Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5254-18

Reclamante:	ANA LISA MELANO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE BUIN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Buin, por improcedente, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que transcurrido el plazo señalado, sin que la reclamante subsanara su amparo acreditando fehacientemente su nombre y apellidos en los términos requeridos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/29/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González
Legislación aplicada:	Reglamento de la Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2181-14
Jurisprudencia a:	C9421-22 C5116-19 C3969-20 C5721-20 C5958-20 C5960-20 C5561-21 C5875-21 C7880-21 C8635-21 C148-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros beneficios >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C5254-18 Entidad pública: Municipalidad de Buin. Requirente: Ana Melano. Ingreso Consejo: 30.10.2018 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Buin, por improcedente, tras hacer efectivo el apercibimiento consistente en que transcurrido el plazo señalado, sin que la reclamante subsanara su amparo acreditando fehacientemente su nombre y apellidos en los términos requeridos. Se representa a la Municipalidad de Buin el hecho de no haber gestionado la solicitud dentro del plazo legal establecido para ello, así como también, la falta de colaboración al no presentar descargos ante este Consejo. En sesión ordinaria N° 961 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de enero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5254-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 11 de septiembre de 2018, doña Ana Melano efectuó una presentación ante la Municipalidad de Buin, solicitando las respuestas emitidas a 10 requerimientos cuyos códigos consigna, los cuales fueron presentados por su persona ante dicho organismo. 2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 30 de octubre de 2018, doña Ana Melano dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Buin, fundado en la ausencia de respuesta a su requerimiento. 3) AUSENCIA DE DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Buin, mediante oficio N° E10123, de fecha 05 de diciembre de 2018, sin que a la fecha el órgano reclamado haya efectuado presentación alguna ante este Consejo, destinada a pronunciarse respecto de la reclamación deducida. 4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN DE AMPARO: Sin perjuicio de lo señalando en el párrafo precedente, advirtiendo que la identidad con la cual la parte recurrente se presenta ante el órgano recurrido y ante esta instancia no sería verdadera, este Consejo mediante oficio N° 36, de fecha 08 de enero de 2019, de conformidad al artículo 30, letra a) de la Ley N° 19.880, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, en ejercicio de la facultad delegada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia en acuerdo publicado en el Diario Oficial de 20 de junio de 2013, requirió a doña Ana Melano subsanar su amparo, acreditando fehacientemente su nombre y apellidos, acompañando copia de su cédula de identidad expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación u otro documento que estime pertinente para tal efecto, otorgando un plazo de 5 días hábiles para remitir los antecedentes solicitados, bajo apercibimiento que si no lo hiciere, el amparo será rechazado por improcedente. El mencionado oficio, fue notificado el día 08 de enero de 2019, en la dirección electrónica consigna por la recurrente en su reclamación, atendida la renuncia expresa de ésta a la notificación por carta certificada. A la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, este Consejo no recibió presentación alguna de la reclamante destinada a subsanar su amparo en los términos referidos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de las respuestas que fueron emitidas por la Municipalidad de Buin, respecto de anteriores solicitudes efectuadas por la reclamante ante dicho organismo. En este punto, es importante señalar que conforme el tenor del requerimiento en análisis, aquel comprende la entrega de las "respuestas emitidas", entendiendo por tales, aquellas que al momento de la solicitud obraran en poder del órgano reclamado, en los términos descritos en el artículo 10, inciso 2° de la Ley de Transparencia. Precisado lo anterior, el artículo 14 de la citada ley dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción del requerimiento que cumpla con los requisitos del artículo 12 de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, consta que la solicitud fue ingresada ante la Municipalidad de Buin el 11 de septiembre de 2018, sin que a la fecha del presente acuerdo conste que el municipio recurrido haya realizado gestión alguna en relación a ésta. Lo anterior, constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h) del mismo cuerpo normativo, por lo que se representará dicha infracción al órgano reclamado en lo resolutivo del presente acuerdo. 2) Que, no obstante lo señalado, en atención a los antecedentes tenidos a la vista, este Consejo estimó que existen dudas fundadas acerca de la identidad de la persona solicitante, razón por la cual requirió subsanar su amparo, a fin de que acreditara fehacientemente su nombre y apellidos, acompañando copia de su cédula de identidad expedida por el Servicio de Registro Civil e Identificación u otro documento identificatorio que sirva al efecto, otorgando un plazo de 5 días hábiles para remitir los antecedentes solicitados, bajo apercibimiento que si no lo hiciere, el amparo será rechazado por improcedente. 3) Que, en este sentido, a juicio de este Consejo resulta aplicable el criterio en la decisión del amparo Rol C2181-14. Así, cabe tener presente que el artículo 11 letra b) de la Ley de Transparencia establece que "El derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado reconoce, entre otros, los siguientes principios: principio de la libertad de información, de acuerdo al que toda persona goza del derecho a acceder a la información que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, con las solas excepciones o limitaciones establecidas por leyes de quórum calificado". Por su parte, el decreto con fuerza de ley N° 1, de 30 de mayo de 2000, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil y otras normas legales, establece en su artículo 55 que "Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídense en chilenos y extranjeros". En consecuencia, la legislación chilena, permite de forma amplia que todas las personas puedan realizar solicitudes de información, cumpliéndose los requisitos legales para efectuar un requerimiento y posterior amparo ante este Consejo. 4) Que, respecto de los requisitos para efectuar una solicitud de información, el artículo 12 de la Ley de Transparencia, establece que "La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: a) Nombre, apellidos y dirección del solicitante y de su apoderado, en su caso; b) Identificación clara de la información que se requiere; c) Firma del solicitante estampada por cualquier medio habilitado; d) Órgano administrativo al que se dirige.". En cuanto al primer requisito, este Consejo puede señalar que el nombre es la designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y jurídica , y constituye uno de los atributos esenciales de la personalidad . "Está constituido por dos elementos, el pronombre o nombre propiamente tal, que individualiza a una persona dentro de un grupo familiar; y el o los apellidos, o nombre patronímico o de familia, que señala a los que pertenecen a un grupo familiar determinado. El conjunto de ambos individualiza a una persona en el cuerpo social." . 5) Que, a su vez, el citado artículo 12 de la Ley de Transparencia, en su letra a), contempla la hipótesis que la solicitud de información pueda ser formulada por el apoderado de una persona, lo que conlleva que exista claridad respecto a la identidad de persona a quien el apoderado representa, por lo que no cabe duda que la referida norma legal exige que exista claridad sobre la identidad de la persona del solicitante, toda vez que no se puede representar a una persona sobre cuya identidad se duda. Por ello no resulta aceptable, a juicio de este Consejo, flexibilizar esta exigencia legal de señalar exigir la identidad del solicitante, bajo pretexto de garantizar el libre ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que para ello existen técnicas como la anonimización, que permiten resguardar la identidad del solicitante, y que deben garantizarse por los órganos de la Administración del Estado, en caso de ser necesario o solicitado. 6) Que, por su parte el artículo 30 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en su letra a) prescribe que en caso que el procedimiento se inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener: "a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de su apoderado, así como la identificación del medio preferente o del lugar que se señale, para los efectos de las notificaciones." A su vez, el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, establece que "Si el particular omitiese alguno de los requisitos de interposición, el Consejo Directivo podrá ordenarle subsanar las omisiones o aclarar la solicitud o reclamo en un plazo de cinco días hábiles (...)". 7) Que, en consecuencia, la Ley de Transparencia exige para formular una solicitud de información, y eventualmente deducir un amparo ante este Consejo, que el reclamante se individualice con precisión, conforme a las normas citadas. En el presente caso la solicitante se individualizó como "Ana Lisa Melano", esto es, utilizando un nombre que si bien puede existir en la realidad, de los antecedentes del amparo en cuestión, aparece más como un modo de reservar la verdadera identidad de la persona que realizó la solicitud de información, a través de un nombre falso, cuyo juego de palabras tendría un tono irrisorio, burlesco, y en cualquier caso poco serio e irrespetuoso. 8) Que, por lo anterior, este Consejo solicitó subsanar a la requirente su amparo como se indicó, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para ello, bajo el apercibimiento que si así no lo hiciere, se rechazaría por improcedente. A la fecha del presente acuerdo y encontrándose vencido el plazo otorgado al efecto, este Consejo no ha recibido presentación alguna de la reclamante destinada a subsanar su amparo en los términos referidos, razón por la cual se aplicará el apercibimiento señalado, y en definitiva se rechazará el amparo por improcedente. 9) Que, a mayor abundamiento cabe reiterar la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, fijada en el dictamen N° 15390, de 28 de febrero de 2014, ha señalado, en lo que nos interesa, que "(...) en el caso que el procedimiento se inicie a petición de parte interesada, la solicitud que se formule deberá contener el nombre y apellidos del interesado, como asimismo la firma del requirente o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio habilitado. (...) Como es posible advertir, tratándose del inicio de un procedimiento administrativo por parte interesada, el legislador exige que ésta se individualice en su solicitud, con su nombre y apellido, y que exprese su voluntad en la forma que indica, antecedentes que resultan especialmente relevantes, ya que constituyen elementos que permiten determinar la legitimación activa de quien comparece. Del mismo modo, el cumplimiento de esos requisitos supone que los datos y signos que al efecto se consignen o estampen correspondan efectivamente a la persona que formula el respectivo requerimiento y, por consiguiente, su verificación conlleva que la Administración pueda constatar que exista esa concordancia, es decir, la habilita para comprobar la identidad del peticionario, resguardando con ello, además, el principio de responsabilidad consagrado en los artículos 3°, inciso segundo, y 4° de la ley N° 18.575.". 10) Que, a juicio de este Consejo, el estándar mínimo para activar el movimiento de la Administración del Estado, en este caso la Municipalidad de Buin al conocer de la solicitud de información, y de esta Corporación para resolver el respectivo amparo, está fijado por el propio constituyente en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, que a propósito del denominado Derecho de petición, prescribe si bien las personas tienen el derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, esto debe realizarse sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes, estándar que claramente en este caso no se ha cumplido, de acuerdo a los antecedentes examinados. 11) Que, finalmente, este Consejo ignora las circunstancias por las cuales el órgano reclamado no habría gestionado en su sede el requerimiento cuya acción de amparo se rechaza, por cuanto dicha entidad omitió presentar sus descargos ante esta Corporación, conforme fue solicitado en el oficio individualizado en el numeral 3) de la parte expositiva de la presente decisión, situación que será representada al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Buin en la parte resolutiva, como una falta a la debida colaboración que debe existir por parte de los órganos de la Administración del Estado, en los términos dispuestos en el artículo 34 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Ana Melano en contra de la Municipalidad de Buin, por improcedente, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Buin: i. La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber gestionado la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones; y, ii. La falta de colaboración en la tramitación de este amparo, especialmente respecto de la ausencia de respuesta al oficio de traslado enviado por este Consejo, traduciéndose ello en una infracción a lo dispuesto en el artículo 34 y a los principios de apertura o transparencia, de máxima divulgación y de facilitación, previstos en el artículo 11, literales c), d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Ana Melano y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Buin. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre, su Consejera doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Jorge Jaraquemada Roblero. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Contreras Vásquez.