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DECISIÓN AMPARO ROL C4846-18</p>
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Entidad pública: Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica</p>
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Requirente: Alejandro Ramírez Chuaqui</p>
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Ingreso Consejo: 10.10.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), ordenándose la entrega de las bases del concurso de Becas de Doctorado (Nacional) del año 1990. Lo anterior, debido a que el órgano no acreditó suficientemente la búsqueda de la información conforme el estándar fijado por esta Corporación.</p>
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Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano la información requerida, se deberá acreditar en sede de cumplimiento esta circunstancia de conformidad al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de este Consejo.</p>
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El Consejero don Francisco Leturia Infante se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4846-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de agosto de 2018, don Alejandro Ramírez Chuaqui solicitó a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica "copia de las bases del concurso de Becas de Doctorado (Nacional) del año 1990".</p>
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2) RESPUESTA: El 20 de septiembre de 2018, mediante Ordinario S/N°, el órgano indica que la información solicitada no se encuentra según sus registros.</p>
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3) AMPARO: El 10 de octubre de 2018, don Alejandro Ramírez Chuaqui dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, mediante Oficio N° E9189, de 16 de noviembre de 2018. Se solicitó especialmente al formular sus descargos: (1°) indicar si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) referirse a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) pronunciarse acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante ORD. N° 1.776, de 29 de noviembre de 2018, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Adjunta copia del convenio suscrito por el solicitante de información, documento que contiene el conjunto de derechos y obligaciones entre las partes, a propósito de la Convocatoria del Concurso de Becas de Doctorado del año 1990, bases que dado lo "añoso" del proceso y la falta de digitalización, tecnologías, recursos e instrumentos hoy existentes, no es posible recopilar.</p>
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b) La información no se encuentra disponible por inexistente, según los registros del órgano, esto, pese a las búsquedas efectuadas por personal de la Institución.</p>
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c) Finalmente, expone que Conicyt no cuenta con información oficial del año 1990. La organización y custodia de la documentación del Servicio se genera con los estándares de hoy, a partir del año 2010, fecha en que comenzó el proceso de organización, clasificación, recuperación, catastro y digitalización de la documentación oficial, encontrándose documentación histórica que data sólo desde el año 2.000.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción manifestada por el reclamante con la respuesta entregada por el órgano, referida a que "la información requerida no se encuentra según sus registros". Por lo anterior, corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre las alegaciones de inexistencia presentadas por parte del Servicio reclamado, especialmente con ocasión de sus descargos, según se expondrá a continuación.</p>
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2) Que, a modo de contexto, se debe indicar que el Decreto N° 29, de 1988, del Ministerio de Educación, que Aprueba Reglamento de Programa Nacional de Becas de Postgrado, creó dicho programa, con el objeto de financiar los estudios conducentes a la obtención de los grados académicos de doctor o magíster. Conforme su artículo 2°, y para los efectos de dicha normativa, el "Concurso de Becas es el llamamiento público y nacional efectuado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) para postular al programa de becas de postgrado". Por su parte, consta que se suscribió entre el solicitante y Conicyt un contrato de beca, con fecha 8 de marzo de 1990, para realizar estudios de formación de postgrado (doctorado) en la Universidad de Chile.</p>
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3) Que, conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente (énfasis agregado).</p>
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4) Que, de acuerdo a los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia es pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10° de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)».</p>
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5) Que, a su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. Una vez notificada la referida respuesta, el órgano deberá dar por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado).</p>
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6) Que, en la especie, a juicio de esta Corporación, no se cumple con el estándar de búsqueda exhaustiva fijado por esta entidad, en el sentido de acreditar que se hubieren agotado todos los medios con que se cuenta para la referida búsqueda, sin que éstos antecedentes fueran encontrados. En particular, el órgano afirma que atendida la data de lo requerido, así como la falta de digitalización, tecnologías, recursos e instrumentos hoy existentes, no es posible recopilar los antecedentes solicitados. No obstante ello, por ejemplo, no se acreditó en esta sede que se hubieren certificado dichas búsquedas por el funcionario correspondiente, dando cuenta descriptiva de las gestiones de búsqueda ni sus resultados, así como tampoco se ha indicado, detalladamente, las razones que justifican la inexistencia de las bases concursales requeridas.</p>
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7) Que, en mérito de lo razonado en los considerando anteriores, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información requerida en el numeral 1) de lo expositivo del presente acuerdo. Con todo, en el evento que, tras las búsquedas realizadas y certificadas conforme el estándar fijado por esta Corporación, el órgano constate que lo requerido no obrar en su poder, se deberá acreditar en sede de cumplimiento esta circunstancia de conformidad al punto 2.3 de la Instrucción General recién citada.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Alejandro Ramírez Chuaqui, de 10 de octubre de 2018, en contra de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia de las bases del concurso de Becas de Doctorado (Nacional) del año 1990. Con todo, en el evento que el órgano constate que lo requerido no obrare en su poder, se deberá acreditar en sede de cumplimiento esta circunstancia de conformidad al punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Ramírez Chuaqui, y al Sr. Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que el Consejero don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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