Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4574-18

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Reclamante:	OSVALDO CHÁVEZ MIRANDA
Reclamado:	GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Gobierno Regional de la Región de Antofagasta, ordenándose la entrega, previo pago de los costos directos de reproducción, de todos los productos entregados en sus formatos originales del proyecto código BIP 30459748-0 "Adquisición y Ortorrectificación imágenes Satelitales Borde Costero". Lo anterior, en tanto no se acreditó una afectación a los derechos económicos y comerciales de la empresa adjudicada ESRI Chile S.A, teniendo presente que aquélla no evacuó descargos que ponderar en esta sede. Asimismo, se desestiman las alegaciones del órgano referentes a la afectación de los referidos derechos, en tanto, siguiendo el criterio tanto de este Consejo (Rol C3265-15), como de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 4.933-2016), dicha causal accede a derechos establecidos en este caso para un tercero, no así en favor del órgano.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/18/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C589-09 C694-12 C3265-15 C399-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Personal y remuneraciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C4574-18 Entidad pública: Gobierno Regional Región de Antofagasta. Requirente: Osvaldo Chávez Miranda. Ingreso Consejo: 26.09.2018. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Gobierno Regional de la Región de Antofagasta, ordenándose la entrega, previo pago de los costos directos de reproducción, de todos los productos entregados en sus formatos originales del proyecto código BIP 30459748-0 "Adquisición y Ortorrectificación imágenes Satelitales Borde Costero". Lo anterior, en tanto no se acreditó una afectación a los derechos económicos y comerciales de la empresa adjudicada ESRI Chile S.A, teniendo presente que aquélla no evacuó descargos que ponderar en esta sede. Asimismo, se desestiman las alegaciones del órgano referentes a la afectación de los referidos derechos, en tanto, siguiendo el criterio tanto de este Consejo (Rol C3265-15), como de la Corte de Apelaciones de Santiago (Rol 4.933-2016), dicha causal accede a derechos establecidos en este caso para un tercero, no así en favor del órgano. Se representa al Gobierno Regional el no haber conferido traslado al tercero interesado. En sesión ordinaria N° 982 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo rol C4574-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de agosto de 2018, don Osvaldo Chávez Miranda solicitó al Gobierno Regional de la Región de Antofagasta, la siguiente información: "todos los productos entregados en sus formatos originales del proyecto código BIP 30459748-0 "Adquisición y Ortorrectificación imágenes Satelitales Borde Costero". 2) RESPUESTA: Por medio de resolución exenta N° 1052, de 11 de septiembre de 2018, el órgano denegó la entrega de lo requerido en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, lo siguiente: a) Mediante Resolución Exenta N°1564 de fecha 30 de noviembre del 2016, se adjudicaron los siguientes productos: Licencia Digital Globe Archivo 4 Bandas 50 cm, con un área total a fotografiar de 8.355 Km2. Detalle de la Adjudicación: Imágenes; Servicio complementario para productos de licencias de software-configuración de software: Detalle de la Adjudicación: Ortorrectificación. b) A través de acta de recepción conforme y aprobación, de fecha 7 de marzo del 2017, el proveedor adjudicado, ingresó por oficina de partes las imágenes satelitales en soporte DVD, así como las licencias de grupo. c) En dicha instancia se recepcionó licencia para uso interno, en la cual se señala que el cliente no podrá transferir ni ceder ninguno de sus derechos ni delegar ninguna de las obligaciones bajo estos términos de licencia, en su totalidad o en parte, incluyendo cualquier transferencia por aplicación de la Ley, sin el consentimiento previo por escrito de la empresa. d) Por Resolución Exenta N° 0790 de fecha 4 de agosto del 2017, se designó a la Unidad de Ordenamiento Territorial como responsable de la coordinación para el uso de la cartografía adquirida a través de "Adquisición y Ortorrectificación Imágenes Satelitales Borde Costero, Código ID130459748-0. 3) AMPARO: El 26 de septiembre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del referido órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Intendente Regional de Antofagasta, mediante oficio N° E8851, de fecha 8 de noviembre de 2018, requiriendo que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero involucrado; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si el tercero involucrado presentó su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto - por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, del tercero involucrado, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Posteriormente, por medio de oficio N° 2607, de 22 de noviembre de 2018, el órgano reiteró su alegación referente a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, señalando en síntesis, lo que sigue: a) La causal de denegación señalada en el párrafo precedente, versa sobre la afectación al derecho de carácter comercial, toda vez que la información objeto del presente requerimiento, se encuentra protegido por el uso de licencia de la compañía respectiva. b) Del clausulado del contrato de licencia que rige al Gobierno Regional de Antofagasta y la empresa, se desprende que los únicos derechos que le fueron entregados al Gobierno Regional como licenciatario, fuero los derechos de visualización y análisis de las imágenes e información contratada. De manera tal que no es posible entregar la información solicitada, dada la imposibilidad contractual de distribuir las imágenes, adquiridas fuera de las entidades a las que les fue entregada licencia. c) Lo anterior queda ratificado en el numeral 5 de la referida licencia de uso interno, donde se expresa que el Cliente no realizará ni permitirá a ningún usuario autorizado: a) Distribuir, otorgar sub licencias, alquilar, vender, ofrecer en leasing o prestar el Producto o Derivados a Terceros; b) Usar los Productos o Derivados para las necesidades comerciales de Terceros incluyendo sin limitación, la previsión de cualquier servicio a Terceros; c) Remover, desviar o evadir cualquier medida de protección electrónica o de otra forma, incluida en o con el producto; d) Alterar, ocultar o eliminar cualquier aviso de derechos de autor, información de gestión de derechos de autor o leyendas del propietario contenidas dentro de o en el Producto; o e) Usar o acceder de cualquier otro modo al producto o a cualquier Derivado por cualquier motivo no expresamente permitido en estos términos de Licencia, incluyendo, sin limitación, para fines comerciales. d) Sobre lo anterior, cabe precisar que la propiedad intelectual de este producto le pertenece a la empresa. e) No se efectúo el procedimiento indicado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por no ser pertinente a esta situación. f) Para la visualización de las imágenes, se requirió la adquisición de un servicio complementario, es decir un software especial. En relación a esto y al peso de los archivos, éstos debieron ser ingresados al Gobierno Regional, mediante DVD de doble capa, alcanzando un peso total equivalente al TB (1 terabyte). 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero involucrado, esto es, a la empresa ESRI Chile S.A., mediante oficio N° E9991, de 30 de noviembre de 2018. A la fecha, no consta que el tercero haya evacuado descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de todos los productos entregados a propósito del proyecto código BIP 30459748-0 "Adquisición y Ortorectificación imágenes Satelitales Borde Costero. 2) Que, para resolver el fondo del asunto, se debe tener presente el contexto en que se desenvuelve lo requerido en el presente amparo: a) Ante la necesidad de contar con imágenes satelitales del borde costero de la Región de Antofagasta y su respectiva ortorrectificación, el Consejo Regional del Gobierno Regional, mediante acuerdo CORE N° 12876-16, priorizó el proyecto denominado "Adquisición y Ortorrectificación Imágenes Satelitales Borde Costero" Código BIP 30459748-0, aprobando financiamiento de M$148.000 con recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R.). Lo anterior, para efectos de adquirir la propiedad de imágenes que le permitan trabajar adecuadamente sus instrumentos de planificación territorial los que además, puedan ser de utilidad a otras instituciones públicas. b) Mediante resolución exenta N° 1564 de 30 de noviembre de 2016, se adjudicó dicho proyecto a la empresa ESRI Chile S.A., el cual consiste en dos productos en particular: i. Producto ID 1179869. Licencia Digitalglobe archivo 4-bandas 50 cm unidad. Áreas de interés: Área 1: 550 km2: Desde el Río Loa hasta el sector Sur de la Ciudad de Tocopilla. El área 1, se desarrolla en 80 km aproximadamente en dirección Norte -Sur, por el borde Costero. Área 2: 948 km2: Desde el sector Sur de la Ciudad de Tocopilla, hasta la localidad de Hornitos. El área 2, se desarrolla en 90 km aproximadamente en dirección Norte -Sur, por el borde Costero. Área 3: 3329 km2: Desde el sector Sur de la localidad de Hornitos en dirección Sur por 150 Km aproximadamente, siguiendo el borde costero. Se consideran 9 escenas que se ajustan a la cobertura del área solicitada. Área 4: 2116 km2: Desde el sector Caleta El Cobre hasta la Localidad de Cachinalito en dirección sur por 110 km aproximadamente, continuando el borde costero. Área 5: 1412 Km2: Desde el sector de Cachinalito en dirección sur por 100 km aproximadamente, continuando el borde costero. Área total a fotografiar: 8.355 Km2. ii. Producto ID 1138802 Servicio complementario para productos de licencias de software-configuración de software. Servicio de Ortocorrección de imágenes satelitales. c) Asimismo, dicha información ha sido compartida con otros órganos de la Administración del Estado, por medio de convenios, en donde se estipula entre otras cosas, que: "(...) el Gobierno Regional propietario de las imágenes satelitales, se compromete a intercambiar con esta Secretaría, información específica y procesada, relativa a las imágenes satelitales del borde costero de la región de Antofagasta (...). Las imágenes entregadas a empresas privadas durante la ejecución de algún contrato, serán de propiedad del Gobierno Regional de Antofagasta, por tanto, el adjudicado no puede realizar ningún acto respecto de ellos ajeno al contrato, sin la autorización previo y expresa del titular de los derechos. Lo anterior sin perjuicio de la normativa contemplada en la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, en sus normas pertinentes". 3) Que, teniendo en cuenta lo anterior, se debe señalar que lo requerido constituye información pública en tanto de trata de insumos adquiridos por un órgano de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones, con recursos públicos, y por medio de un procedimiento administrativo también de carácter público, para efectos de trabajar adecuadamente sus instrumentos de planificación territorial, los que además, pueden ser de utilidad a otras instituciones públicas. Lo anterior, sin perjuicio de las causales de reserva que puedan proceder en la especie. 4) Que, expuesto lo anterior, el órgano denegó la entrega de lo solicitado, en base a la causal de reserva del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, por afectación a derechos de carácter comercial, toda vez que, según indica, la información objeto del presente requerimiento, se encuentra protegida por el uso de licencia de la compañía respectiva, cuyo uso está restringido a determinados puntos. 5) Que, en un primer orden de ideas, siguiendo lo resuelto en la decisión C3265-15, se debe aclarar que respecto a la causal de reserva en análisis, ésta no puede ser alegada por el órgano reclamado. En efecto, siguiendo lo establecido por la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), "el artículo 21 de la Ley 19.628 accede a derechos establecidos en este caso para un tercero (...) no así en favor de la Superintendencia, sin que pueda aquella actuar como agente oficioso (...)" (considerando cuarto). Al respecto cabe precisar que el mismo fundamento se hace extensible a la causal de reserva alegada por el órgano, en lo concerniente al artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, puesto que también constituye una causal establecida en forma exclusiva en favor de terceros. Para tal efecto, el Gobierno Regional Región de Antofagasta, contaba con un mecanismo regulado por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el cual no cumplió, situación que será representada en lo resolutivo de esta decisión. 6) Que, en línea con lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago, en causal Rol 4.933-2016, precisó en sentencia de 10 de enero de 2017: "Que la interpretación sistemática y teleológica de las disposiciones transcritas (artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 20 y 21 N° 2, de la Ley de Transparencia) determina necesariamente concluir que, efectivamente, tal como sostiene el Consejo para la Transparencia, carece de legitimación activa el órgano público para denegar una información escudándose al efecto en la afectación a los derechos de las personas que la publicidad de la misma les podría ocasionar, puesto que ha sido el propio legislador quien materializando en el aludido texto legal el principio de publicidad que enuncia el constituyente en el inciso segundo del artículo 8° de la Carta Fundamental, ha otorgado precisamente a la persona interesada la facultad de manifestar su oposición a la entrega de la información en la medida que aquélla le irrogue algún daño, aún eventual, a sus derechos, de suerte que la sola deducción de aquélla impedirá al órgano requerido proporcionarla. Más, en caso de que el tercero interesado no formulare cuestión, deberá entenderse que consiente en su publicidad. Luego, no parece razonable ni legítimo que sea el órgano administrativo requerido de información quien, desconociendo el procedimiento legal o estatuido al efecto en el artículo 20 de la Ley N° 20.285 y sus deberes de respeto y cautela de la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración y de facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los medios y procedimientos legales, se atribuya la facultad de calificar la publicidad de determinados antecedentes como conculcatoria de los derechos de una persona, impidiendo lisa y llanamente a quien la solicitó, la oportunidad de que le sea entregada con el consentimiento expreso o tácito del interesado" (lo señalado entre paréntesis es nuestro). 7) Que, sin perjuicio de lo anterior, se analizará la referida causal reserva, debiendo señalar que, en primer lugar, si el contrato que vincula al órgano con un tercero, establece limitaciones de uso de la información solicitada o bien, prohibiciones para acceder a ella, se debe tener presente lo razonado por este Consejo respecto de las cláusulas de confidencialidad, cuya lógica resulta aplicable al presente caso, por cuanto en ambas circunstancias, existe un impedimento contractual de acceder a la información en análisis por medio de la Ley de Transparencia. En tal sentido, en la decisión C589-09, se indicó que: "(...) la existencia de este tipo de cláusulas en contratos no transforma a éstos, per se, en secretos, pues no se enmarcan en los supuestos de reserva que establece el artículo 8° de la Constitución, las que además deben establecerse en leyes de quórum calificado. Aceptar lo contrario podría llevar a que se alterase el régimen de secreto o reserva a través de la vía contractual, ignorando el debido fundamento legal que reclama la Carta Fundamental". A mayor abundamiento, de la misma forma se ha pronunciado la Contraloría General de la República, en el dictamen N° 52.018 de 2007, señalando que: "(...) se debe reparar, en primer término, lo consignado en la cláusula Décimo Cuarta, N° 1, letra d) del convenio mencionado, al expresar que "el contenido del presente contrato no podrá ser divulgado a terceros por ninguna de las partes bajo ninguna circunstancia, incluso después de la terminación del mismo", por cuanto impone contractualmente a esa Secretaría de Estado un deber de confidencialidad que no se aviene a los principios de publicidad y transparencia que rigen la actuación administrativa en conformidad con el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política, en cuya virtud son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. En este sentido, no es admisible que a través de la referida estipulación se prohíba a ese Ministerio la divulgación del contenido del contrato a terceros, toda vez que se le atribuye a éste el carácter de reservado o secreto, en circunstancias que de acuerdo con el citado inciso segundo de la disposición constitucional sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por lo tanto, la alegación en comento será desestimada. 8) Que, por otra parte, el órgano indicó que la propiedad intelectual de este producto le pertenece a la empresa. Al respecto, se debe precisar que este Consejo ha sostenido en decisiones anteriores, que el criterio aplicable en relación a la afectación a los derechos de propiedad intelectual, es aquél contenido en el considerando 17° de la decisión recaída en el amparo Rol C694-12, en cuanto a que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. En dicho razonamiento se precisó que si bien en una decisión anterior, la Rol C399-10, este Consejo entendió que Ley de Propiedad Intelectual establecía que solamente el autor o la persona que éste autorice puede utilizar una obra, como también que sólo corresponde al titular de éste decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra (considerando 23°), reclamada esta decisión de ilegalidad, la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió en su considerando 8° que los propósitos de la Ley sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes. La autorización prevista en la Ley de Propiedad Intelectual corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la Ley de Transparencia tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Tanto es así que el legislador, conforme se ha visto, otorga al silencio el valor de una manifestación de voluntad positiva para hacerse de la información. 9) Que, en línea con lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 13 de marzo de 2019, en la causal rol 137-2018, sostuvo que: "los propósitos de la Ley Sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son diferentes, desde que en la primera la autorización es para su utilización y en la segunda sólo se posibilita el acceso a la información, lo que no importa un permiso para su aprovechamiento, quedando a salvo las acciones que contempla la ley para su protección". Por lo anterior, se desestimará una afectación en dicho sentido. 10) Que, finalmente, debe considerarse especialmente que la empresa interesada no ha evacuado el traslado conferido, razón por la cual, mal se puede ponderar una afectación a sus derechos comerciales. Al efecto, se debe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, la cual no se presume, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no se produce ante la falta de alegaciones por parte del interesado. 11) Que, en mérito de lo expuesto en los considerando precedentes, se acogerá el amparo, ordenándose la entrega de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, previo pago de los costos directos de reproducción que sean procedentes. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Osvaldo Chávez Miranda en contra del Gobierno Regional de la Región de Antofagasta, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Intendente Regional de Antofagasta, que: a) Entregue al solicitante, previo pago de los costos directos de reproducción que sean procedentes, de copia de lo solicitado en el numeral 1°, de lo expositivo, esto es, de todos los productos entregados en sus formatos originales del proyecto código BIP 30459748-0 "Adquisición y Ortorrectificación imágenes Satelitales Borde Costero. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Intendente Regional de Antofagasta, la falta de aplicación del artículo 20 de la Ley de Transparencia, de conformidad a lo expuesto en el considerando 5°. Lo anterior, a fin de que adopte las medidas necesarias para evitar que ante nuevas solicitudes de información la referida infracción vuelva a reiterarse. IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Intendente Regional de Antofagasta, a don Osvaldo Chávez Miranda y al tercero interesado en este amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.