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<strong>DECISIÓN AMPARO C1130-11</strong></div>
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Entidad Publica: Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y de la Excelentísima Corte Suprema</div>
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Requirente: Florencio Santana Sanz</div>
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Ingreso Consejo: 12.09.2011</div>
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En sesión ordinaria N° 282 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de septiembre de 2011, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1130-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) Que, el 08 de julio de 2011, don Florencio Santana Sanz solicitó a la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez (COMPIN) Metropolitano Norte información relativa a pensión de invalidez a la que presumiblemente tendría derecho el recurrente. En particular, solicitó:</p>
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- Resolución de Invalidez a favor del requirente (posteriormente nulo) de fecha 21 de abril de 1993;</p>
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- Oficio Ord. en que se envía Resolución de Invalidez antedicha a Instituto de Normalización Previsional de Valparaíso;</p>
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- Decreto de Invalidez N° 30/93, a favor del requirente;</p>
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- Oficio Ord. N° 3015, de 02 de noviembre de 1993, dirigido a Instituto de Normalización Previsional de Valparaíso;</p>
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- Oficio Ord. N° 1336, de 13.09.1993, emitido por INP Valparaíso, y recibido por Comisión Médica, Preventiva e Invalidez.</p>
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Y solicita la siguiente información estadística:</p>
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- Número de solicitudes de invalidez recibidas en Comisión Médica, Preventiva e Invalidez Metropolitano Norte, años 1992-1993-1994;</p>
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- Número de solicitudes de Invalidez aceptadas del mismo periodo;</p>
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- Número de solicitudes de invalidez rechazadas en el mismo periodo;</p>
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- Desglose por Institutos Previsión de solicitudes aceptadas (S.S.S. Empart, Capremer, etc.)</p>
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- Desglose por Institutos Previsión de solicitudes rechazadas (S.S.S. Empart, Capremer, etc.).</p>
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2) Que, a través de presentación de 30 de agosto de 2011, el reclamante reitera a la Comisión Médica, Preventiva e Invalidez Metropolitano Norte la solicitud señalada precedentemente.</p>
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3) Que, paralelamente a ello, el 13 de junio de 2011, don Florencio Santana Sanz solicitó al Instituto de Previsión Social de la Región de Valparaíso, la siguiente información:</p>
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a) Fotocopias de documentación de trámites de Decretos de Invalidez, emitidas/recibidas año 1993 por INP. (Ex - Capremer) Valparaíso;</p>
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b) Procesos Judicial 20° Juzgado del Crimen Santiago, Causa Criminal Rol N° 36.272-8; y,</p>
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c) Proceso Judicial Causa Rol C-1732/2000, 1° Juzgado Civil Valparaíso (Rol C-2172/1999).</p>
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4) Que, con fecha 05 de julio de 2011, mediante oficio ORD. N° 8712-11-2, el Instituto de Previsión Social derivó las solicitudes de información de los literales b) y c) señalados, a la Excelentísima Corte Suprema.</p>
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5) Que, el 08 de septiembre de 2011, don Florencio Santana Sanz interpuso ante Gobernación Provincial de Iquique, e ingresada a este Consejo el 12 del mismo mes y año, amparo a su derecho de acceso de información en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, y de la Excelentísima Corte Suprema, fundado en que dichos órganos no dieron respuesta a sus requerimientos de información.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 33, literal b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en este caso, el amparo presentado por don Florencio Santana Sanz se refiere a presentaciones realizadas a dos servicios distintos, por lo que, para determinar la admisibilidad de este amparo, debe analizarse cada una de dichas presentaciones.</p>
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3) Que, respecto de la solicitud derivada a la Excelentísima Corte Suprema, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, del examen preliminar de admisibilidad del presente amparo, este Consejo advierte que dicho órgano que forma parte del Poder Judicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5°, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales.</p>
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4) Que, en este contexto, cabe señalar que el artículo 2° de la Ley de Transparencia -que establece su ámbito de aplicación-, no hace referencia expresa al Poder Judicial en cuanto órgano sujeto a sus disposiciones, limitándose a señalar en su inciso final que “Los demás órganos del Estado se ajustarán a las disposiciones de sus respectivas leyes orgánicas que versen sobre los asuntos a que se refiere el artículo 1º precedente”.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Transparencia, que regula en forma pormenorizada los aspectos generales regulados en dicho cuerpo legal, al referirse a su ámbito de aplicación, señala expresamente que no se aplicarán sus disposiciones, entre otros, a los tribunales que forman parte del Poder Judicial.</p>
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6) Que, por lo tanto, a la Excelentísima Corte Suprema, y en general a los Tribunales que forman parte del Poder Judicial, no les resultan aplicables las normas previstas en la Ley de Transparencia referentes al derecho de acceso a la información que puede hacerse valer en un procedimiento de amparo; de modo que este Consejo carece de la competencia necesaria para conocer del mismo, motivo por el cual deberá ser declarado inadmisible.</p>
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7) Que, dicho criterio ya ha sido establecido en las decisiones de este Consejo recaídas en los amparos Rol C373-10, C628-10, C802-10 y C779-11, entre otros.</p>
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8) Que, determinada la inadmisibilidad del amparo deducido en contra de la Excelentísima Corte Suprema, cabe pronunciarse respecto del amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana,</p>
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9) Que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 de la Ley de Transparencia y 42 y 44 del Decreto N° 13, de 2009, Reglamento del artículo Primero de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, una vez vencido el plazo máximo de 20 días hábiles que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir, por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de 15 días, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma.</p>
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10) Que, de los antecedentes adjuntos al presente amparo, consta que respecto de la solicitud de 08 de julio de 2011 éste fue interpuesto en forma extemporánea, en consideración a lo siguiente:</p>
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a) Que, el 05 de agosto de 2011 venció el plazo del órgano para dar una respuesta al reclamante sin que ello se haya verificado;</p>
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b) Pues bien, en conformidad a las normas citadas en el considerando primero del presente acuerdo, el reclamante debió solicitar amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo, en el plazo de quince días hábiles contados desde el 05 de agosto de 2011, es decir, teniendo como fecha límite el día 29 de agosto del presente año; y,</p>
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c) Por lo tanto, al haber interpuesto el reclamante su amparo ante este Consejo el 08 de septiembre pasado, según consta en los antecedentes, lo ha hecho una vez vencido el plazo legal aplicable, según lo establecido en las citadas normas de la Ley de Transparencia y de su Reglamento.</p>
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11) Que, en consecuencia, debe necesariamente concluirse que el amparo deducido por don Florencio Santana Sanz en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en relación a la solicitud presentada el 08 de julio del presente año, no puede admitirse a tramitación, debiendo declararse su inadmisibilidad por haberse deducido en exceso del plazo de 15 días hábiles previsto para su interposición.</p>
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12) Luego, considerando que en la especie, el reclamante dedujo una nueva solicitud de información el 30 de agosto de 2011, es preciso ponderar si el amparo interpuesto resulta admisible en relación a la misma.</p>
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13) Que, atendido lo establecido en la normativa antes expuesta, el plazo de veinte días de que dispone el órgano reclamado para responder a la solicitud de información analizada, vence el 28 de septiembre de 2011, de modo que al haber interpuesto su amparo antes de esa fecha y al haber fundando el mismo en que el citado organismo no entregó respuesta a su solicitud de información, lo hizo en forma anticipada y por tanto extemporánea.</p>
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14) Que, por lo expresado en los considerandos anteriores, debe necesariamente concluirse que el amparo deducido por el recurrente, no puede admitirse a tramitación debiendo declararse, asimismo, su inadmisibilidad.</p>
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15) Que la conclusión expuesta, no obsta, a que el interesado interponga un nuevo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el 28 de septiembre de 2011, según se indicó precedentemente.</p>
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16) Asimismo, en el supuesto que el reclamante no interponga nuevo amparo de acuerdo a lo precisado en el considerando anterior, aquél puede ejercer, nuevamente, ante el servicio reclamado, su derecho de acceso respecto de la información objeto de la presente reclamación, cumpliendo al efecto con los requisitos previstos en la Ley N° 20.285, y, en su caso, deducir con posterioridad amparo ante este Consejo dentro del plazo de 15 días contados desde la notificación de la eventual negativa a la petición que formule o una vez transcurrido el plazo de 20 días de que dispone el órgano requerido para pronunciarse sobre ella.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I) Declarar inadmisible, el amparo interpuesto por don Florencio Santana Sanz, de 8 de septiembre de 2011, en contra de la Excelentísima Corte Suprema, por no resultar competente este Consejo para conocer del mismo, de acuerdo con los argumentos indicados precedentemente.</p>
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II) Del mismo modo, declarar inadmisible, por extemporáneo, el amparo interpuesto por el mismo recurrente, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, fundado en las razones expuestas en los considerandos 9) al 16), ambos inclusive.</p>
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III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Florencio Santana Sanz, al Sr. Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, y a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28, y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Juan Pablo Olmedo Bustos. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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