Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5194-18

Reclamante:	JAVIER MORALES
Reclamado:	EJÉRCITO DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge el amparo, ordenándose al Ejército de Chile que entregue al reclamante, copia de los actos administrativos que impusieron sanciones a los funcionarios consultados. Lo anterior, por cuanto respecto de dicho antecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de las mismas. Asimismo, se desestima las demás causales de reservas alegadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/5/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3243-17 C918-18 C1454-13 C910-14
Jurisprudencia a:	C104-25 C1690-19 C6024-19 C6505-19
Recursos relacionados:	246-2019
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C5194-18 Entidad pública: Ejército de Chile Requirente: Javier Morales Ingreso Consejo: 26.10.2018 RESUMEN Se acoge el amparo, ordenándose al Ejército de Chile que entregue al reclamante, copia de los actos administrativos que impusieron sanciones a los funcionarios consultados. Lo anterior, por cuanto respecto de dicho antecedente no resulta aplicable la prohibición prevista en la Ley sobre Protección de la Vida Privada, sobre el tratamiento de datos sobre sanciones cumplidas, por cuanto dicha prohibición no se extiende a los actos administrativos que dispusieron la aplicación de las mismas. Asimismo, se desestima las demás causales de reservas alegadas. Aplica criterio contenido en la decisión Rol C918-18 referido a idéntica información. En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5194-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 6 de octubre de 2018, don Javier Morales, solicitó al Ejército de Chile -en adelante también Ejército-, copia simple de las medidas disciplinarias aplicadas a los tenientes Mauricio Pacheco Urrutia y Pablo Henríquez Fernández, quienes fueron sorprendidos y detenidos por Carabineros al vejar y dañar un memorial de detenidos desaparecidos en la madrugada del 13 de septiembre de 2015. 2) RESPUESTA: El 26 de octubre de 2018, el Ejército informó al solicitante que al encontrarse cumplidas, no le era posible divulgar los antecedentes pedidos en aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628. Agregó, que se encuentra en tramitación reclamo de ilegalidad sobre idéntico requerimiento, en contra de la decisión del Consejo Rol N° C918-18, razón por la cual resulta aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 1° letra b) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de octubre de 2018, la requirente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la denegación de la información consultada. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, mediante Oficio N°E 10127, de 5 de diciembre de 2018, solicitándole que :(1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información requerida afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura, detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo precedentemente citado, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; y, (6°) remita copia de la información solicitada, haciendo presente a usted que, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Transparencia y mientras no se adopte la decisión definitiva, el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia mantendrá el debido resguardo de los antecedentes que le sean remitidos. Asimismo, si la decisión final del Consejo declara que la información es secreta o reservada tendrán este carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. El referido funcionario, mediante presentación de 11 de diciembre de 2018, reiteró lo ya expuesto en su respuesta al requerimiento. Al efecto, agregó que estima además aplicable lo previsto en el artículo 21 N° 2 y 1 letra a) de la Ley de Transparencia por existir un procedimiento judicial pendiente. 5) DESCARGOS DE LOS TERCEROS INTERESADOS: Este Consejo mediante comunicación de 5 de diciembre de 2018, confirió traslado a los terceros, a fin que se pronunciaran acerca de la divulgación de la información consultada. Estos mediante presentaciones de 12 y 19 de diciembre de 2018, manifestaron su oposición a la entrega de los antecedentes solicitados en aplicación de lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por estimar que la divulgación afectaría su honra. Y CONSIDERANDO: 1) Que primeramente, cabe señalar que ante idéntico requerimiento, este Consejo en la decisión recaída en el amparo Rol C918-18, ordenó la entrega de la misma información objeto del presente amparo. Dicha decisión, fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago, quien mediante sentencia de 8 de febrero de 2019, rechazó reclamo de ilegalidad deducido por la reclamada, manteniendo a firme lo ya resuelto por esta Corporación respecto de la publicidad de los actos administrativos que sancionaron a los funcionarios consultados. 2) Que en el mismo sentido cabe señalar que si bien, el artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada dispone la prohibición de tratamiento de sanciones cumplidas, este Consejo al analizar el sentido y alcance del mencionado precepto, ha razonado que la voz "tratamiento" contenida en la señalada disposición, no se extiende a las medidas disciplinarias contenidas en la resolución que impone una sanción determinada, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a los actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de los datos allí contenidos en registros o bancos de datos, según expresamente lo señala el artículo 1° del cuerpo legal citado. 3) Que, en efecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles Nos C1454-13, C910-14 y C3243-17, ha concluido que «debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo». 4) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso". 5) Que en consecuencia, y entendiendo esta Corporación que lo pedido es la respectiva resolución o acto administrativo que impone la sanción, y no el tratamiento posterior de dicha información, no resulta aplicable a dicho antecedente la hipótesis contemplada en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, por tal razón, las causales de reserva alegadas por la reclamada serán desestimadas, y conjuntamente con ello, se acogerá el presente amparo y conjuntamente con ello, requiriéndose a la reclamada que entregue el acto administrativo que impuso sanciones a los funcionarios consultados. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo interpuesto por don Javier Morales Valdés en contra del Ejército de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile que: a) Entregue a la reclamante copia del acto administrativo que impuso sanciones a los funcionarios consultados, tarjando previamente, aquellos datos personales de contexto detallados en la información requerida, por ejemplo, el número de cédula de identidad, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior, en conformidad a lo previsto en el artículo 21 N° 2 y 33 letra m) de la Ley de Transparencia en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. a) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. b) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales Valdés, al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile y a los terceros interesados. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.