Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4805-18

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Reclamante:	JORDAO MORALES CREDER
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega, en forma presencial, al peticionario de copia de su expediente migratorio. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos al propio solicitante, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/28/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3014-15
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN AMPARO ROL C4805-18 Entidad pública: Subsecretaría del Interior. Requirente: Jordao Morales Creder. Ingreso Consejo: 08.10.2018. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría del Interior, requiriendo la entrega, en forma presencial, al peticionario de copia de su expediente migratorio. Lo anterior, por tratarse de antecedentes referidos al propio solicitante, respecto de los cuales el órgano reclamado no acreditó la causal de reserva de afectación del debido cumplimiento de las funciones. En sesión ordinaria N° 961 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4805-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 16 de agosto de 2018, don Jordao Morales Creder, representado convencionalmente por doña Llankiray Díaz Díaz, solicitó a la Subsecretaría del Interior copia de su expediente migratorio. 2) RESPUESTA: El 12 de septiembre de 2018, la Subsecretaría del Interior notificó al peticionario, el Ord. N° 26.329, mediante el cual deniega el acceso a la información pedida, fundado en resumen, en que el Departamento de Extranjería y Migración informó que el expediente requerido se encuentra en etapa de trámite, resultando por tanto aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. Ello, "ya que, al encontrarse el expediente migratorio en etapa de trámite, es éste un antecedente previo a la adopción de una resolución o decreto posterior". 3) AMPARO: El 08 de octubre de 2018, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Al efecto, el reclamante alegó, en síntesis, que la autoridad no justificó de qué forma la entrega de la información pedida afecta el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, hizo presente que anteriormente presentó una solicitud de acceso similar, la cual fue respondida favorablemente por el órgano, razón por la cual no advierte el motivo de cambio de criterio, denegando en esta oportunidad el requerimiento. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante oficio N° E9252, de fecha 18 de noviembre de 2018, quien por medio de Ord. N° 37204, de fecha 30 de noviembre de 2018, presentó sus descargos y observaciones del caso, señalando en síntesis que se reitera la aplicación de la causal de reserva invocada en su respuesta a la solicitud, toda vez que según lo informado con fecha 29 de noviembre de 2018, por el Departamento de Extranjería y Migración, el expediente pedido aún se encuentra en proceso de trámite, puesto que "existe un antecedente en etapa de firma, y que por tanto, es posible que su tramitación esté pronta a culminar". Acto seguido hace presente que los antecedes "con los que puede contar este Servicio sobre el extranjero ya individualizado consistirían, como normalmente ocurre con otros expedientes, en minutas; actas emanadas de otros órganos del Estado; oficios de la Policía de Investigaciones de Chile, institución que mandatada por ley se encuentra a cargo del control fronterizo y de los registros de viajes, y que por ende, usualmente entrega su opinión técnica sobre la conveniencia o no de otorgar visas o permisos de residencia a un extranjero al interior del territorio nacional". Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo pedido corresponde a copia del expediente migratorio del peticionario. Al efecto, el órgano denegó el acceso a dichos antecedentes por resultar aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, a partir de las decisiones de los amparos roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, este Consejo ha sostenido reiteradamente que, para que se configure la causal de secreto del artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, exige demostrar esencialmente, y de forma copulativa, las siguientes circunstancias: a) que lo solicitado esté constituido por antecedentes o deliberaciones previas que la autoridad respectiva tenga en cuenta para adoptar una determinada decisión, medida o política. Este requisito supone, a su vez, la concurrencia de los siguientes presupuestos: i. que el proceso deliberativo sea realmente tal, es decir, que se trate efectivamente de un proceso que se encuentra pendiente de decisión por parte de la autoridad que invoca la causal en examen; y, ii. que exista certidumbre en la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial. Esto no apunta a conocer el momento preciso en que se tomará la decisión, sino que a la existencia de una causalidad clara entre los antecedentes que se quiere reservar y la adopción de una decisión sobre la base de aquéllos, de manera que ésta última se vaya a producir y no sea solamente una posibilidad cuya probabilidad de concreción sea incierta; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de los antecedentes o deliberaciones previas vayan en desmedro del debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido. 4) Que, respecto del primero de los requisitos señalados precedentemente, la reclamada se limitó a señalar que el expediente pedido aún se encuentra en tramitación, puesto que "existe un antecedente en etapa de firma, y que por tanto, es posible que su tramitación esté pronta a culminar". Luego, dicha alegación no da cuenta de cuál es el proceso deliberativo que se encuentra pendiente ni de que exista certidumbre en la adopción de una decisión por parte de la autoridad. Por su parte, respecto del segundo de los requisitos señalados, esta Corporación no detenta antecedentes que justifiquen o haga presumible que la entrega del expediente reclamado en el estado que se encontraba al momento de la solicitud, afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, toda vez que el organismo no efectuó alegación alguna tendiente a fundar dicha circunstancia. 5) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado en la especie la concurrencia copulativa de los requisitos exigidos para la configuración de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, literal b), de la Ley de Transparencia, se acogerá el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior ordenándose la entrega de copia del expediente solicitado. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales del reclamante, el órgano deberá proporcionarla de manera presencial, verificando que sea retirada por el solicitante o por su apoderado, dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Jordao Morales Creder en contra de la Subsecretaría del Interior, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, que: a) Entregue al reclamante copia de su expediente migratorio, de forma presencial y dando estricto cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por este Consejo. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo al Sr. Subsecretario del Interior y a don Jordao Morales Creder. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.