Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5304-18

Reclamante:	SOLEDAD LUTTINO
Reclamado:	HOSPITAL REGIONAL ANTOFAGASTA DR. LEONARDO GUZMÁN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Hospital Regional de Antofagasta, relativo a la entrega de los medios de prueba que certifiquen el cumplimiento de las metas y objetivos consignados en las cuentas públicas de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/6/2019
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:	C7828-20
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Otros
Descriptores analíticos:	Salud

DECISIÓN AMPARO ROL C5304-18 Entidad pública: Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán. Requirente: Soledad Luttino. Ingreso Consejo: 05.11.2018 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra del Hospital Regional de Antofagasta, relativo a la entrega de los medios de prueba que certifiquen el cumplimiento de las metas y objetivos consignados en las cuentas públicas de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva invocada de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendido el volumen y naturaleza de la información solicitada. En sesión ordinaria N° 970 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de febrero de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5304-18. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 20 de septiembre de 2018, doña Soledad Luttino solicitó al Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, lo siguiente: "medios de prueba que se tengan de las metas o cumplimiento de objetivos señalados en las cuentas públicas de este centro asistencial entre los años 2012 al 2018". 2) RESPUESTA: El 16 de octubre de 2018, el Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán respondió al requerimiento de información, mediante Ord. N° 2623, proporcionando los enlaces web a través de los cuales se puede acceder a las cuentas públicas objeto de consulta. 3) AMPARO: El 05 de noviembre de 2018, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en haber recibido información que no corresponde a la solicitada, toda vez que lo requerido son los medios de prueba que certifiquen el cumplimiento de las metas descritas en cada una de las cuentas públicas consultadas, lo que no fue proporcionado. A continuación argumenta: "se niegan a entregar pruebas de las formas de cumplimiento de metas, por lo cual se podría pensar que los datos son falsos ya que muchos reclamos se encuentran sin responder y la atención es pública que es negligente, la gente se muere esperando o queda con discapacidad, además los especialistas trabajan en horas de trabajo público en consultas particulares" (sic). 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director del Hospital Regional de Antofagasta mediante Oficio N° E10418 de 12 de diciembre de 2018. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones mediante Oficio Ord. N° 0076 de 11 de enero de 2019, en el cual, en síntesis, señalan: a) Considerando que se estaba haciendo entrega de la información requerida, a través de la cual se puede acceder al desarrollo de las cuentas públicas del Hospital, correspondientes a los años 2012 al 2018, dichos antecedentes constituyen un instrumento serio, confiable y fehaciente, respecto del cual la propia autoridad que lo emite y suscribe da fe de su contenido, bastando su existencia como prueba de veracidad. b) En virtud de lo efectivamente solicitado, la gran extensión y variedad de materias consignadas en las cuentas públicas, revisar los antecedentes para acreditar uno a uno los aspectos que se mencionan en ellas, podría estimarse una indebida distracción de las funciones, invocando por tanto la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. Lo anterior, según expresan, no obsta a que de existir sólo ciertos puntos de las cuentas públicas que generen dudas a la reclamante, aquellos puedan ser acreditados documentadamente, en la medida que la recurrente precise dicha circunstancia. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Atendida la causal de reserva invocada por la parte recurrida en sus descargos, este Consejo solicitó complementar sus alegaciones, precisando cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del organismo, indicando el volumen de lo requerido, formato en el cual se encuentra disponible, y funcionarios y tiempo que significaría su recopilación. En respuesta a lo anterior, por medio de Ord. S/N, el hospital recurrido complementó sus descargos, señalando, en resumen: a) En primera instancia, hay que señalar que la cuenta pública del año 2018, aún no se lleva a cabo, la cual será realizada entre marzo y mayo. b) El Hospital Regional de Antofagasta es un centro asistencial de alta complejidad y un referente dentro de la macro zona norte, que abarca desde la ciudad de Arica hasta La Serena. A su vez, tiene mayores obligaciones y deberes en comparación con otros hospitales del país, siendo su prioridad la atención de pacientes ambulatorios, hospitalizados, atenciones de urgencias, policlínicos, pacientes GES, oncológicos, atenciones domiciliarias, entre otras. c) Dar respuesta a lo pretendido por la recurrente, implicaría realizar un análisis punto por punto de cada una de las unidades del establecimiento de salud, señaladas en las cuentas públicas consultadas, lo que demandaría la utilización de recursos humanos destinados a los objetivos indicados precedentemente, considerando que la unidad encargada de responder las solicitudes vía Ley de Transparencia, está integrada por sólo una funcionaria, quien no posee el perfil para realizar el estudio de cada una de las cuentas públicas (las que en su totalidad comprenden 344 páginas); para ello, es necesario un equipo multidisciplinario que realice este análisis, el cual deberá estar constituido por 9 personas, pertenecientes al personal del área clínica (subdirección médica, subdirección de enfermería, subdirección de matronería), personal del área administrativa (subdirección administrativa y subdirección de gestión de las personas), área de abastecimiento (jefe de abastecimiento, jefe de finanzas, gestión del cambio) y, finalmente, un funcionario con dedicación exclusiva a ordenar y sistematizar toda la información; lo anterior, dentro de un periodo que se extendería en al menos 4 semanas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la falta de entrega de los antecedentes que acrediten el cumplimiento de los objetivos y metas descritas en las cuentas públicas de los años 2012 a 2018, los cuales fueron denegados por parte de la recurrida en sus descargos, en virtud de la causal del artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, precisado lo anterior, en virtud a que la entidad reclamada de información, detenta la calidad de establecimiento de autogestión en red, aquellos se encuentran regulados en el título IV del DFL N° 1, del Ministerio de Salud, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2.763 y Leyes N° 18.933 y 18.469, en cuyo artículo 34, inciso 3°, establece que el director del establecimiento, durante el primer trimestre de cada año, deberá presentar al respectivo Consejo Consultivo el plan de actividades a desarrollar durante el año, así como la cuenta pública anual del mismo; a su vez, el artículo 37, literal c) de la misma normativa, preceptúa la obligación para estos establecimiento de implementar sistemas de cuenta pública a la comunidad. En tal sentido, y conforme fue informado a la recurrente en la respuesta, el organismo publica en su sitio web las aludidas cuentas, hasta el año 2017, disponibles en http://www.hospitalantofagasta.gob.cl/cuenta-publica/, indicando en sus descargos que la correspondiente al año 2018, aún no se realiza. 3) Que, las alegaciones de la reclamante recaen en la falta de entrega de los medios de prueba que certifiquen los hechos descritos en las cuentas públicas indicadas en el requerimiento, las cuales comprenden los años 2012 a 2018, toda vez que, según asevera, la entidad no cumple con los estándares de atención descritos en dichas rendiciones. 4) Que, de la revisión de las cuentas públicas disponibles, en síntesis, en éstas se exponen sucesos y estadísticas anuales relativas a la gestión clínica, administrativa y usuaria del hospital, indicando, por ejemplo, el número de nacimientos acontecidos en el recinto, número de fallecidos y sus causas, número de atenciones médicas, número de atenciones correspondientes a la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS), total de licitaciones y convenios suscritos, número de beneficiarios en programas, entre otras. Ahora, si bien, parte de dichos antecedentes constituyen información que en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 7° de la Ley de Transparencia, debe publicarse en los respectivos sitios web institucionales (licitaciones, convenios, beneficios), de las observaciones efectuadas por la recurrente en su amparo, en el cual acusa "muchos reclamos se encuentran sin responder y la atención es pública que es negligente, la gente se muere esperando o queda con discapacidad, además los especialistas trabajan en horas de trabajo público en consultas particulares", puede desprenderse que su foco de interés son los medios de prueba o instrumentos que evidencien las atenciones a pacientes y tramitación de los reclamos consignados en las rendiciones consultadas. En este punto, y para efectos de ilustrar la información cuya entrega se solicita, en la cuenta pública del año 2012, se informó un promedio de atención diario de 521 pacientes (por concepto de atención abierta), y la realización de un total de 9.217 intervenciones quirúrgicas (atención cerrada); en el año 2013, se informó un promedio de atención diario de 490 pacientes, y la realización de un total de 8.918 intervenciones quirúrgicas, y así consecutivamente. Respecto a las atenciones OIRS, en el año 2012, se registraron un total de 84.453 atenciones, siendo 745 correspondientes a reclamos; y, al año 2017, se reportó un total de 162.669 atenciones OIRS, siendo 943 de ellas, relativas a reclamaciones. 5) Que, al recaer lo pedido en "los medios de prueba", que certifiquen la efectividad en el cumplimiento de las estadísticas de gestión, informadas en las cuentas públicas ya aludidas, se desprende que para dar satisfacción a la solicitud en estudio, no bastaría con la entrega de antecedentes meramente referenciales, sino que dicha labor comprendería la recopilación de los documentos que den cuenta de las anotadas atenciones, las que, en su mayoría, comprenden información de tipo personal y sensible, relativas a las prestaciones de salud efectivamente percibidas por quienes son usuarios del establecimiento requerido, lo cual, además, implicaría adoptar todas las medidas tendientes a evitar que en la entrega de los instrumentos probatorios no se produzca una revelación de datos personales y sensibles regulados en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 6) Que, por lo anterior, teniendo en especial consideración el volumen de la información que el órgano debiese recopilar y analizar para efectos de otorgar los medios probatorios solicitados, a juicio de este Consejo, resulta atendible lo argumentado por la parte recurrida, en orden a que atender este requerimiento provocaría una distracción indebida del personal que se destinaría a tal labor, cuestión que desde la perspectiva del funcionamiento del órgano, configuraría notoriamente la causal descrita en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 7) Que, respecto de la interpretación de la causal de reserva alegada, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que los esfuerzos que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden gestiones de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras, circunstancias que se estima concurren en la especie, y por tanto darían lugar a gestiones desproporcionadas como las mencionadas por el establecimiento de salud recurrido, en miras a dar satisfacción a la pretensión de la reclamante, cuyo requerimiento, según puede advertirse de sus dichos, no iría orientado en obtener mayores antecedentes sobre las aludidas cuentas, sino precisamente desacreditar las rendiciones objeto de consulta, toda vez que afirma la existencia de negligencias, faltas de atención, etc. 8) Que, en dicho contexto, cabe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". En la especie, a juicio de este Consejo, éste ha sido precisamente el estándar demostrado por la parte reclamada, toda vez que, si bien, la información pedida existe en su poder, la búsqueda y revisión de lo requerido tiene una entidad suficiente para entorpecer el normal o debido funcionamiento del organismo. Ello, toda vez que la atención del requerimiento implicaría para los funcionarios del Hospital la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse razonablemente a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiéndose presumiblemente de esta forma la atención de las otras funciones que el establecimiento de salud debe desarrollar, situación que va en desmedro de lo establecido en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de MINSEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado, que impone a los órganos de dicha Administración el deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. En consecuencia, lo anteriormente señalado, justifica el rechazo del presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Soledad Luttino, en contra del Hospital Regional de Antofagasta Dr. Leonardo Guzmán, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, de acuerdo a los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino y al Sr. Director del Hospital Regional de Antofagasta. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Marcelo Drago Aguirre no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.