Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5159-18

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Reclamante:	VALENTÍN VERA FUENTES
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), ordenándose la entrega de copia del test psicométrico M10 -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- utilizado por el SII en el concurso público para proveer el cargo de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración, el día 31 de agosto de 2018 y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen. Lo anterior, por tratarse el primero de dichos documentos -test psicométrico- de información adquirida por el SII con fondos públicos, que obra en su esfera de control, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de las causales de reserva de afectación de las funciones del órgano ni de los derechos del tercero involucrado; y respecto del segundo de los documentos -informe de evaluación o pauta de corrección del peticionario- por tratarse de datos personales del propio solicitante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante se abstuvieron de intervenir y votar en el presente caso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C694-12 C339-10
Jurisprudencia a:	C1392-19 C3002-19 C2012-20
Recursos relacionados:	293-2019
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Derechos de las personas >> Vida privada >> Datos personales
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C5159-18 Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII). Requirente: Valentín Vera Fuentes. Ingreso Consejo: 25.10.2018. RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Impuestos Internos (SII), ordenándose la entrega de copia del test psicométrico M10 -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- utilizado por el SII en el concurso público para proveer el cargo de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración, el día 31 de agosto de 2018 y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen. Lo anterior, por tratarse el primero de dichos documentos -test psicométrico- de información adquirida por el SII con fondos públicos, que obra en su esfera de control, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de las causales de reserva de afectación de las funciones del órgano ni de los derechos del tercero involucrado; y respecto del segundo de los documentos -informe de evaluación o pauta de corrección del peticionario- por tratarse de datos personales del propio solicitante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante se abstuvieron de intervenir y votar en el presente caso. En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5159-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de octubre de 2018, doña Valentín Vera Fuentes solicitó al Servicio de Impuestos Internos (en adelante e indistintamente el SII): "Copia de los test psicométricos con su pauta de corrección para el puesto de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración del Servicio de Impuestos Internos, que se realizó el día viernes 31 de agosto de 2018 (...)". 2) RESPUESTA: El 25 de octubre de 2018, por medio de Resolución Exenta LTNot 0015310, el Servicio de Impuestos Internos dio respuesta al requerimiento, señalando en resumen que no cuenta con la información pedida, toda vez que el mentado test, una vez aplicado, fue enviado al Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEDETi UC), institución que posee el programa que efectúa la evaluación y entrega de los resultados de cada persona que lo rindió. Por lo anterior, declara la inexistencia de la información requerida. Sin perjuicio de lo anterior, agrega que de igual modo, no es posible efectuar la entrega del test solicitado, puesto que corresponde a un instrumento de evaluación de las aptitudes de los candidatos que se utiliza -y se seguirá utilizando- por el Servicio en forma constante en más de un proceso concursal, por lo que su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones de este Servicio en lo relativo a los actuales y futuros procesos concursales, por lo que corresponderá denegaría denegar igualmente su entrega, de conformidad al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 25 de octubre de 2018, el peticionario dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E10309, de fecha 07 de diciembre de 2018, confirió traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Al efecto, mediante escrito ingresado ante este Consejo con fecha 26 de diciembre de 2018, el órgano evacuó sus descargos y observaciones del caso, y junto con reiterar lo señalado con ocasión de su respuesta agregó, en resumen, lo siguiente: a) La información pedida constituye un instrumento de evaluación que se utiliza y que se seguirá utilizando en futuros procesos de concursos, por lo que su entrega, en este momento, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Servicio en lo relativo a los actuales y futuros procesos concursales, conforme al artículo 21 N° 1 de la Ley N° 20.285, en atención a que se trata de un test específico, de tipo psicométrico, para un cargo en particular, de modo tal que su actual entrega obligaría al Servicio a asumir un costo adicional de confección de un nuevo test, por cuanto al ser entregado a un postulante impediría continuar aplicando el mismo para futuros procesos de selección, "en atención al riesgo cierto que sus preguntas, alternativas y respuestas correctas sean memorizadas o corregidas por profesionales expertos de modo tal que impedirían aplicar tales test a futuros procesos de selección, al menos en el entendido de mantener el estándar de objetividad y de desconocimiento de sus preguntas, para que sea contestado en base a respuestas espontáneas de los postulantes a cada concurso y no mediante respuestas memorizadas y aprendidas". b) El SII se encuentra imposibilitado de entregar la información requerida, porque ella, por una parte, se encuentra en poder del CEDETi UC y además, porque dicha información se encuentra resguardada por derechos de propiedad intelectual debidamente inscritos a favor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con fecha 08 de febrero de 2012, ante el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por ser dicha institución la creadora y dueña del test aplicado en el certamen consultado, lo cual consta en los registros que indica. En razón de lo anterior, sostiene que el SII está jurídicamente impedido de divulgar la información reclamada, por resultar aplicable la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. c) Finalmente, alega que el reclamante ha presentado una serie de solicitudes de acceso y amparo relativa a un mismo concurso, las cuales reitera antes de que sean resueltas por el organismo o este Consejo, según sea el caso, lo que a su juicio constituye un abuso de derecho. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Para una mejor resolución del presente amparo, por medio de Oficio N° 663, de 26 de marzo de 2019, este Consejo solicitó al SII remitir copia del contrato suscrito entre el Servicio y la Pontificia Universidad Católica de Chile relativo a los servicios contratados en materia de asesoría en concursos públicos, específicamente, aquel que regule la materia consultada en el requerimiento. Al efecto, por medio de Ordinario N° 857, de 01 abril de 2019, el SII dio cumplimiento a lo pedido, remitiendo copia de la orden de compra y resolución exenta N° 4169, de 2 de octubre de 2017, que autorizaron la ejecución de un Trato Directo con la Pontificia Universidad Católica de Chile, para la adquisición de los test psicométricos M10, consistente en 250 cuadernillos M10 (cuadernillos de preguntas o estímulos) y 1000 hojas de respuesta M10, por la suma de $3.436.125.-, IVA incluido. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, este Consejo, mediante Oficio N° 632, de 25 de marzo de 2019, confirió traslado y notificó al tercero involucrado, a fin de que presentase sus descargos y observaciones. Por medio de presentación escrita, ingresada a este Consejo con fecha 10 de abril de 2019, el tercero interesado presentó sus descargos en esta sede, señalando, en resumen, lo siguiente: a) La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su CEDETi UC, ofrece servicios de evaluación neuropsicológica en procesos de selección de personal, a diversos organismos tanto públicos como privados. En este contexto el CEDETi entregó las pruebas psicométricas requeridas, las cuales fueron utilizadas por este último y luego devueltas al CEDETi UC, entidad que cuenta con profesionales capacitados y normas estandarizadas para devolver "un informe de la evaluación o pauta de corrección, de cada evaluado". b) La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su CEDETi UC, no considera pertinente ni adecuado dar a conocer la información requerida, por las siguientes razones. En primer lugar, tanto la construcción de instrumentos psicométricos como el acceso a sus ítems y contenidos son de exclusiva responsabilidad de acceso a psicólogos titulados. Ello, toda vez que "de acuerdo a las normas éticas de la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Europea de Educación, los usuarios no pueden tener acceso a los contenidos de estas pruebas, por el riesgo que de esta manera dejen de ser válidas. A diferencia de lo que sucede en las pruebas de contenido, para las cuales se puede estudiar las materias, las pruebas psicométricas son de razonamiento, y no es posible, en base a sus ítems, ser estudiadas". c) En segundo lugar, la información solicitada es de aquellas que la ley N° 19.628, califica de información sensible, "en consecuencia, su divulgación, sin la autorización expresa de su titular, vulneraría los derechos de todas aquellos que rindieron la evaluación el día 31 de agosto de 2018". d) Por último sostiene que le preocupa que la entrega de la información requerida afecte la reputación del CEDETi UC, pues la divulgación de la misma podría exponerlos a la fundada crítica de psicólogos, grupos de profesionales y de centros profesionales en la materia, que entienden lo delicado y confidencial de la información que se está requiriendo. Y CONSIDERANDO: 1) Que, lo solicitado corresponde a copia del test psicométrico y pauta de corrección, utilizado por el SII en el concurso público para proveer el cargo de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración, el día 31 de agosto de 2018. En tal orden de ideas, este Consejo entiende que lo requerido corresponde al formulario o facsímil que contenga el test M10 aplicado -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen. 2) Que, el SII denegó el acceso a la solicitud, por tratarse de información que físicamente no obra en su poder y respecto de la cual concurren las causales de reserva del artículo 21 N° 1, y N° 2 de la Ley de Transparencia, esta última en relación a los derechos de propiedad intelectual que corresponden a la Pontificia Universidad Católica de Chile como dueña del aludido test, conforme a las alegaciones formuladas en la respuesta a la solicitud y descargos presentados en esta sede. Por su parte, una vez trasladado el amparo al tercero interesado, este se opuso a la entrega de la información reclamada fundado en las alegaciones a que se refiere el numeral 6° de lo expositivo. 3) Que, a modo de contexto previo, cabe señalar que los test psicométricos son instrumentos estructurados -es decir, en ellos la persona tiene que escoger, entre alternativas de respuestas posibles, aquella que considera se ajusta mejor en su caso particular- que intentan medir habilidades cognitivas o rasgos de personalidad en las personas estudiadas y que se engloban dentro del proceso de evaluación psicológica de una persona, y que en tal contexto, han sido validados por la práctica profesional como técnicas efectivas para ello. En dichos instrumentos -a diferencia de los test psicológicos proyectivos-, la evaluación viene dada no por la apreciación que un experto haga de los rasgos psicológicos del entrevistado sino de respuestas dadas por el evaluado, las que son traspasadas a puntuaciones que determinan el resultado o diagnóstico del test. (González Llaneza Felicia Miriam, Instrumentos de Evaluación Psicológica. Editorial Ciencias Médicas, año 2007, páginas 8 a 13). 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por otra parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. Luego, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación -de los bienes jurídicos protegidos- debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido o el tercero interesado en su caso, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. 5) Que, en primer término, respecto de la alegación del SII referida a que la información objeto del amparo no puede ser entregada por no obrar en su poder, será desestimada, por improcedente, toda vez que conforme a resuelto sostenidamente este Consejo la expresión "obre en poder de los órganos" del inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia, no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquélla que el órgano mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición. En tal orden de ideas, tratándose el test solicitado de documentos adquiridos por el órgano con fondos públicos, corresponde a información pública, que se encuentra bajo su órbita de control, pudiendo ser fácilmente requerida al tercero que la detenta; específicamente, en lo que a los productos adquiridos se refiere, esto es, cuadernillo de preguntas o estímulos y hoja de respuestas. Asimismo, atendido lo expuesto por el tercero interesado en sus descargos, también obraría en poder del SII los respectivos informes de evaluación o pautas de corrección de los postulantes evaluados, entre ellos, el correspondiente al peticionario. 6) Que, ahora bien, en cuanto a la concurrencia de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que dicha disposición establece que "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: 1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Al efecto, se debe tener en cuenta lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales" (énfasis agregado). 7) Que, en la especie, de los antecedentes examinados, a juicio de este Consejo, aquél no ha sido el estándar demostrado por el órgano reclamado, por cuanto el SII no ha acreditado detalladamente la afectación al debido funcionamiento del órgano, sino que sus argumentaciones se sustentan en situaciones hipotéticas respecto a eventuales consecuencias que podrían afectar el funcionamiento del órgano, pero sin manifestar fundamento o justificación plausible, de manera concreta, suficiente e indubitada, que permita tener por configurada, efectivamente, la concurrencia de la causal de reserva alegada. Lo anterior, toda vez que ha sustentado su expectativa de afectación en el riesgo de que "sus preguntas, alternativas y respuestas correctas [del test pedido] sean memorizadas o corregidas por profesionales expertos de modo tal que impedirían aplicar tales test a futuros procesos de selección, al menos en el entendido de mantener el estándar de objetividad y de desconocimiento de sus preguntas, para que sea contestado en base a respuestas espontáneas de los postulantes a cada concurso y no mediante respuestas memorizadas y aprendidas", en circunstancias que el propio tercero interesado creador del instrumento de evaluación consultado ha declarado en esta sede que "[a] diferencia de lo que sucede en las pruebas de contenido, para las cuales se puede estudiar las materias, las pruebas psicométricas son de razonamiento, y no es posible, en base a sus ítems, ser estudiadas". 8) Que, por consiguiente, se desestimará la causal de afectación del debido cumplimiento de las funciones del órgano, por no haber sido acredita suficientemente, de forma que permita excluir el principio general básico de publicidad y libre acceso a la información que obra en poder de los órganos. 9) Que, por su parte, en cuanto a la alegación del órgano relativa a que los test psicométricos pedidos se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual debidamente inscritos a favor de un tercero -en la especie, de la Pontificia Universidad Católica de Chile-, es menester hacer presente que este Consejo ha procedido a revisar y reconsiderar lo resuelto en decisiones anteriores respecto de la misma materia, y en tal sentido estima que corresponde aplicar en este caso también, el criterio contenido en el considerando 17° de la decisión de amparo Rol C694-12, en cuanto a que la divulgación de material reconocido por el derecho de autor no constituiría impedimento para que, con posterioridad, el autor de la obra ejerza los derechos morales y patrimoniales que le reconoce la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual, ni para el ejercicio de las acciones que consagra dicho cuerpo legal, en caso de utilización de su obra. En dicho razonamiento se precisó que "(...) conviene señalar que si bien en una decisión anterior, Rol C339-10, este Consejo entendió que Ley de Propiedad Intelectual establecía que solamente el autor o la persona que éste autorice puede utilizar una obra, como también que sólo corresponde al titular de éste decidir sobre la divulgación parcial o total de la obra" (considerando 23°), reclamada esta decisión de ilegalidad la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia Rol 6804-2010, de 24 de junio de 2011, resolvió en su considerando 8° que los propósitos de la Ley sobre Propiedad Intelectual y los de la Ley de Transparencia son radicalmente diferentes. La autorización prevista en la Ley de Propiedad Intelectual corresponde al permiso que otorga el titular del derecho de autor para que un tercero pueda "utilizar públicamente" una obra de su dominio privado, esto es, para que pueda publicarla por cualquier medio de comunicación al público, reproducirla a través de cualquier procedimiento, adaptarla o modificarla, ejecutarla públicamente, distribuirla o transferirla, sea en original o en ejemplares de la obra. En cambio, la autorización idónea para los efectos de la ley N° 20.285 tiene por única finalidad la de posibilitar el mero acceso a la información y, desde luego, en caso alguno importa un permiso para su aprovechamiento, ni menos comporta acto de disposición o de enajenación de la obra. Tanto es así que el legislador, conforme se ha visto, otorga al silencio el valor de una manifestación de voluntad positiva para hacerse de la información". 10) Que, por lo tanto, este Consejo estima que este último criterio es el que debe observarse, en lo sucesivo, en esta materia, rechazando en consecuencia la alegación planteada por el órgano. A mayor abundamiento, el criterio antes adoptado se ve reforzado por la circunstancia de que, en la especie, el tercero involucrado no alegó como fundamento de su oposición a la entrega de información, una eventual afectación a sus derechos de propiedad intelectual. 11) Que, finalmente en cuanto a la alegación del órgano relativa a que el peticionario ha hecho un ejercicio abusivo del derecho de acceso a la información, sin embargo, no ha otorgado mayores antecedentes en tal sentido, pues sólo se limitó a reproducir las solicitudes de información efectuadas y sus respectivas respuestas, sin acreditar, de forma fehaciente, cómo el conocimiento de éstas presentaciones obligaría al Servicio de Impuesto Internos a destinar un tiempo excesivo y desproporcionado de la jornada de sus funcionarios a la atención de los requerimientos de una sola persona, comprometiendo, de esta forma, su debido funcionamiento, con el evidente perjuicio de su normal quehacer institucional. 12) Que, ahora bien, en cuanto a las alegaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en orden a fundar su oposición a la publicidad de la información objeto del amparo, por afectar sus derechos, a juicio de este Consejo, aquellas no permiten configurar la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de Ley de Transparencia, puesto que son apreciaciones generales sobre riegos inciertos o remotos -en lo que a una eventual pérdida de validez de los respectivos instrumentos o afectación de su reputación se refiere-. Luego, las referencias que hace a las normas éticas de la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Europea de Educación constituyen recomendaciones generales en la materia que, por sí solas, no permiten configurar una afectación presente o probable y con suficiente especificidad del bien jurídico que se pretenden cautelar y, consecuentemente, configurar una causal de reserva bajo el estándar que la Ley de Transparencia exige. 13) Que, a su turno, tampoco es efectivo que la divulgación de la información pedida vulneraría los derechos de todas aquellas personas que rindieron la evaluación el día 31 de agosto de 2018, toda vez que no forma parte de lo pedido información relativa a los informes de evaluación de todos los postulantes al concurso, sino únicamente como se señalado en el considerando primero, el acceso al formulario o facsímil que contenga el test adquirido por el órgano y luego aplicado en el concurso -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen, antecedente, este último, al cual el peticionario tiene derecho a acceder por tratarse de información propia, respecto de la cual ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud de lo cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la citada ley. 14) Que, en razón de lo expuesto precedentemente, habiéndose desestimado todas las alegaciones y causales de reserva formuladas por el órgano reclamando y el tercero interesado; se acogerá el presente amparo ordenándose la entrega al peticionario de copia de los test psicométrico M10 -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- utilizado por el SII en el concurso público para proveer el cargo de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración, el día 31 de agosto de 2018 y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen. Lo anterior, por tratarse el primero de dichos documentos -test psicométrico M10 - de información adquirida por el SII con fondos públicos, que obra en su esfera de control, respecto de la cual no se acreditó la concurrencia de las causales de reserva de afectación de las funciones del órgano ni de los derechos del tercero involucrado; y respecto del segundo de los documentos -informe de evaluación o pauta de corrección del peticionario- por tratarse de datos personales respecto de los cuales ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, de acuerdo a la ley N° 19.628. Se hace presente al órgano que la entrega de la información reclamada deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido por este Consejo, en el 4.3. de su Instrucción General N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Valentín Vera Fuentes, en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional Servicio de Impuestos Internos, que: a) Entregue al reclamante, copia de los test psicométrico M10 -compuesto por el cuadernillo de preguntas y hoja de respuestas- utilizado por el SII en el concurso público para proveer el cargo de Profesional para la Oficina de Servicios perteneciente a la Subdirección de Administración, el día 31 de agosto de 2018 y la pauta de corrección o informe de evaluación del requirente en el aludido certamen. Se hace presente al órgano que la entrega de la información reclamada deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido por este Consejo, en el 4.3. de su Instrucción General N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Valentín Vera Fuentes, al Sr. Director Nacional Servicio de Impuestos Internos y a la Pontificia Universidad Católica de Chile, ésta última en su calidad de tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por la Consejera doña Gloria de la Fuente González. Se deja constancia que el Presidente don Marcelo Drago Aguirre y su Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestaron su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.