Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5109-18

Reclamante:	CLAUDIA VILLEGAS SEPÚLVEDA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a los expedientes de tramitación de solicitudes de declaración de salud irrecuperable o incompatible de los profesionales docentes de establecimientos educacionales municipales, puesto que las evaluaciones que realiza a éstos, la Comisión o Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, como sus antecedentes, dan cuenta de sus estados de salud. Se desestima la aplicación del principio de divisibilidad por cuanto aún en el evento de tarjar los nombres y demás datos de individualización de los titulares de la información requerida, existe un riesgo elevado de que la entrega de los antecedentes de salud solicitados permita vincular tal información con personas determinadas. Además, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/21/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:
Jurisprudencia a:	C7768-20 C4832-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C5109-18 Entidad pública: Subsecretaría de Salud Pública Requirente: Claudia Villegas Sepúlveda Ingreso Consejo: 23.10.2018 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, referido a los expedientes de tramitación de solicitudes de declaración de salud irrecuperable o incompatible de los profesionales docentes de establecimientos educacionales municipales, puesto que las evaluaciones que realiza a éstos, la Comisión o Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, como sus antecedentes, dan cuenta de sus estados de salud. Se desestima la aplicación del principio de divisibilidad por cuanto aún en el evento de tarjar los nombres y demás datos de individualización de los titulares de la información requerida, existe un riesgo elevado de que la entrega de los antecedentes de salud solicitados permita vincular tal información con personas determinadas. Además, se representa el hecho de no haber otorgado respuesta dentro del plazo establecido para ello. En sesión ordinaria N° 976 del Consejo Directivo, celebrada el 19 de marzo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5109-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 21 de septiembre de 2018, doña Claudia Villegas Sepúlveda solicitó a la Subsecretaría de Salud Pública, "expedientes de tramitación de solicitudes de declaración de salud irrecuperable o incompatible de un profesor en aplicación del actual artículo 72 bis de la ley 19.070 (...) requiero que me envíen copias de los expedientes que se han tramitado a la fecha con ocasión de la aplicación de este artículo, por supuesto que resguardando la privacidad de las personas involucradas, pues requiero conocer cómo se han llevado dichos procesos". 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: Con fecha 23 de octubre de 2018, doña Claudia Villegas Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, fundado en que no recibió respuesta la solicitud. 3) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, mediante oficio N° E9.960, de fecha 30 de noviembre de 2018, a fin de que formule sus descargos y observaciones. El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 5604, de fecha 13 de diciembre de 2018, señaló que los antecedentes requeridos constituyen datos sensibles, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-. Por lo que, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, deniegan su acceso. Por otra parte, sostienen que concurre la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, puesto que la comunicación o publicidad de los expedientes de tramitación de declaración de salud irrecuperable puede afectar el debido cumplimiento de sus funciones, particularmente, tratándose de antecedentes previos a la adopción de una medida o resolución. En este sentido, consideran que se debe tener presente que la información de los expedientes que se ha tramitado a la fecha de salud irrecuperable o incompatible de un funcionario público, es un antecedente que la autoridad de un servicio tiene para calificar la procedencia de declarar la vacancia de un cargo por salud incompatible con su desempeño, una vez producidas las circunstancias de hecho requeridas por la normativa. Finalmente, argumentan que la información debe ser denegada por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, ya que la solicitud no indica a qué Comisión o Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez, se debe específicamente requerir los antecedentes, por tanto se debiera recopilar en cada una de ellas los expedientes de declaración de salud irrecuperable, que se estiman, pueden superar el millar a nivel nacional. 4) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En atención a lo señalado precedentemente, este Consejo, solicitó a la reclamante, mediante oficio N° E10.936, de fecha 24 de diciembre de 2018, pronunciarse en los siguientes términos: (1°) señale si la respuesta proporcionada satisface su requerimiento, en cuyo caso, indique que no desea continuar con la tramitación del presente amparo; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado. Doña Claudia Villegas Sepúlveda, mediante correo electrónico, de fecha 28 de diciembre de 2018, manifestó su disconformidad con lo informado, pues "estoy solicitando algunos expedientes de tramitación de declaraciones de salud incompatible o irrecuperable de docentes que laboren en sector municipal, por aplicación de la causal de despido del artículo 72 bis de la Ley 19.070, los cuales pueden ser escogidos al azar por el organismo recurrido, una cantidad prudencial que puede ser de 7 expedientes, por supuesto y como señalé en mi petición inicial, resguardando debidamente la identidad de los pacientes y sus datos más sensibles". Y CONSIDERANDO: 1) Que este amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista, consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo normativo, infracción que se representará en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que con ocasión de sus descargos el órgano reclamado argumentó que deniega la información solicitada por configurarse a su respecto las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21, N° 1, letras b) y c); y N° 2, de la Ley de Transparencia, ésta última en relación con lo contemplado en la ley N° 19.628. 3) Que en cuanto a la información solicitada se debe tener presente que el artículo 72, del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1996, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación - en adelante Estatuto de los Profesionales de la Educación-, establece que aquellos profesionales que forman parte de la dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, entre otras causales, por "salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de su función" (letra b). 4) Que los artículos 72 bis y 72 ter - incorporados por la ley N° 21.093, publicada en el Diario Oficial con fecha 23 de mayo de 2018- prescribe, en lo pertinente, que "El alcalde podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo (...) haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable (...) El alcalde, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del profesional docente respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo". (Artículo 72 bis, incisos primero y tercero) (El destacado es nuestro) Por su parte, el inciso primero del artículo 72 ter, establece que "Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un profesional de la educación, éste deberá retirarse de la municipalidad o del Servicio Local de Educación Pública, según corresponda, dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad...". (El destacado es nuestro) 5) Que, en consecuencia, los antecedentes que obran en poder del órgano reclamado dice relación con la evaluación de los profesionales docentes que deben realizar la Comisión o Subcomisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, así como también, los antecedentes remitidos por el sostenedor respectivo - principalmente las licencias médicas invocadas para la declaración de salud irrecuperable o incompatible-. Al respecto, cabe hacer presente que conforme con lo dispuesto en el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los estados de salud físicos o psíquicos. Por lo que, la información requerida da cuenta del estado de salud de las personas cuya evaluación ha sido requerida, a fin de proceder a una eventual desvinculación del cargo que desempeñan. 6) Que desde la perspectiva de la protección de los datos personales, conforme mandata el artículo 9 de la ley N° 19.628, "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". A este respecto cabe hacer presente que el texto de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, en su apartado 4.2 a. establece: "La referida finalidad en el caso de órganos de la Administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Por ejemplo, un órgano que tenga competencia para otorgar subsidios podrá tratar los datos personales de los postulantes y de los beneficiarios que digan relación con los requisitos necesarios para la obtención de dicho beneficio con ese único objetivo". Por su parte, el artículo 10 del cuerpo legal en análisis, previene que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares. 7) Que el procedimiento por cuyos expedientes se consulta, se lleva a cabo por los sostenedores de los establecimientos educacionales en los que se desempeñan los profesionales docentes, siendo las evaluaciones y sus antecedentes, uno de los elementos que aquellos deben considerar para realizar la declaración de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño de la función de dichos profesionales. Por lo que, será el alcalde respectivo quien resolverá, en definitiva, la procedencia o no de dicha declaración en cada uno de los casos evaluados. 8) Que, en la especie, la Subsecretaría de Salud Pública - por medio de sus respectivas Comisiones y Subcomisiones de Medicina Preventiva e Invalidez- sólo se encuentra autorizada para efectuar el tratamiento de la información de salud de los profesionales docentes a que se refieren los antecedentes pedidos, en el ámbito de las competencias específicas que le otorga el Estatuto de los Profesionales de la Educación, sin que resulte procedente la comunicación de tales datos para fines diversos al consignado, como ocurriría de entregarse tal información a la reclamante. 9) Que establecido lo anterior, a juicio de este Consejo, los antecedentes pedidos dan cuenta del estado de salud de sus titulares, particularmente, de la patología que afectó o afecta a los funcionarios sobre quienes versan las evaluaciones realizadas, razón por la cual, se rechazará el presente amparo en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628. 10) Que, por otra parte, y en cuanto a la pretensión de la solicitante de acceder a la información "resguardando la privacidad de las personas involucradas" cabe consignar que atendida la naturaleza de la información solicitada ello no es procedente. En efecto aún en el evento de aplicar el principio de divisibilidad tarjando los nombres y demás datos de individualización de los titulares de la información requerida, existe un riesgo elevado de que la entrega de los antecedentes de salud solicitados permita vincular tal información con personas determinadas. 11) Que, en virtud de lo resuelto precedentemente, este Consejo no se pronunciará sobre las demás causales de excepción alegadas por resultar inoficioso. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Claudia Villegas Sepúlveda en contra de la Subsecretaría de Salud Pública, por configurarse la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública, la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Claudia Villegas Sepúlveda y a la Sra. Subsecretaria de Salud Pública. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.