, los tres expedientes sumariales, para remitírselo a su correo electrónico (se adjunta comprobante de envío). No obstante lo anterior, al parecer el envío electrónico no resultó exitoso, debido a que la Institución por medidas de seguridad, tiene bloqueada la herramienta tecnológica Google Drive, lo que no pudo ser corroborado, ya que se le solicitó a la reclamante acusar recibo de la información y ésta no indicó expresamente, si lo había recibido o no". Luego, con relación al expediente reabierto, indica que "no se invocó ninguna causal, dado que no se negó la información por alguna causal contemplada en la ley, sino que se informó que se encontraba en sustanciación por reapertura, tal como lo informó oportunamente, mediante oficio, la Región Policial de Coquimbo, estamento en el que se encuentra dicho proceso sumarial. Ahora bien, en razón del tiempo transcurrido, se consultó nuevamente por dicha pieza sumarial, informándose que se encuentra en trámite para la confección de la Resolución de Término, por lo que en fecha próxima se encontrara terminado", señalando que la reclamante ingresó una nueva solicitud de información relativa a este expediente administrativo, a cuya fecha de entrega podría estar afinado el expediente. Respecto de lo requerido en el literal b), número ii), informa que "no se negó la información por alguna causal contemplada en la ley, sino que se informó que no hay información al respecto (...) aun cuando la reclamante especule que al supuesto funcionario por ella sindicado, debiera aplicársele alguna medida disciplinaria por los hechos que ella expone, esa facultad compete a los superiores directos de los funcionarios públicos y tal como se informó, el funcionario individualizado por la reclamante como GALLARDO SANTANA no registra procesos indagatorios disciplinarios en razón a los hechos expuestos". Finalmente, la PDI solicita corroborar si la información relativa a los expedientes, enviada por correo electrónico, fue recibida por la reclamante, adjuntando además, copia de la solicitud, de la respuesta, del comprobante de envío de la información por correo electrónico, copia de la nueva solicitud en la que pidió el sumario aludido y oficio de búsqueda de la información a la Inspectoría General. 5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo expuesto por el órgano en sus descargos, este Consejo, mediante Oficio N° E8890, de 8 de noviembre de 2018, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la información enviada, y en caso de disconformidad, señalar los motivos para aquello. Por medio de comunicación enviada por correo electrónico de fecha 19 de noviembre, la reclamante manifestó su disconformidad, señalando en síntesis, que "el pago de la información requerida que con fecha 27 de agosto de 2018, pero que la PDI se negó a entregar, sin fundamento, que este órgano no informo la imposibilidad de entregar a información por vía electrónica y en su carta respuesta de formulario tipo que utiliza indica un horario de retiro que sin duda carece de racionalidad al tener que retirar la información en la ciudad de Santiago, cuando los requirentes son de la ciudad de Calama", y que "sin perjuicio del presente amparo, la PDI se ha negado a hacer entrega de otra información ya pagada forzando los amparos reiterados, para la entrega, lo que ha sido validado por este Consejo, que no ha efectuado reparo alguno que a los menos la PDI, está entregando seis meses después del pago de la información". Acto seguido, indica que "respecto al procedimiento disciplinario de don Pascual Barahona, señala que el sumario se encuentra en reapertura (318 y 560. Ambos del 2014). Cuando por ley sólo son dos años plazo muy extemporáneo a lo indicado en la respuesta. Esta información ratificada por la CGR, por lo cual no es otra forma de negar información en los términos señalados, además de acuerdo a la ley la etapa de sustanciación no puede exceder los 90 días de plazo, ya extemporáneo igual desde la petición de información, como carece de racionalidad los amplios plazos que considera para el termino, infringiendo las leyes vigentes al respecto" agregando que "es poco creíble, por no decir que emite hechos falsos, al no tener un medio tecnológico que le permita enviar en archivo pdf los sumarios solicitados en forma separada". Finalmente, señala que "respecto a don Iván Gallardo Santana, era tan simple la respuesta que da esta policía, respecto a que no existen procedimientos disciplinarios, sino frecuentemente utiliza un discurso ampuloso para evitar pronunciarse al tenor de lo solicitado". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Policía de Investigaciones, a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a diversos antecedentes relativos a sumarios administrativos de los funcionarios policiales que indica. Al respecto, el órgano entregó la información relativa a los sumarios administrativos consultados, señaló que una parte no existe, entregó la resolución consultada, e indicó que las copias de los sumarios estarían disponibles para su retiro en la oficina que detalla, previo pago de los costos de reproducción. 2) Que, respecto de lo solicitado en las letras a), b) y c), en lo que se refiere a la copia de los sumarios administrativos correspondientes a los funcionarios que indica, el órgano accedió a su entrega previo pago de los costos de reproducción, y su posterior retiro en las oficinas y horarios que indica. Al respecto, cabe tener presente que la reclamante pagó los aludidos costos de reproducción, no obstante lo cual no recibió la documentación requerida, sino hasta una fecha posterior al ingreso del presente amparo. En tal sentido, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Transparencia, el cual establece que "La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles", lo que no ha ocurrido, en la especie, por cuanto el órgano no remitió la documentación vía correo electrónico, una vez pagada la cantidad de dinero indicada, así como tampoco acreditó que la entrega de esos antecedentes importara un costo excesivo o un gasto no previsto, que justificara el cambio de entrega de formato digital a físico, teniendo en consideración que la reclamante tiene su domicilio en Calama y la oficina señalada para el retiro de la información se encuentra ubicada en Santiago. 3) Que, por su lado, el numeral 4.1 de la Instrucción General N°10 de este Consejo, dispone que "Una vez efectuado el pago de los costos directos de reproducción el plazo de entrega seguirá corriendo y el órgano estará obligado a efectuar la reproducción de la información en el soporte solicitado o escogido a posteriori por el requirente, poniéndola a su disposición por el medio de envío señalado en su presentación o para su retiro en la oficina indicada". En la especie, la requirente pagó los costos de reproducción con fecha 27 de agosto de 2018, según consta del comprobante de la transferencia, sin perjuicio de lo cual, el órgano, con fecha 19 de octubre de 2018, remitió la documentación requerida al correo electrónico señalado por la reclamante, esto es, una vez vencido los plazos legales. Lo anterior, constituye una infracción a lo dispuesto en la señalada norma, la que será representada al órgano en la parte resolutiva de la presente decisión. 4) Que, en consecuencia, habiéndose entregado la documentación consultada, una vez vencidos los plazos legales, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, teniendo por entregada la información solicitada aunque de manera extemporánea. 5) Que, con relación a lo requerido en el literal a), número i), esto es, copia del sumario 560-2014, el órgano indicó que dicho procedimiento se encuentra con reapertura, en etapa de sustanciación, a la época de la solicitud. Al respecto, la reclamante señala que según lo dispuesto por la Contraloría General de la República, el acto administrativo que impone sanción disciplinaria no puede ser invalidado si han transcurrido más de dos años desde su notificación, no procede reabrir sumario administrativo cuando han pasado más de cuatro años desde que se cometió la infracción. 6) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 7) Que, en segundo lugar, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Consejo, plasmada entre otras en las decisiones recaídas en los amparos Roles A47-09, C561-11 y C1847-15, entre otras, la norma de secreto de los sumarios administrativos consagrada tanto en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, tiene por objeto asegurar el éxito de la investigación, cautelando el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. El carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, como el inculpado y su abogado. Es más, teniendo el secreto sumarial por objeto, asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. En el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al precisar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "(...) sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado (...)" (criterio adoptado, entre otros, en el dictamen N° 11.341/2010). 8) Que, en tercer lugar, según lo informado por el órgano, tanto en su respuesta como en sus descargos ante este Consejo, el procedimiento administrativo a que se refiere el requerimiento de información se encuentra aún en tramitación, con lo cual, a la luz de lo señalado en los considerandos precedentes, el secreto del expediente sumarial aún no se ha levantado. Asimismo, y dado el tenor de las alegaciones de la reclamante, consignadas en su amparo, vale tener en consideración que los motivos o los fundamentos de la reapertura del procedimiento, y los plazos transcurridos para aquello, escapan al ámbito de competencia de esta Corporación, razón por la cual este Consejo no se puede pronunciar a su respecto. 9) Que, en consecuencia, y atendido, por una parte, el estado procesal en que se encuentra el procedimiento disciplinario y, por otra, la afectación que podría generarse con la entrega de la información que se desarrolla, este Consejo estima que resulta aplicable a su respecto la causal de secreto o reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el mencionado artículo 137 del Estatuto Administrativo, razón por la cual se rechazará el presente amparo, respecto de este punto. 10) Que, sin perjuicio de lo anterior y atendido lo señalado en orden a que el sumario administrativo será público una vez que éste se encuentre afinado, y en virtud de los principios de máxima divulgación y facilitación, reconocidos en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se recomendará a la Policía de Investigaciones de Chile que, una vez que dicho expediente sumarial se encuentre afinado, sea entregado a la solicitante, en la forma pedida en su requerimiento. Se debe hacer presente que, de contenerse en el expediente sumarial requerido, datos personales de contexto, tales como números de cédula de identidad, domicilios particulares, fecha de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos o teléfonos particulares, entre otros, deberán ser tarjados en forma previa a su entrega, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, letra f), y 4, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. 11) Que, respecto de lo solicitado en el literal b), número ii), esto es, en relación con la denuncia pública que aparece en diferentes medios de internet, efectuadas por el Sindicato de Reporteros Independientes (ARI), en las que muestran imágenes del funcionario señalado, sindicándolo como "infiltrado de la PDI" o "falso fotógrafo", se solicita copia del sumario o investigación sumaria, u otro, si es que se realizó, por este motivo o la falta de capacidad funcionaria, el órgano señaló que no hay información al respecto, por lo que sería inexistente. 12) Que, al respecto, conforme ha resuelto previamente este Consejo, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarlo fehacientemente. En la especie, el órgano señaló que el funcionario individualizado por la reclamante no registra procesos indagatorios disciplinarios en razón a los hechos expuestos; y que, según lo informado por Inspectoría General, mediante oficio N° 209, de 20 de agosto de 2018, en virtud de lo indicado por el Departamento V "Asuntos internos", las investigaciones que enumera no tienen relación con los temas mencionados. 13) Que, en dicho contexto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, sólo será pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente. En consecuencia, sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo, por no obrar en poder de la PDI la información pedida por la reclamante. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Soledad Luttino Rojas, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, teniendo por entregada la información relativa a los sumarios administrativos requeridos en las letras a), b) y c), aunque de manera extemporánea, y rechazándolo respecto de lo requerido en la letra a) número i), por tratarse de un sumario administrativo que no se encuentra afinado, y respecto de lo pedido en la letra b) número ii), por tratarse de información inexistente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile la infracción al artículo 17 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber remitido la información solicitada, en la forma o por el medio señalado por la requirente. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino Rojas y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.