Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1096-11

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Reclamante:	JURDEN BRAIN BARRERA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Lo Prado, fundado en la no entrrega de acceso a la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de dicha comuna. El Consejo señaló que que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el art. 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriéndose al Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado para que haga entrega al solicitante de la información requerida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/30/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C472-10 C403-11 C404-11 C575-10 C121-11
Jurisprudencia a:	C1310-11
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo); Aseo y Ornato

DECISIÓN AMPARO ROL C1096-11 Entidad pública: Municipalidad de Lo Prado Requirente: Jurden Brain Barrera Ingreso Consejo: 05.09.2011 En sesión ordinaria N° 295 de su Consejo Directivo, celebrada el 28 de octubre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1096-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de julio de 2011 don Jurden Brain Barrera requirió a la Municipalidad de Lo Prado acceso a la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de dicha comuna, en el siguiente sentido: a) Que la municipalidad le informe las características técnicas de la base de datos indicada, esto es: i. Formato en que se encuentra. ii. Especificaciones de dicho sistema de almacenamiento de información. iii. Peso aproximado. iv. Fuentes involucradas en su elaboración (especialmente que indique características del convenio que mantiene con el Servicio de Impuestos Internos, si lo hubiere). v. Cantidad de información contenida. vi. Programa computacional utilizado para interpretar los datos. vii. Períodos de actualización de esa base de datos. viii. Otras especificaciones técnicas que sean del caso. b) Respecto a la base de datos señalada precedentemente, solicita la entrega electrónica completa y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de la base de datos que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobros de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna, cualquiera sea su categoría, y que, dicha base de información sea entregada en cualquier formato (preferentemente Excel y que incluya, en todo caso, los datos de rol de avalúo fiscal, nombre completo del propietario, dirección y tipo de propiedad: agrícola, habitacional, comercial u otra; avalúo fiscal y valor del cobro de aseo domiciliario), por ejemplo, texto plano, con delimitadores de campo, en un disco compacto u otro dispositivo extraíble y conteniendo la misma información que figure en las boletas de cobro señaladas. 2) RESPUESTA: La Municipalidad de Lo Prado respondió a dicho requerimiento mediante Ordinario Nº 1.840, de 25 de agosto de 2011, del Alcalde de dicho municipio, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Respecto de la solicitud relativa a las características técnicas de la base de datos, acompaña la Prov. Nº 021/2011, de 16 de agosto de 2011, emanada del encargado de informática de dicha municipalidad, la que da respuesta al requerimiento técnico formulado. b) En relación a la entrega de la base de datos de los derechos de aseo de la comuna, informa que no es posible acceder a su requerimiento por tratarse de una petición inespecífica, a través de la cual se requieren los antecedentes personales y prediales de todos los contribuyentes de derechos de aseo de la comuna de Lo Prado, configurándose así la causal reconocida por el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia. c) Adicionalmente, se trata de información personal, por lo que su eventual publicación podría afectar la vida privada o derechos de carácter comercial o económico de los titulares de dicha información, en conformidad con lo establecido por el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: Don Jurden Brain Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 5 de septiembre de 2011 en contra de la Municipalidad de Lo Prado, fundado en que: a) No advierte que la información solicitada afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente en razón a que la solicitud efectuada se trata de una base de datos que ya se encuentra construida y procesada y que, por lo tanto, no implica una distracción indebida de funcionarios municipales. b) Asimismo, respecto de la causal de reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, señala que no se advierte que la información solicitada afecte la esfera de la vida privada de particulares, toda vez que ésta se encuentra disponible al público a través de diversos medios materiales y electrónicos, como los siguientes: i. Libro de Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, donde constan los datos de dirección de la propiedad, rol de avalúo fiscal, avalúo fiscal, y demás antecedentes de los inmuebles. ii. Sistema computacional interno del municipio, en el que cualquier usuario puede acceder en la sección de atención a público y en la que, dependiendo de la inscripción de la propiedad, es posible buscar por nombre, RUT y dirección del inmueble. iii. Libros de Rol de Cobro Comunal del Servicio de Impuestos Internos disponibles en todas las oficinas de dicho órgano, entre otros. c) En consecuencia, al momento de ser recepcionados los antecedentes de un contribuyente por el municipio, difícil es clasificar esos datos como privados o no accequibles al público, pues en forma previa necesariamente ya han atravesado por una etapa de notoria publicidad, según lo expuesto en el literal anterior. d) Hace presente, en relación con los artículos 7º y 9º de la Ley Nº 19.628, que el deber de secreto en el tratamiento de datos personales sólo procede cuando los datos provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público y, en el caso en comento, se está solicitando una base de datos cuyo contenido efectivamente es posible recolectar de variadas fuentes públicas, por lo que la disposición invocada no corresponde sea aplicada a la petición de información efectuada. e) Por otra parte agrega, que por el hecho de encontrarse información como nombre, RUT, y demás antecedentes relativos a bienes raíces de particulares en internet, se trata de un tratamiento de datos en línea y por lo tanto susceptibles de ser recolectados por esta y otras vías, no pudiendo catalogarse como una vulneración de derechos fundamentales, pues los avances en materia de tecnología y digitalización de la información deben abrir necesariamente una dinámica de elementos en la cual el derecho no puede estar ajeno. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.336, de 8 de septiembre de 2011, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado, solicitándole especialmente, que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación parcial de la información solicitada. Mediante Ordinario Nº 2.102, de 22 de septiembre de 2011, éste señala que: a) La información solicitada por el reclamante, más allá de que eventualmente le haya sido proporcionada por otras municipalidades, es de carácter inespecífica, ya que implica la entrega de toda la información personal y predial que alimenta la base de datos de los derechos de aseo comunal. b) La entrega de la base de datos completa de los contribuyentes y predios de la comuna de Lo Prado, afectos o no al derecho de aseo, equivaldría –en los hechos– a que la municipalidad entregue la base de datos de las patentes comerciales, de los inmuebles residenciales, industriales, comerciales, de servicio y equipamiento de la comuna, junto con la base de datos personales de los contribuyentes. Una petición como esta, excede con mucho el interés legítimo de un particular por acceder a información pública de la comuna, y su equivalente, a nivel nacional, sería la entrega de la base de datos de contribuyentes del país, o la base de datos de roles, avalúos y propietarios de inmuebles que lleva el Servicio de Impuestos Internos. c) El uso de esta información podría eventualmente afectar derechos de carácter comercial o económico de los titulares de estos datos, los que a su turno no se pueden oponer, por separado, toda vez que el requerimiento de información formulado es de carácter genérico. En caso contrario, implicaría que la municipalidad deba enviar carta a cada uno de los propietarios y/o contribuyentes de derechos de aseo comunal, consultando si se oponen o están de acuerdo con la entrega de esta información, gestión que implica destinar recursos personales y materiales de los cuales la municipalidad carece. d) Finalmente, señala que el objetivo central de la Ley de Transparencia, fue dotar de transparencia a la gestión de los órganos del Estado y al uso de los recursos públicos, mejorando el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos en la perspectiva de fortalecer y mejorar la democracia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer lugar, y de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de este Consejo, particularmente considerando el tenor de la respuesta a la solicitud de acceso a la información, mediante Ordinario Nº 1.840, a través del cual se le adjunta al reclamante respuesta a lo requerido en el literal a) de la solicitud, y del amparo presentado por el reclamante, la presente decisión se circunscribirá exclusivamente a lo requerido en el literal b) de la citada solicitud, esto es, la base de datos utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, en forma electrónica y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de dicha base de datos, de todos los bienes raíces de la comuna, cualquiera sea su categoría, por entender que lo requerido en el literal a) de la petición fue respondido a entera satisfacción del requirente al no haber reclamado sobre la respuesta entregada en la interposición de su amparo. 2) Que, previo a analizar la respuesta del municipio reclamado, cabe precisar, a modo de contexto, la normativa que rige la materia sobre la cual versa la información requerida: a) D.L. Nº 3063, de 1979, del Ministerio del Interior, que establece normas sobre Rentas Municipales. El artículo 6º establece la atribución de las municipalidades de efectuar un cobro por la extracción de residuos sólidos domiciliarios, cuya determinación debe ser de carácter general y objetivo y establecerse por cada municipalidad mediante la dictación de ordenanzas locales. A su vez, el artículo 7º prevé la atribución de las municipalidades para el cobro por servicios de aseo, de una tarifa anual. A su vez, dispone que “Las condiciones generales mediante las cuales se fijará la tarifa indicada, el monto de la misma, el número de cuotas en que se divida dicho costo, así como las respectivas fechas de vencimiento y los demás aspectos relativos al establecimiento de la tarifa, se consignarán en las ordenanzas locales correspondientes, cuya aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio”. Por último dispone normas acerca de las rebajas y exenciones del pago por este servicio. Asimismo, el inciso 3º del artículo 9º establece que el obligado al pago es el propietario u ocupante, y su inciso 6º dispone que “las municipalidades estarán obligadas a certificar, a petición de cualquier persona que lo solicite el monto del derecho de aseo que corresponda a una propiedad determinada y la existencia de deudas en el pago de ese Derecho”. Por último cabe mencionar que el inciso final del artículo indicado, establece que una vez determinados los usuarios del servicio afectos al pago de la tarifa de aseo, las autoridades municipales velarán por el cumplimiento diligente de su cobranza. b) Decreto Alcaldicio Nº 2.085, de 27 de diciembre de 2006, que aprueba Ordenanza sobre Cobro de Derechos del Servicio Domiciliario por Extracción de Basura, de la comuna de Lo Prado, modificada por los Decretos Alcaldicios Nº 699, de 19 de abril de 2009, y N° 1.547, de 30 de julio de 2009. c) En cuanto a la prescripción de los derechos municipales, la Contraloría General de la República, sobre el cobro de los derechos de aseo, señaló en su Dictamen Nº 54.856, de 15 de septiembre de 2010, que al no existir disposición expresa, la prescripción de los derechos municipales procede aplicar los plazos previstos en el artículo 2.515 del Código Civil. d) Sobre la posibilidad de condonar las deudas generadas por este derecho municipal, el órgano contralor señaló en su Dictamen Nº 30.960, de 10 de junio de 2010, siguiendo los Dictámenes Nº 30.585, de 2004, y 30.339, de 2009, que la municipalidad carece de atribuciones legales para condonar obligaciones en dinero, dentro de las cuales deben contemplarse las deudas originadas por el cobro de derechos de aseo. 3) Que, a efectos de establecer la publicidad de la información solicitada, cabe señalar, en primer lugar, que la base de datos a que se refiere la solicitud de acceso constituye una herramienta utilizada por la municipalidad reclamada a efectos de implementar la cobranza de la tarifa por el servicio de extracción de basura y aseo, y contiene la individualización del usuario afecto al pago de dicha tarifa, ubicación de la propiedad, rol de avalúo fiscal, montos adeudados, si correspondiente, y, en general, diversa información necesaria para efectos de proceder al cobro e individualizar correctamente la propiedad de que se trata. 4) Que, establecido lo anterior, cabe señalar que el municipio reclamado en su respuesta al requerimiento de información, señaló que no es posible acceder a lo solicitado por tratarse de una petición inespecífica, por la cual se requieren los antecedentes de todos los contribuyentes de derechos de aseo de la comuna, lo que configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, agrega que la entrega de la información solicitada podría afectar la vida privada o derechos de carácter comercial o económicos de los titulares de dicha información, configurándose así la causal de secreto del artículo 21 Nº 2 de la mencionada ley. 5) Que, en relación con la primera causal de reserva alegada, esto es, la del artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia, cabe señalar que el artículo 7º Nº 1, letra c), del Reglamento de la referida ley, señala que “Se entiende por requerimientos de carácter genérico, aquellos que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información solicitada, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, etcétera”. A continuación agrega, que “Se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 6) Que, en virtud de lo anterior, y en razón de lo señalado por la municipalidad reclamada, en particular al indicar que lo solicitado se trata de “una petición inespecífica”, no queda a este Consejo sino concluir que la alegación de la municipalidad se refiere a una imposibilidad de dar respuesta a lo solicitado por tratarse, a su juicio, de un requerimiento de carácter genérico de acuerdo a los términos utilizados por la ley. Sobre el particular, y de los antecedentes tenidos a la vista, se observa que la reclamada se limita a invocar la falta de especificidad de la solicitud como causal eximente de su obligación de dar acceso a la información pedida, no precisando en qué sentido la citada solicitud sería inespecífica y de qué manera concurriría dicha causal, de modo que, a juicio de esta Corporación, no resulta procedente eximir a la Municipalidad de Lo Prado de su obligación de entregar lo requerido, por no haberse acreditado la causal en análisis. 7) Que, en relación con la segunda causal de secreto o reserva alegada, esto es, que su comunicación afectaría los derechos de los contribuyentes, particularmente, la esfera de su vida privada o sus derechos de carácter comercial o económico, cabe señalar, en primer lugar, que la publicidad de los datos relativos a una propiedad consistentes en su dirección, rol de avalúo y monto de avalúo, entre otros, ha sido declarada por este Consejo en las decisiones de los amparos Roles A296-09 y C575-10, en que se requirió la entrega de la base catastral de bienes raíces agrícola y no agrícolas y de antecedentes contenidos en el formulario Nº 2890, respectivamente, ambos del SII. Particularmente, en el caso de la decisión del amparo Rol A296-09, la base catastral cuya entrega fue requerida por este Consejo, contempla datos sobre la dirección de la propiedad, rol de avalúo, avalúo fiscal, entre otros, según pudo verificarse en la tramitación de dicho amparo, datos que precisamente están contenidos en la base de datos requerida en la especie. 8) Que, sin embargo, cabe precisar que, en los amparos aludidos en el considerando anterior, la entrega de la información fue requerida con exclusión de la identificación de las personas que aparecen registrados como propietarios, por cuanto dichos datos habían sido excluidos de la solicitud de acceso, a diferencia del tenor de la solicitud de acceso objeto del amparo de la especie, lo que se abordará a continuación. 9) Que, en relación al nombre y RUT de los propietarios de bienes raíces que figuran en la base catastral del Servicio de Impuestos Internos, este Consejo estableció en la decisión de amparo Rol C121-11 que “dado que la información del Rol de Avalúo permite conocer ambos datos –incluso a través de internet– se declara que en este caso constituyen información pública de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia”, por lo que la municipalidad reclamada deberá entregar dicha información. 10) Que, asimismo, la base de datos requerida contiene, además, información relativa a la tarifa a pagar por los servicios de aseo y extracción de residuos sólidos y la deuda que pudiere existir respecto del pago de dicha tarifa, si correspondiere, por propiedad, datos que, asociados a una persona determinada, ameritan un tratamiento aparte a efectos de determinar su publicidad o reserva en esta sede. 11) Que, respecto con la tarifa cobrada en relación a cada propiedad, el inciso 2º del artículo 7º del D.L. Nº 3063, ya citado, señala que las condiciones generales de dicha tarifa, así como otros aspectos relacionados a la misma, deberán ser fijados mediante una ordenanza local aprobada por la mayoría absoluta de los concejales en ejercicio, de modo que, a juicio de este Consejo, al tratarse una ordenanza de una resolución municipal de carácter general y obligatorio para la comunidad que debe estar a disposición del público y en los sistemas electrónicos del municipio, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 12, incisos 2º y final, de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por aplicación de los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, es posible concluir que se trata de un documento de carácter eminentemente público. Además, así lo ha estimado este Consejo en el considerando 11) del amparo C472-10, señalando en su parte final que “no se ve por qué el monto cobrado, esto es, la tarifa aplicable a un contribuyente, debe ser una materia reservada”. 12) Que, establecido el carácter público de la tarifa a pagar por las personas afectas al cobro de derechos de aseo y retiro de residuos sólidos, la fecha de su vencimiento, la dirección de la propiedad, rol de avalúo y monto de avalúo de la misma, aun asociadas al nombre del obligado al pago, cabe analizar la publicidad o reserva de las deudas contraídas por las personas afectas al pago de derechos de aseo con el municipio. A este respecto, en un primer momento, en la decisión recaída en el amparo Rol C121-11, este Consejo señaló que, en relación con las personas naturales, la información sobre deudas por concepto de derechos de aseo, asociadas a su nombre, constituyen un dato personal respecto del cual existiría un deber de reserva. 13) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo, posteriormente, en decisión recaída sobre amparo Rol C404-11, de 31 de agosto de 2011, ajustó el criterio señalado anteriormente, indicando, en un caso similar, que la información “que da cuenta del no pago oportuno de una obligación que emana del otorgamiento, por parte del Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo en ejercicio de sus atribuciones legales, de permisos para la ocupación de bienes de uso público, cuyo importe ingresa al patrimonio de la municipalidad” debe entenderse que “es, en principio pública, salvo que concurra a su respecto alguna de las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia”. 14) Que, asimismo, la decisión citada en el considerando anterior, indicó que en el caso de que los deudores de derechos municipales sean personas naturales, y no obstante constituir la calidad de deudor un dato personal a la luz de lo dispuesto por el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos Personales, “este Consejo ha señalado en su decisión C403-11 que las deudas tributarias constituyen el reflejo de cargas públicas, cuyo cumplimiento tiene un evidente interés público que justifica su publicidad (…) sin que corresponda aplicarles la reserva del art. 17 de la misma ley conforme al extenso razonamiento allí elaborado”, no configurándose, en definitiva, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. A continuación señala que “el mismo razonamiento resulta aplicable respecto de los deudores que son persona jurídicas, pues su calidad no altera el interés público que reviste la información en los términos planteados en el considerando anterior, de modo que se acogerá el presente amparo en esta parte y se requerirá al Alcalde de la Municipalidad de Algarrobo la entrega del registro de pago de los permisos en comento y del registro de morosidades”. 15) Que, en consecuencia, se acogerá el presente amparo, requiriéndose al Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado para que haga entrega al solicitante de la información requerida en el literal b) de la solicitud de acceso, esto es, la base de datos utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario, en forma completa y actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, de todos los bienes raíces de la comuna, en el formato que obre en su poder, preferentemente en Excel, incluyendo los datos pedidos por el reclamante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo de don Jurden Brain Barrera en contra de la Municipalidad de Lo Prado, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado: a) Hacer entrega al solicitante de la base de datos actualizada al año 2011, o la última actualización que existiere, que es utilizada por la municipalidad para emitir las boletas de cobro de extracción de basura y aseo domiciliario de todos los bienes raíces de la comuna, en los términos señalados en el considerando 15° precedente. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. JJJ. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Jurden Brain Barrera y al Alcalde de la Municipalidad de Lo Prado. En contra de la presente decisión no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica el Director General del Consejo para la Transparencia, don Raúl Ferrada Carrasco.