Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4460-18

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Reclamante:	MARIANO DIAZ MARTIN
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE TARAPACÁ
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Tarapacá, respecto de diversos antecedentes sobre las unidades de farmacia que señala, su fiscalización y personal respectivo. Se ordena la entrega de copia de las actas de fiscalización de cada una de las unidades de farmacia, denegadas por encontrarse con sumarios sanitarios en curso; y copia de los documentos que acrediten formación en farmacia del personal que labora en el CESFAM Cirujano Videla, en ambos casos, debiendo el órgano tarjar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, número telefónico, correo electrónico o domicilio particular, entre otros. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, por haberse desestimado la alegación por afectación al privilegio deliberativo de la SEREMI y por tratarse de antecedentes relativos a funcionarios de salud.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/31/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C3014-15 C1295-16
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C4460-18 Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Tarapacá. Requirente: Mariano Díaz Martin. Ingreso Consejo: 20.09.2018 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de la Región de Tarapacá, respecto de diversos antecedentes sobre las unidades de farmacia que señala, su fiscalización y personal respectivo. Se ordena la entrega de copia de las actas de fiscalización de cada una de las unidades de farmacia, denegadas por encontrarse con sumarios sanitarios en curso; y copia de los documentos que acrediten formación en farmacia del personal que labora en el CESFAM Cirujano Videla, en ambos casos, debiendo el órgano tarjar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, número telefónico, correo electrónico o domicilio particular, entre otros. Lo anterior, por tratarse de información que obra en poder del órgano reclamado, por haberse desestimado la alegación por afectación al privilegio deliberativo de la SEREMI y por tratarse de antecedentes relativos a funcionarios de salud. Finalmente, se representa al órgano no haber derivado la solicitud de información, en lo pertinente, a todos los organismos competentes, en virtud del principio de facilitación consagrado en la Ley de Transparencia, excepcionalmente este Consejo efectuará dicha acción. En sesión ordinaria N° 963 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4460-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de agosto de 2018, don Mariano Díaz Martin solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, en adelante e indistintamente, la Secretaría o la SEREMI, la siguiente información: a) "Copia de la última acta de fiscalización de cada una de las unidades de farmacia que teniendo ya sea medicamentos controlados, fraccionen o distribuyan los fármacos en dosis unitaria, no cuenten con profesional farmacéutico en su dirección técnica, informando asimismo, si cuentan con personal de apoyo calificado profesionalmente según norma 1704 y con el letrero que las identifique ya sea como farmacia o como botiquín, según corresponda. b) En visita realizada en el día de hoy al Cesfam Cirujano Videla, fue posible constatar que la unidad identificada como farmacia según letrero, no cuenta con profesional farmacéutico ni personal que se identifique como auxiliar o técnico en farmacia, manteniendo medicamentos controlados sin que se evidencie atención farmacéutica que evite el riesgo del uso irracional de fármacos, lo que conlleva pérdida de recursos públicos y, eventualmente, de vidas, en consecuencia solicito: i. Copia del documento que acredite formación en farmacia del personal que allí labora. ii. Copia de la autorización sanitaria del CESFAM y de la unidad de farmacia. iii. Copia del argumento jurídico, sanitario o moral que permite el funcionamiento del mencionado establecimiento de atención primaria destinado a servir al estrato social más pobre y vulnerable, sin cumplir con lo señalado en nuestro ordenamiento jurídico aplicable al sector público como privado". 2) RESPUESTA: El 4 de septiembre de 2018, mediante Ord. N° 1466, la Secretaría respondió a dicho requerimiento de información, adjuntando copia de las actas N° 2565 del 26 de junio de 2017 correspondiente al CECOSF El Boro, y N° 1489 del 29 de mayo de 2017, del CESFAM Dr. Pedro Pulgar, agregando que las 9 actas que indica en una tabla "corresponden a la última fiscalización de los establecimientos, sin embargo, no son de carácter público, pues el sumario sanitario se encuentra abierto", y que "No se ha realizado visita inspectiva, desde que se autorizaron a los siguientes establecimientos: CECOSF La Tortuga y Posta Rural de Pachica". Acto seguido, indicó que "El listado de personal que labora en los establecimientos, debe ser solicitado a la municipalidad y/o Servicio de Salud al que pertenecen". Asimismo, respecto de los documentos que acrediten formación en farmacia del personal, informó que "No se puede entregar dicha información, pues no es un documento público y además contiene datos sensibles". Luego, con relación a la copia de la autorización sanitaria, adjuntó copia de las resoluciones de los 13 establecimientos autorizados. Finalmente, respecto del argumento jurídico, sanitario o moral que permite el funcionamiento del establecimiento aludido, señaló que "El argumento jurídico que autoriza el funcionamiento de los establecimientos es la Resolución Sanitaria de Autorización". 3) AMPARO: El 20 de septiembre de 2018, don Mariano Díaz Martin dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región De Tarapacá, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud de información. Asimismo, agrega que "no informa si cuenta con personal calificado, no entrega actas de fiscalización por contener información sensible, no entrega calificaciones de personal auxiliar de farmacia". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, admitió a tramitación el presente amparo y, mediante Oficio N° E8102, de fecha 23 de octubre de 2018, confirió traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Mediante Ord. N° 1863, de fecha 14 de noviembre de 2018, la SEREMI reclamada presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que denegaba la entrega de las actas de fiscalización en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, señalando que "estas actas dieron inicio a procesos sancionatorios administrativos (sumarios sanitarios), por incumplimiento a la normativa sanitaria vigente, encontrándose actualmente en estado de tramitación", sin perjuicio de lo cual, adjunta acta de fiscalización del CECOSF La Tortuga, de fecha posterior a la solicitud, por no haber dado inicio a procedimiento sumarial, e indicando que "al no ser parte en el sumario sanitario, no se debiese aportar dicha información, no obstante que la misma sea pública una vez afinados los procedimientos sumariales. Lo anterior, fundamentado en el principio de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República", y que dichos sumarios podrían estar resueltos a fines de diciembre. Con relación a los documentos que acreditan formación en farmacia del personal, indica que "La información reclamada no obra en poder de esta repartición pública. Por tal motivo en la solicitud de información se le señaló al solicitante, que la misma debía ser requerida a la institución de salud correspondiente". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, a la solicitud de información del reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a diversos antecedentes sobre las unidades de farmacia que indica, su fiscalización y personal respectivo. Al respecto, el órgano copia de 2 actas de fiscalización, denegando la entrega de las otras 9, e informando que en 2 lugares no se ha fiscalizado, entregando autorizaciones y norma sanitaria que autoriza, y señalando que los antecedentes sobre formación profesional debe ser requerida en las respectivas instituciones de salud. 2) Que, del tenor de la solicitud, del contenido de la respuesta entregada por el órgano, y de lo señalado por el solicitante en su amparo, la presente decisión se circunscribe a lo requerido por don Mariano Díaz Martin, en la letra a) y en la parte inicial de la letra b) de la solicitud contenida en el número 1) de la parte expositiva. 3) Que, respecto de lo pedido en la primera parte de la letra a), esto es, copia de la última acta de fiscalización de cada una de las unidades de farmacia, el órgano entregó copia de 2 actas, denegando otras 9 por encontrarse con sumarios sanitarios en curso. Al respecto, en primer lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 4) Que, en segundo lugar, las normas que regulan, establecen y determinan el sumario sanitario, son aquellas contenidas en el artículo 161 y siguientes del Código Sanitario, normas entre las cuales no se establece que dicho procedimiento sea secreto. No obstante lo anterior, conforme con lo dispuesto en el mencionado artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". 5) Que, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos roles C12-09, C3014-15 y C1295-16, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que, respecto al primero de los requisitos señalados en el considerando precedente, este Consejo ha estimado que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre los antecedentes o deliberaciones previas y la resolución o medida a adoptar por dicho órgano. En la especie, resulta pertinente indicar que en las actas de fiscalización se constatan hechos que eventualmente pueden constituir infracciones que son investigadas en el respectivo sumario sanitario. En dicho contexto, cabe colegir que el acta solicitada tiene el carácter de antecedente previo al pronunciamiento de la reclamada en el antedicho procedimiento investigativo. En relación al segundo de los requisitos, es dable consignar que el órgano reclamado no ha señalado en qué medida la entrega del acta solicitada afectaría el desarrollo del procedimiento sumarial en comento, o si, eventualmente, se entorpecería la generación de la decisión que debe adoptar en el mismo. Al efecto, el documento en análisis tiene por objeto dejar constancia de una serie de circunstancias objetivas de carácter fáctico observadas por el fiscalizador, sin atribuirles una calificación jurídica determinada, en cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud, aprobado mediante resolución exenta N° 216 de 13 de abril de 2012. En virtud de lo anterior, no es posible tener por acreditada la concurrencia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, por lo que dicha alegación no podrá prosperar. 7) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones de la SEREMI, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de este punto, ordenando la entrega de las copias de las actas de fiscalización denegadas. Con todo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y 4 de la ley N° 19.628 y en aplicación del principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, previo a hacer entrega del acta, la reclamada deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, número telefónico, correo electrónico o domicilio particular, entre otros. Lo anterior en cumplimiento de la función conferida a este Consejo por el artículo 33, letras j) y m) de la Ley de Transparencia. 8) Que, con relación a lo solicitado en la parte final de la letra a), esto es, se informe si las respectivas unidades de farmacia cuentan con personal de apoyo calificado profesionalmente según norma 1704 y con el letrero que las identifique ya sea como farmacia o como botiquín, según corresponda, el órgano se limitó a señalar que dicha información debe ser solicitada a la municipalidad o Servicio de Salud al que pertenece. Al respecto, el artículo 13 de la Ley de Transparencia, dispone que "En caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario (...)". Por su parte, el numeral 2.1, literal a) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, si el órgano es incompetente para conocer de la solicitud, "Cuando sea posible individualizar al órgano competente, por existir una autoridad que deba conocer la solicitud de información según el ordenamiento jurídico, ya sea porque se desprende claramente de ella o de la subsanación correspondiente, en su caso, el sujeto requerido deberá derivar la solicitud de inmediato, e informar al peticionario de todo lo anterior, mediante notificación efectuada de acuerdo a lo indicado en su solicitud. De esta forma, el órgano dará por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. La notificación al solicitante incluirá una copia del acto administrativo en virtud del cual se efectuó la derivación y la indicación de su fecha de envío al órgano competente". 9) Que, en la especie, y según lo expuesto, la SEREMI no derivó el requerimiento objeto del presente amparo, en lo pertinente, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, a los organismos competentes, esto es, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, a la Municipalidad de Pica, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, a la Municipalidad de Alto Hospicio y al Servicio de Salud de Iquique, infracción que será representada al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, en lo resolutivo de la presente decisión. 10) Que, en consecuencia, sin perjuicio de tratarse de información que no obra en poder del órgano reclamado, pero no habiéndose derivado inmediatamente la solicitud de información a los organismos competentes, en los términos dispuestos en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, se acogerá el presente amparo solo en cuanto a la falta de derivación oportuna, procediendo este propio Consejo a derivar la solicitud de información objeto del presente amparo, en lo pertinente, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, a la Municipalidad de Pica, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, a la Municipalidad de Alto Hospicio y al Servicio de Salud de Iquique, en aplicación del principio de facilitación consagrado en el artículo 11, letra f), de la Ley de Transparencia, a fin de que dichos órganos se pronuncien respecto de lo solicitado, en los términos que dispone la ley. 11) Que, respecto de lo pedido en la parte inicial de la letra b), esto es, copia del documento que acredite formación en farmacia del personal que labora en el CESFAM Cirujano Videla, el órgano denegó su entrega indicando que "No se puede entregar dicha información, pues no es un documento público y además contiene datos sensibles". Al respecto, vale tener en consideración que, no obstante lo señalado por el órgano, aquellas alegaciones deberán ser desestimadas, pues la naturaleza de la información requerida, por tratarse de antecedentes referidos al desempeño del personal que trabaja o trabajó para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa queda, en el ejercicio de esas funciones públicas, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Luego, y en base a la referida premisa, este Consejo ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño, registros de asistencia, currículum vítae, liquidaciones de sueldo, títulos profesionales, pago de cometidos funcionarios y otros similares. Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Carta Fundamental y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. 12) Que, luego, y en este mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 8 de mayo de 2017, en causal Rol N° 11.513-2016, en su considerando 5°, expresó que: "(...) si bien el funcionario público es titular del derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, la protección de su vida privada no es un derecho absoluto, permitiéndose limitaciones que tengan por finalidad la preservación de valores vinculados a intereses generales de la colectividad o la necesidad de proteger otros derechos que representan valores socialmente deseables. Es por ello que se encuentra sujeto a un estándar de escrutinio público mayor que el de un particular, que permita el cumplimiento de las obligaciones de la administración y el control social sobre las mismas, de otra manera no sería posible verificar el requisito exigido por la ley". 13) Que, por su lado, en cuanto a la información solicitada, se debe tener presente que atendido el tipo de función que desempeñan los servidores públicos, éstos están sujetos a un nivel de escrutinio público de una entidad mayor, que supone un control social más intenso respecto de sus antecedentes laborales y profesionales. En tal sentido, la solicitud de información de la especie, se refiere a los documentos que acrediten la formación en farmacia del personal que labora en el Centro de Salud que indica, por lo que el requerimiento consiste en información de carácter público, que obra en poder del órgano, financiados con fondos públicos, motivo por el cual el presente amparo deberá ser acogido, respecto de esta parte. 14) Que, en consecuencia, tratándose de información que obra en poder del órgano reclamado, y habiéndose desestimado las alegaciones de la SEREMI, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta letra, disponiendo la entrega de la información reclamada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Mariano Díaz Martin en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de las actas de fiscalización de cada una de las unidades de farmacia, denegadas por encontrarse con sumarios sanitarios en curso; y copia de los documentos que acrediten formación en farmacia del personal que labora en el CESFAM Cirujano Videla, en ambos casos, debiendo el órgano tarjar, previamente, todos aquellos datos personales de contexto que allí se contengan, tales como el RUT, número telefónico, correo electrónico o domicilio particular, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá, la infracción al artículo 13 de la Ley de Transparencia, y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la citada ley, al no haber derivado de inmediato la solicitud de información, a todos los organismos competentes. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente: a) Derivar la solicitud objeto del presente amparo, respecto de lo solicitado en la parte final de la letra a), a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, a la Municipalidad de Pica, a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Pozo Almonte, a la Municipalidad de Alto Hospicio y al Servicio de Salud de Iquique, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, a fin de que dichos órganos se pronuncien respecto de lo solicitado, en los términos que dispone la ley. b) Notificar la presente decisión a don Mariano Díaz Martin y al Sr. Secretario Regional Ministerial de Salud de la Región de Tarapacá. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.