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DECISIÓN AMPARO ROL C5469-18</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Maipú</p>
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Requirente: Francisco Sandoval</p>
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Ingreso Consejo: 09.11.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo en contra de la Municipalidad de Maipú, referido a una base de datos sobre infractores de tránsito en un período determinado, que contenga los siguientes datos asociados: Patente; Fecha de tránsito/infracción; Fecha de denuncia; Motivo; Juzgado; Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG).</p>
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Lo anterior, ya que la divulgación de las patentes de vehículos, asociadas al resto de la información requerida, permite identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, cuestión que supone afectar su vida privada y honra. Además, al solicitarse la fecha precisa de tránsito de cada vehículo, se afecta la vida privada de las personas, al conocer su ubicación los días precisos en que circularon por determinadas autopistas.</p>
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Aplica criterio establecido en la decisión de amparo Rol C3776-16, ratificado por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago (Rol N° 3133-2017).</p>
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En sesión ordinaria N° 986 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5469-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de septiembre de 2018, don Francisco Sandoval solicitó a la Municipalidad de Maipú: "información relativa a infracciones de tránsito de vehículos motorizados. Se requiere información relativa a multas que hayan sido solucionadas o no, por lo cual se agradece agregar este campo distintivo en caso de ser posible. Los campos a requerir son los siguientes: a) Patente; b) Fecha de tránsito/infracción; c) Fecha de denuncia; d) Motivo; e) Juzgado; f) Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, g) Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG)".</p>
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Se requiere información de multas cometidas desde el 1° de enero del 2018 a la fecha, en formato Excel.</p>
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2) PRÓRROGA Y RESPUESTA: Con fecha 11 de octubre de 2018, el órgano comunicó al solicitante la prórroga del plazo para pronunciarse sobre la solicitud. Mediante Resolución N° 1209/2018, de 24 de octubre de 2018, el órgano deniega el acceso a la información fundado en la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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Respecto de la entrega de información referida a las multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG), con su respectiva patente y otros datos asociados, hace presente que dicha información no puede ser entregada, ya que cuando una persona aparece como deudora puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su buen nombre o prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. En consecuencia, el municipio, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligado a cautelar los derechos de dichas personas, quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, ya que su publicidad, es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente, el derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el derecho al buen nombre o prestigio comercial y los derechos de carácter comercial y económicos.</p>
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Asimismo, la publicidad de la información afecta el derecho a la autodeterminación informativa, protegida por la ley N° 19.628. Lo anterior, por considerar que la calidad de deudor moroso constituiría un dato personal cuyo tratamiento, en el caso de un organismo público, se encuentra autorizado respecto de materias de su competencia y con sujeción a las normas contenidas en la ley indicada.</p>
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3) AMPARO: El 9 de noviembre de 2018, don Francisco Sandoval dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se otorgó respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú, mediante Oficio N° E10632, de 18 de diciembre de 2018, requiriéndole lo siguiente: (1°) referirse, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) explicar cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; y, (3) remitir copia íntegra de la información solicitada, en razón de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Transparencia.</p>
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Mediante Oficio N° 03/2019, de 7 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos u observaciones, reiterando las alegaciones presentadas con ocasión de la respuesta al reclamante, haciendo presente lo razonado por esta Corporación con ocasión del amparo Rol C3776-16, respecto de información de similar naturaleza. Por último, en el improbable evento que se determine la publicidad de la información, hace presente que no se han acompañado antecedentes suficientes que permitan acreditar la existencia de un interés público prevalente, que justifique privar a los datos consultados de la protección que le otorgan tanto la Ley de Transparencia en su artículo 21 N° 2, como la Ley N° 19.628.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la denegación de entrega de la información requerida por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, procede la reserva de la información requerida «Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico».</p>
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3) Que, la información solicitada comprende una base de datos sobre infractores de tránsito en un período determinado, que contenga los siguientes datos asociados: a) Patente; b) Fecha de tránsito/infracción; c) Fecha de denuncia; d) Motivo; e) Juzgado; f) Estado (En caso de informar infracciones en distintos estados, como no pagadas y pagadas); y, g) Concesionaria Ej: Autopista Central, Costanera Norte, Vespucio Norte, etc (para multas ocasionadas por circular sin dispositivo electrónico por autopistas concesionadas (TAG)".</p>
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4) Que, con ocasión de la decisión de amparo Rol C3776-16, este Consejo se pronunció respecto de información de similar naturaleza, referida a base de datos de multas de TAG registradas y denunciadas a Juzgados de Policía Local, incluyendo patente, fecha de tránsito, fecha de denuncia, concesionaria, juzgado, estado en el juzgado, en un período de determinado, estableciendo que "(...)la divulgación de información que eventualmente permita identificar a sus titulares y situarlos en la calidad de eventuales infractores de normativas de tránsito y, consecuentemente con ello, atribuirles la calidad de deudores, supone afectar su vida privada y honra" (considerando 3°). En efecto, los datos requeridos, en particular las PPU solicitadas se encuentran vinculadas a las multas cursadas por eventuales infracciones a las normativas de tránsito -sea o no- en vías concesionadas. Así, este dato en particular, detenta la potencialidad de identificar al titular de cada una de las placas patentes consultadas, en calidad de eventual infractor a las normas de tránsito en la vía pública, y consecuencialmente con ello, a su calidad de deudor. Por lo anterior, se advierte que, de accederse a la entrega de las PPU asociadas a la comisión de alguna infracción que fundamenta la multa respectiva, y mediante un simple cruce de información, puede llegar a determinarse una serie de antecedentes personales relativos a la vida privada de personas naturales o de antecedentes comerciales y económicos de personas jurídicas titulares de dichas patentes, cuya publicidad puede afectar los derechos comerciales y económicos de dichas personas, su imagen, su prestigio o su capacidad de operar comercialmente. Entre estos antecedentes se encuentra, la calidad de eventual infractor a las normativas de tránsito, y consecuencialmente con ello, la de deudores de dichos titulares. Por su parte, al requerirse la "fecha de tránsito" de cada vehículo motorizado (asociado a la respectiva PPU), es posible desprender aspectos de la vida privada de los terceros involucrados, titulares de cada placa patente, específicamente, su ubicación (por ejemplo: en determinadas autopistas concesionadas) en determinados días específicos (al requerirse la fecha de la infracción) durante el 1° de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información.</p>
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5) Que, este criterio fue ratificado posteriormente por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago, al conocer del reclamo de ilegalidad Rol N° 3133-2017, interpuesto contra la citada decisión que rechazó el amparo, que concluyó: "7° Que, en efecto, la información requerida (...) coloca a esos usuarios (...), además de identificarlos, en situación de infractores de normativas de tránsito y su calidad de deudores con el sistema de televías concesionadas, lo que afecta su capacidad de operar comercialmente y su prestigio comercial, siendo un deber de los organismos públicos el salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, lo que los conmina a no entregar tales datos, ya que su publicidad, comunicación o conocimiento tiene la potencialidad y gravedad suficiente para afectar los derechos de los involucrados en la información solicitada, particularmente los que inciden en la esfera de su vida privada y derechos de carácter comercial o económico que pueden afectar su honra. // 8° Que, arguye, además, que no se ha demostrado en la especie un interés público prevalente, esto es, que frente a la disyuntiva de su entrega o no, permitan justificar que la información solicitada carece de la protección que le otorga la Ley N° 20.285 sobre Transparencia y la 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, máxime si entre los acápites de los datos solicitados, expresamente se refieren a "la fecha del tránsito" de cada vehículo, permitiendo de esa forma involucrarse en la vida privada de los usuarios del sistema de telepeajes de carreteras urbanas, al conocer su ubicación precisa entre los años 2010 y 2016". En este caso concreto, al solicitarse la fecha precisa de tránsito de cada vehículo, se afecta la vida privada de las personas, al conocer su ubicación los días precisos en que circularon por determinadas autopistas, entre el 1° de enero de 2018 a la fecha de la solicitud de información.</p>
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6) Que, en razón de lo expuesto precedentemente se rechazará el presente amparo por configurarse la causal de reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Francisco Sandoval, en contra de la Municipalidad de Maipú, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Sandoval, y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Maipú.</p>
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En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado, no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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