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DECISIÓN AMPARO ROL C5475-18</p>
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Entidad pública: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)</p>
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Requirente: Francisco Bustamante Riffo</p>
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Ingreso Consejo: 10.11.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, requiriendo la entrega la siguiente información:</p>
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- Copia de carta N° 243, de fecha 4 de mayo de 2018 de la CONADI, tarjando previamente los nombres y apellidos de las personas que no pudieron ser incorporadas al Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas contenidos, debido a que da cuenta de información relativa a la etnia de aquellas, por lo tanto, se trata de un dato sensible. Se aplica criterio contenido en las decisiones amparos Roles C512-11, C4042-16, C4043-16, C1762-17 y C2294-18.</p>
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- Copia del recibo de empresa de Correos de Chile de haber remitido carta N° 243; y copia de documento que dé cuenta que aquella fue recibida por la Presidenta de la Comunidad Atacameña Likan Tatay. Lo anterior, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que en aquellos se pueda contener, como por ejemplo: número de cédulas de identidad, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que alguno de dichos antecedentes, no obre en su poder, deberá informarlo expresamente, tanto al reclamante como a este Consejo.</p>
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Lo anterior, por cuanto el órgano reclamado no acreditó de qué forma proporcionar acceso a dichos antecedentes afectaría el debido cumplimiento de sus funciones.</p>
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En sesión ordinaria N° 982 del Consejo Directivo, celebrada el 15 de abril de 2019 con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5475-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de octubre de 2018, don Francisco Bustamante Riffo solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - en adelante también CONADI-, lo siguiente:</p>
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a) "certificado de personalidad jurídica de la Comunidad Atacameña Likan Tatay...".</p>
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b) "carta N° 243 de 4 de mayo de 2018 de la Jefa de Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama...".</p>
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c) "copia del recibo de empresa de Correos de Chile de haberse remitido dicha carta por correo certificado como lo indica la ley 19.253...".</p>
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d) "copia de documento de haber sido esta carta recibida por la Presidenta de la Comunidad Atacameña Likan Tatay".</p>
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2) RESPUESTA: La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena mediante carta N° 635, de fecha 6 de noviembre de 2018, informó que remite lo pedido en el literal a) de la solicitud de acceso. En cuanto a los demás antecedentes requeridos, deniega su acceso por considerar que se configura a su respecto, la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, debido a que la declaración de constitución o caducidad de una comunidad indígena, se encuentra regulada por la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado - en adelante ley N° 19.880-. En consecuencia, mientras no dicte la resolución exenta correspondiente, no puede otorgar acceso a lo solicitado, una vez que aquello suceda, tanto ella como sus fundamentos y documentos serán públicos.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 10 de noviembre de 2018, don Francisco Bustamante Riffo dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, fundado en la respuesta incompleta o parcial. En particular, sostuvo que se le denegó el acceso a lo pedido en los literales b), c) y d) de la solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante oficio N° E10.639, de fecha 18 de diciembre de 2018, para que formule sus descargos y observaciones.</p>
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El órgano reclamado, por medio de oficio N° 1, de fecha 7 de enero de 2019, informó, en lo pertinente, que con fecha 23 de marzo de 2018 recibieron acta constitutiva y demás antecedentes de la Comunidad Indígena Likan Tatay, por lo que, según lo dispuesto en la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - en adelante ley N° 19.253-; gozará de personalidad jurídica, por el sólo hecho del depósito de dicha acta. Además, señalan que existen 3 tipos de personalidades jurídicas según la ley señalada y su reglamento, la vigente, la provisoria y la definitiva. En este caso específico la comunidad consultada goza de personalidad jurídica provisoria, dado que, para obtener la definitiva es necesario pasar por un proceso claramente señalado en la ley mencionada, el que todavía no concluye.</p>
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De esta forma, consideran que no habiendo concluido el proceso con un acto administrativo que declare la constitución definitiva o caducidad de la comunidad indígena consultada, se configura respecto de lo pedido la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA AL ÓRGANO RECLAMADO: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, mediante correo electrónico de fecha 15 de marzo de 2019, informe el estado actual del procedimiento cuyos antecedentes se requieren.</p>
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El órgano reclamado, por medio de correo electrónico, de fecha 21 de marzo de 2019, informó, en lo pertinente, que "el procedimiento administrativo respecto del reconocimiento jurídico de la Comunidad Atacameña de Likan Tatay, ha concluido dictándose la Resolución Exenta N° 0201 de fecha 08 de marzo de 2019 y notificándose en virtud del artículo 46 de la Ley N° 19.880".</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial, circunscribiéndose el objeto de éste a lo solicitado en los literales b), c) y d) del requerimiento. Al respecto, el órgano reclamado alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que en cuanto a la causal de excepción alegada, cabe hacer presente, que este Consejo ha sostenido que para la configuración de aquella, se requieren de forma copulativa los siguientes requisitos: a) que la información pedida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de aquella afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Así, en este caso, se considera que el primer requisito se verifica, pues el procedimiento para la obtención de personalidad jurídica definitiva de la comunidad indígena consultada, del que forman parte los antecedentes pedidos, se encontraba en tramitación al tiempo de la interposición del requerimiento - 12 de octubre de 2018-; el que concluyó mediante resolución exenta N° 201, de fecha 8 de marzo de 2019.</p>
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3) Que en cuanto al segundo de los requisitos señalados precedentemente, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena no acredita, en esta instancia, la forma en que la divulgación de los antecedentes requeridos afectaría el cumplimiento de sus funciones, en particular, al tratarse, en definitiva, de documentos relacionados a una solicitud en trámite, a saber, la obtención la personalidad jurídica definitiva, respecto de la cual no se había adoptado la decisión de final. En consecuencia, se desestimará la configuración de la causal de reserva prescrita en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, con ocasión de respuesta a la gestión oficiosa indicada en el N° 5 de la parte expositiva de la presente decisión, el órgano reclamado señala que remite a este Consejo los antecedentes pedidos. Así, de la revisión de aquellos, se constata que la carta requerida en el literal b) de la solicitud, contiene los nombres y apellidos de personas que no pudieron ser incorporadas al Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas por las razones que allí se indican. Al respecto, cabe hacer presente lo razonado por este Consejo en el amparo C512-11, en el cual se señaló "(...) Que la etnia de una persona determinada, por tratarse de información propia de su vida privada o intimidad, que da cuenta de su origen racial, constituye un dato sensible, cuya comunicación a terceros se encuentra prohibida expresamente por el legislador (...). Así las cosas, los artículos 7° y 10 de la Ley N° 19.628 -en relación al artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y 7 N° 2 de su Reglamento- han descrito en forma expresa el contenido de la información cuyo secreto debe ser cautelado, a saber, los datos sensibles de las personas, particularmente, su origen racial o étnico (...)". Dicho criterio respecto de la anotada información ha sido igualmente sostenido por esta Corporación en las decisiones Roles C4042-16, C4043-16, C1762-17 y C2294-18 relevando el carácter sensible de los datos referidos al origen racial o étnico de las personas.</p>
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5) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, se acogerá el amparo en este literal, requiriendo la entrega de la carta solicitada, tarjando previamente los nombres y apellidos de las personas que no pudieron ser incorporadas al Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas contenidos en aquélla. Lo anterior, en aplicación de lo dispuesto en artículos 2, letra g), y 4 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; en relación con la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de Ley de Transparencia, en orden a "velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, por parte de los órganos de la Administración del Estado."</p>
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6) Que en cuanto a lo pedido en los literales c) y d) del requerimiento, se acogerá el amparo requiriendo la entrega de los antecedentes, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que en aquellos se puedan contener, como por ejemplo, número de cédulas de identidad, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros, en aplicación de lo previsto en la ley N° 19.628, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal m), de la Ley de Transparencia. Sin perjuicio de lo cual, en evento de no obrar en su poder alguno de dichos antecedentes, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, deberá informarlo expresamente, tanto al reclamante como a este Consejo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por don Francisco Bustamante Riffo en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, lo siguiente:</p>
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a) Hacer entrega al reclamante de la siguiente información:</p>
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i. Copia de carta N° 243, de fecha 4 de mayo de 2018, tarjando previamente los nombres y apellidos de las personas que no pudieron ser incorporadas al Registro de Comunidades y Asociaciones Indígenas contenidos en aquélla, conforme a lo señalado en los considerandos 4° y 5° del presente acuerdo.</p>
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ii. Copia del recibo de empresa de Correos de Chile de haber remitido carta N° 243; y copia de documento que dé cuenta que aquella fue recibida por la Presidenta de la Comunidad Atacameña Likan Tatay. Lo anterior, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que en aquellos se puedan contener, como por ejemplo: número de cédulas de identidad, domicilios, números telefónicos, correos electrónicos, entre otros. Sin perjuicio de lo cual, en el evento de que alguno de dichos antecedentes, no obre en su poder, deberá informarlo expresamente, tanto al reclamante como a este Consejo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Francisco Bustamante Riffo y al Sr. Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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