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DECISIÓN AMPARO ROL C4666-18</p>
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Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII)</p>
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Requirente: Andrés Cabello Violic</p>
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Ingreso Consejo: 01.10.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto de la entrega de copia de certificados de avalúo fiscal detallado de las propiedades individualizadas en el requerimiento, por no constituir la Ley de Transparencia la vía idónea para acceder a la información reclamada.</p>
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Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C2493-17.</p>
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En sesión ordinaria N° 964 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4666-18.</p>
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VISTOS:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de septiembre de 2018, don Andrés Cabello Violic solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII): copia de los certificados de avalúo fiscal detallado de las propiedades correspondientes a los roles 850-31 y 823-23, ambos de la comuna de Antofagasta.</p>
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2) SUBSANACIÓN DE SOLICITUD: El 5 de septiembre de 2018, mediante Res. Ex. Nro.: LTNot 0015127, el Servicio de Impuestos Internos solicitó al peticionario subsanar su requerimiento en orden a acreditar ser propietario de los inmuebles consultados o mandato respectivo.</p>
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Al efecto, señaló que "en la especie y atendida la naturaleza de la información solicitada, no existe constancia que el requirente acredite la calidad de propietario o mandatario para efectuar la solicitud referida, por lo que deberá subsanar su presentación en los términos indicados. En efecto, el certificado de avalúo fiscal detallado, puede ser obtenido por dos vías: Internet, sitio de obtención en la web del SII, al que puede acceder solamente el propietario con su clave personal; y, en el mesón de atención al contribuyente, en las dependencias del Servicio de Impuestos Internos, de manera personal por el mismo propietario o quien acredite debidamente su representación, según lo dispuesto en la Circular 43, de 24.07.1998, Circular 54, de 20.09.2002; y, el artículo 9 del Código Tributario".</p>
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3) AMPARO: El 1° de octubre de 2018, don Andrés Cabello Violic dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su requerimiento. En tal sentido, el reclamante sostuvo que el SII yerra al rechazar su solicitud de información en los términos indicados, "por cuanto asume, en forma equivocada, que dicha solicitud se ha planteado invocando un poder de representación o alguna suerte de vinculación respecto del contribuyente que se relaciona con la solicitud, lo que no es efectivo. En la especie, lo que se ha solicitado es información que es de carácter público, y en dicha calidad, toda persona puede solicitar acceso a ella, sin necesidad de acreditar representación alguna, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 20.285".</p>
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4) SUBSANACIÓN DE AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° E8756, de fecha 07 de noviembre de 2018, solicitó al reclamante subsanar su amparo, en orden a que: (1°) remita copia del comprobante de ingreso de la solicitud de información AE006W50015127; y, (2°) acompañe copia de los antecedentes que acrediten la fecha en que le fue notificada la solicitud de subsanación, para ello adjunte copia del sobre que la contenía o del correo electrónico mediante el cual la recibió.</p>
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Por medio de correo electrónico de fecha 08 de noviembre de 2018, el reclamante subsanó su amparo, remitiendo los antecedentes solicitados.</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E8975, de fecha 09 de noviembre de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones.</p>
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Mediante escrito ingresado ante este Consejo con fecha 26 de noviembre de 2018, el órgano remitió sus descargos señalando, en resumen:</p>
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a) El reclamo adolece de un vicio de admisibilidad, en los términos dispuestos en los artículos 24 de la Ley de Transparencia, ya que la respuesta a la petición se evacuó dentro del plazo legal, y tampoco se produjo una denegación de información, toda vez que por se solicitó subsanar la solicitud efectuada.</p>
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b) En cuanto al fondo del asunto planteado, señala que en principio no existen circunstancias para negar la información, debiendo acreditar la representación del contribuyente dueño del rol individualizado, sin embargo en el caso de que el solicitante no sea el representante del dueño del inmueble, sí existe una causal de denegación, pues la información requerida se refiere a datos personales en los términos de los artículos 2°, letra f) y 4°, ambos de la ley N° 19.628, por lo cual, les resulta aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7°, de la citada ley; en relación a su vez con la causal de reserva del artículo 21 N°5, de la Ley N° 20.285.</p>
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c) Luego, desde otra arista, sostiene que el contribuyente claramente solicita la intervención de la autoridad, ya que, en concreto solicita la emisión de un certificado, en virtud de que la copia del certificado de Avalúo Fiscal detallado equivale a la emisión de un certificado como tal, que se generan en línea cada vez que se requieren a petición de parte, y para dicha acción, es necesaria la acreditación de poder, según lo establecen las normas del Código Tributario sobre comparecencia, sumado, a lo señalado en la Resolución 46 del año 2017 que actualizó el procedimiento de las solicitudes de avaluaciones, requiriendo se acredite la comparecencia conforme lo dispuesto en Circular N° 54, del 20.09.2002, ya que, la certificación, es sólo a petición del propietarios.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, en primer lugar, respecto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que este amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de dicho reclamo es la respuesta negativa otorgada por la institución, acompañándose los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley", en relación con el artículo 24 de dicha ley, que establece que "la reclamación deberá señalar claramente la infracción cometida y los hechos que la configuran, y deberá acompañarse de los medios de prueba que los acrediten, en su caso", requisitos que, en la especie, han sido cumplidos por la reclamante. En consecuencia, este Consejo desechará dicha alegación.</p>
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2) Que, lo solicitado corresponde a copia de certificados de avalúo fiscal detallado de los inmuebles individualizados en el requerimiento. Al respecto, el SII solicitó subsanar el requerimiento de acceso en orden a acreditar la calidad de propietario o mandatario para efectuar la referida solicitud.</p>
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3) Que, en cuanto al fondo del asunto controvertido, conviene tener presente lo resuelto por este Consejo en la decisión de amparo rol C2493-17, en la cual se estimó en relación a un requerimiento de igual naturaleza que la ley N° 19.628 define las fuentes accesibles al público, como "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados, de acceso no restringido o reservado a los solicitantes". En consecuencia, para categorizar un banco de datos como fuente accesible al público, la legislación nacional exige que cualquier persona pueda acceder, sin restricciones, a los elementos contenidos en dicho banco, caso en el cual no existe limitación en el uso que se les pueda dar.</p>
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4) Que, en tal orden de ideas, si el legislador hubiera querido identificar todo "registro público" con una "fuente accesible al público", habría bastado que señalara que éstas son "los registros o recopilaciones de datos personales, públicos o privados" sin que tuviera sentido alguno incorporar la frase final de esa oración: "de acceso no restringido o reservado a los solicitantes" que es la que acota su interpretación. En este sentido, conviene tener presente a título ejemplar, que en el caso español, la Ley Orgánica de Protección de Datos enumera taxativamente qué fuentes tienen la característica de ser accesibles al público, para luego señalar en su reglamento que para que puedan considerarse como tales "será preciso que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona, no impedida por una norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el abono de una contraprestación". Es decir, en el derecho español las fuentes accesibles al público están sujetas a un doble requisito, primero, son única y exclusivamente las que constan en la lista tasada que señala la norma respectiva y, segundo, son consideradas tales en cuanto su consulta pueda ser realizada por cualquier persona sin que se lo impida una norma limitativa. En el caso de obtener datos personales de cualquier otra fuente de información, el responsable del fichero siempre debe obtener el consentimiento previo de su titular.</p>
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5) Que, en el caso en análisis, la circunstancia de que la información pedida en la solicitud de acceso que motivó el presente amparo se encuentre contenida en un registro público cuyo acceso está sometido a la restricción de aportar determinados datos, excluye la posibilidad de considerar a dicho registro como una fuente accesible al público, en los términos definidos en el artículo 2, letra i), de la ley N° 19.628. En efecto, a pesar que la información solicitada obre en poder de la Administración y cualquiera pueda acceder a ella mediante un procedimiento de solicitud de certificado, de eso no se sigue que el legislador haya considerado que los datos que se consignan en cualquier registro, por público que éste sea, provienen de una fuente accesible al público como si hubiera pretendido asimilar ambas expresiones en los términos de la ley N° 19.628.</p>
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6) Que, así las cosas, no obstante ser instrumentos públicos, los certificados de avalúo fiscal detallado como los requeridos, tal como informó el SII en su respuesta a la solicitud se entregan en forma individual, ya sea remotamente por medio de del sitio web del órgano o presencialmente en las oficinas de atención al contribuyente, previo suministro de determinados antecedentes para poder acceder a los datos e información que en ellos se anotan. En efecto, en el primero de los casos, a fin de acceder a los datos relativos a las propiedades que en dicha base de datos se encuentran registradas a su nombre, el interesado debe proporciona tanto su RUT y Clave Secreta de Acceso, mientras que, en el segundo de los casos, deberá acreditar ser propietario del respectivo inmueble o actuar en representación de este último. En consecuencia, se ha fijado un régimen especial de acceso a la información que obra en ese registro público administrado por el SII, y a ese régimen debe estarse. De este modo, el solicitante no puede utilizar la Ley de Transparencia para acceder a la información contenida en él y obviar, de esta manera, la exigencia de proporcionar previamente ciertos datos para obtener la información que allí se encuentra.</p>
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7) Que, conforme con lo razonado precedentemente, la Ley de Transparencia no constituye la vía idónea para acceder a la información reclamada, debiendo rechazarse por tal motivo el amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Andrés Cabello Violic en contra del Servicio de Impuestos Internos, por no constituir la Ley de Transparencia la vía idónea para requerir certificados requeridos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Andrés Cabello Violic y al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.</p>
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