<p>
<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1093-11</strong></p>
<p>
Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
<p>
Requirente: Gerardo Neira Carrasco</p>
<p>
Ingreso Consejo: 02.09.2011</p>
<p>
En sesión ordinaria Nº 304 del Consejo Directivo, celebrada el 21 de diciembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1093-11.</p>
<h3>
VISTOS:</h3>
<p>
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de julio de 2011 don Gerardo Neira Carrasco solicitó a Carabineros de Chile los expedientes de investigación administrativa (orden de investigación, declaraciones, resoluciones y todo documento correspondiente a ella), respecto de los reclamos presentados por él en contra de:</p>
<p>
a) Un Sargento 1º de la institución, y el supuesto testigo, otro Sargento, de fecha 8 de diciembre de 2010, resuelto mediante Nota N° 40, de 20 de enero de 2011; y,</p>
<p>
b) Un Subteniente, y un Cabo 2º de Carabineros, además del supuesto testigo citado en el literal anterior, de 2 de mayo de 2011, resuelto mediante Nota N° 264, de 14 de julio de 2011.</p>
<p>
2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 2 de septiembre de 2011 el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que éste no habría dado respuesta a su solicitud.</p>
<p>
3) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° 2.340, de 9 de septiembre de 2011. El 30 de setiembre de 2011, a través de su Oficio N° 67, de igual fecha, el Jefe del Departamento de Información Pública de Carabineros de Chile, en representación de dicha institución, formuló los siguientes descargos y observaciones:</p>
<p>
a) Señala que la solicitud del reclamante no fue incorporada oportunamente por la comisaría respectiva en el sistema de gestión de la institución, por lo que no se le pudo dar el curso reglamentario respectivo. Sin embargo, ello fue subsanado el 23 de agosto pasado, permitiendo elaborar al Departamento de Información Pública la respectiva respuesta el 20 de septiembre pasado. Sobre el particular, hace presente que se ha ordenado instruir una investigación para determinar las responsabilidades de funcionarios de Carabineros en la recepción y despacho solicitud.</p>
<p>
b) Afirma que dicha respuesta acompañó la información solicitada, exceptuando el expediente de investigación contra uno de los funcionarios de Carabineros, el Parte Policial N° 4.988, de 29 de abril de 2011, remitido por la 1° Comisaría de Concepción a la fiscalía local, por “oponerse a la acción de la autoridad pública o sus agentes”. Al efecto, argumenta que el organismo no es competente para resolver su entrega, en virtud de lo dispuesto por el artículo 182 del Código Procesal Penal. Con todo, derivó su solicitud, en esa parte, al Ministerio Público.</p>
<p>
c) Acompaña copia del Oficio RSIP N° 12077, de 20 de septiembre pasado, mediante el que se dio respuesta al reclamante.</p>
<p>
4) GESTIÓN OFICIOSA: El 26 de octubre de 2011, a requerimiento de este Consejo, el reclamante informó que recibió la información remitida por el organismo, encontrándose tarjada parte de ésta (correspondiente al Parte Policial N° 4.988, ya citado), por lo que solicitó un pronunciamiento de este Consejo sobre el particular.</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que lo solicitado es el expediente investigativo que da cuenta de la reclamación formula por el solicitante ante Carabineros de Chile, en razón de un procedimiento policial por infracción a las normas del tránsito, de 29 de abril de 2010. Sin embargo, conforme a lo indicado por el reclamante ante este Consejo, lo controvertido es el carácter público de un parte policial, de igual fecha, que fuere remitido por Carabineros de Chile al Ministerio Público con ocasión del referido procedimiento.</p>
<p>
2) Que el artículo 182 del Código Procesal Penal, relativo al secreto de las actuaciones de investigación, establece lo siguiente: «Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento./ El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial./ El fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos sean mantenidas en secreto respecto del imputado o de los demás intervinientes, cuando lo considerare necesario para la eficacia de la investigación. En tal caso deberá identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto».</p>
<p>
3) Que la citada norma resulta aplicable en la especie, por cuanto la solicitud de información ha sido formulada por la persona sobre la que se referiría el parte policial denegado por Carabineros de Chile, por lo que éste podría conocer de la calidad de tercero o imputado y, en este último caso, interviniente en dicho procedimiento, a la luz de lo dispuesto en los artículo 7° y 12 del Código Procesal Penal (CPP). En efecto, conforme a ello, se reconoce a un persona la calidad de imputado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra, esto es, «cualquiera diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el ministerio público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho punible».</p>
<p>
4) Que, conforme se razonó en la decisión C911-10, de 29 de abril de 2011, la precitada norma consagra el secreto de las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía para los terceros ajenos al procedimiento, disponiendo, por otra parte, que los intervinientes siempre tendrán acceso a las mismas, por cuanto establece que éstos podrán examinar y obtener copias a su cargo, de los registros y los documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. «Evidentemente –según ha dicho la doctrina–, en el caso del imputado, esta facultad está estrechamente vinculada al ejercicio de su derecho de defensa y a la protección contra la sorpresa en el juicio» . Sin embargo, el derecho del imputado y de los demás intervinientes se encuentra limitado por la facultad del fiscal de disponer la reserva temporal de ciertas actuaciones de la investigación, en tanto lo considere necesario para la eficacia de la misma sometido, en todo caso, al control del juez de garantía (art. 83 CPR, 9° y 70 inciso 1º del CPP). En tal caso debe identificar las piezas o actuaciones respectivas, de modo que no se vulnere la reserva y fijar un plazo no superior a cuarenta días para la mantención del secreto. No obstante, este secreto puede ser cuestionado por el imputado o cualquier otro interviniente ante el juez de garantía, a quien podrán pedirle que ponga término al secreto o que lo limite, en cuanto a su duración, a las piezas o actuaciones abarcadas por él, o a las personas a quienes afectare (art. 182 inc. 4 CPP).</p>
<p>
5) Que dado que en estos casos el secreto o reserva de la información podría haberse resuelto por una decisión del fiscal, en directa aplicación del artículo 182 del Código Procesal Penal, no corresponde que este Consejo conozca de este caso en virtud de la Ley de Transparencia, máxime si la decisión que adopte el fiscal puede ser controvertida ante el juez de garantía, otorgando al solicitante la debida protección. En consecuencia, este Consejo se declarará incompetente para conocer del presente amparo, pues efectivamente la autoridad ante la cual debe hacerse esta petición es el Fiscal a cargo del caso, y la autoridad ante la cual puede reclamarse contra esa decisión es el juez de garantía respectivo.</p>
<p>
6) Que, por consiguiente, la derivación de la solicitud realizada por Carabineros de Chile al Ministerio Público se ajustó a la normativa que rige el procedimiento procesal penal y, especialmente, a lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal.</p>
<p>
7) Que, sin perjuicio de lo anterior, deberá representarse a Carabineros de Chile su falta de respuesta a la solicitud formulada por el reclamante, pues ello constituye una infracción a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia, según el cual los órganos de la Administración deberán pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don Gerardo Neira Carrasco en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Representar al General Director de Carabineros de Chile que al no responder la solicitud de acceso dentro del término legal dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, trasgredió dicha dispoción, como asimismo los principios de facilitación y oportunidad que rigen e[ derecho de acceso a la información, conforme el artículo 11, literales f) y h) de la misma normativa, debiendo, en lo sucesivo, adoptar las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Gerardo Neira Carrasco y al General Director de Carabineros de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza, no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
ALEJANDRO FERREIRO YAZIGI JORGE JARAQUEMADA ROBLERO</p>
<p>
JOSÉ LUIS SANTA MARÍA ZAÑARTU</p>
<p>
</p>