Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1155-11

Volver

Reclamante:	FABIÁN GATICA ALMENDRA
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información sobre las empresas que hicieron uso de franquicias tributarias. El Consejo señaló que la divulgación de los montos invertidos por las empresas de la Región Metropolitana en capacitación, que hicieron uso de la franquicia tributaria del artículo 36 de la Ley Nº 19.518 durante el año 2010, en tanto constituye la condición necesaria para el otorgamiento de la referida franquicia tributaria, importa un interés púbico preponderante, en la medida que permite el cálculo de dicho beneficio. Así, dicho interés se justifica en la especie, pues, de no mediar tales gastos en capacitación, el descuento señalado no podría tener lugar, de modo que las rentas de las citadas empresas estarían sometidas al régimen tributario general.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/17/2012
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C333-10 C30-10 C31-10 C361-10
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Derivación a otro órgano >> Otros
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C1155-11 Entidad pública: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE Requirente: Fabián Gatica Almendra Ingreso Consejo: 15.09.2011 En sesión ordinaria N° 309 de su Consejo Directivo, celebrada el 6 de enero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1155-11. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 29 de julio de 2011 don Fabián Gatica Almendra requirió al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo –en adelante también SENCE- le informara sobre las empresas que hicieron uso de franquicias tributarias. Específicamente, solicitó lo siguiente: a) Datos (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) de las empresas de la Región Metropolitana que hicieron uso de la franquicia tributaria el año 2010, tanto directamente con SENCE, como a través de Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC). También los montos correspondientes a inversión en capacitación y, si es posible, haciendo la diferenciación entre los montos administrados por los organismos intermediarios antes mencionados y los montos gestionados directamente con el OAE. b) Datos (nombre, dirección, teléfono y correo electrónico) de las empresas de la Región Metropolitana que hicieron uso de la franquicia tributaria del año 2010, bajo la modalidad de instrucción a distancia, mencionando, también el monto invertido por estas empresas en dicha modalidad de instrucción, haciendo la diferencia entre las empresas que comunicaron directamente con el OAE, y las que realizaron dicha gestión a través de OTIC, durante el período 2010. 2) RESPUESTA: El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo respondió a dicho requerimiento mediante Resolución Exenta Nº 7.700, de 26 de agosto de 2011, del Director Nacional Subrogante, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) En relación con el contenido de la solicitud, cabe precisar, que efectivamente existen empresas en la Región Metropolitana que entregaron su declaración jurada referente al uso del 1% de su planilla de remuneraciones imponibles anuales para recibir el certificado pertinente con el objeto de rebajar de su carga tributaria, ante el Servicio de Impuestos Internos, los gastos efectuados por concepto de capacitación. b) El artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia dispone entre las causales de secreto o reserva “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. Conforme a esto, los antecedentes solicitados pueden afectar la operación financiera y económica de las empresas, en cuanto a entregar el valor del crédito de capacitación de cada una de ellas que usan esta herramienta y que de acuerdo a la ley le son propios. Incluso, de acuerdo a la normativa del Servicio de Impuestos Internos tampoco procede entregar dicha información en forma pública. c) Señala, además, que el total de empresas que obtienen “crédito por capacitación” son cerca de 15 mil al año, por lo que si se hiciera entrega de dicha información, las empresas que pudieran obtenerla quedarían en situación de privilegio respecto del resto del mercado y las empresas que estuvieran en dicho listado quedarían en una situación de desmedro. d) Por su parte, en virtud del artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, se puede denegar total o parcialmente la información requerida “Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales”. e) Conforme a lo anterior, el elevado nivel de información generalizada que habría de obtener para extraer la información de las bases de datos, y confeccionar una planilla con toda ella, requerirá ocupar a funcionarios de dicho Servicio en otras actividades fuera de las cotidianas, toda vez que la información requerida no se puede extraer en su totalidad del sistema y debería ser confeccionada una a una. f) Finalmente, no habiendo señalado el solicitante el formato en que desee se le entregue la respuesta, indica que ésta le será enviada en formato PDF al correo electrónico que señaló en su solicitud. 3) AMPARO: Don Fabián Gatica Almendra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información el 15 de septiembre de 2011 en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, fundado en: a) Recibió respuesta negativa a su solicitud de información, porque se afectaría el debido cumplimiento de las funciones institucionales y, además, se afectan los derechos de carácter comercial o económico de terceros. b) Agrega que, según la experiencia que obtuvo al trabajar en SENCE por casi 2 años, sabe que recabar la información solicitada no es tan engorroso, como lo da a entender el servicio reclamado en su respuesta. Esto ya que todas las transacciones que se realizan entre SENCE y las empresas son digitales, y los archivos para reunir estos datos no son papeles que haya que revisar uno por uno. c) Asimismo, en la respuesta se le indicó que no se le puede entregar el valor del crédito por capacitación, ya que dicha información afecta los derechos de carácter comercial o económico de la empresa. Sin embargo, ese dato no es requerido en la solicitud. La información solicitada es el monto invertido por capacitación en las empresas, el que, si bien puede ser el mismo que el monto del crédito, es imposible saber esta coincidencia, sin tener la información de todas y cada una de las capacitaciones realizadas por cada empresa, información que no se solicita. d) Si se le hubiese entregado la información requerida, ésta podría entregarse a cualquiera que la solicite, razón por la cual no cree que esto lo ponga en ventaja por sobre el mercado, como se afirma en la respuesta. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 2.471, de 26 de septiembre de 2011, al Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, solicitándole, especialmente, que al formular sus descargos se refiriera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que a su juicio harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante Ordinario Nº 1.569, de 14 de octubre de 2011, el Director Nacional (S) del SENCE, señala, en síntesis, lo siguiente: a) La solicitud de información está referida a la inversión en capacitación de las empresas, lo que corresponde exactamente al “crédito de capacitación” de que disponen cada una de esas empresas que usaron la franquicia tributaria, como descuento de impuestos que se informa en la línea 85 del formulario Nº 22 de la Declaración Anual de la Renta, y que el organismo reclamado considera como información económica estratégica de cada una de las entidades. b) En este sentido, señala que por estar ligada la información solicitada a la declaración anual de la renta, se consideró tener presente para denegar la solicitud de información la norma del artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, el que dispone que “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias presentadas por los contribuyentes, ni permitir que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio, salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimiento a las disposiciones del mismo Código Tributario o a otras normas legales”. c) Sobre el particular, señala que se ha tenido presente, para ilustrarse acerca de la entrega o denegación de la información solicitada por el recurrente, la Circular Nº 43, de 24 de julio de 1998, del Servicio de Impuestos Internos, que “Imparte Instrucciones acerca de la Entrega de Información a los Contribuyentes que soliciten los Tribunales de Justicia y otros Organismos”. d) Conforme al artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, podrá denegarse total o parcialmente el acceso a la información “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte derechos de carácter comercial o económico”. Efectivamente, el SENCE consideró que la información solicitada por el recurrente, en relación a los montos de capacitación, es decir, a la inversión en capacitación de las empresas, está relacionada con la estrategia y planificación de esas empresas que hacen uso de la franquicia tributaria para capacitación y, además, con su contabilidad financiera, por cuanto dichos montos se expresan en su declaración anual de rentas. e) En consecuencia, se ha preferido actuar conservadoramente, valorando la decisión que este Consejo pueda adoptar y que permita ilustrar su actuación frente a futuras solicitudes relacionadas con la misma materia. Por lo tanto, en virtud de lo señalado, manifiesta su más amplia disposición para proceder inmediatamente conforme lo resuelva este Consejo. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de este Consejo, en sesión ordinaria Nº 300, celebrada el 2 de diciembre de 2011, para los efectos de resolver acertadamente el presente amparo, acordó efectuar una visita técnica en dependencias del SENCE, a fin de conocer los archivos o repositorios institucionales que contienen la información de interés para el reclamante, como también el volumen de la misma, la forma específica en que dicha información se encuentra actualmente almacenada en tales archivos o repositorios y las actividades necesarias y recursos personales y materiales que se deben comprometer por SENCE para responder a la solicitud de acceso a la información de la especie. La visita técnica mencionada se llevó a cabo el 28 de diciembre de 2011, asistiendo por parte del Consejo para la Transparencia, don Gastón Avendaño, Jefe de la Unidad de Sistemas y el Abogado Analista Eduardo Baeza Palacios; y, por parte, del SENCE, doña María Claudia Gilchrist, Encargada de la Unidad de Franquicia Tributaria, y don Jorge de la Fuente, Abogado Asesor en materia de Transparencia, quienes consultados acerca de los aspectos que constituían el objeto de la visita, inmediatamente plantean que fue un error haber invocado como causal de secreto o reserva la del artículo 21 Nº 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ya que la única causal que fundamentaría el mantenimiento en reserva de la información requerida, es la del artículo 21 Nº 2 de la referida Ley. Sin perjuicio de lo anterior, y en relación con lo que constituyó el objeto de la visita técnica, de las respuestas entregadas por los funcionarios del organismo reclamado, se pudo constatar lo siguiente: a) En cuanto a la forma específica de almacenamiento de los datos solicitados, dicha información se encuentra almacenada en bases de datos relacionales, que permiten su extracción a nivel de desagregación necesaria. Además, dicha base de datos tiene una herramienta que permite que un funcionario pueda hacer consultas y extraer información. b) Respecto a que si dichas bases de datos permiten la desagregación de la información contenida en ellas conforme fuera solicitado, éstas tienen la desagregación necesaria para extraer la información requerida por el solicitante. c) Si bien no se especifica el volumen exacto de la información solicitada, los funcionarios del SENCE indican que es extraíble desde el sistema al cual tienen acceso y copiables en un CD. d) En relación a las actividades específicas que serían necesarias desplegar por los funcionarios del SENCE a efectos de proporcionar la información requerida, éstas son: i. Ingreso a sistema de reportes. ii. Configuración de una consulta a la base de datos. iii. Extracción de la data. iv. Revisión de la información desplegada. v. En el caso que fuera información más compleja de extraer, se solicitaría a informática el apoyo en estas tareas. e) Finalmente, en cuanto a los recursos materiales y personales necesarios para proporcionar la información requerida, señalan que éstos son de medio día del funcionario con acceso al sistema de reportes. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en la especie, lo solicitado dice relación con la entrega de diversos datos relacionados con empresas de la Región Metropolitana que, durante el año 2010, hicieron uso de la franquicia tributaria, ya sea directamente con SENCE, a través de Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC), o bajo la modalidad de instrucción a distancia, mencionando también los montos invertidos por estas empresas en capacitación, y, en lo posible, haciendo la diferenciación entre los montos administrados por los OTIC y los gestionados directamente por las empresas ante SENCE, tanto en el caso de las empresas que lo hicieron bajo la modalidad a distancia como de la que no utilizaron esta modalidad. 2) Que, ante tal solicitud, el SENCE, sin desconocer la existencia de la información solicitada, señaló, tanto en su respuesta entregada al solicitante, como en los descargos presentados ante este Consejo, que no podrá hacer entrega de lo requerido por configurarse a su respecto las causales de secreto o reserva establecidas en el artículo 21 Nº 1, letra c), y Nº 2 de la Ley de Transparencia, señalando, además, que por estar la información solicitada ligada a la declaración anual de renta, de acuerdo al artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, tampoco podrá accederse a dicha información por prohibirlo expresamente dicha norma. 3) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del presente amparo, y considerando que el contenido de la solicitud dice relación con aspectos vinculados a la franquicia tributaria de capacitación para empresas, conviene tener presente que la Ley Nº 19.518, que fija el Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, señala en su artículo 10 que “Se entenderá por capacitación el proceso destinado a promover, facilitar, fomentar, y desarrollar las aptitudes, habilidades o grados de conocimientos de los trabajadores, con el fin de permitirles mejores oportunidades y condiciones de vida y de trabajo y de incrementar la productividad nacional, procurando la necesaria adaptación de los trabajadores a los procesos tecnológicos y a las modificaciones estructurales de la economía”. Asimismo, de acuerdo a lo que expresan sus artículos 12 y 23, las acciones de capacitación podrán ser realizadas directamente por las empresas, a través de los organismos técnicos de capacitación, o mediante los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC). Asimismo, en el Manual de Procedimiento para la Autorización de Actividades de Capacitación, disponible en el sitio electrónico del organismo reclamado http://www.sence.cl/otherhtml/docs/Manual_ProcedimientosActividadesCapacitacion_170909.pdf, se establece que las actividades de capacitación pueden ser realizadas también a través de la Modalidad Presencial. 4) Que, por su parte, el artículo 36 de la citada ley indica que “Los contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, con excepción de aquellos cuyas rentas provengan únicamente de las letras c) y d) del número 2º del artículo 20 de la citada ley, podrán descontar del monto a pagar de dichos impuestos, los gastos efectuados en programas de capacitación que se hayan realizado dentro del territorio nacional, en las cantidades que sean autorizadas conforme a la presente ley, la que en todo caso no podrá exceder en el año de una suma máxima equivalente al uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el mismo lapso (…) Lo dispuesto en este artículo, será aplicable a las actividades de capacitación que ejecuten las empresas por sí mismas, como a aquellas que contraten con las instituciones citadas en el artículo 12, o con los organismos técnicos intermedios para capacitación” (lo destacado es nuestro). Finalmente, el artículo 39 establece que “El Servicio Nacional autorizará, conforme a los artículos anteriores, el monto de los gastos de capacitación que las empresas podrán descontar en conformidad al inciso primero del artículo 36”. 5) Que, en consecuencia, de lo expuesto no queda sino concluir, que la información que ha sido requerida en la solicitud de información que dio origen al presente amparo, se encuentra en poder del órgano reclamado, por cuanto es precisamente el SENCE el órgano de la Administración del Estado a quien corresponde la aplicación de las acciones que se contemplan en el sistema de capacitación y empleo, en conformidad con el artículo 8º de la Ley Nº 19.518. A mayor abundamiento, el SENCE, tanto al dar respuesta a la solicitud como al evacuar sus descargos ante este Consejo, no controvirtió la existencia de la información solicitada, ni que ésta se encontrara en su poder, limitándose a indicar que no podrá proceder a la entrega de la misma por concurrir a su respecto las causales de secreto o reserva ya mencionadas. 6) Que, en relación con los datos de las empresas de la Región Metropolitana que hicieron uso de la franquicia tributaria el año 2010, es menester, en primer lugar, tener presente que el artículo 36 de la Ley Nº 19.518, en cuyo mérito se establece la franquicia tributaria sobre la cual versa la presente solicitud, dispone que los beneficiarios de la respectiva franquicia tributaria son “[l]os contribuyentes de la Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta”, impuesto que conforme al artículo 20 del Decreto Ley Nº 824, de 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, grava las rentas provenientes del capital por las empresas, entre otras, comerciales, industriales, mineras, servicios y otras. Este impuesto se aplica sobre la base de las utilidades percibidas o devengadas según sea el caso. En este sentido, tal como indica el Servicio de Impuestos Internos en su página web institucional, “la tributación en definitiva está radicada en los propietarios, socios o accionistas de las empresas, constituyendo el Impuesto de Primera Categoría que pagan estas últimas, un crédito en contra de los Impuestos Global Complementario o adicional que afecta a las personas indicadas”. 7) Que, sobre el particular, este Consejo señaló en el considerando 9º de la decisión recaída en amparo Rol C361-10 que “la calidad de donante revela la calidad de beneficiario de un beneficio tributario por parte del Estado de Chile –consistente, en definitiva, en un descuento en el monto del pago que el contribuyente debe realizar por concepto de impuesto de Primera Categoría o Global Complementario-, por lo que el conocimiento de dicha información propicia el control social sobre el reconocimiento de la calidad de donante por parte del Ministerio de Educación y, en consecuencia, la procedencia o no del otorgamiento de tal beneficio al donante de que se trate –máxime si se trata de la aplicación voluntaria, a una determinada institución de Educación Superior que se escoja, de sumas de dinero por parte de contribuyentes en los términos previstos en la Ley, suma que, de no mediar tal donación, estarían íntegramente gravadas con impuestos-, circunstancia que nos lleva a considerar que, en este caso, la reserva de tales datos podría ceder en beneficio de su publicidad, por el manifiesto interés público que revisten”. Similar criterio ha sido reconocido por este Consejo en la decisión del amparo Rol C333-10, que, en lo pertinente, indicó “este Consejo considera que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de éstos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios”. 8) Que, en consecuencia, en la especie, resulta posible concluir, en primer lugar, que la entrega de la información solicitada, referente al nombre de las empresas que hicieron uso de la franquicia tributaria del artículo 36 de la Ley Nº 19.518, trae aparejado un manifiesto interés público tras el conocimiento de dicha información, lo que, en principio, debería llevar a acoger el presente amparo. Sin perjuicio de esto, y en aplicación del principio de divisibilidad reconocido por el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, respecto del resto de los datos solicitados (dirección, teléfono y correo electrónico), este Consejo no observa que su conocimiento traiga aparejado un interés público relevante, como acontece con el nombre, que haga ceder la reserva de dichos datos en pos de la publicidad, por lo que, respecto de estos últimos, deberá mantenerse su reserva, no accediéndose a su entrega. 9) Que, asimismo, el organismo reclamado no ha logrado acreditar, ni este Consejo advertir, la afectación de algún derecho de las empresas que hayan utilizado la franquicia tributaria, como consecuencia de la divulgación de su nombre o razón social, asociado a su calidad de beneficiario de su franquicia tributaria, toda vez que la circunstancia de tener y divulgar tal calidad no conlleva en sí misma una connotación negativa, ya que los requisitos para gozar de dicho beneficio están establecidos en la propia ley, como una excepción al régimen general, por lo que ajustándose a ellos, los favorecidos con el mismo se encuentran amparados por el ordenamiento jurídico, sin perjuicio del manifiesto interés público en escrutar la forma en que el citado beneficio se ha aplicado en cada caso. En definitiva, respecto de las empresas que hayan hecho uso de la franquicia tributaria señalada, no procede la reserva de los datos solicitados, debiendo entregarse éstos al solicitante. 10) Que, por otra parte, respecto a aquella parte de la solicitud de información correspondiente a los montos correspondientes a inversión en capacitación, por parte de dichas empresas, cabe tener presente, que de acuerdo a lo que señala el artículo 39 de la Ley Nº 19.518 “El Servicio Nacional autorizará, conforme a los artículos anteriores, el monto de los gastos de capacitación que las empresas podrán descontar en conformidad al inciso primero del artículo 36”. Por su parte, el artículo 43 agrega que “Para los efectos de cautelar una adecuada aplicación de los artículos anteriores las empresas deberán mantener a disposición del Servicio Nacional y del Servicio de Impuestos Internos una liquidación de todos los desembolsos que hayan realizado para la capacitación de sus trabajadores y que puedan deducirse del Impuesto de Primera Categoría establecido en la Ley sobre Impuesto a la Renta que les corresponda pagar, o considerarse como un gasto necesario para producir la renta”. 11) Que, en consecuencia, de lo expuesto en el considerando anterior, es posible concluir, en primer lugar, que lo solicitado en relación con los montos invertidos en capacitación por las empresas de la Región Metropolitana, se trata de información que no puede más que obrar en poder del órgano reclamado, situación que, por lo demás, no ha sido controvertida por el SENCE, pudiendo desprenderse de la respuesta entregada al solicitante que, efectivamente, dicha información se encuentra en su poder. Po lo tanto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2º, de la Ley de Transparencia, lo solicitado en esta parte se trataría, en principio, de información pública, sin perjuicio de lo que más adelante se indique en relación con las causales de secreto o reserva que a su respecto invocó SENCE. 12) Que, por su parte, el SENCE al dar respuesta a la solicitud de información, señaló que efectivamente existen empresas de la Región Metropolitana que entregaron su declaración jurada referente al uso del 1% de su planilla de remuneraciones imponibles anuales para recibir el certificado pertinente, con el objeto de rebajar de su carga tributaria, ante el Servicio de Impuestos Internos, los gastos efectuados por concepto de capacitación. Esta afirmación efectuada por el órgano reclamado, unido a lo expresado por el artículo 39 de la Ley Nº 19.518, ya expuesto, reafirma el carácter de pública de la información requerida, de acuerdo a lo señalado por el artículo 5º de la Ley de Transparencia, por cuanto los montos invertidos por capacitación por las respectivas empresas constituye el fundamento directo y necesario para la determinación del monto por gastos de capacitación que, en definitiva, las empresas podrán descontar en conformidad al inciso primero del citado artículo 36, de modo de acceder a la franquicia tributaria antes aludida. Ello, a través del certificado que emitirá el SENCE para ser posteriormente presentado ante el Servicio de Impuestos Internos. 13) Que, asimismo, en el presente caso, este Consejo observa que la divulgación de los montos invertidos por las empresas de la Región Metropolitana en capacitación, que hicieron uso de la franquicia tributaria del artículo 36 de la Ley Nº 19.518 durante el año 2010, en tanto constituye la condición necesaria para el otorgamiento de la referida franquicia tributaria, importa un interés púbico preponderante, en la medida que permite el cálculo de dicho beneficio. Así, dicho interés se justifica en la especie, pues, de no mediar tales gastos en capacitación, el descuento señalado no podría tener lugar, de modo que las rentas de las citadas empresas estarían sometidas al régimen tributario general. 14) Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, respecto de la alegación efectuada por el SENCE relativa al artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, según el cual “El Director y demás funcionarios del Servicio no podrán divulgar, en forma alguna, la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias presentadas por los contribuyentes, ni permitir que éstas o sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas sean conocidos por persona alguna ajena al Servicio, salvo en cuanto fueren necesarios para dar cumplimientos a las disposiciones del mismo código Tributario o a otras normas legales”, cabe tener presente, en primer lugar, que de acuerdo a lo que expresamente indica la citada norma, dicha prohibición pesa sobre el Director y los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, y no sobre otros organismos de la Administración del Estado, como ocurre en el presente caso donde el órgano reclamado es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por lo que, en la especie, procede descartar dicha norma como causal para denegar la información requerida. Asimismo, lo solicitado –montos correspondientes a inversión en capacitación, por empresa, en la Región Metropolitana– no se corresponde necesariamente con el gasto en capacitación que la empresa respectiva podrá invocar ante el Servicio de Impuestos Internos a efectos de descontar el impuesto a pagar, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 36 de la Ley N° 19.518, por cuanto dicha norma establece un límite máximo a otorgar como franquicia tributaria, límite que, en términos generales, equivale al uno por ciento de las remuneraciones imponibles pagadas al personal en el período de un año. 15) Que, no obstante lo indicado, y de acuerdo a la definición de renta que contempla en artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 824, de 1974, Ley Sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo al cual se entenderá por Renta “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación”, no se observa cómo la información referente a los montos invertidos en capacitación por una determinada empresa, pueda entenderse como renta en los términos definidos por la ley. 16) Que, a mayor abundamiento, de acuerdo al artículo 20 de Código Civil “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal” (lo destacado es nuestro). En consecuencia, la prohibición establecida por el artículo 35, inciso 2º, del Código Tributario, necesariamente debe tener relación con el concepto de renta dispuesto en la ley, por lo que, a juicio de este Consejo, la revelación de los montos invertidos por determinadas empresas en capacitación de sus trabajadores, no se encuentra referida a la fuente de los ingresos a que se refiere el artículo 2º Nº 1 del Decreto Ley Nº 824 ya citado, y, por lo tanto, ha de estimarse que dentro de los antecedentes requeridos no se encuentra la renta de los contribuyentes, sino sólo montos determinados invertidos en un ítem específico, como es capacitación, los que bajo ninguna circunstancia pueden ser considerados como renta, ya que si bien de estos montos se obtiene un “crédito por capacitación”, esto va unido a una contraprestación equivalente, no existiendo en definitiva una utilidad o incremento de patrimonio para las empresas en cuestión. 17) Que, asimismo, este Consejo ha señalado en decisiones recaídas en amparos Roles A54-09, A89-09, A117-09 y C31-10, que “la reserva establecida en el artículo 35 del Código Tributario es una regla excepcional en nuestro ordenamiento jurídico que, en tal carácter, debe ser interpretada de manera restrictiva. Esto significa que no puede extenderse a documentos distintos a los contemplados en dicho artículo –declaraciones obligatorias, sus copias o los libros o papeles que contengan extractos o datos tomados de ellas- ni a información diferente de la estrictamente contemplada en él –cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias-“. Por lo tanto, en definitiva, la información de los montos invertidos por las empresas en capacitación, no se encuentra cubierta por el deber de reserva del Código Tributario, toda vez que no se refiere a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ellas, que figuren en las declaraciones obligatorias. 18) Que, por otra parte, el SENCE invocó como causal para denegar la entrega de la información solicitada, la que establece el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por cuanto el elevado nivel de información generalizada que habría de obtener para extraer la información de las bases de datos, y confeccionar una planilla con toda ella, requerirá ocupar a funcionarios de dicho servicio en otras actividades fuera de las cotidianas. Sobre el particular, cabe tener presente lo señalado por el artículo 7º Nº 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, el que indica que “un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 19) Que, asimismo, en relación con las causales de secreto o reserva alegadas, este Consejo estableció en su decisión Rol A39-09, que dado de que de éstas depende la extinción del deber de entregar la información, la carga de la prueba corresponderá a quien alega su concurrencia, vale decir, al SENCE en este caso. La pura invocación de la causal, desprovista de prueba suficiente, llevará a rechazar las alegaciones y ordenar la entrega de la información. En este sentido, y sin perjuicio de que el órgano reclamado no haya justificado suficientemente la concurrencia de la hipótesis prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia y en su Reglamento -que se trata de un número elevado de actos, cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales, exigiendo la utilización de tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo y el alejamiento de sus labores habituales, lo que afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano-, este Consejo estimó necesario la realización de una visita técnica, en dependencias del SENCE, a fin de apreciar con mayor claridad las circunstancias de hecho que permitirían establecer la eventual procedencia de la causal de reserva en cuestión. 20) Que, en razón de la visita técnica efectuada por funcionarios de esta Corporación, y principalmente de acuerdo a lo manifestado por funcionarios del SENCE, resulta evidente que la información solicitada, con el nivel de desagregación que fuera requerida, existe en las bases de datos del organismo y ésta es extraíble, a lo sumo, en medio día de trabajo por un funcionario de la institución, realizándose la extracción mediante un sistema informático conectado a la base de datos. A mayor abundamiento, la solicitud se encuentra circunscrita sólo a las empresas que hicieron uso del mencionado beneficio exclusivamente en la Región Metropolitana y acotado al año 2010. En consecuencia, procederá rechazar dicha causal como fundamento de la denegación de la información solicitada. 21) Que, en razón de lo anterior, y considerando especialmente lo indicado por los funcionarios del SENCE durante la realización de la visita técnica en orden a que habría sido un error la invocación como causal de secreto o reserva la del artículo 21 Nº 1, letra c) de la Ley de Transparencia, ya que la única causal que fundamentaría el mantenimiento en reserva de la información requerida, es la del artículo 21 Nº 2 de la referida Ley, se representará al Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que al haber invocado en la respuesta entregada al solicitante una causal de secreto o reserva, respecto de la cual posteriormente manifiestan no concurrir los hechos que la configurarían, transgredió los principios de facilitación y oportunidad, reconocidos en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente, de la Ley de Transparencia. 22) Que, a continuación el SENCE invocó también como causal de secreto o reserva la establecida por el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, de acuerdo a la cual procederá denegar total o parcialmente la información solicitada “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”. Sobre el particular, el artículo 7º Nº 2 del Reglamento de la referida ley señala que “Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”. 23) Que, respecto a la concurrencia de dicha causal, el organismo reclamado indicó que al entregar la información del “crédito por capacitación” que obtienen las empresas, aquéllas que obtuvieran dichos antecedentes quedarían en una situación de privilegio respecto del resto del mercado y, particularmente, respecto de las que se encontraran dentro del listado entregado. Agrega, además, que la información solicitada está relacionada con la estrategia y planificación de esas empresas que hacen uso de la franquicia tributaria para capacitación y, además, su contabilidad financiera, por cuanto dichos montos se expresan en su declaración anual de rentas. 24) Que, sobre el particular, corresponde verificar, en primer lugar, la exactitud de lo mencionado por el SENCE, respecto a que la información referida a montos invertidos en capacitación por las empresas, se corresponde exactamente al “crédito de capacitación” de que disponen cada una de éstas como descuento de impuestos. Al respecto, y en virtud de lo expuesto por el artículo 36 de la Ley Nº 19.518, se estima que tal coincidencia no se produce para todos los casos en que se haga uso de dicha franquicia. En efecto, el artículo 36 de dicha ley al establecer el mencionado beneficio tributario, regula los montos máximos que las empresas podrán descontar del impuesto que les corresponda pagar, de acuerdo al monto total de que se componga su planilla anual de remuneraciones imponibles. Por lo tanto, si bien es efectivo que en ocasiones, dependiendo del monto invertido y de la planilla de remuneraciones de la empresa, el monto invertido en capacitación podrá coincidir con el crédito en capacitación que podrán descontar de su pago de impuestos, esto no ocurrirá en todos los casos, ya que para ello se hace necesario conocer la planilla anual de remuneraciones imponibles de la respectiva empresa, antecedente que no ha sido requerido en la solicitud que dio origen al presente amparo. 25) Que, la información que ha sido requerida dice relación exclusivamente con el listado de las empresas que hicieron uso de la franquicia tributaria mencionada y de los montos que estas empresas invirtieron en capacitación, sin que se solicite información acerca del área específica en que se efectuaron las respectivas capacitaciones, ni cuáles fueron las actividades de capacitación realizadas. En ningún caso, lo solicitado requiere algún grado de diferenciación por rubros invertidos en capacitación, ni tampoco que se informe, en específico, a que actividades de capacitación cada una de las empresas destinó los recursos invertidos, ni cuántos de sus trabajadores fueron capacitados con dichos recursos. 26) Que, en consecuencia, al tratarse lo requerido de información general, en que ni siquiera existiría una diferenciación por rubros de actividades, este Consejo no ve de qué manera la entrega de la información solicitada afectaría la competitividad de las empresas, poniendo en una situación de desmedro a aquellas que figuren en el listado entregado como empresas que invirtieron en capacitación, pudiendo, incluso, llegar a generar, en algunos casos, una valoración positiva en la imagen de dichas empresas, al hacerse público el hecho de que éstas invierten en capacitar a sus propios trabajadores. 27) Que, a mayor abundamiento, como ya se indicó anteriormente, el monto invertido en capacitación, no necesariamente coincide con el crédito de capacitación que poseen las empresa para descontar de su declaración anual de renta, por lo que no se advierte de qué manera se podría afectar la contabilidad financiera de dichas empresas con la entrega de lo solicitado –que como se señalara, consiste en el monto invertidos en capacitación, y no en el crédito de capacitación-, no observándose tampoco cómo podría verse afectada su estrategia y planificación con la publicidad de lo requerido, ya que no se especifican los rubros en los cuales se invierte, ni menos aún cuáles son las actividades de capacitación financiadas. 28) Que, en consecuencia, en virtud de lo expuesto, se deberá rechazar, en este caso, la concurrencia de la causal establecida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto a juicio de este Consejo la entrega de la información solicitada no afectaría los derechos de carácter comercial o económico de las empresas que hicieron uso de la franquicia tributaria correspondiente a capacitación. 29) Que, finalmente, y a mayor abundamiento de lo ya resuelto, en el caso que el Servicio reclamado hubiere considerado que la entrega de la información solicitada podría afectar derechos de terceros, correspondía que, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Transparencia, hubiera comunicado a dichos terceros la solicitud formulada, a efecto de que éstos hicieren valer, si lo estimaren conveniente, su facultad para oponerse a la entrega de la información requerida, comunicación que en los hechos no aconteció, lo que viene a reforzar lo ya resuelto por este Consejo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRASNAPRENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo de don Fabián Gatica Almendra en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por los fundamentos señalados precedentemente. II. Requerir al Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo: a) Entregar al solicitante la siguiente información: i. Nombre de las empresas de la Región Metropolitana que hicieron uso de la franquicia tributaria durante el año 2010, tanto directamente con SENCE, como a través de Organismos Técnicos Intermedios para Capacitación (OTIC), como también los montos correspondientes a inversión en capacitación haciendo la diferenciación entre los montos administrados por los organismos intermediarios antes mencionados y los montos gestionados directamente con el SENCE. ii. Nombre de las empresas de la Región Metropolitana que hicieron uso de la franquicia tributaria durante el año 2010, bajo la modalidad de instrucción a distancia, mencionando también el monto invertido por estas empresas en dicha modalidad de instrucción, haciendo la diferencia entre las empresas que comunicaron directamente con SENCE y las que realizaron dicha gestión a través de OTIC, durante el período 2010. b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que al haber invocado en la respuesta entregada al solicitante una causal de secreto o reserva, respecto de la cual posteriormente manifiestan no concurrir los hechos que la configurarían, transgredió los principios de facilitación y oportunidad, reconocidos en el artículo 11, letras f) y h), respectivamente, de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Fabián Gatica Almendra y al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. En contra de la presente decisión no procede el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.