Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4898-18

Reclamante:	JUAN VALENZUELA GONZÁLEZ
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ARICA
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Arica y se ordena la entrega del número de integrantes de cada comité de vivienda comunal. Ello, por tratarse de información pública que por disposición de la normativa sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debe obrar en poder del Municipio, y respecto de la cual no se acreditó causal de reserva alguna que justifique su denegación. Se rechaza el amparo, respecto de los datos de contacto de los representantes de estas organizaciones comunitarias, fundado en que por una parte, constituyen un dato personal de su titular, y por otra parte, no corresponden a un dato que por imperativo legal deban poseer las municipalidades en esta materia. Aplica criterio decisiones de amparo A252-09 y C2847-15, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/21/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2847-15
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DECISIÓN AMPARO ROL C4898-18 Entidad pública: Municipalidad de Arica Requirente: Juan Valenzuela González Ingreso Consejo: 11.10.2018 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Arica y se ordena la entrega del número de integrantes de cada comité de vivienda comunal. Ello, por tratarse de información pública que por disposición de la normativa sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias debe obrar en poder del Municipio, y respecto de la cual no se acreditó causal de reserva alguna que justifique su denegación. Se rechaza el amparo, respecto de los datos de contacto de los representantes de estas organizaciones comunitarias, fundado en que por una parte, constituyen un dato personal de su titular, y por otra parte, no corresponden a un dato que por imperativo legal deban poseer las municipalidades en esta materia. Aplica criterio decisiones de amparo A252-09 y C2847-15, entre otras. Finalmente, se representa la falta de colaboración del organismo al no presentar descargos ante este Consejo. En sesión ordinaria N° 976 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4898-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de septiembre de 2018, don Juan Valenzuela González solicitó a la Municipalidad de Arica la siguiente información: "(...) listado de comités de vivienda junto a sus presidentes y sus contactos. De ser posible también incluir número de integrantes de cada comité" 2) RESPUESTA: El 01 de octubre de 2018, la Municipalidad de Arica respondió a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N° 4439/2018, de 14 de septiembre de 2018, señalando, en síntesis, que de conformidad al artículo 15 de la Ley de Transparencia, se indica link y ruta para acceder a la información requerida en la página de Transparencia Activa del Servicio. 3) AMPARO: El 11 de octubre de 2018, doña Juan Valenzuela González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta parcial a su solicitud. Además, el reclamante hizo presente que no se proporcionó el número de asociados de cada comité y el contacto de al menos un representante por cada organización. 4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): El Consejo Directivo de esta Corporación determinó aplicar el procedimiento SARC, para facilitar una eventual salida alternativa al presente amparo, iniciado mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2018, el que se tuvo por fracasado atendida la falta de respuesta del órgano. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E9464, de 21 de noviembre de 2018, confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica A la fecha no han sido recepcionados los descargos en esta sede. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta parcial otorgada a la solicitud de información que se lee en el numeral 1) de lo expositivo, circunscrito, específicamente, al número de integrantes de cada comité de vivienda comunal y al contacto de unos de sus representantes. Al efecto, el órgano con ocasión de la respuesta, en conformidad con el artículo 15 de la Ley de Transparencia, indicó el link de la página de Transparencia Activa donde se encontraría publicada esta información, la cual, tenida a la vista, se constató, que de los antecedentes consultados, sólo se publica el nombre de estas organizaciones comunales y de sus directivas. 2) Que, sobre el particular se debe tener presente que, de conformidad a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 6° del decreto supremo N° 58, de 1997, de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.418, sobre juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, "Para los efectos de esta ley, las municipalidades llevarán un registro público, en el que se inscribirán las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que ellas acordaren. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la disolución de las mismas.". Agrega el inciso 2° que "De igual modo, las municipalidades llevarán un registro público de las directivas de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, como, asimismo, de la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento." 3) Que, a su turno, el inciso cuarto, del referido artículo 6°, agrega, "Asimismo, será obligación de las municipalidades mantener copia actualizada y autorizada anualmente del registro a que se refiere el artículo 15"; el cual dispone en el inciso primero que "Cada junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias deberá llevar un registro público de todos sus afiliados, en la forma y condiciones que determinen sus estatutos (...)"; agregando en sus incisos segundo y tercero siguientes que, "(...) Una copia actualizada y autorizada de este registro deberá ser entregada al secretario municipal en el mes de marzo de cada año y a los representantes de las diferentes candidaturas en elecciones de las juntas de vecinos al renovar sus directivas, por lo menos con un mes de anticipación y con cargo a los interesado."; // "Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, cada junta de vecinos deberá remitir al secretario municipal respectivo, cada seis meses, certificación de las nuevas incorporaciones o retiros del registro de asociados." Por consiguiente, la citada normativa es aplicable a los comités de viviendas sobre los cuales versa la solicitud de información formulada, en su calidad de organización comunitaria comunal. 4) Que, sobre el particular, en cuanto al número de integrantes de cada comité de vivienda, atendido que según se desprende de la normativa precedentemente señalada, las municipalidades están obligadas a mantener copia actualizada y autorizada del registro público de los afiliados que deben llevar las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, se acogerá el presente amparo respecto de este punto, y se ordenará la entrega del número de integrantes de cada comité de vivienda comunal consultado. 5) Que, por su parte, en cuanto a los datos de contacto de los representante de los comités consultados, cabe precisar que si bien, según la normativa precedentemente señalada, las municipalidades están obligadas a mantener un registro público de las juntas de vecinos, de la unión comunal de juntas de vecinos y de las demás organizaciones comunitarias, donde deberá constar la constitución, modificaciones estatutarias y disolución de las mismas, como asimismo, el nombre de la organización, de sus directivas, y la ubicación de sus sedes o lugares de funcionamiento, sin embargo, los datos de contacto, sea de sus teléfonos y/o correos electrónicos, de las entidades o de sus representantes legales, no constituye un requisito legal que deban mantener a disposición del público. 6) Que, a mayor abundamiento, respecto a los datos de contacto privados, como son los teléfonos y correos electrónicos particulares de los miembros de las organizaciones sociales, se debe hacer presente que este Consejo, ha sostenido en las decisiones de amparo A252-09 y C2847-15, entre otras, que dichos datos, por una parte, constituyen un dato personal de su titular, para cuya comunicación conforme al artículo 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, el órgano requeriría de la autorización de su titular, y por otra parte, no corresponden a un dato que por imperativo legal deben poseer las municipalidades en esta materia. En razón de lo señalado, se rechazará el presente amparo respecto de este punto. 7) Que, finalmente, cabe tener presente que el órgano reclamado no presentó sus descargos ante este Consejo, conforme fue solicitado en el oficio individualizado en el numeral 5° de la parte expositiva de la presente decisión, situación que se representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Juan Valenzuela González en contra de la Municipalidad de Arica, conforme a los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, que: a) Entregue al solicitante el número de integrantes de cada comité de vivienda comunal. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de los datos de contacto de los representantes de los comités de vivienda consultados por constituir un dato personal de su titular, conforme a la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y por no corresponder a un dato que por imperativo legal deben poseer las municipalidades en esta materia. IV. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica, la falta de colaboración en la tramitación del presente amparo, especialmente respecto a no dar respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. V. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Juan Valenzuela González y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Arica. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.