Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5717-18

Reclamante:	JAEL MORALES INOSTROZA
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GENERO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, atendido que la grabación de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia ubicadas en el acceso a sus dependencias institucionales, implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar su protección conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la garantía constitucional respectiva.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/13/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3006-17 C385-18 C4217-17 C775-18 C292-18 C5026-18 C2493-15 C1505-17
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Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C5717-18 Entidad pública: Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género. Requirente: Jael Morales Inostroza. Ingreso Consejo: 20.11.2018 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, atendido que la grabación de imágenes captadas por las cámaras de vigilancia ubicadas en el acceso a sus dependencias institucionales, implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar su protección conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley sobre Protección de la Vida Privada y la garantía constitucional respectiva. Se aplica lo resuelto por este Consejo respecto de similares requerimientos, a modo ejemplar, los amparos Roles C3006-17, C4217-17, C292-18, C385-18, C775-18, C5026-18, entre otros. Hay un voto de minoría del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien estima que el amparo podría ser acogido, mediante un juicio de ponderación y la aplicación conjunta de los principios de máxima divulgación con el de divisibilidad de la información, si concurriera un interés legítimo para ello. Hay voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien estima que el caso en análisis versa en antecedentes propios de la peticionaria, respecto de los cuales ha ejercido un habeas data impropio ante la Administración, cuya entrega habría sido posible de mediar los mecanismos suficientes para dar aplicación al principio de divisibilidad contemplado en la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1021 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de agosto de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5717-18. VISTO: Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de octubre de 2018, doña Jael Morales Inostroza solicitó a la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género "los videos de vigilancia y seguridad de la entrada y salida de los funcionarios de la subsecretaría de la mujer y equidad de género, desde el mes de junio hasta el mes octubre, con hora y fecha por favor. Específicamente de los funcionarios del DAF, si es que hubiesen cámaras en el área DAF, sino los videos de vigilancia que captan las entradas y las salidas de los usuarios y funcionarios (...) Necesito probar que yo cumplía horarios como trabajadora a honorarios". 2) RESPUESTA: Mediante oficio N° 887, de 20 de noviembre de 2018, la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que deniega el acceso a lo pedido fundado en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto las grabaciones de las cámaras de seguridad constituyen datos personales que se encuentran protegidos, tanto por la Constitución Política como por la Ley de Protección de Datos. Agregan, que el lugar en el cual se encuentran las cámaras de seguridad cuyas grabaciones se solicitan, captan imágenes de todas las personas que ingresan y se retiran del 2° y 3° piso del edificio en el cual se ubica la Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género. Por tal motivo, entregar lo requerido, afectaría no sólo el derecho a la imagen, a la privacidad e intimidad de los funcionarios, sino que también de las personas externas al organismo que han transitado por allí. 3) AMPARO: El 20 de noviembre de 2018, doña Jael Morales Inostroza dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente: "Ellos dieron por cerrada mi solicitud, dando una respuesta como entregada, sin embargo no me entregaron nada, a lo cual creo que es una negativa clara a entregarme información". En razón de lo anterior, este Consejo al lograr acceder a la respuesta otorgada por el organismo, por oficio N° E231 de 11 de enero de 2019, remitió a la recurrente copia de la misma, procediendo la reclamante, por presentación de fecha 17 de enero de 2019, a objetar la negativa a su solicitud, aseverando que "todos los trabajadores cuando se les olvida marcar la huella para entrar o salir piden este material y se les entrega, jamás a nadie se le ha negado (...) son videos cortos o imágenes donde sale la fecha y hora de sólo el funcionario que lo está solicitando" (sic). 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, mediante Oficio N° E1482 de 4 de febrero de 2019, a fin de que se pronunciara sobre lo siguiente: (1°) se refiera específicamente a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (2°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros; (3°) precise si obra en su poder la grabación solicitada, en el periodo que se indica. En el evento que deba disponer su eliminación, se solicita que ello no se verifique hasta que la decisión de este Consejo se encuentre firme y ejecutoriada; (4°) detalle si el video consultado, contiene imágenes de personas naturales identificables; y, (5°) en el evento de existir personas naturales identificables en el referido video, indique si el órgano que usted representa está en posición de tarjar o anonimizar sus rostros de modo de impedir su identificación. El órgano reclamado presentó sus descargos y observaciones, mediante Ord. N° 101 de 14 de febrero de 2019, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) La entrega de imágenes captadas por cámaras de vigilancia implica un tratamiento de datos personales, como también de aquellos de carácter sensible, lo que puede producir vulneraciones concretas, por una parte, al derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, y por otra, en lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. b) La captación de imágenes de personas en lugares públicos como es un pasillo, el hall de entrada de un edificio, o el ascensor del mismo, al cual acceden no solo funcionarios sino público en general, y difundir luego dichas imágenes sin el consentimiento de éstas, constituye una vulneración a la privacidad de las personas involucradas, lo cual configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. c) El sistema de grabación y resguardo de imágenes del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género se encuentra a cargo de la Unidad de Informática, la cual cuenta con 3 funcionarios, incluyendo a la jefatura. La referida unidad, tiene la obligación, entre otras, de prestar soporte informático de manera constante a todos los funcionarios del Ministerio, a nivel nacional, por lo que la revisión de imágenes captadas solo la ejecuta a requerimiento de la jefatura respectiva cuando existen situaciones de seguridad que lo ameriten. d) Durante el mes de diciembre de 2018, se realizó una renovación del sistema de grabación del Ministerio, lo que implicó la instalación de nuevos DVR, y nuevas cámaras de seguridad, quedando por tanto en desuso los sistemas anteriores. Los antiguos DVD se encuentran custodiados, sin embargo, la revisión de imágenes que resguarda dicho sistema implicaría la dedicación exclusiva de un funcionario de la Unidad de Informática, en primer lugar, para la instalación provisoria del sistema antiguo y luego, para la revisión exhaustiva de las grabaciones. e) Finalmente, el registro de los videos consultados contiene imágenes tanto de otros funcionarios del Ministerio, como de personas externas al organismo, cuya identidad debe ser resguardada, no contando con dispositivos técnicos que permitan tarjar o anonimizar rostros de personas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, las cámaras de seguridad instaladas en espacios de acceso público como el consultado, registran imágenes tanto del entorno, como también de personas naturales que, por diversas razones -ya sea laborales o de otra índole-, allí circulan. En tal sentido, cabe tener presente que de conformidad a lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en su artículo 2° letra f), son datos de carácter personal "los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables" y su literal g) define como datos sensibles "aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por tanto, de conformidad con lo expuesto, a juicio de este Consejo, la entrega de imágenes captadas por cámaras de vigilancia implica por parte del órgano reclamado un tratamiento de datos personales y, eventualmente también, de datos de carácter sensible, actividad que puede redundar en afectaciones concretas al derecho a la privacidad y al derecho a la propia imagen, de lo cual deriva la necesidad de garantizar la protección de dichos datos conforme a nuestro ordenamiento jurídico, velando por el adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628. 2) Que, al respecto, este Consejo en sus Recomendaciones para la Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado, dispuso que «la protección de datos personales amparada en nuestra legislación (...) tiene por finalidad asegurar a las personas un espacio de control sobre su identidad y de libre manifestación de su personalidad, lo que presupone, en las condiciones modernas de elaboración y gestión de la información, la protección contra la recogida, el almacenamiento, la utilización y la trasmisión ilimitados de los datos concernientes a su persona, es decir, el derecho a la autodeterminación informativa» (énfasis agregado). 3) Que, en cuanto a la afectación al derecho a la privacidad, es menester señalar que el Estado está al servicio de la persona humana y tiene el deber de respetar y promover los derechos fundamentales que emanan de su propia naturaleza, como lo señala expresamente la Constitución Política en sus artículos 1°, inciso cuarto, y 5°, inciso segundo, sea que esos derechos se encuentren expresamente fijados en la Carta Fundamental, o bien, que se establezcan en los tratados internacionales, aprobados por Chile y que se encuentren vigentes. Así, el numeral 4° del artículo 19 de la Constitución, asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada de sí misma y de su familia, y asimismo, la protección de sus datos personales; mientras que los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 11.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares indican que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación, agregando que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 4) Que, en el ámbito de la doctrina comparada se ha señalado que "la existencia de una esfera privada, en la que los demás (poderes públicos o particulares) no pueden entrar sin el consentimiento de la persona, no implica solo un reconocimiento del altísimo valor que tiene la faceta privada de la vida humana, sino que constituye también una garantía básica de libertad: en un mundo donde toda la actividad de los hombres fuera pública, no cabría la autodeterminación individual. El constitucionalismo, así, exige diferenciar entre las esferas pública y privada y, por tanto, entre lo visible y lo reservado" (Diez - Picazo, Luis, Sistema de Derechos Fundamentales, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2008, p.297). De la misma forma y desde la óptica del derecho a la intimidad, se ha definido a ésta como "el derecho a no ser molestado, y a guardar la conveniente reserva acerca de los datos de una persona que ésta no quiere divulgar. Es el derecho a mantener una vida privada sin interferencias de otras personas ni del Estado" (Balaguer C., Francisco et. al, Derecho Constitucional, Volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 1999, p.102). Por último, se ha afirmado que: "sí hay acuerdo en que el derecho a la intimidad consiste en el derecho a disfrutar de determinadas zonas de retiro y secreto de las que podemos excluir a los demás" (Pérez Royo, Javier; Curso de Derecho Constitucional, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Políticas S.A., Madrid, 2000, p.395). Por tanto, la posibilidad de captar imágenes de personas en ámbitos públicos y difundir dichas imágenes, sin poder contar con el consentimiento del titular, aparece como una afectación de los derechos de dichas las personas, en particular, el derecho a la imagen, a la privacidad e, incluso a la intimidad; presente y con suficiente especificidad, conforme a la exigencia contenida en el inciso segundo de artículo 8° de la Constitución y en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, que justifica, en definitiva, que este Consejo declare la reserva de las mismas. 5) Que, este Consejo, en las decisiones Roles C2493-15, C1505-17, se pronunció acerca de la necesidad de distinguir en el derecho a la propia imagen dos aspectos o dimensiones: uno, de orden positivo, en virtud del cual, su titular se encuentra facultado para obtener, reproducir y publicar su propia imagen, adscribiéndola a cualquier objeto lícito; y otro, de carácter negativo, expresado en su derecho a impedir que terceros, sin su debida autorización, capten, reproduzcan o difundan esa imagen, cualquiera sea la finalidad tenida en consideración para ello. 6) Que, por su parte, el Tribunal Constitucional ha destacado el estatuto básico de protección de la vida privada consagrado en el artículo 19 N° 4, siendo especialmente protector de esta garantía, señalando sobre el particular que "La privacidad integra los derechos personalísimos o del patrimonio moral de cada individuo, los cuales emanan de la dignidad personal y son, por su cualidad de íntimos de cada sujeto, los más cercanos o próximos a esta característica, única y distintiva, del ser humano. Por tal razón, ellos merecen reconocimiento y protección excepcionalmente categóricos tanto por la ley como por los actos de autoridad y las conductas de particulares o las estipulaciones celebradas entre éstos." (Sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 389, de 28 de octubre de 2003, considerando vigésimo) De esta forma, la máxima Magistratura Constitucional demanda a los órganos del Estado otorgar reconocimiento y protección a la vida privada, derecho que de otorgarse acceso a las grabaciones captadas sería directamente afectado. 7) Que, lo anterior incluso, es consistente con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que ha señalado en el Caso Fontevecchia y D’amico vs. Argentina, en el párrafo N° 48, que: "el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública y comprende, entre otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la difusión de información personal hacia el público" (énfasis agregado). Al efecto, precisó que "(...) el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación" (énfasis agregado). 8) Que, en lo que respecta a la directa vinculación del derecho a la privacidad con el derecho a la propia imagen, que en el presente caso se verían directamente afectados de accederse a la entrega de la información solicitada, este Consejo estima que no sólo estamos ante datos personales, relativos a la imagen de una persona, sino que además eventualmente ante datos sensibles, que conforme a la definición legal, son los referidos a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, pues las grabaciones que se captan no sólo dan cuenta de las características físicas de determinadas personas, sino que también de sus conductas o hábitos personales. 9) Que, por otra parte y nuevamente desde la perspectiva legal, el principio de finalidad establecido en el artículo 9° de la ley N° 19.628, exige utilizar los datos personales sólo en los fines para los cuales fueron recolectados, lo que en el caso de los órganos públicos se encuentra determinado por la esfera de competencia asignada por los cuerpos legales que los rigen. En este orden de ideas, la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol 1002-2011, señaló que "(...) los datos (...) sólo pueden ser tratados por la autoridad pública en ejercicio de sus competencias legales y velando por un uso pertinente, adecuado y no excesivo con relación al ámbito y las finalidades para las que hayan obtenido, no pudiendo usarse para finalidades diferentes (...)" (Considerando Décimo). 10) Que, en base a lo expuesto precedentemente, en la decisión que resolvió los amparos Roles C4217-17, C385-18 y C775-18, por voto de mayoría, se razonó que «...divulgar la información solicitada vulneraría no sólo la vida privada de las personas captadas en los registros visuales en poder de la reclamada, sin mediar su autorización, ni orden judicial, en infracción de los cuerpos normativos precedentemente citados, sino también, conllevaría una transgresión del deber de resguardo que nuestra legislación ha impuesto a los diversos organismos públicos que hoy efectúan tratamiento de datos personales, y en virtud de ello, poseen bases de datos que les permiten el adecuado cumplimiento de sus tareas». Luego, se procedió a reservar la información en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia en concordancia con lo previsto en la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada y en la Constitución Política de la República en su artículo 19 N°4. 11) Que en aplicación de lo señalado precedentemente, se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Jael Morales Inostroza en contra de la Subsecretaría de la Mujer y la Equidad de Género, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General y al Director Jurídico (S) de este Consejo indistintamente, notificar la presente decisión a doña Jael Morales Inostroza y a la Sra. Subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado en el presente acuerdo, estimando que el amparo podría ser acogido, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que, el organismo requerido cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia emplazadas en el acceso a su edificio institucional, cuya existencia es conocida por los usuarios (no son cámaras ocultas). A su vez, la solicitud tiene por objeto la obtención de información útil y relevante para la solicitante, como es el acreditar su ingreso y salida de su jornada laboral. 2) Que, no existe un texto legal que autorice expresamente la instalación y uso de este tipo de cámaras de video vigilancia. Pero es un hecho que muchas de ellas existen desde hace años, y han sido validadas por numerosa jurisprudencia, incluso en ámbitos donde el espacio de privacidad es mayor que el de la vía pública, como por ejemplo lo es el espacio de trabajo (bajo la condición de que se cumplan una serie de requisitos). 3) Que, el acceso a la información en análisis podría permitir esclarecer situaciones que involucren faltas funcionarias relativas al control de asistencia de funcionarios públicos, como otras similares. Ahora bien, para que este noble propósito sea cumplido, los potenciales infractores deben saber que su acción podría ser grabada y registrada efectivamente, y además consultada y acompañada como prueba en procedimientos administrativos sancionatorios o en juicios de naturaleza diversa si las referidas cámaras hubieran captado ilícitos penales. Estos objetivos, ciertamente legítimos y relevantes, obligarían a soportar ciertas afectaciones a la privacidad y a otros derechos. 4) Que, para enfrentar este conflicto, conviene recordar el amplio consenso y el uso generalizado respecto de una serie de criterios: i) por su propia naturaleza, los derechos fundamentales ofrecen un amplio espacio de soluciones interpretativas legítimas, derivados de su carácter abierto e indeterminado. ii) Pueden presentarse conflictos reales o aparentes entre ellos, o más bien, entre personas que reclaman la protección de ciertas acciones o estados de cosas, argumentando estar bajo el amparo de estos derechos. iii) Lo anterior obliga al intérprete a delinear adecuadamente su contenido y correcto ejercicio para el caso analizado. Si quien lo hace tiene las facultades legales para que su decisión tenga fuerza obligatoria, puede incluso ordenar la primacía de un derecho sobre el otro, cuando la protección de ambas resulta incompatible, siempre en el caso analizado. iv) En los casos en que esta especificación o delimitación no está hecha en forma previa y genérica (mediante una ley), corresponde resolver los conflictos planteados caso a caso y en base a los derechos constitucionales invocados. v) La doctrina y práctica mayoritaria a nivel mundial considera que estas situaciones de "conflicto de pretensiones amparadas constitucionalmente" deben resolverse mediante el uso de la técnica de la ponderación, que invita a "balancear" todos los elementos relevantes del caso, tanto jurídicas como fácticas, para ver qué derecho debe prevalecer en las circunstancias analizadas. Este análisis nos permitiría acercarnos a la solución que más se ajuste a la Constitución, compatibilizando de mejor modo la vigencia de todo aquello que busca promover. vi) De esta forma, se reafirma la idea de que no existen derechos absolutos y que todos ellos, en algunas circunstancias concretas, podrían enfrentar restricciones a su ejercicio. 5) Que, la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada (datos personales), señala que cuando la información provenga o haya sido recolectada de fuentes de información accesibles al público, como lo es la calle o una cámara instalada en un edificio público, no se requiere de autorización para el tratamiento de datos (artículo 4), no existe obligación de guardar secreto (artículo 7°), y no es exigible el criterio de finalidad único (art 9). Incluso, si el video considerase a personas transitando, bien podría permitírsele el acceso sólo a las imágenes que no constituyeran vulneraciones a otros derechos. Cabría, en todo caso, un juicio de ponderación y la aplicación conjunta de los principios de máxima divulgación con el de divisibilidad de la información. 6) Que, respecto de la protección de datos sensibles, en el caso que los hubiera, caben los mismos argumentos arriba dichos, sumándose el que ellas bien podrían protegerse siguiendo el criterio de la divisibilidad de la información. 7) Que, asimismo, resulta interesante recordar que estamos especificando derechos de pretensión universal, de máximo nivel jerárquico y normativo, y reconocidos en forma muy similar en numerosos ordenamientos jurídicos. Es interesante señalar que los marcos normativos existentes para estas materias en Alemania, Inglaterra, España y otros países consultados, llevarían a resolver el caso mediante el uso de la técnica del balanceo, y a juicio de quien suscribe este voto minoritario, hubiesen permitido, en todos los casos, acoger el amparo y facilitar el acceso a la grabación solicitada, al menos en forma parcial. Para ilustrar lo anterior, basta tener a la vista el fallo de la Corte de Justicia de la Comunidad Europea de 24 de noviembre de 2011, y citada reiteradamente por la Agencia Española de Protección de Datos Personales (ver por todos, Informe del gabinete Jurídico 0156/2014). 8) Que, desde el punto de vista procesal, y aplicando el principio de facilitación señalado por la propia ley, resulta interesante considerar algunas situaciones adicionales, que también podrían inclinar la balanza hacia acoger, al menos parcialmente, la solicitud. De hecho, es probable que si la solicitante hubiese reclamado la información como una medida prejudicial en un juicio civil, laboral o dentro del contexto de un juicio penal, las podría obtener. Ante ello, podemos asumir dos posiciones: sostener que precisamente existiendo esos caminos, establecidos por el legislador, debería optarse por ellos. O bien, que con el objetivo de facilitar la tarea y evitar dilaciones, gastos y trámites innecesarios, y tratándose de información que legítimamente puede ser obtenida, este Consejo debe facilitar el acceso a la misma, máxime si con ello podría facilitar la protección y promoción de algún bien jurídico para el requirente, aunque siempre respetando todos los derechos en juego. 9) Que una situación similar podría darse si la reclamante hubiese recurrido al "habeas data" (artículo 12 ley 19.628) para acceder al registro. Incluso la recomendación del CPLT relativa a los sistemas de video vigilancia con fines de seguridad, considera el deber de asegurar el acceso a las grabaciones en que aparezca el titular, difuminando las del resto (Punto II.7). 10) Que conviene recordar que el artículo 5° inciso segundo parte final de nuestra Constitución Política de la República, tantas veces recordado por nuestra jurisprudencia, obliga a todos los órganos del Estado a proteger y promover los derechos que la Constitución y los Tratados Internacionales amparan. La misma norma obliga a todos los intérpretes a resolver las controversias jurídicas buscando la promoción de estos derechos, especialmente necesaria cuando no existe una ley que rija la situación o conflicto analizado. 11) Que, es deber de todos los órganos estatales, entre los que se encuentra este Consejo, facilitar el acceso a la información que está en su poder, no habiendo razones poderosas y de mayor peso que las que justifican su entrega. Cabe recordar que dicha información se encuentra en manos de un ente público, y que ha sido generada con recursos públicos, para beneficio de la comunidad e incluso la ley 20.285, en su artículo 1, repite estos criterios. 12) Que, a juicio de este Consejero, los riesgos de daños y afectaciones de derechos que pueden generarse en caso de permitir el acceso a las grabaciones que se solicitan, son mínimos, y existe un interés legítimo y tutelable en la solicitud planteada, al menos en forma parcial. Es decir, en base a los antecedentes tenidos a la vista, considero que los eventuales beneficios de permitir la vista de dichas grabaciones, bajo la condición de que ésta no incluya su difusión masiva y se realice con las medidas y cuidados arriba reseñados, son mayores que los de no hacerlo. 13) Que, finalmente, quien suscribe considera necesario llamar la atención sobre la conveniencia de regular en forma adecuada y expresa estas materias, dando directrices claras sobre los derechos, facultades y responsabilidades que a cada cual corresponden. Demás está decir que esta norma debería ser de tipo general y haber sido precedida de un amplio proceso deliberativo, de carácter legislativo. Mientras ella no exista, este órgano administrativo deberá seguir resolviendo los casos planteados con las precarias herramientas de que dispone. VOTO CONCURRENTE: La presente decisión fue acordada con el voto concurrente del Consejero don Marcelo Drago Aguirre, quien, sin perjuicio de concurrir con la mayoría en rechazar el presente amparo, estima lo siguiente: 1) Que, en el caso en análisis nos encontramos frente a la solicitud de antecedentes a los cuales la peticionaria tiene derecho a acceder, por tratarse de información propia, respecto de la cual ha ejercido el denominado habeas data impropio frente a la Administración, en virtud del cual, las personas pueden acceder a sus propios datos personales, por ser titulares de éstos conforme a lo previsto en el artículo 2°, literal ñ) y 12 de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Prerrogativa que reconoce expresamente el artículo 12 inciso 1° de la citada ley. 2) Que, en razón de lo anterior, de haber dispuesto el órgano reclamado con los mecanismos suficientes para reservar en el registro pedido las imágenes de aquellas personas distintas de la reclamante, la entrega de las grabaciones solicitadas habría sido posible, a través de la aplicación del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.