<p>
</p>
<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C5761-18</p>
<p>
Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
<p>
Requirente: Javier Morales</p>
<p>
Ingreso Consejo: 21.11.2018</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se acoge el amparo en contra de la Policía de Investigaciones, ordenándose la entrega de copia digital, en formato PDF, de la hoja de vida, del ex funcionario consultado.</p>
<p>
Ello por no haberse acreditado el cobro de costos de reproducción previo a la entrega de la información pedida, fundado en que se requeriría fotocopiar la documentación pedida para proceder a su entrega toda vez que ésta fue requerida en formato digital.</p>
<p>
Previo a la entrega de la hoja de vida, se deberán tarjar los datos relativos a las patologías del tercero, si las hubiere; ello por aplicación de la jurisprudencia de este Consejo, que en el caso de las personas fallecidas ha reservado excepcionalmente los datos relativos a su salud. Aplica jurisprudencia roles C1335-13 y C1530-14.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 997 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de junio de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5761-18.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 09 de octubre de 2018, don Javier Morales Valdés solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en formato PDF- , también denominada PDI, la siguiente información:</p>
<p>
"Hoja de vida del ex Comisario Jorge Barraza"</p>
<p>
2) PRORROGA DE PLAZO: Por carta de fecha 09 de noviembre de 2019, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en diez días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
3) RESPUESTA: Mediante escrito de fecha 21 de noviembre de 2018, la Policía de Investigaciones de Chile respondió a dicho requerimiento de información, señalando, en síntesis, que:</p>
<p>
Por aplicación del artículo 18 de la Ley de Transparencia se podrá acceder a la información solicitada previo pago de los costos directos de reproducción del material, los cuales, se encuentran regulados en Resolución Exenta N° 1032, de 14 de septiembre de 2017, de la Jefatura de Logística, publicada en la página Institucional, en el link Gobierno Transparente.</p>
<p>
En este caso la reproducción total de la hoja de vida solicitada abarca una extensión de 54 hojas, cuyo valor por hoja es de $ 16, y el total asciende a $ 864 (ochocientos sesenta y cuatro pesos), suma que deberá pagar en la forma que se indica, para luego retirar la documentación desde las dependencias de la PDI en dirección, horario y plazo que señala; y en caso de no pagarse dichos costos dentro del plazo indicado, el Servicio no estará obligado a reproducir la información y quedará sin efecto la solicitud.</p>
<p>
4) AMPARO: El 21 de noviembre de 2018, don Javier Morales dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en el cobro de costos de reproducción y en el retiro de la documentación de manera presencial.</p>
<p>
Además el reclamante hace presente que pide dos cosas: se libere el costo de reproducción, ya que tiene discapacidad severa lo cual no le permite salir de su casa y que la información sea enviada a su correo electrónico.</p>
<p>
5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante oficio N° E346, de 11 de enero de 2019, confirió traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.</p>
<p>
Mediante ordinario N° 90, de 24 de enero de 2019, el órgano presentó sus descargos señalando, en síntesis que:</p>
<p>
Una vez pagados los costos de reproducción no existe ningún inconveniente en enviarle la información al reclamante vía electrónica en formato PDF.</p>
<p>
Hace presente que para obtener copia de la hoja de vida anual de un determinado período del ex funcionario, necesariamente debe fotocopiarse, para ser certificada por el estamento responsable y luego aplicar el principio de divisibilidad a los documentos requeridos, pues se aplica divisibilidad, en razón a los datos personales que contiene dicha información, ya que no se puede censurar o tajar el documento original; pues esta documentación no se encuentra en formato digital, sino que en formato papel, contenido en las respectivas carpetas que la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas mantiene de cada funcionario que presta o ha prestado servicios a esta Institución.</p>
<p>
6) SOLICITUD DE ANTECEDENTES: Atendida la naturaleza de la información que se pide, con el fin de poder dar traslado al tercer interesado, mediante correo electrónico de fecha 27 de mayo de 2019, se requirió al órgano remitir sus datos de contacto.</p>
<p>
Mediante correo electrónico de fecha 28 de mayo de 2019, la PDI informó lo siguiente: "Hago presente que el ex funcionario Jorge BARRAZA, se acogió a retiro en el año 1980, revisado el sistema computacional, así como sus Hojas de Vida Anual, (aún pendientes de pago por costos de reproducción), no registra domicilio, teléfono ni correo electrónico. Cabe hacer presente además que de acuerdo a Certificado de Defunción que se adjunta, el Sr. Jorge BARRAZA RIVEROS, (Q.E.P.D.) falleció con fecha 08.OCT.018." Se adjunta certificado de defunción.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo se funda en la insatisfacción del reclamante ante la respuesta del órgano, atendido el cobro de costos directos de reproducción y el retiro de la información de manera presencial en dependencias de la reclamada.</p>
<p>
2) Que, al efecto, si bien la reclamada con ocasión de los descargos se allanó a la entrega de la información vía electrónica en formato PDF, tal como fue pedida, reiteró el pago previo de los costos de reproducción. En este sentido explicó que la información solicitada comprende 54 hojas, cuyo costo por carilla es de $16 (dieciséis pesos), por lo que se deberá pagar la suma total de $ 864 (ochocientos sesenta y cuatro pesos); ello atendido que para obtener copia de la hoja de vida del ex funcionario, necesariamente debe fotocopiarla, para ser certificada por el estamento responsable y censurar los datos personales que contiene dicha información, dado que no se puede tarjar el documento original, pues se encuentra en formato papel, contenido en la respectiva carpeta del ex funcionario.</p>
<p>
3) Que, primeramente se debe hacer presente que la hoja de vida requerida se refiere a un ex funcionario de la PDI fallecido, según consta en el certificado de defunción que se acompaña en el presente amparo. Sobre el particular, según se ha sostenido reiteradamente a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C64-10, una persona fallecida no es titular de datos personales a la luz de lo dispuesto en el artículo 2° letra ñ) de la Ley N°19.628, de 1999, sobre protección de datos personales, al no ser ya una persona natural. En consecuencia, fallecida una persona deja de ser titular de datos personales y estos últimos dejan de ser tales, para pasar a ser simplemente datos, por lo que no resulta aplicable a su respecto la Ley N°19.628, sobre protección a la vida privada.</p>
<p>
4) Que, no obstante lo señalado, la doctrina nacional ha reconocido que la honra de las personas fallecidas es también un derecho de sus familiares, toda vez que su memoria constituye una prolongación de dicha personalidad que es susceptible de resguardo, la cual queda asegurada por la protección de la honra de la familia (Nogueira A., Humberto. El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites. Santiago: Lexis Nexis, 2002, p. 131-133). Por ello se ha entendido que el derecho a la honra prohíbe la "violación del buen nombre de la persona o su familia como consecuencia de la divulgación de aspectos de la vida privada de las personas que por su naturaleza afectan su reputación" (Ídem., p. 132) (énfasis agregado). Siguiendo dicho criterio, esta Corporación -en votación mayoritaria- dispuso la reserva de la identidad de personas fallecidas por meningitis (amparo Rol C1335-13), y en forma unánime reservó el informe de autopsia de un ex funcionario de la Armada de Chile (amparo Rol C1530-14). Por lo anterior, este Consejo observa que, si bien ha reservado la información en razón del referido criterio, ello ha sido aplicado estrictamente y en consideración a la especial naturaleza de la información requerida, vinculados a la salud y causa de muerte de personas, cuestión, que atendida la naturaleza de la información pedida en la especie, sólo resultaría aplicable respecto de aquella información relativa a la salud del ex funcionario consultado que pudiera encontrase consignada en la hoja de vida pedida.</p>
<p>
5) Que, a su turno, respecto de los costos de reproducción cobrados al solicitante para acceder a la información reclamada, cabe tener presente que de acuerdo con el inciso primero del artículo 17 de la Ley de Transparencia, la información solicitada a los órganos de la Administración del Estado se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, siempre que ello no importe un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional, casos en que la entrega se hará en la forma y a través de los medios disponibles. A su turno, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción, no se podrá efectuar cobro alguno si la remisión de la información se realiza telemáticamente, salvo que el documento no se encuentre digitalizado y sea necesario fotocopiarlo para su posterior escaneo. Del mismo modo, es dable considerar que en virtud del principio de gratuidad establecido en el artículo 11, letra k), de la Ley de Transparencia, el acceso a la información de los órganos de la Administración es gratuito, precisando el artículo 18 del mismo cuerpo legal que "sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada". En este sentido, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala, en lo que interesa, que "se entenderá por costos directos de reproducción todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción".</p>
<p>
6) Que, en este sentido, la reclamada no justificó las razones por las cuales sería necesario fotocopiar previamente -de modo íntegro- la hoja de vida solicitada, para aplicar divisibilidad respecto de ciertos datos personales, en lugar de digitalizar directamente la documentación y proceder a su censura por la vía electrónica, considerando que hoy existen herramientas informáticas que permiten efectuar dicha operación digitalmente. Además, no se explica para este caso específico, las razones por las cuales el órgano debe -imperiosamente- fotocopiar los antecedentes, para posteriormente digitalizarlos y certificarlos, toda vez que, por una parte, se trata de una persona fallecida que, tal como se señaló, no es titular de datos personales, y por otra, la información no fue pedida certificada.</p>
<p>
7) Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado por la reclamada el cobro de costos de reproducción previo a la entrega de la información pedida, y tratándose de una persona fallecida, casos en el cual, la jurisprudencia de este Consejo sólo ha reservado los datos relativos a la salud, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la Policía de Investigaciones que proporcione al reclamante, copia digital, en formato PDF, de la información requerida, tarjando, en caso de corresponder, la información relativa a las patologías del ex funcionario que allí se consignaren.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Acoger el amparo deducido por don Javier Morales, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones:</p>
<p>
a) Hacer entrega al reclamante la siguiente información:</p>
<p>
- Copia íntegra de la Hoja de Vida del ex Comisario Jorge Barraza, digitalizada en formato PDF, previo tarjado, en caso de corresponder, la información relativa a las patologías del ex funcionario que allí se consignaren.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Morales, y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
<p>
</p>