Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4418-18

Reclamante:	MATÍAS ROJAS MEDINA
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de copia del "Libro de Detenidos", de febrero de 1984, correspondiente al Centro de Detención Provisoria de Calama, con una mejor resolución de imagen que la proporcionada al reclamante y, tarjando previamente, la identidad de los internos informados. Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de la identidad de los internos informados, pues al tratarse de penas cumplidas, dicha información es reservada de conformidad a la Ley de Protección de la Vida Privada. En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11 y C4086-18, respecto de información similar.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/5/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4086-18 C1415-11 C377-13
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4418-18 Entidad pública: Gendarmería de Chile Requirente: Matías Rojas Medina Ingreso Consejo: 13.09.2018 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de Gendarmería de Chile, requiriendo la entrega de copia del "Libro de Detenidos", de febrero de 1984, correspondiente al Centro de Detención Provisoria de Calama, con una mejor resolución de imagen que la proporcionada al reclamante y, tarjando previamente, la identidad de los internos informados. Se rechaza el amparo en cuanto a la entrega de la identidad de los internos informados, pues al tratarse de penas cumplidas, dicha información es reservada de conformidad a la Ley de Protección de la Vida Privada. En el mismo sentido, se resolvieron amparos Roles C1415-11 y C4086-18, respecto de información similar. Asimismo, se rechaza el amparo en cuanto al dato relativo al rol de la causa y tribunal consultados, en atención a que su búsqueda distraería indebidamente a los funcionarios del órgano reclamado del cumplimiento habitual de sus labores. En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C4418-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 9 de agosto de 2018, don Matías Rojas Medina solicitó a Gendarmería de Chile, "copia de todos los ingresos de internos a recintos penales de la ciudad de Calama entre el 16 de febrero y el 30 de febrero del año 1984, proporcionando la identidad de los mismos, en qué calidad ingresaron, con qué fecha específica, a qué recinto penal y el rol y tribunal que se vincule con la autoridad judicial que haya dispuesto lo anterior". (Sic) 2) RESPUESTA: Gendarmería de Chile, mediante carta N° 2597, de fecha 13 de septiembre de 2018, informó fecha de ingreso y cantidad de personas ingresadas por día al Centro de Detención Preventiva de Calama. 3) AMPARO: Con fecha 13 de septiembre de 2018, don Matías Rojas Medina dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de Gendarmería de Chile, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular sostuvo que "La reclamada sólo entrega información numérica y no en los términos requeridos (nombres, datos de tribunales y otros). Tampoco acompaña copia digital de la documentación que fue tenida a la vista para elaborar la tabla entregada". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, mediante oficio N° E8.222, de fecha 25 de octubre de 2018, para que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1384/18, de fecha 13 de noviembre de 2018, informó que mediante carta N° 3157, de fecha 9 de noviembre de 2018, remitió al reclamante complemento de la respuesta otorgada, adjuntando copia de "Libro de Detenidos" del Centro de Detención Provisoria de Calama, en el cual se registraban los ingresos a dicha unidad, aplicando el principio de divisibilidad tarjando los nombres de las personas ingresadas, por configurarse a su respecto las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. En cuanto a la primera causal de excepción alegada, señala que la divulgación de lo pedido afectaría no solo la vida privada de las personas ingresadas al Centro de Detención Provisoria de Calama, las cuales no por ese sólo hecho pierden su derecho a la intimidad, sino también la seguridad e intimidad de sus familias o cercanos, exponiéndolos a una estigmatización social por efecto expansivo de la publicidad de aquella información. Sobre este punto, además debe considerarse el factor de que ésta corresponde al año 1984. Por otra parte, argumenta la configuración de la causal de excepción establecida en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículo 2, letra f), y 7, de la ley N° 19.628, lo que debe complementarse con lo señalado en sentencia de reclamo de ilegalidad, Rol N° 1860-2017, de la Corte de Apelaciones de Santiago. Además, informan que no aplicaron el procedimiento establecido en el artículo 20, de la Ley de Transparencia, por su imposibilidad material, en el sentido que el sistema de internos con el que cuentan, tiene menor data que la información solicitada, es por ello que al realizar la búsqueda de las 13 personas, que constan en el "Libro de Detenidos", no encontraron coincidencias en el registro informático, por tanto, no cuentan con ningún medio para la aplicación de lo ordenado en dicho artículo. Por lo que, también sostienen que se encuentran imposibilitados de entregar los nombres de la lista, toda vez que por la fecha de ingreso es plenamente aplicable lo dispuesto en el artículo 21, de la ley N° 19.628. En atención a que las personas informadas en el listado no son coincidentes con nombres en sus registros como a las que sí coinciden ya que sus penas se encuentran cumplidas, de esta forma se suma otra causal para no entregar los nombres de las personas que ingresaron a la Unidad. Por otra parte, en cuanto a lo solicitado relativo al "rol y tribunal", alega la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Así, sostiene que para lograr encontrar los documentos que eventualmente pudieran existir desde esa data y que contengan la información requerida sería necesario realizar un seguimiento manual de todas las carpetas ubicadas en la Unidad existente, las cuales podrían haber sido destruidas o enviadas a otras Unidades o cualquier otra causal de hecho que hace imposible su localización, en caso de existir. De esta forma, para la labor de búsqueda tendrían que dedicar personal exclusivo de la Unidad Penal de Calama, distrayéndolo de sus funciones habituales, las cuales y entendiendo su realidad institucional son cuantiosas para un personal reducido, así las cosas dicha unidad cuenta con 529 personas privadas de libertad, las cuales deben ser custodiadas y reinsertadas por 100 funcionarios, que deben distribuir sus horarios diurnos y nocturnos, entendiendo que la custodia corresponde a una labor de 24 horas. Por su parte, considera que la estimación del tiempo de búsqueda podría ser variable dependiendo del azar ya que de existir la información no se encuentra ordenada de acuerdo a ninguna secuencia predeterminada. Actualmente la Unidad Penal se encuentra realizando un cambio de bodegas de la información que obra en su poder. Por tanto, sólo para efectos de realizar la búsqueda su Servicio tendría que destinar a una persona para ello, contratada para el efecto, al menos con un contrato de un mes, equivalente a un grado 22, auxiliar, que correspondería a un sueldo bruto de 554.997 pesos. Finalmente, hacen presente que por la data de la información solicitada, al no existir mayores instrucciones y principios administrativos en aquellos años, y la inexistencia de la tecnología aplicada el día de hoy en los diversos procesos de la Administración Pública, la búsqueda de lo solicitado claramente configura la causal de secreto o reserva alegada. Y CONSIDERANDO: 1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, respecto de la cual, el órgano reclamado, con ocasión de sus descargos, informó haberla complementado posteriormente. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la identidad de las personas consultadas, alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 2 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en la ley N° 19.628. Por su parte, en lo referente al dato relativo al rol y tribunal, argumentó la configuración de la causal de excepción dispuesta en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 2) Que según lo alegado por el órgano reclamado, la información relativa a los ingresos de internos consultados está, en su mayoría, contendida en el "Libro de Detenidos", de febrero de 1984, del Centro de Detención Provisoria de Calama. En este punto se debe hacer presente lo dispuesto en el artículo 19, N° 7, letra d) de la Constitución Política de la República, en orden a que los "encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público". 3) Que el órgano reclamado denegó el acceso a la identidad de los internos informados, por considerar que procede la hipótesis prevista en el artículo 21 de la ley N° 19.628, en virtud de la cual, este Consejo ha establecido dos presupuestos para su aplicación respecto de las condenas impuestas por la comisión de delitos en juicios penales, a saber: (a) Debe tratarse de "datos personales relativos a condenas por delitos". Es decir debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y (b) Las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse "cumplidas" o la pena asignada debe estar "prescrita". 4) Que en atención a que los registros por los cuales se consultan corresponden al mes de febrero de 1984, y a que el órgano reclamado, informó que en su sistema informático no se encuentran registradas las personas ingresadas en el periodo consultado, por lo que, consideran que las penas privativas de libertad impuestas - si ese fuera el caso- ya se encuentran cumplidas, este Consejo concluye que la hipótesis de secreto señalada en el considerando anterior, resulta aplicable en el presente caso, la que se debe armonizar con lo dispuesto en el artículo 19, N° 7, letra d) de la Constitución Política de la República. En tal sentido, se concluye que quienes han cumplido condena no deben mantenerse en el registro a que alude la citada norma constitucional, conciliando de este modo, la regla del llamado "derecho al olvido" que consagra el artículo 21 de la ley N° 19.628, con el texto y finalidad de la norma constitucional invocada, que tiene por objeto "que cualquier persona que tenga interés pueda informarse si el sujeto que busca está o no en ese lugar, cuál es su situación física y jurídica, y deduzca las acciones que proceden en su defensa. Tal registro, evidentemente, debe ser público, hallarse a disposición de los interesados y mantenerse actualizado para que cumpla los objetivos enunciados" (Cea, José. Derecho Constitucional Chileno, Tomo II. Universidad Católica de Chile. Santiago, 2004. p. 242). 5) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo en este aspecto, por concurrir la causal de reserva o secreto establecida en el artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628. En el mismo sentido se resolvieron amparos Roles C1415-11 y C4086-18, sobre similar información. 6) Que en cuanto a lo consultado relativo al rol y tribunal de las causas judiciales por las cuales fueron ingresadas al Centro de Detención de Calama las personas a que se refiere la solicitud en febrero de 1984, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Al respecto, este Consejo ha establecido que aquella sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad. 7) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 8) Que el órgano reclamado argumenta que para lograr encontrar los documentos que eventualmente pudieran existir correspondiente al año 1984 y que contengan la información requerida sería necesario realizar un seguimiento manual de todas las carpetas, las cuales podrían haber sido destruidas o enviadas a otras unidades penales. Así, en el evento de existir lo requerido, esto no se encuentra ordenado de acuerdo a ninguna secuencia predeterminada, pues en esos años no existían mayores instrucciones y principios administrativos, así como tampoco, la tecnología que se aplica el día de hoy en los diversos procesos de la Administración Pública. Además, hacen presente, que el personal de la unidad penal asciende a 100 funcionarios, encargados de custodiar y reinsertar a 529 personas privadas de libertad, y que actualmente se encuentra realizando un cambio de bodegas de la información que obra en su poder. Por tanto, tendría que contratar a una persona que se dedique por lo menos un mes de forma exclusiva a dicha labor. 9) Que, por lo expuesto, a juicio de este Consejo resultan atendibles los antecedentes proporcionados por el órgano reclamado para configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia invocada en el sentido de que otorgar acceso al reclamante a lo pedido conllevaría la distracción de sus funcionarios del cumplimiento habitual de sus labores, con el evidente perjuicio del normal quehacer institucional de Gendarmería de Chile. En consecuencia, se rechazará el presente amparo en este aspecto, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 10) Que respecto de lo pedido relativo a la calidad en que ingresaron las personas consultadas, fecha y recinto penal, el órgano reclamado con ocasión de sus descargos alegó que la copia del "Libro de Detenidos" proporcionada de manera extemporánea al reclamante contendría dichos antecedentes. Sin perjuicio de lo cual, de la revisión de aquella este Consejo advierte que corresponde a una imagen escaneada, con una definición que no resulta óptima para su lectura. En consecuencia, se acogerá el amparo en este aspecto, requiriendo la entrega de copia de aquella en una mejor resolución, tarjando, en todo caso, el dato relativo a la identidad de las personas ingresadas, en atención a lo resuelto en el considerando sexto de la presente decisión. 11) Que, finalmente, en cuanto a lo señalado por el reclamante con ocasión de su amparo en orden a que no se le proporcionó acceso a "copia digital de la documentación que fue tenida a la vista para elaborar la tabla entregada", al no haber sido parte de la solicitud que dio origen al presente amparo, este Consejo no se pronunciará al respecto por resultar improcedente. Con todo, se debe considerar que precedentemente se resolvió la entrega de copia de "Libro de Detenidos" que corresponde a la documentación fundamento de la tabla proporcionada en la respuesta del órgano reclamado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Matías Rojas Medina en contra de Gendarmería de Chile, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante de copia del "Libro de Detenidos", de febrero de 1984, correspondiente al Centro de Detención Provisoria de Calama, con una imagen de mejor resolución que la ya proporcionada, y tarjando de aquella, previamente, la identidad de los internos informados. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la entrega de la nómina de personas ingresadas al centro de detención consultado, al rol y tribunal correspondiente en cada caso; por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 21, de la ley N° 19.628; y la prescrita en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, respectivamente, por los fundamentos señalados precedentemente. IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Matías Rojas Medina y al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.