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DECISIÓN AMPARO ROL C5376-18</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo</p>
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Requirente: Fernando Ojeda Muñoz</p>
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Ingreso Consejo: 06.11.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, requiriendo la entrega de copia del expediente del profesional consultado -salvo las copias de la cédula nacional de identidad y certificado de antecedentes-correspondiente a su ingreso y permanencia en el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación; debiendo reservar, previamente, los datos personales de contexto contenidos en el expediente, esto es, número de cédula nacional de identidad, firma, domicilios, teléfono/fax, correo electrónico particulares.</p>
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Lo anterior, debido a que la información solicitada dice relación con un expediente administrativo, no advirtiéndose la afectación a los derechos del tercero involucrado, que generaría su divulgación, por el contrario, dicha información permite el control de la idoneidad profesional de las personas inscritas en el registro consultado, por lo tanto, autorizadas por el órgano competente para cumplir un rol fundamental en el área de construcción de viviendas y obras públicas.</p>
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Se rechaza el amparo en cuanto a la copia de cédula nacional de identidad y de certificados de antecedentes, atendido a que en dichos documentos constan una serie de datos personales y sensibles -tales como número de cédula nacional de identidad, firma, fotografía, fecha de nacimiento, y eventuales anotaciones judiciales-, cuyo titular se opuso a su entrega. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C3239-15 - respecto de la copia de la cédula nacional de identidad-, y C3529-16 - en cuanto al certificado de antecedentes-.</p>
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En sesión ordinaria N° 982 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5376-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 5 de octubre de 2018, don Fernando Ojeda Muñoz solicitó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, "copia del expediente de "Italo Remedy Flores" en el Registro Nacional de Revisores Independientes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo".</p>
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2) TRASLADO AL TERCERO INTERESADO: La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo por medio de correo electrónico de fecha 26 de octubre de 2018, y conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, comunica al tercero a quien se refiere la información, la solicitud de acceso y su derecho a oponerse a su entrega.</p>
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Don Ítalo Remedy Flores, mediante carta de fecha 29 de octubre de 2018, informó que ejerce su derecho de oponerse a que se haga entrega de la información solicitada, por reserva profesional.</p>
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3) RESPUESTA: La Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo mediante ordinario N° 273, de fecha 31 de octubre de 2018, señaló que la solicitud recaía en información cuya entrega podía afectar derechos de terceros, por lo que, procedieron a notificar a éste, de acuerdo a procedimiento dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, quien, dentro del plazo legal, ejerció su derecho de oposición, procediendo, entonces, denegar el acceso a lo requerido.</p>
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4) AMPARO: Con fecha 6 de noviembre de 2018, don Fernando Ojeda Muñoz dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información, debido a la oposición del tercero a quien se refiere aquella.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo mediante oficio N° E10.423, de fecha 12 de diciembre de 2018, para que formule sus descargos y observaciones.</p>
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El órgano reclamado por medio de ordinario N° 317, de fecha 31 de diciembre de 2018, reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que el expediente solicitado contiene datos personales del tercero en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628- , tales como domicilio, correo electrónico, teléfono, copia de la cédula de identidad, copia de certificado de antecedentes, copia del título profesional e información relativa a un procedimiento sancionatorio que se inició en su contra, pero que salió absuelto. Por lo que, en atención al criterio contenido en múltiples decisiones de este Consejo, conforme mandata el artículo 9 de la ley citada, los datos personales sólo deben utilizarse para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan de fuentes accesibles al público. Así considera que divulgar la información solicitada sin mediar autorización de su titular ni orden judicial conllevaría una infracción de los cuerpos normativos citados y pudiese transgredir el deber de resguardo que la legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas.</p>
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Finalmente, precisa que el expediente, cuya copia solicita el reclamante, contiene antecedentes relativos a un procedimiento sancionatorio que fue iniciado en su oportunidad en contra del tercero involucrado en el presente amparo, sobre el cual fue absuelto, pero que la divulgación de tales documentos puede afectar los derechos de su titular, en lo que respecta a sus calidades profesionales, especialmente considerando que el procedimiento administrativo no prosperó en su contra. Cabe señalar que la actividad profesional es una de las formas más destacadas de manifestación externa de la persona y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación innecesaria e infundada de ese comportamiento, tiene un especial efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás llegasen a pensar de su desempeño profesional y su honra.</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INVOLUCRADO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado del amparo deducido a don Ítalo Remedy Flores mediante oficio N° E10.424, de fecha 12 de diciembre de 2018, en su calidad de tercero a quien se refiere la información solicitada, a fin de que presente sus descargos y observaciones a este amparo.</p>
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El tercero en cuestión, mediante correo electrónico, de fecha 26 de diciembre de 2018, acompañó carta por medio de la cual presentó sus descargos y observaciones, señalando que no autoriza la entrega de la información solicitada, acogiéndose a lo dispuesto en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. Además, sostiene que "mi registro en el MINVU, que como señala el artículo 2 de la Ley 20.071, tiene carácter público, y es el que se informa en las solicitudes que se presentan ante la Dirección de Obras Municipal".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de información. Al respecto, el órgano reclamado denegó el acceso a lo pedido por la oposición manifestada por el tercero a quien se refiere lo solicitado. Además, con ocasión del traslado, alegó que lo requerido dice relación con datos personales según lo dispuesto en la ley N° 19.628, respecto de los cuales no cuenta con autorización legal ni de su titular para acceder a su divulgación.</p>
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2) Que en cuanto al expediente pedido, se debe hacer presente que el artículo 116 bis, del decreto con fuerza de ley N° 458, de 1975, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba la nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones; prescribe que "Los propietarios que soliciten un permiso de edificación podrán contratar un revisor independiente, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Construcción, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo creado por la ley N° 20.071. Sin embargo, será obligatoria la contratación de un revisor independiente cuando se trate de edificios de uso público y demás casos que determine la Ordenanza General. // En el desempeño de sus funciones, los revisores independientes a que se refiere este artículo deberán supervisar que los proyectos de construcción y sus obras cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias, y emitir los informes que se requieran para tales efectos, cuyo contenido determinará la Ordenanza General (...) // El revisor independiente será subsidiariamente responsable al arquitecto que realice el proyecto de arquitectura, en lo relativo a que el proyecto de construcción y sus obras cumplan con todas las normas legales y reglamentarias aplicables a dicho proyecto...".</p>
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3) Que el artículo segundo de la ley N° 20.071, que crea y regula el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación - en adelante ley N° 20.071-; establece que la Dirección de aquel Registro dependerá del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quien lo administrará por medio de sus Secretarías Regionales, el cual regirá para todo el territorio nacional y "tendrá carácter público y permanente"; y sólo podrán inscribirse y permanecer en él "las personas naturales que: a) Acrediten estar en posesión del título profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil; b) Cuenten con la experiencia y calificación exigida para la categoría en que pretendan inscribirse, y c) No estén afectas a alguna inhabilidad". (Artículo 3) De esta forma, "La inscripción deberá hacerse en la SEREMI que corresponda al domicilio del requirente previa presentación de una solicitud, en el formulario que ésta proporcionará, acompañando los antecedentes exigidos". Así, "Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos, el encargado procederá a realizar la inscripción en la categoría que corresponda, conforme a lo establecido en el artículo 4° de la Ley N° 20.071. En tal caso la SEREMI respectiva comunicará al interesado que se ha procedido a su inscripción en el Registro". (Artículos 8 y 9, inciso segundo, del decreto supremo N° 223, de 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Reglamento de la ley N° 20.071 - en adelante D.S. N° 223-).</p>
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4) Que, además, al órgano reclamado le compete conocer de las eventuales infracciones a la ley N° 20.071, aplicando las sanciones correspondientes en cada caso, tras la aplicación del procedimiento sancionatorio establecido en el Título IV, de la ley mencionada, el que se iniciará y concluirá mediante resolución de la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo correspondiente.</p>
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5) Que la información solicitada es el expediente administrativo que contiene tanto los antecedentes, en virtud de los cuales, el órgano reclamado resolvió el ingreso del profesional por el cual se consulta, al Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación, como también, aquellos que dan cuenta de la permanencia en aquél - tras sobreseerlo de procedimiento sancionatorio iniciado en su contra-. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se trata de información de carácter público, y en el caso de que concurra a su respecto alguna causal de secreto o reserva legal, éstas por ser de derecho estricto y una excepción, deben aplicarse en forma restrictiva, debiendo ser acreditada por aquel que la invoca.</p>
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6) Que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo fundamenta la denegación de entrega de lo requerido en la oposición manifestada por el tercero involucrado, el que alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. En la especie, el tercero a quien se refiere la información ha formulado alegaciones de carácter general que no permiten acreditar afectación alguna a los bienes jurídicos tutelados por la norma citada. A mayor abundamiento, la divulgación de la información requerida permite ejercer un control social sobre la idoneidad profesional de las personas inscritas en el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación, autorizadas por la reclamada para cumplir un rol fundamental en el área de construcción de viviendas y obras públicas.</p>
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7) Que sin perjuicio de lo señalado precedentemente, de la revisión del expediente pedido, se constata que éste contiene la copia de cédula nacional de identidad y de certificado de antecedentes del profesional por el cual se consulta. Al respecto, y atendido que en dichos documentos constan una serie de datos personales y sensibles -tales como número de cédula nacional de identidad, firma, fotografía, fecha de nacimiento, y eventuales anotaciones judiciales-, cuyo titular se opuso a su entrega, procede rechazar en esta parte el presente amparo, en virtud de la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628. En el mismo sentido, se resolvieron los amparos Roles C3239-15 - respecto de la copia de la cédula nacional de identidad-, y C3529-16 - en cuanto al certificado de antecedentes-.</p>
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8) Que, por otra parte, en cuanto a los demás antecedentes contenidos en el expediente solicitado se acogerá el amparo, requiriendo su entrega, tarjando previamente los datos personales de contexto que en aquel se puedan contener, esto es, número de cédula nacional de identidad, firma, domicilios, teléfonos/fax, correo electrónico particulares; en conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.628 y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Fernando Ojeda Muñoz en contra de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de copia del expediente del profesional consultado - salvo las copias de la cédula nacional de identidad y de certificado de antecedentes - correspondiente a su ingreso y permanencia en el Registro Nacional de Revisores Independientes de Obras de Edificación. Lo anterior, debiendo reservar, previamente, los datos personales de contexto contenidos en el expediente, esto es, número de cédula nacional de identidad, firma, domicilios, teléfonos/fax, correo electrónico particulares.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), remitiendo copia de la información proporcionada al solicitante, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo respecto de la copia de la cédula nacional de identidad y del certificado de antecedentes del profesional consultado contenido en el expediente pedido, por configurarse la causal de reserva contemplada en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a don Fernando Ojeda Muñoz, al Sr. Subsecretario de Vivienda y Urbanismo y a don Ítalo Remedy Flores, en su calidad de tercero involucrado en el presente amparo.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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