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DECISIÓN AMPARO ROL C5108-18</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Educación</p>
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Requirente: Claudia Villegas Sepúlveda</p>
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Ingreso Consejo: 23.10.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Educación, ordenándose la entrega de los soportes documentales en que consten las entrevistas a terceros vinculadas a los expedientes de denuncias y/o fiscalizaciones relativos al establecimiento educacional consultado. Con todo, en forma previa a su entrega, de contenerse entre dichos antecedentes, deberá reservar la identidad de las personas que ahí consten así como cualquier dato que permita inferir dicha información, y, asimismo, los datos personales de contexto, esto es, números de cédula de identidad, domicilios particulares, teléfonos, y correos electrónicos particulares, de conformidad con lo dispuesto en la ley sobre protección a la vida privada y en aplicación del principio de divisibilidad.</p>
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Lo anterior, atendido que existen antecedentes que permiten concluir que se realizaron entrevistas que podrían obrar en algún soporte documental, y el órgano no se ha pronunciado sobre dicha materia.</p>
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En el evento que la información indicada no obre en poder del órgano reclamado, deberá informarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, indicando las razones que lo justifiquen.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de la identidad de personas denunciantes, por afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano y a los derechos de las personas, particularmente, la esfera de su vida privada.</p>
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Además, se rechaza respecto de información relativa a si se hicieron efectivas las multas que corresponden por existir dos denuncias infundadas respecto de la funcionara que se indica, por improcedente, ya que ello excede los términos de la solicitud original de información.</p>
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En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5108-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de septiembre de 2018, doña Claudia Villegas Sepúlveda solicitó a la Superintendencia de Educación lo siguiente: "En relación a la escuela Héctor Manuel Arias Cortés G-262 de la comuna de Pinto, requiere copia de expedientes completos de solicitudes de fiscalización o denuncias contra el establecimiento o docentes durante los años 2017 y 2018, con individualización adecuada de las personas involucradas, solicitantes, quienes inicien estas solicitudes o quienes aparezcan denunciando hechos o solicitando fiscalizaciones".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante ORD. 10DJ. N° 958, de 22 de octubre de 2018, el órgano accede a la entrega de lo requerido, informando que el establecimiento educacional consultado registra tres denuncias el año 2018, siendo una de ellas cerrada por incompetencia del órgano para conocer de la misma, y las otras dos también se encuentran cerradas. Acompaña copia de las denuncias requeridas.</p>
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En relación a las fiscalizaciones efectuadas durante 2018 al establecimiento consultado, entrega un cuadro con la siguiente información: RBD del establecimiento; nombre del establecimiento; fecha de fiscalización; tipo de programa; Folio; y Clasificación de Acta.</p>
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Adjunta copia de los siguientes antecedentes: acta de fiscalización N° 180801140; 180801524; comprobante de atención (ingreso de denuncia de 1° de junio de 2018); escrito de denuncia ingresado a la Superintendencia el 8 de mayo de 2018; escrito presentado al Alcalde de la Municipalidad de Pinto de 26 de abril de 2018; carta de 23 de abril de 2018 presentada ante el DAEM de Pinto; Of. Ord. N° 86, de 25 de abril de 2018, del Director de Comunal de Educación de Pinto; comprobante de atención (ingreso de denuncia de 5 de abril de 2018); Informe Técnico sobre Denuncia de Maltrato de Adulto hacia alumna, de 1° de junio de 2018; Ordinario N° 456, de 7 de junio de 2018, del Director Regional (S) de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación de la Región del Bío Bío; Ord. Int N° 169/2018, de 5 de junio de 2018, del Encargado de la Unidad de Fiscalización de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación Región del Bío Bío; Copia del Reglamento Interno y Normas de convivencia escolar de la Escuela consultada; copia del Protocolo de Acción frente a casos de maltrato Estudiante - Alumno; y, documento sobre Plan de Gestión de la Convivencia Escolar 2018, respecto del establecimiento consultado.</p>
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3) AMPARO: El 23 de octubre de 2018, doña Claudia Villegas Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. La reclamante expone, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) Se tarja la información, sin haber causal de secreto o reserva legal para ocultar la individualización de las personas que aparecen denunciando.</p>
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b) Además, requiere al Consejo que se solicite al órgano que comunique si se hicieron efectivas las multas que corresponden por existir en este caso dos denuncias infundadas respecto de la funcionara que indica.</p>
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c) Solicitó la entrega del expediente completo, no obstante ello, los documentos aluden a que habrían entrevistas a terceros cuya entrega efectiva no consta entre los antecedentes aportados por el órgano.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación, mediante Oficio N° E9970, de 30 de noviembre de 2018, requiriéndole lo siguiente: (1°) señalar si, a su juicio, la respuesta otorgada a la reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) indicar si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (3°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señalar si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañar a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; (4°) proporcionar los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (5°) referirse a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; y, (6°) pronunciarse acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante ORD. 10 DJ N° 2247, de 17 de diciembre de 2018, el órgano presentó sus descargos u observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) Se hizo entrega de información sobre las 3 denuncias individualizadas en la respuesta (CAS-89970, CAS-93014 y CAS-93019), que presenta el establecimiento consultado, indicando que éstas se encuentran cerradas y se adjunta respecto de cada una de ellas la información que registra el sistema institucional (CMR). Hace presente que respecto de la denuncia CAS-89970, no hay documentos adjuntos ya que ella no se gestionó por incompetencia del Servicio sobre la materia denunciada. Respecto de las fiscalizaciones, se entregó un cuadro que informa sobre 3 fiscalizaciones al establecimiento, precisando que en dos de estas visitas se levantaron actas sin observaciones y que, en una tercera visita, hubo observaciones subsanadas. Por lo anterior, atendido el resultado de dichos procesos, se entregó copia de las 3 actas de fiscalización.</p>
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b) Respecto a los intervinientes en los distintos procesos, la Superintendencia tarjó los respectivos nombres, ya que se trata de información personal que al ser puesta en conocimiento de la requirente, podría afectar la esfera personal y/o económica de dichos titulares.</p>
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c) La identidad de las personas denunciantes podría afectar los derechos de terceros. Señala que no se dio aplicación al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. No obstante ello, esto no le resta legitimidad para actuar en favor de los denunciantes, conforme lo dispuesto, por ejemplo, en el artículo 105 de la Ley N° 20.529 así como el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República. El órgano aporta los datos de contacto de los terceros involucrados.</p>
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d) Hace presente que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, dato protegido por la Ley N° 19.628, y conforme su artículo 4°, solo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público, hecho que no ocurre en la especie.</p>
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e) Se entregó toda la información que el órgano mantenía disponible en sus registros, optando por tarjar la identidad de los denunciantes, para proteger la posible afectación de su esfera privada, como la afectación de otros derechos.</p>
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5) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Atendido lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, esta Corporación, mediante Oficios N° E10.636 , de 18 de diciembre de 2018, y N° E10.932, de 24 de diciembre de 2018, notificó a los terceros involucrados el presente reclamo, adjuntando copia del mismo y sus documentos fundantes, requiriéndoles que hicieran mención expresa a los derechos que les asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. A la fecha del presente acuerdo no consta que los terceros hubieren evacuado descargos u observaciones en esta sede.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la falta de satisfacción de la reclamante con la respuesta entregada por el órgano, por cuanto se habría proporcionado información incompleta. En particular, la reclamante indica que se habría tarjado la identidad de las personas denunciantes; requiere que se informe si se hicieron efectivas las multas que corresponden por existir en este caso dos denuncias infundadas respecto de la funcionara que indica; y, que se entregue copia de las entrevistas a terceros que constarían en los expedientes entregados.</p>
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2) Que, respecto a la identidad de las personas denunciantes en los procesos de denuncias y fiscalizaciones realizadas por la Superintendencia reclamada, cabe hacer presente que este Consejo en forma reiterada ha denegado la entrega de la identidad de aquellos que formulen denuncias a un órgano de la Administración del Estado. En efecto, cabe resguardar la identidad de las personas denunciantes, a fin de evitar que éstos se inhiban de realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias. La entrega del mencionado dato, puede conllevar a que aquellos que pretenden formular futuras denuncias ante los órganos y servicios de la Administración del Estado se inhiban de realizarlas, impidiendo con ello que tales órganos y servicios cuenten con un insumo inestimable que les sirva de base para efectuar las fiscalizaciones necesarias destinadas a esclarecer los hechos o irregularidades de que éstas puedan dar cuenta y de esta forma, incluso, afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos establecidos en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Asimismo, su divulgación puede afectar gravemente derechos de sus titulares, razón por la cual procede igualmente la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 2 del citado cuerpo normativo (decisiones Roles Nos C520-09, C302-10, C2165-18, entre otras). Por lo anterior, corresponde rechazar en esta parte el amparo.</p>
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3) Que, en cuanto a la alegación sobre la entrega de información respecto a si se hicieron efectivas las multas que corresponden por existir en este caso dos denuncias infundadas respecto de la funcionara que se indica, cabe advertir que, de la simple lectura de la solicitud de información original que fuere presentada, dicho requerimiento excede los términos de aquello que fuere requerido en su oportunidad, extendiéndose a un punto no solicitado al órgano originalmente, razón por la cual se rechazará el amparo en esta parte, por improcedente</p>
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4) Que, finalmente, en cuanto a la falta de entrega de copia de las entrevistas a terceros que constarían en los expedientes solicitados, cabe hacer presente que la requirente solicitó copia de los expedientes completos relativos a solicitudes de fiscalización o denuncias contra el establecimiento consultado. En efecto, de la revisión de los documentos entregados a la reclamante en su oportunidad, específicamente en el documento denominado: "Informe Técnico CAS", de fecha 9 de julio de 2018, suscrito por un profesional de la División de Comunicación y Denuncia, de la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, Región del Bío Bío, en la sección relativa a la "Síntesis/conclusión" de dicho informe, se consigna lo siguiente: "Que, en entrevistas hacia los apoderados, según denuncias de algunos de ellos, en dicha documentación presentada por el Daem de Pinto, no habría evidencia, ya sea, a través del medio oficial de comunicación entre la escuela y los apoderados, como es la Libreta de Comunicaciones". De dicho documento se desprende que -al menos- existieron entrevistas a terceros que pudieron servir de base para la confección del referido informe y que pueden obrar en algún soporte documental. Por tanto, de acuerdo a lo verificado, y atendido que el órgano no se pronunció sobre la existencia de dichos antecedentes, se acogerá el amparo en esta parte y se ordenará la entrega de copia de los soportes documentales en que consten las entrevistas a terceros vinculadas a los expedientes solicitados. Con todo, en forma previa a su entrega, de contenerse entre dichos antecedentes, deberá reservar la identidad de las personas que ahí consten así como cualquier dato que permita inferir dicha información, y, asimismo, los datos personales de contexto, esto es, números de cédula de identidad, domicilios particulares, teléfonos, y correos electrónicos particulares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Por último, en el evento que la información indicada no obre en poder del órgano reclamado, deberá informarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, indicando las razones que lo justifiquen.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Claudia Villegas Sepúlveda, de 23 de octubre de 2018, en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Superintendente de Educación:</p>
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a) Hacer entrega a la reclamante de copia de los soportes documentales en que consten las entrevistas a terceros vinculadas a los expedientes de denuncias o fiscalizaciones solicitados. Con todo, en forma previa a su entrega, de contenerse entre dichos antecedentes, deberá reservar la identidad de las personas que ahí consten así como cualquier dato que permita inferir dicha información, y, asimismo, los datos personales de contexto, esto es, números de cédula de identidad, domicilios particulares, teléfonos, y correos electrónicos particulares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal. Por último, en el evento que la información indicada no obre en poder del órgano reclamado, deberá informarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, indicando las razones que lo justifiquen. En el evento que la información indicada no obre en poder del órgano reclamado, deberá informarlo expresa y fundadamente a la solicitante y a este Consejo, indicando las razones que lo justifiquen.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo, respecto de la identidad de personas denunciantes, por configurarse las causales de reserva prescritas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia. Además, se rechaza respecto de información referida a si se hicieron efectivas las multas que corresponden por existir dos denuncias infundadas respecto de la funcionara que se indica, por improcedente, ya que ello excede los términos de la solicitud original de información.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Claudia Villegas Sepúlveda, al Sr. Superintendente de Educación; y, a los terceros interesados.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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