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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1163-11</strong></p>
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Entidad pública: Carabineros de Chile</p>
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Requirente: Fundación Ciudadano Inteligente</p>
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Ingreso Consejo: 16.09.2011</p>
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En sesión ordinaria N° 315 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de febrero de 2012, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C1163-11.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de julio de 2011 don Felipe Heusser Ferres, actuando en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, solicitó al Ministerio del Interior le informara acerca del incremento experimentado por el personal de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile desde marzo de 1990 hasta marzo del año 2010.</p>
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2) DERIVACIÓN DE LA SOLICITUD: Mediante el Ordinario N° 17.333, de 27 de julio de 2011, la Subsecretaría del Interior derivó la solicitud de información a Carabineros de Chile, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, fundado en que no cuenta con la información solicitada en razón de que ésta no guarda relación con materias propias de su competencia.</p>
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3) RESPUESTA DE CARABINEROS DE CHILE: El 26 de agosto de 2011, mediante Resolución Exenta N° 181, Carabineros de Chile respondió la solicitud de acceso, denegando la información solicitada en base a los argumentos que se exponen a continuación:</p>
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a) En primer término hace presente que se debe distinguir entre la dotación "histórica de las Fuerzas Especiales”, vale decir, aquella correspondiente al año 1999 hacia atrás, y la evolución de la dotación desde ese mismo año hasta alcanzar el total que posee actualmente. Respecto a la dotación histórica, señala no contar con registros institucionales que den cuenta de dicho número, por lo que al no obrar dicha información en poder de Carabineros de Chile no le resulta posible entregar lo solicitado.</p>
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b) En lo que respecta a la dotación actual de la Unidad de Fuerzas Especiales, así como la evolución que ésta ha experimentado desde el año 1999 a la fecha, sostiene que se configuran las causales de reserva establecidas en el en el artículo 21 N° 3 ––en lo que respecta a la afectación de la seguridad de la Nación, referido a la mantención del orden público o la seguridad pública–– y N°</p>
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5 de la Ley de Transparencia, en razón de lo establecido en su artículo 1°, en razón de lo dispuesto en el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, en relación con lo establecido en el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia y lo preceptuado en los artículos 8°, inciso 2°, y disposición cuarta transitoria, de la Constitución Política de la República. En este sentido puntualiza que:</p>
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i. El artículo 436 del Código de Justicia Militar señala: "se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal" (N°1).</p>
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ii. Al precisar dicha disposición ciertas materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que sus regulaciones, en virtud de la ficción creada por la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República, poseen el estatus de normas aprobadas con quórum calificado, quedando comprendidas por tanto en la causal de secreto contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, agregando que dicho criterio ha sido recogido por la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 48.302.</p>
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iii. Lo anterior se ve refrendado con lo prescrito en el articulo 21 N° 3 de la misma Ley de Transparencia, en cuanto destaca el carácter secreto de ciertas informaciones que, de ser comunicadas, afectarían Ia seguridad de la Nación, particularmente si se refieren a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.</p>
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iv. Sin perjuicio de las razones de derecho expuestas, en cuanto a los supuestos de hecho de la reserva, expresa que, desde un punto de vista estratégico, Fuerzas Especiales de Carabineros es una alta repartición institucional que tiene como misión prevenir, neutralizar y restablecer alteraciones al orden público; actuar en situaciones de emergencias y/o catástrofes; asumir la responsabilidad de servicios extraordinarios con motivo de eventos masivos; entre otras funciones. De este modo, Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile actúan en base al supuesto de la actuación táctica estratégica, es decir, en base a una modalidad eminentemente técnica y sorpresiva en su accionar.</p>
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v. En consecuencia, atendidos los roles que desempeñan la Unidad de Fuerzas Especiales, develar su dotación significaría poner en riesgo a los civiles a quienes dicha unidad está llamada a resguardar, dificultando la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y finalmente, arriesgaría la integridad de quienes la componen, toda vez que implicaría entregar valiosos datos que permitirían elaborar planes de respuesta tácticos entre quienes quieran repeler su actuación.</p>
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vi. A mayor abundamiento, y sobre este punto en particular es menester tener presente el denominado "test de daño", el cual consiste en analizar si la divulgación de un determinado documento "genera o puede generar un daño específico al valor jurídicamente protegido; en otras palabras, se requiere de una ponderación de los valores en conflicto para poder determinar de manera cierta que la primera pone en riesgo a la segunda, y que por ello procede una reserva temporal del documento" (López-Ayllon, Sergio y Posadas, Alejandro. "Las pruebas de Daño e Interés Público en Materia de Acceso a la Información. Una Perspectiva Comparada. En Derecho Comparado de la Información N° 9, 2007, p. 23, citado en Decisión de amparo A45-09 del Consejo para la Transparencia).</p>
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vii. Dicho test se entiende incorporado en la Ley de Transparencia "como uno de los criterios para resolver la aplicación de las excepciones al principio de la publicidad. Al efecto, el artículo 21 de la ley establece la posibilidad de negar el acceso a la información, ya sea total o parcialmente cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte (...). Esta forma de calificar las excepciones a la publicidad de los documentos en la ley, recoge la experiencia de países que cuentan con una desarrollada legislación en la materia como Irlanda, Canadá, Inglaterra y México (Tello, Cristóbal, Cerna, Marcelo y Pavón, Andrés. "Acceso a la Información Púbica: Los Desafíos del Consejo de la Transparencia". En Anuario de Derechos Humanos. Santiago de Chile: Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile, N°, 2009, p. 198-9, citado en Decisión de amparo A45-09 del Consejo para la Transparencia).</p>
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viii. Además, a juicio de Carabineros de Chile, dicho test debe ser entendido como incorporado no sólo en el artículo 21, al cual se hace mención expresa, sino además por el espíritu mismo de la ley en comento, a su articulado completo entendido como su leitmotiv. Es decir, sin olvidar la necesariedad de la transparencia, la misma ley reconoce ciertos límites, que, de ser vulnerados, producirían consecuencias negativas.</p>
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ix. En este contexto, aplicando el precitado test, y en base a las consideraciones expuestas en la presente resolución, se estima que develar la dotación de Fuerzas Especiales, es decir, de la Alta Repartición de Carabineros de Chile que por excelencia es la llamada al restablecimiento del orden público en casos en que éste se vea alterado, implicaría un grave daño al valor que precisamente se quiere resguardar, cual es la seguridad de los civiles, el restablecimiento del orden público y por último también la seguridad de quienes pertenecen a la aludida dotación, siendo tales valores, de aquellos que no pueden ser transigidos en virtud de la transparencia.</p>
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4) AMPARO: El 16 de septiembre de 2011, don Juan Soto Cortés, actuando en representación, debidamente acreditada, de la Fundación Ciudadano Inteligente dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Carabineros de Chile, fundado en que éste le denegó el acceso a la información solicitada, argumentando en su reclamación que:</p>
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a) La Subsecretaría de Interior, mediante el Oficio N° 17.333, de 27 de julio de 2011, derivó la solicitud a Carabineros de Chile en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, siéndole notificado dicho acto vía casilla electrónica en la misma fecha indicada, esto es, fuera del plazo legal que tenía la entidad reclamada para responder, según lo establecido en el artículo 14 del mismo cuerpo legal, con lo cual infringió los principio de oportunidad y responsabilidad.</p>
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b) En lo que atañe a la respuesta entregada por Carabineros de Chile, expresa que dicha institución hace una distinción entre lo que es la dotación histórica de la alta repartición que es Fuerzas Especiales y la actual, siendo el año 1999 el que marca la división entre ambos extremos. Agrega que si bien Carabineros señaló no contar con un registro acerca de la dotación histórica, no da cuenta de las razones por las cuales dicha información no obra en su poder, en circunstancias que es dicha institución la llamada a contar con dichos registros, por cuanto es precisamente esa información la que se debe tomar como referencia para hacer una proyección evolutiva, que es aquello que se desprende como sentido natural obvio de la solicitud, agregando que en el propio portal institucional de Carabineros de Chile se señala que la dotación de fuerzas especiales data desde 1970.</p>
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c) Respecto de las causales de reserva invocadas por Carabineros de Chile, cita el texto del artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, indicando que para determinar si dicha reserva se enmarca en la afectación de la seguridad de la Nación dicha norma debe relacionarse necesariamente con lo indicado en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. En este sentido, expresa que la Carta Fundamental, no sólo exige que una ley de quórum calificado indique que ciertos documentos son secretos, sino que además es necesaria una afectación que dañe bienes jurídicos (derechos de las personas, seguridad de la nación e interés nacional) y, de ser así, quedaría dicha información como secreta.</p>
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d) En este contexto, precisa que es necesario discurrir en que si hay o no una afectación que la revelación de la información pueda causar, correspondiéndole entonces a Carabineros probar de qué manera la revelación de la información pudiera afectar la seguridad nacional. Para tal efecto, ha aplicado el denominado "test de daño", criterio que ha tenido cabida en la mayoría de las legislaciones comparadas y por cierto ha sido aplicado por el Consejo para la Transparencia en casos anteriores (Decisión de amparo A45-09). En el presente caso, la información solicitada dice relación con "Incrementos de dotación de Fuerzas Especiales de Carabineros desde 1990", es decir, no se solicita un nivel de especificidad que pudiera afectar de manera alguna la seguridad nacional. El criterio de Carabineros de Chile para denegar la información es desproporcionado a la hora de evaluar de qué forma podría afectar negativamente la divulgación de la información.</p>
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e) Lo anterior se ve reforzado en lo que la doctrina ha entendido como seguridad nacional, a saber, un campo más restringido, pues "[e]n general no es toda la defensa nacional ni todo tipo de asuntos relativos a las relaciones exteriores las que están sujetas a esta reserva o secreto. Más bien todo lo contrario. De lo que se trata es de contener esta garantía institucional sobre los aspectos que, de ser conocidos, pondrían en serio riesgo el funcionamiento del sector y, de paso, la garantía de la propia permanencia del Estado y la salvaguarda de sus intereses públicos más esenciales” (Decisión de amparo Rol 652-10).</p>
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5) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al General Director de Carabineros, mediante Oficio N° 2.473, de 26 de septiembre de 2011, quien formuló sus observaciones y descargos, mediante el Oficio N° 102, de 18 de octubre de 2011, en el cual reiteró las argumentaciones vertidas en la respuesta denegatoria en cuanto a la concurrencia de las causales de reserva contempladas en el artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en razón de lo establecido en el artículo 1° transitorio de dicho cuerpo legal, en relación con el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar y lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política. Además, señaló que de entregarse la dotación que forma parte de la Unidad de Fuerzas Especiales podría requerirse, con posterioridad, la dotación de otras Unidades de Carabineros, lo que después de un proceso de consolidación de datos permitiría tener una visión de los planes operativos institucionales con grave desmedro y riesgo para la ciudadanía toda (alegación ya formulada a propósito del amparo Rol C45-09). Carabineros de Chile adjunta a sus descargos un informe que da cuenta de la variación porcentual anual y agregada en el periodo 1999-2010 de la dotación de la unidad consultada.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que la reclamada ha denegado entregar el incremento del personal de fuerzas especiales de Carabineros desde marzo de 1990 hasta marzo de 2010 sosteniendo que el producido entre 1990 y 1999 no obra en su poder, mientras que el experimentado en el periodo posterior sería reservado conforme a los numerales 1, 3 (en lo referido a la mantención del orden público y la seguridad pública) y 5 del artículo 21 de la Ley de Transparencia, el artículo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar, el artículo 1° transitorio de la misma Ley de Transparencia, el artículo 8°, inciso 2°, y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política de la República.</p>
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I. Jurisprudencia de este Consejo sobre la aplicación del artículo 436 del Código de Justicia Militar como causal de secreto o reserva</p>
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2) Que, respecto al carácter de ley de quórum calificado del artículo 436 del CJM, debe tenerse presente que, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación a los artículos 1° transitorio de dicho cuerpo legal; 8°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República (CPR) y disposición cuarta transitoria de la misma Carta Fundamental, se requiere que dicha norma esté vigente, que se haya dictado con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050 y que establezca la secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, la que se subsuma, a su vez, dentro de alguna de las causales del artículo 8° de la CPR.</p>
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3) Que, en la especie, la norma en comento –el artículo 436 del CJM–, se encuentra vigente, se dictó con anterioridad a la promulgación de la Ley N° 20.050 y establece el secreto respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, citando, entre otros, “(…) [l]os relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de</p>
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Chile y de su personal” de modo que, para todos los efectos, posee el carácter de ley de quórum calificado que declara reservados o secretos determinados documentos, datos o informaciones, relacionándose con una de las causales señaladas en el artículo 8° de la Constitución Política, en la especie, la afectación de la seguridad de la Nación la que, a su vez, también es establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, norma de la cual se desprende que, dicho concepto, comprende el orden público y la seguridad pública.</p>
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4) Que, no obstante ello, en cuanto a la aplicación de la norma del CJM en comento, este Consejo ha concluido reiteradamente que para determinar si nos encontramos frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no cabe su sola invocación, toda vez que dado lo dispuesto tanto en el artículo 8° de la Constitución como en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, se debe determinar si la publicidad de dicha información afecta algunos de los bienes jurídicos previstos en el citado artículo 8° de la Constitución, para efectos de estimar si puede acogerse, lícitamente, a la reserva del artículo 436 ya mencionado. Que, en efecto, el vocablo “afectare” contemplado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución es claro en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate –el debido cumplimiento de las funciones de los órganos; los derechos de las personas; la seguridad de la Nación o el interés nacional– si se divulga la información, de manera que no basta sólo que aquélla se “relacione” con éste o que le resulte atingente para que se mantenga tal información en secreto o reserva. Esta es la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con lo dispuesto por los artículos 21 N° 5 y primero transitorio de la Ley de Transparencia, así como con el texto vigente de la Constitución (criterio establecido, entre otras, en las decisiones de los amparos roles C512-09, C652-09, C162-11, C396-10, C652-10 y C536-11).</p>
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5) Que, en similar sentido, el profesor CORREA S., quien al analizar el artículo 436 del Código de Justicia Militar ha señalado que «el único modo de compatibilizar la norma de justicia militar que analizamos con la Carta Fundamental consistiría en interpretar que lo que este hace es simplemente establecer, en sus cuatro numerales, un listado de clases o tipos de documentos, respecto de los cuales debe luego enjuiciarse si afectan o dañan la seguridad de la Nación. Esa inteligencia del precepto lo haría compatible con el artículo 8° de la Carta Fundamental»1. No se trata de que el Consejo controle difusamente la constitucionalidad de la Ley, sino que de aplicar lo dispuesto los artículos 21 Nº 5 y 1º transitorio de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, en íntima relación con lo antes señalado, y en cuanto a la determinación del carácter secreto o reservado de un documento, este Consejo ha estimado que, atendido lo dispuesto por los artículos 10, 16 y 21 de la Ley de Transparencia, para determinar la afectación a los bienes jurídicos protegidos por las causales de reserva o secreto de la información (y que son los establecidos en el art. 8°, inciso 2°, de la Constitución) es necesario no sólo que la información que se solicita concierna a las materias sobre las que éstos versan. Se requiere, además, que la publicidad de aquélla los dañe o afecte negativamente de forma cierta, probable y específica, cuestión que debe determinarse en cada caso y que no cabe presumir, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo que invoque la causal (aplica criterio de decisiones de amparos Roles A45-09, C669-10, C652-10, C492-11 y C929-11).</p>
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7) Que, en este contexto, corresponde a continuación analizar, primero, si respecto de la información que obra en poder de Carabineros se configuran las causales de reserva invocadas, para a continuación, abordar la alegación tocante a la no existencia en su poder de parte de la información requerida.</p>
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II. Información relativa al aumento de la dotación de Fuerzas Especiales entre los años 1999 a 2010.</p>
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8) Que, a efectos de ponderar la procedencia de la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en razón de lo estatuido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, debe, primeramente, determinarse el alcance de la solicitud de la especie, por cuanto ésta puede ser entendida de dos maneras posibles, a saber:</p>
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(i) Que la petición aluda al incremento numérico absoluto que ha experimentado la dotación de Fuerzas Especiales (FF.EE.) de Carabineros entre marzo de 1990 – considerando esta fecha como dato referencial de base– y marzo de 2010, es decir, a la cantidad en que ha aumentado el personal de dicho estamento en dicho periodo.</p>
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(ii) Que la solicitud se refiera al incremento porcentual experimentado en dicha dotación, tal como lo informó Carabineros de Chile al momento de evacuar sus descargos, según se ha indicado en lo expositivo.</p>
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9) Que en cualquiera de las alternativas planteadas este Consejo entiende que la información solicitada constituye un documento «relativo» a las plantas o dotaciones de Carabineros de Chile o a su personal, tal como lo recoge el citado N° 1 del artículo</p>
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436 del Código de Justicia Militar, lo que obliga a analizar, en concreto, si en el caso 1 CORREA S., Jorge. La “seguridad de la Nación” y el “interés nacional” como límites a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado. Santiago de Chile: Consejo para la Transparencia, 2012, p. 76.sub lite la entrega de la información solicitada afecta la seguridad de la Nación, tal como se hizo en los caso ya citados.</p>
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10) Que a efectos de abordar resulta conveniente utilizar los denominados tests de daños y de interés público: «ambos, que pueden ser complementarios, consisten en realizar un balance entre el interés de retener la información y el interés de divulgarla para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación. El primero se centra en ponderar si la divulgación puede generar un daño presente, probable y específico a los intereses o valores protegidos de mayor entidad que los beneficios obtenidos – aplicado en el amparo Rol A45-09–; el segundo, en ponderar si el interés público a obtener con la entrega de la información justifica su divulgación y vence, con ello, la reserva» (decisión de amparo C193-09).</p>
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11) Que, de entenderse la solicitud conforme a la segunda alternativa de interpretación planteada, esto es, como incremento porcentual, este Consejo no estima que se configuren las causales de secreto o reserva descritas precedentemente, pues no advierte cómo la entrega de dicha información podría afectar la seguridad de la Nación en términos de configurar la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. Para ello tiene especialmente en cuenta que la información a proporcionar no daría cuenta de la dotación específica de la Unidad consultada ni permitiría inferir o conocer la cantidad de funcionarios que la integran o la han integrado.</p>
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12) Que, en cambio, referir el amparo al incremento en números absolutos de la dotación durante el periodo consultado daría cuenta, parcialmente de la cantidad de efectivos con que cuenta. Aún cuando Carabineros no lo ha señalado expresamente se desprende de su respuesta y sus descargos que está invocando la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 a) de la Ley de Transparencia, además de la afectación de la seguridad de la Nación en lo en lo relativo a la mantención del orden público y la seguridad pública, lo que sustenta en los siguientes argumentos:</p>
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(i) Fuerzas Especiales realiza actuaciones tácticas estratégicas, una modalidad de acción que exige contar con el factor sorpresa. Por ello, develar su dotación implicaría entregar información que permitiría elaborar planes de respuesta tácticos entre quienes quieran repeler su actuación. Esto pondría en riesgo a los civiles que debe resguardar, dificultando la labor de restablecimiento del orden público que tiene asignada y arriesgando la integridad de sus efectivos;</p>
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(ii) De entregarse su dotación podría luego requerirse la de otras unidades de Carabineros, para luego consolidarlas y obtener la dotación completa, que daría una visión de los planes operativos policiales con grave desmedro y riesgo para la ciudadanía toda.</p>
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13) Que, según la página web institucional de Carabineros de Chile, la Unidad de Fuerzas Especiales «…tiene como misión "Restablecer el Orden Público Quebrantado", mediante la aplicación de técnicas-tácticas desarrolladas y mejoradas a través de todos estos años, contando a la fecha con una capacidad de movilización operativa, que permite eficazmente satisfacer las demandas de acción policial especializado en todo el territorio nacional. Además, es responsable de garantizar la Seguridad Pública en caso de catástrofes o calamidades, como lo ha demostrado en situaciones como terremotos, temporales, inundaciones y otros eventos de emergencia que con alguna frecuencia afectan al país y a sus habitantes».</p>
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14) Que, en este contexto, es razonable estimar que la divulgación del aumento en números absolutos durante un periodo de 20 años afectaría negativamente el debido cumplimiento de las funciones de dicha Unidad y, por ende, de Carabineros de Chile, en lo referido a restablecer las alteraciones al orden público, menoscabando el desarrollo de sus técnicas y tácticas de acción y afectando de modo cierto, probable y específico la seguridad de la nación, en lo referido la mantención del orden público y la seguridad pública.</p>
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15) Que si bien existe un interés público en revelar información relativa al aumento que ha experimentado la dotación de FF.EE. a lo largo del tiempo, pues permitiría conocer el personal que posee dicho estamento para satisfacer estas importantes funciones, este Consejo estima que, ponderados los intereses en juego en el marco del principio de proporcionalidad ––cuyos alcances se explican en la decisión de amparo Rol C45-09–– es suficiente para tales fines conocer la información sobre el incremento porcentual, por lo que sólo se acogerá el amparo en este sentido.</p>
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III. Información relativa al aumento e la dotación de Fuerzas Especiales entre los años 1990 a 1999.</p>
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16) Que Carabineros de Chile ha denegado la información en comento ––la que ha calificado como información “histórica”–– fundado en su inexistencia, pues ha señalado simplemente que no obra en su poder la información solicitada respecto al periodo consultado.</p>
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17) Que la inexistencia de la información requerida constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de la obligación de su entrega. Por el contrario, conforme a la jurisprudencia de este Consejo, así como lo indicado en su Instrucción N° 10, sobre procedimiento de acceso a la información, es dable concluir que, para justificar la no entrega de información en base la inexistencia de la misma, este Consejo ha adoptado los siguientes criterios orientadores:</p>
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a) Si el órgano administrativo ha destruido o expurgado la documentación, en los términos señalados por la Circular N° 28704 de 1981, de la Contraloría General de República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública, aquel deberá comunicar esta circunstancia al solicitante, y entregarle copia del acto administrativo que dispuso la destrucción de los documentos solicitados y el acta respectiva (decisiones Roles A181-09, C382-09, C492-09, C3-11 e Instrucción General N° 10, numeral 2.3).</p>
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b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, el órgano administrativo deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información solicitada, disponiendo la instrucción de sumarios administrativos y la aplicación de medidas disciplinarias, en caso que hubiera mérito para ello (Instrucción General N° 10, numeral 2.3).</p>
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c) La alegación del órgano administrativo de inexistencia de información debe ser expuesta por éste de forma expresa, clara y específica (decisiones Roles A138-11, C182-11). Esta alegación debe ser fundada, indicando el órgano administrativo al solicitante el motivo específico por el cual la información no obra en su poder (decisiones Roles C2-10, C50-11). Sin perjuicio de su obligación de derivar la solicitud al órgano administrativo competente o que posea la información requerida, de conformidad con lo ordenado por el artículo 13 de la Ley de Transparencia (decisión de amparo A312-09, C804-10).</p>
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d) Toda inexistencia de información debe ser probada por el órgano administrativo requerido, ya sea en razón de que no se ha generado la información, la misma se encuentra en proceso de elaboración o se ignora si otro órgano de la Administración del Estado posee dichos antecedentes.</p>
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e) El órgano administrativo requerido deberá realizar una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, lo que deberá quedar debidamente acreditado por aquél en un acta elaborada al efecto (decisiones Roles A310-09, A337-09, C382-09, C94-11, C109-11, C122-11, C151-11, C186-11, C294-11, C371-11, C449-11, C804-10 y C974-11).</p>
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f) Un elemento que exime de la obligación del órgano administrativo de fundamentar rigurosamente la falta de los antecedentes requeridos por un particular, es la ausencia de obligación de poseer la documentación solicitada, de conformidad con su competencia y el ordenamiento jurídico (decisión Rol A280-09, C804-10).</p>
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18) Que, en atención a la naturaleza de la información requerida y en base a los criterios precedentemente expuestos, es posible arribar a las siguientes conclusiones, respecto del caso de marras:</p>
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a) Que no parece plausible lo señalado por Carabineros de Chile, pues para satisfacer la solicitud bastaría conocer la cantidad de funcionarios que se han ido integrando a la institución y a la Unidad de Fuerzas Especiales durante el espacio de tiempo que comprende el periodo consultado, información que no puede sino obrar en sus registros, máxime cuando en la misma web institucional respecto de épocas anteriores al periodo consultado, se hace alusión a los aumentos que se fueron produciendo en la dotación de FF.EE.</p>
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b) Que, por otra parte, Carabineros no se ha referido en modo alguno a los motivos por los cuales dicha información no obra en su poder, ni ha satisfecho alguno de los estándares que resultarían aplicables, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, es decir, aquellos a que aluden las letras a), b), c), d) y e).</p>
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19) Que atendido lo anterior, por no encontrarse debidamente acreditada la inexistencia de la información solicitada se requerirá al General Director de Carabineros que haga entrega al reclamante del incremento porcentual a partir de marzo de 1990 o que acredite la inexistencia conforme los estándares descritos en el considerando 17°.</p>
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20) Que, finalmente, debe hacerse presente al Sr, Subsecretario del Interior que en caso de ser procedente la derivación de una solicitud de información el artículo 13 de la Ley de Transparencia exige que ésta se verifique de inmediato. De este modo, si bien el órgano reclamado dispone de 20 días hábiles para pronunciarse sobre tales solicitudes la expresión «de inmediato» que utiliza el legislador supone asegurar máxima celeridad en la comunicación del requerimiento al órgano que resulte competente, lo que no ocurrió en este caso. A este respecto puede verse el apartado 2.1.a) de la Instrucción General N° 10 de este Consejo (D.O de 17 de diciembre de 2011), que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo de 2012.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRAS B) Y M), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger el amparo interpuesto por don Jose Soto Cortés, en representación de la Fundación Ciudadano Inteligente, en Contra de Carabineros de Chile, conforme se señala en el resuelvo siguiente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de Carabineros:</p>
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a. Informar al solicitante el incremento porcentual experimentado por la dotación del estamento de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile entre marzo de 1999 y marzo de 2010.</p>
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b. Informar al reclamante el incremento porcentual experimentado por dicha dotación entre marzo de 1999 y marzo de 2010 y, en caso de no contar con esa información, indicarlo expresamente y entregar copia del acto que autorizó la expurgación de esta información o señalar de manera precisa los motivos de la inexistencia, previa búsqueda exhaustiva de los documentos, de lo que deberá dar cuenta mediante acta de búsqueda conforme se indica en el considerando 17°.</p>
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c. Cumplir dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, bajo el apercibimiento de proceder conforme lo disponen los artículos 46 y siguientes de la Ley de Transparencia.</p>
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d. Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), para verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Juan Soto Cortés y al Sr. Director General de Carabineros de Chile, y enviar una copia al Sr. Subsecretario del Interior para los efectos señalados en el considerando 20°.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Certifica el Director General (S) del Consejo para la Transparencia, don Enrique Rajevic Mosler.</p>
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