Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C280-09

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Reclamante:	DEMETRIO VENEGAS CASTRO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Resumen del caso: Se interpuso amparo ante la respuesta negativa de la Municipalidad de Quinta Normal a su solicitud de acceder al número, fecha y obtener copia del decreto o resolución de la recepción final de la regularización de una propiedad que indica, debido a que al ser consultado, el tercero propietario del inmueble se opuso a la entrega de la información. El Consejo acogió el amparo porque la divulgación de la información no afectaba los derechos del tercero. Posteriormente se demostró que lo solicitado realmente era la recepción final de la regularización de un muro medianero construido en la propiedad señalada y no de todo el inmueble. El Consejo invalida la decisión y en su lugar rechaza el amparo debido a que el ente no tiene la obligación legal de contar con la recepción final de la regularización del muro medianero construido en la propiedad.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/10/2011
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	DFL 458 1976 - Ley General de Urbanismo y Construcción Ley 19880 2003 - LEY DE BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RIGEN LOS ACTOS DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C382-09 C492-09
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Test de daños o de interés público >> De daño - Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Elaboración de información >> Otros
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo); Gestión y administración territorial (Urbanismo)

INVALIDACIÓN DECISIÓN AMPARO ROL A280-09 Entidad pública: I. Municipalidad de Quinta Normal Requirente: Demetrio Venegas Castro Ingreso Consejo: 02.09.2009 En sesión ordinaria N° 202 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de noviembre de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha estimado procedente resolver lo que sigue en relación al ejercicio de la facultad de invalidación establecida en el artículo 53 de la citada Ley N° 19.880, con respecto a la decisión que resolvió el amparo por denegación de acceso a la información pública Rol A280-09. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley General de Urbanismo y Construcciones N° 19.583 - D.F.L. N° 458/1976, actualizado por la Ley N° 20.389, del 2009; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de agosto de 2009 don Demetrio Venegas Castro solicitó a la I. Municipalidad de Quinta Normal el número, fecha y copia del Decreto o Resolución de la recepción final de la regularización de la propiedad ubicada en Edison N° 3706, de esa comuna. 2) RESPUESTA: El Municipio respondió dicho requerimiento el 17 de agosto de 2009 señalando que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, procedió a consultar al afectado, Empresa SODIAC Ltda., la cual no autorizó a entregar esta información requerida. 3) AMPARO: Don Demetrio Venegas Castro formuló dentro de plazo amparo por denegación de acceso a la información, el 2 de septiembre de 2009, en contra de la I. Municipalidad de Quinta Normal. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo y procedió a notificarlo mediante Oficio N° 642, de 16 de septiembre de 2009, confiriendo traslado al Alcalde de la I. Municipalidad de Quinta Normal y solicitándole, en especial, que remitiese copia de: i) la comunicación al tercero que ejerció su derecho de oposición; ii) la oposición presentada y iii) el decreto o resolución en cuestión. Dicho traslado fue respondido por don Manuel Fernández Araya, Alcalde de la I. Municipalidad de Quinta Normal, mediante Ordinario N° 445, de 2 de octubre de 2009, señalando, en resumen, lo siguiente: a) En cumplimiento de lo requerido se remitió la solicitud de don Demetrio Venegas Castro a la Dirección de Obras Municipales, repartición que involuntariamente asumió que la entrega de dichos antecedentes implicaba la entrega además de otros de mayor sensibilidad tales como los planos de la propiedad, escenario en el cual dicha solicitud sería concordante con la hipótesis contenida en el artículo 20 de la Ley 20.285. En consecuencia, se procedió a informar al representante legal de la empresa SODIAC Ltda., propietaria del inmueble respecto del cual se formuló la solicitud. El 17 de agosto se recepcionó la oposición de dicha empresa fundada en que al parecer de la propietaria “dicha información puede ser utilizada en actos delictuales o de cualquier tipo ya que nos deja al desnudo metafóricamente, nuestra construcción e instalaciones como nuestros movimientos dentro de la infraestructura de mi empresa privada”. Por esto se le comunicó al señor Venegas Castro la decisión de no entregar la información solicitada, en la oposición emitida por el tercero afectado. b) Hacen presente que, sin perjuicio de lo expuesto, la disposición de dicha Corporación Edilicia jamás ha sido denegar de manera injustificada el acceso a la información pública, sino que sólo se ha tenido presente, tal vez con excesivo celo, la seguridad de sus vecinos y el poder conjugar de manera acertada la respuesta diligente a lo solicitado, con el debido respeto a los derechos de los vecinos. Por lo que adjuntan la documentación solicitada por don Demetrio Venegas Castro que a su parecer no afecta los derechos del propietario. Acompañan: a) Comunicación de 14 de agosto de 2009 al representante legal de la Empresa SODIAC Ltda. de la solicitud de información de don Demetrio Venegas Castro y de su derecho de oposición. b) Oposición del representante legal de la Empresa SODIAC Ltda. de 17 de agosto de 2009. c) Resolución N° 3, de 26 de abril de 2004, del Director de Obras Municipales por la cual se acoge a reconocimiento por Antigüedad la construcción ubicada en la calle Edison N° 3706, Rol de Avalúo S.I.I. N° 186-26, de propiedad de SODIAC Ltda., correspondiente a 246,22 m2. de edificación con destino “Almacenamiento inofensivo”, cuyo material predominante es muros de adobe de 0,40 mt. de espesor, cimientos de mampostería de piedra, entablados de madera de pisos y cielos, y alturas inferiores en 4,00 mt.; diseño de puertas y ventanas como también de la techumbre, demuestran la antigüedad de la edificación. La antigüedad estimada es anterior al 14 de febrero de 1929, fecha de vigencia de la Ley 4.563. d) Permiso N° 35/2004 de 26 de abril de 2004 por el cual el Director de Obras Municipales concede Permiso de Obra Menor a SODIAC Ltda., para ejecutar en la propiedad indicada los siguientes trabajos: ampliación interior de un altillo, de acuerdo a planes adjuntos, no consulta modificación de muros, pisos ni techumbre y considera estructura de madera con escalera y barandas en el mismo material. Cumple con la normativa vigente. Presupuesto total: $800.000. 5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En el presente caso se opuso el representante legal de Sodiac Ltda., por estimar que dicha información podía ser utilizada con fines delictuales. 6) DECISIÓN DEL CONSEJO: En sesión ordinaria N° 108 de su Consejo Directivo, celebrada el 4 de diciembre de 2009, se adoptó acoger el presente amparo y requerir al Alcalde de la I. Municipalidad de Quinta Normal, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, para que entregue al reclamante el número, fecha y copia del Decreto o Resolución de la recepción final de la regularización de la propiedad ubicada en Edison N° 3706, de esa comuna, dentro del plazo de 5 días hábiles de ejecutoriada ésta, la que fue notificada mediante Oficio N° 130, de 01.02.10, por los siguientes argumentos: a) Que del análisis de los documentos acompañados por la Municipalidad reclamada se desprende que la mayor parte de la información contenida en la Resolución N° 3 ya ha sido declarada pública por este Consejo, tal como rol de avalúo y superficie. En cuanto al propietario y la dirección, dicha información ya es de conocimiento del reclamante. Por otra parte en cuanto al detalle de la construcción en cuanto a que demuestra la antigüedad de la edificación, es información relativa a un inmueble que puede ser constatada por cualquier persona que vea dicha edificación y tampoco puede estimarse que la comunicación de dicha información puede afectar el derecho a la seguridad del tercero, en este caso. Asimismo no es efectivo que dicha información se refiera a los movimientos dentro de la infraestructura de la empresa ni tampoco se acompañan los planos del inmueble. Que en cuanto al Permiso de Obra Menor, tampoco puede estimarse que la comunicación de dicha información afecta el derecho a la seguridad de la empresa que se opuso. b) Que por lo señalado precedentemente no se ve cómo la comunicación de lo requerido por el reclamante, esto es, el número, fecha y copia del Decreto o Resolución de la recepción final de la regularización de la propiedad ubicada en Edison N° 3706, de esa comuna, puede afectar los derechos del tercero que se opuso, en particular el derecho a la seguridad de dicha empresa. 7) CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN: a) Mediante Ordinario N° 75, de 15 de febrero de 2010, del Alcalde de la I. Municipalidad de Quinta Normal, éste señala que en cumplimiento a lo señalado en el Ordinario N° 130, del Consejo se ha procedido a remitir con esta fecha, al Sr. Demetrio Venegas Castro, copia del acto administrativo que aprobó la recepción final de la regularización de la propiedad ubicada en calle Edison N° 3706, Resolución N° 03, de 26 de abril de 2004, de la Dirección de Obras Municipales. b) El reclamante, mediante escrito ingresado el 5 de marzo de 2010, señala que respecto a la respuesta del Alcalde del Municipio reclamado, individualizada precedentemente, lo que se ha solicitado es el documento que acredite la recepción final y lo entregado es un reconocimiento de antigüedad, cuya validez, además, debe ser acreditada como lo señala la Ley General de Urbanismo y Construcción, en su art. 5.1.4 N° 2 letra B 10)., por lo que solicita audiencia para presentar antecedentes y pruebas. Asimismo, acompaña carta N° 152, suscrita por el Director de Obras Municipales (la fecha de ésta no es legible, no obstante pareciera haber sido emitida en los años 2008 ó 2009), mediante la cual le indica al reclamante lo siguiente: i. El predio individualizado no cuenta con antecedentes de permiso de edificación ni recepción definitiva en los archivos de dicha Dirección de Obras Municipales. ii. De acuerdo a los datos aportados y lo verificado en terreno, aparentemente se hubiera ejecutado una muralla de albañilería en el predio del reclamante. iii. No obstante lo anterior, tratándose de problemas referidos a deslindes, considera una presentación ante la justicia ordinaria, la que concluirá sobre el dominio y deslindes. c) Mediante Oficio N° 798, de 6 de mayo de 2010, de este Consejo, se le notificó a dicho Municipio del eventual incumplimiento de la presente decisión, solicitándole pronunciamiento al respecto. d) El Municipio reclamado, mediante Ordinario N° 250, de 19 de mayo de 2010, señala lo siguiente: i. Que la resolución que acompañó con anterioridad al Consejo, junto a Ordinario N° 74, de 15.02.10, establece totalmente la pertinencia de la información solicitada y recibida por el reclamante. ii. Que a mayor abundamiento, además de la mención a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, sobre el tema indicado en la Resolución N° 3, es necesario mencionar, entre otros, el dictamen N° 014912N01, de 20 de abril de 2001, que en su parte pertinente señala que “Por otra parte, de acuerdo a lo manifestado en la reiterada jurisprudencia de este Organismo Superior de Control –contenida entre otros, en los Dictámenes N°s. 6.530, de 1993 y 6.973, de 1986- tratándose de edificaciones antiguas como ocurre en la especie, es dable estimar que la obligación de regularizarlas se aplica solamente a la construcciones ejecutadas a contar del 14 de febrero de 1929, fecha de entrada en vigencia de Ley N° 4.563, que es la primera fuente legal de la obligación en comento”. iii. Que, en consecuencia, esta es la norma legal vigente que permite otorgar al Sr. Venegas la copia de la mencionada resolución y no otra como la por él invocada erróneamente, al hacer referencia al numeral 5.1.4 N° 2 letra B 10). e) El reclamante, a través de doña Ximena Venegas, Auditor Interno de TVN, señala lo siguiente respecto al Ordinario N° 250, de 19.05.10 del municipio reclamado: i. El Alcalde presenta la Resolución N° 3, que eventualmente podría considerarse como una recepción parcial de la propiedad en cuestión, no obstante lo requerido es un documento específico de recepción final y, de no contar con ella, le bastaría que lo declarara por escrito. ii. El municipio cita e insiste en jurisprudencias y dictámenes de Contraloría que bajo ningún punto de vista tiene relación con el asunto aquí discutido y sólo busca confundir y desviar el tema, lo que se puede comprobar haciendo referencia al dictamen de dicho órgano contralor que trata específicamente esta problemática y que adjunta, el cual en su párrafo tercero señala que “Efectuada la indagatoria de rigor cabe señalar que, en visita inspectiva técnica realizada por funcionarios de la División de Municipalidades de este Organismo, se confirmó lo señalado en el informe SCT 434/04 citado, así como también que el muro divisorio, de acuerdo a las características que presenta, debería contar con permiso de la Dirección de Obras Municipales, toda vez que se trata de una obra estructural, el que a la fecha no se había solicitado”. iii. Acompaña el dictamen de Contraloría General de la República precitado, N° 28118, de 15 de junio de 2005, en el cual se señala lo siguiente: ? El reclamante, don Demetrio Venegas Castro, se ha dirigido nuevamente a Contraloría General denunciando que el Director de Obras Municipales de Quinta Normal no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1.3.2., de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, lo que habría originado un problema de deslindes con el predio ubicado en la Calle Edison N° 3.706, colindante con su vivienda. ? El recurrente indica que el muro divisorio entre ambas propiedades se construyó sin el permiso correspondiente y que, según lo señaló el informe SCT N° 432/04, emitido por la División de la Vivienda y Urbanismo y Obras Públicas y Transportes del organismo contralor, dicho muro se encontraría emplazado en su propiedad en aproximadamente 0,70 metros, agregando que la construcción vecina fue acogida por el municipio a “Reconocimiento de Antigüedad”, en circunstancias que esa pared es una obra nueva, por lo que solicita su demolición. ? En visita técnica, se confirmó lo señalado en el informe SCT N° 432/04, así como también que dicho muro divisorio, de acuerdo a las características que presenta, debería contar con permiso del a Dirección de Obras Municipales, toda vez que se trata de una obra estructural, el que a la fecha no se había solicitado. ? Por otra parte, la altura vulnera lo establecido en el art. 12 de la Ordenanza Comunal de Quinta Normal, la cual sólo permite que los muros medianeros o divisorios entre predios cuyo uso principal sea vivienda, tengan una altura máxima de 2 metros, medida desde el nivel natural del terreno. ? En cuanto a su emplazamiento, es necesario señalar que se trata de una materia de deslindes, ante la cual Contraloría debe abstenerse de emitir un pronunciamiento por tratarse de un asunto de carácter litigioso, en virtud de lo previsto en el inciso tercero, art. 6° de la Ley N° 10.336. ? Concluye señalando que la autoridad comunal deberá adoptar las medidas administrativas tendientes a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a Contraloría en el plazo de diez días, contado desde la fecha de recepción del presente oficio. ? Finalmente, respecto de la definición de deslindes, reitera lo vertido en el Dictamen N° 7.434, de 2005, por lo que el recurrente deberá denunciar los hechos ante los Tribunales Ordinarios de Justicia por tratarse de materias propias de su competencia. 8) AUDIENCIA AL INTERESADO: Teniendo en cuenta los nuevos antecedentes, presentados por las partes y los recabados directamente por este Consejo, y en particular lo concluido en el Dictamen N° 58.858, de 12 de diciembre de 2008, de la Contraloría General de la República, emitido por una nueva presentación del reclamante, “solicitando se instruya un sumario administrativo en contra del personal de la Municipalidad de Quinta Normal, por no dar cumplimiento al dictamen N° 28.118, de 2005, de este Organismo Contralor, que concluyó que el municipio debía velar porque su vecino regularizara la construcción de un muro divisorio, mediante la obtención del respectivo permiso de edificación”. En dicho dictamen se reexamina el dictamen de 2005 y se concluye que la construcción de un muro divisorio no es susceptible de ser enmarcado dentro de los conceptos de edificio u obra menor, por lo que no requiere la obtención previa de un permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales respectiva y el pago de los derechos municipales correspondientes. Cabe inferir, luego, que la información solicitada no existe ni obra en poder del órgano de la Administración reclamado, por lo que el Consejo Directivo de este Consejo decidió aplicar el procedimiento legal dispuesto para el ejercicio de la facultad de invalidación de oficio con respecto a la decisión recaída en el amparo A280-09 ya señalada, por lo tanto, de acuerdo al artículo 53 de la Ley N° 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, decidió conceder audiencia previa a don Demetrio Venegas Castro en su calidad de interesado, remitiéndole el oficio N° 1.551, de 20 de agosto de 2010, la que se realizó con fecha 26 de noviembre de 2010, no oponiéndose el reclamante ésta. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el acuerdo de este Consejo que resolvió acoger el amparo por denegación de acceso a la información pública, Rol A280-09, interpuesto por don Demetrio Venegas Castro en contra de la Municipalidad de Quinta Normal, se fundó en que la Resolución N° 3, de 26 de abril de 2004, del Director de Obras Municipales, por la cual se acoge a reconocimiento por antigüedad la construcción ubicada en el inmueble individualizado, sería la información solicitada por el reclamante, esto es, la resolución que aprueba la recepción final de la regularización de dicho inmueble. 2) Que de los antecedentes aportados por las partes, con posterioridad, se desprende que lo requerido por el reclamante sería la recepción final de la regularización de un muro medianero construido en la propiedad individualizada y no de todo el inmueble. 3) Que los dictámenes de Contraloría citados por la reclamada, tanto en la Resolución 3, de 26 de abril de 2004, del Director de Obras Municipales por la cual se acoge a reconocimiento por antigüedad la construcción ubicada en el predio en cuestión, como por Ordinario N° 250, de 19.05.10, establecen, respectivamente, lo siguiente: a) Dictamen N° 13.906, de 12 de junio de 1991: establece, entre otros asuntos, que el permiso de edificación se exige desde el 14.02.1929, por lo que las construcciones anteriores están eximidas de tal obligación. b) Dictamen N° 14.912, de 20 de abril de 2001: establece principalmente lo siguiente: i. No procede que la municipalidad exija la regularización, conforme a la Ley N° 19.583, de edificaciones efectuadas entre los años 1925 y 1927, porque acorde al art. 1° de dicho texto legal, los propietarios de bienes raíces urbanos individualizados en el art. 2°, que construyeron con o sin permiso de edificación, y que no cuenten con recepción definitiva, podrán, dentro del plazo de 18 meses –ampliado hasta el 31.03.2001- regularizar su situación, según las normas de edificación y al procedimiento simplificado que señala. ii. Tratándose de edificaciones antiguas, la obligación de regularizarlas se aplica sólo a las construcciones ejecutadas a contar del 14.02.1929, fecha de vigencia de la Ley N° 4.563, primera fuente de la obligación de construir previo otorgamiento del respectivo permiso de la autoridad comunal, así, sólo podrá exigirse la regularización del caso, respecto de las construcciones o ampliaciones efectuadas a contar del 14.02.29 y hasta antes del 14.09.98, data de publicación de la Ley N° 19.583. 4) Que la Ley General de Urbanismo y Construcciones N° 19.583 - D.F.L. N° 458/1976, actualizado por la Ley N° 20.389, del 2009- contempla las siguientes normas: a) Artículo 116: La construcción, reconstrucción, reparación, alteración, ampliación y demolición de edificios y obras de urbanización de cualquier naturaleza, sean urbanas o rurales, requerirán permiso de la Dirección de Obras Municipales, a petición del propietario, con las excepciones que señale la Ordenanza General. / Concluidas las obras, el propietario deberá presentar una declaración ante la Dirección de Obras Municipales, indicando el destino de las edificaciones e individualizando a las personas a quienes pudiere corresponder algún grado de responsabilidad de conformidad a los artículos 17 y 18 de esta ley. (inciso 4°)/ El Director de Obras Municipales concederá el permiso o la autorización requerida si, de acuerdo con los antecedentes acompañados, los proyectos cumplen con las normas urbanísticas, previo pago de los derechos que procedan, sin perjuicio de las facilidades de pago contempladas en el artículo 128. b) Artículo 118: La Dirección de Obras Municipales tendrá un plazo de 30 días, contados desde la presentación de la solicitud, para pronunciarse sobre los permisos de construcción. c) Artículo 119: Toda obra de urbanización o edificación deberá ejecutarse con sujeción estricta a los planos, especificaciones y demás antecedentes aprobados por la Dirección de Obras Municipales. d) Artículo 133: Las construcciones que se ejecutaren sin el previo permiso de construcción, desde la publicación de la presente ley, pagarán un recargo del 50% del derecho municipal que correspondiere pagar al momento en que el interesado solicitare regularizar su situación. / Si el infractor no regularizare su situación, el Director de Obras formulará, en cualquier tiempo, la correspondiente denuncia ante el Juez de Policía Local, el que, además de la multa por la infracción, condenará también al infractor a pagar el valor de los derechos correspondientes a la edificación que se hubiere levantado sin permiso, recargado en 100%. / El Juez de Policía Local aplicará la sanción en esta parte conforme a la liquidación que practique el Director de Obras Municipales, de acuerdo a los valores establecidos, más el recargo aludido. / Verificado el pago en este último caso, se extenderá un certificado final, trámite con el cual se entenderá regularizada la construcción, sin otros requisitos, siempre que no vulnere las disposiciones del Plan Regulador. e) Artículo 142: Corresponderá a la Dirección de Obras Municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna, como asimismo el destino que se dé a los edificios. f) Artículo 144º: Terminada una obra o parte de la misma que pueda habilitarse independientemente, el propietario y el arquitecto solicitarán su recepción definitiva por la Dirección de Obras Municipales. Sin perjuicio de las recepciones definitivas parciales, habrá, en todo caso, una recepción definitiva del total de las obras. / El Director de Obras deberá revisar únicamente el cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables a la obra, conforme al permiso otorgado, y procederá a efectuar la recepción, si fuere procedente. (inciso 4°) g) Artículo 145: Ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total. 5) Que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por el D.S. N° 47/1992, por su parte, prescribe en lo aplicable, lo siguiente: a) Artículo 5.1.1.: Para construir, reconstruir, reparar, alterar, ampliar o demoler un edificio, o ejecutar obras menores, se deberá solicitar permiso del Director de Obras Municipales respectivo. b) Artículo 5.1.19.: No podrá iniciarse obra alguna antes de contar con el permiso o autorización de la Dirección de Obras Municipales correspondiente, con excepción de aquéllas expresamente señaladas en el artículo 5.1.2. de este mismo Capítulo y aquéllas que no requieren permiso conforme a la legislación vigente. 6) Que por todo lo señalado precedentemente y de los antecedentes aportados por ambas partes, se desprende que al parecer no existe la resolución que aprueba definitivamente la construcción del muro divisorio realizado en el predio en comento, lo que en su momento no fue señalado de manera expresa por el Municipio reclamado, motivo por el cual no cabe acoger el presente amparo, dado la inexistencia de lo requerido. 7) Que sobre el particular, cabe tener presente que cuando se ha alegado en esta sede la inexistencia de la información requerida, este Consejo ha resuelto que si en el caso concreto el órgano requerido no tiene la obligación legal de poseer la documentación solicitada puede cumplir con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Transparencia indicando que no existe la información requerida por el reclamante (aplica criterio de las decisiones recaídas en los amparos Roles A192-09 y A240-09). En cambio, de existir la obligación legal de contar con la información solicitada se ha estimado que si se hace entrega de copia del acto administrativo que dispuso la expurgación de los documentos solicitados y del acta respectiva, en los términos señalados por la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública, se aceptará que la información no existe, no pudiendo obligarse a los órganos de la Administración entregar información inexistente (así, por ejemplo, aplica criterio de las decisiones recaídas en los amparos Roles A181-09, C382-09, C492-09). 8) Que de las normas legales pertinentes y la jurisprudencia administrativa previamente analizada, se desprende que no existe una obligación legal del Municipio reclamado de contar con la recepción final de la regularización del muro medianero construido en la propiedad del inmueble. 9) Que no corresponde a este Consejo pronunciarse sobre la legalidad de la inexistencia de dicha resolución, toda vez que esta materia excede las funciones y atribuciones conferidas a éste por el artículo 33 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, en todo caso, no obsta al ejercicio por parte del reclamante de las acciones administrativas o jurisdiccionales que resulten procedentes y que derivarían de la declaración de la inexistencia efectuada por la Municipalidad reclamada respecto de la información objeto de la solicitud. 10) Que, no obstante lo anterior, atendido que el reclamante ha informado a este Consejo acerca de posibles infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a lo dispuesto por el D.S. N° 47/1992, Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se pondrán los antecedentes en conocimiento de la Contraloría General de la República, a fin de que adopte los medidas que estime pertinentes. 11) Que, en base a las consideraciones precedentes, este Consejo estima que en la especie, por una parte, se ha configurado el supuesto básico para la procedencia del ejercicio de la facultad de invalidación consagrada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880 y, por otra, se ha cumplido con la tramitación correspondiente, habiéndose otorgado al interesado la oportunidad de hacer valer sus argumentos. 12) Que, en consecuencia, este Consejo ejercerá la facultad de invalidación con respecto al acuerdo que resolvió acoger el amparo por denegación de acceso a la información pública, Rol A280-09, según se indicará en la parte resolutiva. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Invalidar la decisión que acogió el amparo por denegación de acceso a la información, de 4 de diciembre de 2009, deducido por don Demetrio Venegas Castro en contra de la Municipalidad de Quinta Normal, y en su lugar rechazar dicho amparo por la inexistencia de la información solicitada. II. Remitir los antecedentes del presente amparo a la Contraloría General de la República, a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes. III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente decisión a don Demetrio Venegas Castro y al Alcalde de la Municipalidad de Quinta Normal, para efectos de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, según procediere. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Raúl Urrutia Ávila y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Jorge Jaraquemada Roblero. Se deja constancia que el Consejero don Juan Pablo Olmedo Bustos no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.