Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5837-18

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Reclamante:	MARGOT ANGULO MANRÍQUEZ
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, respecto de la entrega de los documentos señalados por la reclamante en su pronunciamiento referidos a procedimiento administrativo a establecimiento educacional, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no existe.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/5/2019
Consejeros:	-Marcelo Drago Aguirre -Francisco Javier Leturia Infante
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C56-10
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C5837-18 Entidad pública: Superintendencia de Educación. Requirente: Margot Angulo Manríquez. Ingreso Consejo: 23.11.2018 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Educación, respecto de la entrega de los documentos señalados por la reclamante en su pronunciamiento referidos a procedimiento administrativo a establecimiento educacional, en atención a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, en orden a que dicha información no existe. En sesión ordinaria N° 980 del Consejo Directivo, celebrada el 2 de abril de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5837-18. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de octubre de 2018, doña Margot Angulo Manríquez solicitó a la Superintendencia de Educación, la siguiente información: "Requiero copia de Acta de Fiscalización N° 181000872 de fecha 06 de agosto del 2018; Resolución Exenta N° 2018/pa/10/0515 de fecha 14 de agosto del 2018 que ordenó instruir proceso administrativo al Colegio San Alberto Hurtado; acto administrativo por el cual se designó fiscal instructor del presente proceso, esto último en el caso que dicha designación no cuente en los anteriores documentos solicitados. Por último, solicito copia del expediente o proceso administrativo y sus antecedentes relativos a esta fiscalización". 2) PRÓRROGA DEL PLAZO Y RESPUESTA: El 6 de noviembre de 2018, el órgano notificó a la solicitante la prórroga del plazo de respuesta, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2°, del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Posteriormente, el 7 de noviembre de 2018, mediante Resolución Exenta N° 0788, la Superintendencia de Educación respondió a dicho requerimiento de información, denegando la entrega de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia, y señalando que "la fiscalización realizada dio origen a un proceso administrativo sancionador, el que está en etapa de presentación de descargos y prueba, es decir, aún está en tramitación y no ha sido resuelto de manera definitiva, por lo que (...) no es posible acceder a la entrega de dicha información". 3) AMPARO: El 20 de noviembre de 2018, ante la Gobernación de la Provincia de Osorno, ingresado ante este Consejo el 23 de noviembre de 2018, don Francisco Angulo Manríquez, en representación del Colegio San Alberto Hurtado, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Educación, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. Asimismo, agregó que "La Resolución Exenta denegatoria contra la cual recurrimos es infundada por cuanto en el numeral 4 de sus considerandos se limita a citar el artículo en el cual acoge la excepción a dar publicidad a la información requerida pero no asocia dicho artículo al desarrollo particular de las razones que en este caso harían aplicable dicha disposición legal (...) encubre un propósito meramente dilatorio (...) Denunciamos además un proceder engañoso en la comunicación de la prórroga para la respuesta a nuestra solicitud de derecho a la información pues el oficio (...) se fundamenta en la existencia de circunstancias que harían difícil reunir la información solicitada por el volumen de los documentos lo que haría exigible invertir varios días en la recopilación de la misma, en circunstancias que al día siguiente se niega la entrega de la información", haciendo mención al fallo de la I. Corte de Apelaciones de Santiago sobre información de la AFP en que se rechazó el argumento de la distracción indebida, y lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C56-10 y C45-09. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Esta Corporación, mediante Oficio N° E642, de fecha 18 de enero de 2019, solicitó al reclamante subsanar su amparo, acompañando copia de poder de representación firmado ante Notario, donde conste que doña Margot Angulo Manríquez le otorga mandato para actuar en su representación, o bien, que doña Margot Angulo Manríquez comparezca ante este Consejo, ratificando todo lo obrado por el reclamante en su calidad de agente oficioso. Posteriormente, mediante correo electrónico de 31 de enero de 2019, la reclamante subsanó su amparo, acompañando copia de documento notarial por medio del cual ratifica lo obrado por don Francisco Angulo Manríquez. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante oficio N° E1746, de 11 de febrero de 2019, confirió traslado al Sr. Superintendente de Educación, notificándole el reclamo y solicitándole que formulara sus descargos y observaciones. Mediante Ord. N° 0352, de fecha 26 de febrero de 2019, la Superintendencia presentó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "a la fecha de ingreso de la solicitud, el día 04 de octubre de 2018 y del envío de la respuesta, el día 07 de noviembre de 2018, el Proceso Administrativo se encontraba en etapa de presentación de descargos y prueba en la Dirección Regional de Los Lagos de esta Superintendencia de Educación. Es decir, no se tenía certeza aún de si se establecería alguna sanción para el establecimiento o si se sobreseería por estos hechos, lo que da cuenta que estamos en presencia de actuaciones previas, que sirven de base para la resolución final, motivo por el cual no pueden ser puestas en conocimiento de la solicitante sino hasta que el proceso en curso se encuentra firme y ejecutoriado". Acto seguido, indica que "El objeto de este organismo es fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, y fiscalizar la legalidad del uso de los recursos de los establecimientos que reciban aporte estatal (...) También debe dar a conocer los mecanismos disponibles para resolver consultas, solicitar mediaciones y atender denuncias o reclamos. En este sentido, el hecho que se tenga conocimiento de un procedimiento que no se encuentra firme, puede generar confusión en la comunidad educativa, y ocasionar desconfianza en la actividad de esta Superintendencia. La certeza jurídica es un valor primordial, que ayuda a que las personas confíen en las instituciones". Sin perjuicio de lo anterior, el órgano señala que el procedimiento ya se encuentra firme y ejecutoriado, por lo que remitió los antecedentes a la solicitante, mediante correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019, adjuntando link para acceder al expediente reclamado. 6) PRONUNCIAMIENTO DE LA RECLAMANTE: En virtud de lo expuesto, este Consejo, mediante oficio N° E2543, de fecha 4 de marzo de 2019, solicitó a la requirente manifestar su conformidad o disconformidad con la información entregada por el órgano, y en caso de disconformidad, indicar detalladamente qué información de la solicitada no le habría sido entregada. Por medio de correo electrónico de fecha 11 de marzo de 2019, la reclamante manifestó su disconformidad, señalando que "revisados los archivos que se han puesto en nuestro conocimiento, estos no satisfacen el requerimiento planteado por esta parte, toda vez que ellos se refieren principalmente a actos administrativos tanto de trámite como decisorios, pero que no dan cuenta de las gestiones que realizó el fiscalizador. En efecto, se señala en uno de estos documentos que se realizarán por parte del funcionario gestiones para indagar sobre la denuncia por la cual se nos formula un cargo pero no se adjunta ninguna acta levantada al efecto, ninguna declaración jurada tomada por el funcionario, ningún documento allegado al procedimiento investigativo de su parte, ningún documento inculpatorio, ninguna declaración simple de algún apoderado, profesor, etc.". 7) GESTIÓN OFICIOSA: En virtud de lo señalado por la reclamante, en su respuesta a la solicitud de pronunciamiento, este Consejo, mediante correo electrónico de fecha 26 de marzo de 2019, solicitó a la Superintendencia de Educación señalar, detalladamente, si existían antecedentes adicionales a los entregados, particularmente, los indicados por la reclamante. Por medio de correo electrónico de igual fecha, el órgano señaló, en síntesis, que solo obra en poder de la Superintendencia el Acta de Fiscalización elaborada por el funcionario fiscalizador, y no existe ninguna otra acta levantada con posterioridad. Del mismo modo, indicó que "En relación alguna declaración jurada tomada por el funcionario fiscalizador o algún documento adjuntado al procedimiento investigativo por parte del mismo funcionario, documento inculpatorio o declaración de algún apoderado o profesor, se señala que el Fiscalizador corresponde a un Ministro de Fe y todo lo observado se levanta en el acta de fiscalización, sin la necesidad de acompañar documentos adicionales. De igual manera se hizo una búsqueda en el caso incierto que estos documentos existiesen de alguna manera, pero no se encuentran acompañados en este procedimiento", adjuntando copia del Acta de Fiscalización ya remitida con anterioridad. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por parte de la Superintendencia de Educación, a la solicitud de información de la reclamante. En efecto, el requerimiento se refiere a copia de los antecedentes de fiscalización y expediente administrativo que indica. Al respecto, el órgano denegó su entrega, fundado en la causal de reserva del artículo 21 N°1, letra b), de la Ley de Transparencia. 2) Que, sin perjuicio de lo anterior, con ocasión de sus descargos, el órgano señaló que el procedimiento ya se encontraba afinado, remitiendo copia de los antecedentes reclamados. En dicho contexto, y una vez revisada la información entregada por la Superintendencia, la reclamante manifestó su disconformidad con la misma, señalando que no se adjuntó ningún acta levantada al efecto con posterioridad, ninguna declaración jurada tomada por el funcionario fiscalizador, ningún documento allegado al procedimiento investigativo de su parte, ningún documento inculpatorio o declaración simple de algún apoderado o profesor. En efecto, de los documentos tenidos a la vista por este Consejo, cabe tener presente que se adjunta copia del acta de fiscalización, resolución que ordena instruir proceso administrativo, formulación de cargos, presentación del establecimiento denunciado, informe final de investigación, resolución que aprueba el proceso y aplica sanción y certificación de ejecutoria, todo con sus respectivas notificaciones. 3) Que, sin perjuicio de lo anterior, este Consejo, con fecha 26 de marzo de 2019, solicitó a la Superintendencia indicar si existen antecedentes adicionales a los ya acompañados, particularmente, alguno de los documentos detallados por la reclamante en su respuesta a la solicitud de pronunciamiento. En tal sentido, el órgano informó que no existía ninguna otra acta levantada por el fiscalizador, adjuntando copia del Acta de Fiscalización que dio origen al proceso administrativo, agregando que tampoco existe ninguno de los otros antecedentes mencionados por la requirente, por cuanto el funcionario fiscalizador, en su calidad de Ministro de Fe, de todo lo observado, levanta en el acta de fiscalización que incluye las irregularidades detectadas, sin la necesidad de acompañar documentos adicionales. 4) Que, en consecuencia, y en virtud de lo anterior, no existiendo antecedentes que permitan desvirtuar lo expuesto por la reclamada en esta sede -referido a la inexistencia de la información consultada- no resulta procedente requerir al órgano que haga entrega de información que, de acuerdo a lo señalado, no obraría en su poder. Por lo tanto, el presente amparo deberá ser rechazado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Margot Angulo Manríquez en contra de la Superintendencia de Educación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Margot Angulo Manríquez, don Francisco Angulo Manríquez, y al Sr. Superintendente de Educación. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Marcelo Drago Aguirre y sus Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don Francisco Leturia Infante. La Consejera doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.