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DECISIÓN AMPARO ROL C5892-18</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)</p>
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Requirente: Alejandra Pallamar Azua</p>
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Ingreso Consejo: 27.11.2018</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, requiriendo la entrega de las columnas denominadas "Razón Social", "Código de Actividad Económica (CIIU)", "Nombre Lugar de trabajo", "Género", "Edad", "Función/Ocupación", y aquellas referidas a las 20 respuestas del "Cuestionario "SUSESO/ISTAS21", versión breve, del año 2017, correspondientes a medianas y grandes empresas o entidades empleadoras y en cuanto se encuentren registradas en la base de datos que obra en poder de la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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Lo anterior, en atención a que se descarta que su divulgación afecte los derechos de los trabajadores de las empresas informadas, pues se trata de antecedentes estadísticos asociados al riesgo psicosocial laboral presente en aquellas, sin que por medio de ellos se permita identificar a sus empleados, ni menos aún datos relativos a la salud de éstos.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C3926-18 y C5613-18.</p>
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Se rechaza el amparo respecto de la información solicitada relativa a micros y pequeñas empresas o entidades empleadoras, por cuanto permitiría la individualización de dichos trabajadores y con ello la entrega de sus datos personales sin mediar su autorización.</p>
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En sesión ordinaria N° 994 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de mayo de 2019, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C5892-18.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: Con fecha 12 de noviembre de 2018, doña Alejandra Pallamar Azua solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social - en adelante también SUSESO-, "la base de datos consolidada de aquellos centros que midieron su riesgo por versión breve y enviaron sus resultados a la SUSESO en el año 2017. En caso de no ser posible tener la base 2017, solicito poder acceder a las bases del año 2016. Es de mi interés poder acceder a los datos específicos del sector salud y educación (pública y privada) tanto como a la base consolidada general (en formato Stata y/o Excel)".</p>
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2) RESPUESTA: La Superintendencia de Seguridad Social, mediante ordinario N° 56.083, de fecha 16 de noviembre de 2018, denegó el acceso a la información solicitada por considerar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-.</p>
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Informa que el Cuestionario SUSESO/ISTAS 21, es un instrumento para identificar y medir el riesgo psicosocial presente en el ámbito laboral en Chile. Dicho instrumento se construyó sobre la base de la validación y estandarización del Método ISTAS 21, adaptándolo a la población laboral chilena, cabe indicar que es aplicable a las distintas actividades económicas y productivas del país, tanto de entidades públicas como privadas. Es importante puntualizar que el cuestionario no mide el estrés individual, ni permite hacer un diagnóstico de alguna patología psiquiátrica. Cuenta con una versión completa y otra breve. La primera de aquellas corresponde a la versión íntegra, contiene 20 ítems y 91 preguntas, más 49 preguntas de caracterización biodemográfica y de empleo. Esta versión del cuestionario está diseñada para ser aplicado principalmente como herramienta de investigación y vigilancia epidemiológica.</p>
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Ahora bien, indica que la aplicación del referido cuestionario se encuentra regulado en el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales de esa Superintendencia, además del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, establecido por el Ministerio de Salud, referido a los factores psicosociales en el ámbito ocupacional hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tiene la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo.</p>
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Conforme a lo indicado, proporcionar la información solicitada, implicaría revelar datos sensibles de los trabajadores cuyas entidades empleadoras pudieran registrar un "riesgo alto" en relación con los riesgos psicosociales en el trabajo. Al respecto, el artículo 10 de la ley N° 19.628, dispone que aquellos sólo pueden ser objeto de tratamiento - lo que involucra, entre otras operaciones, su comunicación o transferencia a terceros- cuando una ley lo autorice o medie consentimiento del titular.</p>
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Además, otorgar acceso a dicha información consideran que implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización para fines diversos que los del otorgamiento de beneficios de seguridad social, por lo que es pertinente invocar la causal de reserva prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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Agrega que si bien no se solicita la individualización de los trabajadores a los cuales se refieren los antecedentes requeridos, proporcionárselos permitiría caracterizar a aquellos que forman parte de las entidades empleadoras, conforme a la información recolectada por la aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, posibilitando de esta forma su identificación, en especial cuando forman parte de entidades empleadoras de pequeño tamaño.</p>
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3) AMPARO: Con fecha 27 de noviembre de 2018, doña Alejandra Pallamar Azua dedujo amparo a su derecho de acceso en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. En particular, especificó que "La información demográfica necesaria para efectos de investigación sería - Ocupación/- puesto de trabajo - Edad - Género Información de la Empresa: Sector (público - privada) Rubro".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante oficio N° E662, de fecha 18 de enero de 2019, para que formule sus descargos y observaciones, solicitándole, especialmente, lo siguiente: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; y, (2°) señale cómo la entrega de aquella afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa y los derechos de terceros.</p>
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El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 1002, de fecha 24 de enero de 2019, reiteró lo señalado en su respuesta, en orden a que otorgar acceso a lo pedido implica inequívocamente una intromisión a la vida privada de los titulares de dichos datos, sin que éstos hayan consentido en su utilización para fines diversos que los del otorgamiento de beneficios de seguridad social, o en este caso específico para realizar actividades de vigilancia epidemiológica por la existencia de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo por parte de las entidades competentes para ello (los Organismos Administradores de la ley N° 16.774, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -en adelante ley N° 16.774-; y las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud), por lo que es pertinente invocar la causal de reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia.</p>
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Por otro lado, sostuvo que el artículo 3, de la ley N° 16.395, que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social - en adelante ley N° 16.395-, establece que aquella será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia, la supervigilancia que debe ejercer, comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones. Por otro lado, el artículo 30, del cuerpo legal mencionado, dispone que le corresponde la fiscalización del seguro social contra riesgos del trabajo y enfermedades profesionales que se rige por la ley N° 16.744 y sus reglamentos, y la fiscalización de las instituciones que a él se dediquen. Dichas funciones son ejercidas, entre otras cosas, impartiendo instrucciones por medio de Circulares, como por ejemplo, el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de esa Superintendencia, el cual regula tanto la aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS21, como del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo, establecido por el Ministerio de Salud, referido a los factores psicosociales en el ámbito ocupacional hacen referencia a situaciones y condiciones inherentes al trabajo y relacionadas al tipo de organización, al contenido del trabajo y la ejecución de la tarea, y que tiene la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones de trabajo.</p>
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De esta forma, considera que parte fundamental de dicha regulación, fiscalización y control por el correcto otorgamiento de los beneficios establecidos por la ley N° 16.744, en lo que se refiere a los riesgos psicosociales, corresponde a la confianza y la participación de los trabajadores de las entidades empleadoras en la aplicación del Cuestionario SUSESO/ISTAS 21, las cuales se verían indudablemente afectadas en caso de que la base de datos que contiene las respuestas que han proporcionado, y que contienen información sensible de dichos trabajadores, se pusiera en conocimiento de terceros para diversos al otorgamiento de los beneficios pertinentes y a la implementación del Protocolo de Vigilancia de Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Ello resulta particularmente relevante considerando que, para poder evaluar la efectividad de las medidas que aplique la entidad empleadora conforme el protocolo señalado, para mitigar o eliminar los referidos riesgos psicosociales, corresponde efectuar nuevas aplicaciones del mencionado cuestionario, por lo que es esencial mantener los resultados de su aplicación y de los antecedentes sensibles de los trabajadores a los que se aplica.</p>
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5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Con el objeto de resolver acertadamente el presente amparo, este Consejo, solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social, mediante oficio N° 694, de fecha 3 de abril de 2019, remita copia de la base de datos requerida. Además, de informar la factibilidad de otorgar acceso a aquélla aplicando el principio de divisibilidad, indicando expresamente qué antecedentes se deberían resguardar de ésta.</p>
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El órgano reclamado, por medio de ordinario N° 3325, de fecha 22 de abril de 2019, informó, en lo pertinente, que proporcionar los antecedentes requeridos conlleva un riesgo de estigmatización de los trabajadores al quedar asociados a una condición de riesgo psicosocial que por su naturaleza se trata de un dato sensible relativo a su salud, por lo que considera que deberían ser reservados, y por tanto no sujeto a su utilización por terceros, reiterando en tal sentido lo señalado tanto en su respuesta como en sus descargos. Finalmente, señala que remiten la base de datos solicitada, correspondiente al año 2017.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso. Al respecto, el órgano reclamado argumenta que concurre la casual de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.</p>
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2) Que al órgano reclamado le corresponde "la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y en conformidad a la ley". (Artículo primero, inciso final, de la ley N° 16.395). Así, en cumplimiento de sus funciones se encarga de la aplicación del instrumento multidimensional denominado "Cuestionario "SUSESO/ISTAS21", el cual contiene escalas de medición de riesgo psicosocial presente en el ámbito laboral del país, y que cuenta con una versión breve y otra completa; la aplicación de la primera de éstas es obligatoria en todos los lugares de trabajo y a partir de 2017, incorporó preguntas sobre sexo y edad, y tres campos de segmentación (unidad funcional, unidad geográfica y ocupación) que debe definir el propio centro de trabajo.</p>
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3) Que la información solicitada dice relación con la base de datos del "Cuestionario "SUSESO/ISTAS21", versión breve del año 2017, en general y de forma específica respecto del sector salud y educación. Posteriormente, con ocasión del amparo la reclamante, precisó que los antecedentes demográficos necesarios son ocupación/puesto de trabajo, edad y género. Por su parte, en cuanto a la empresa, aquellos que digan relación con el sector (público/privado) y rubro.</p>
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4) Que el órgano reclamado, con ocasión de respuesta a medida para mejor resolver, remitió a este Consejo base de datos relativa a "Cuestionario SUSESO/ISTAS21", Versión Breve, año 2017, que obra en su poder, la que contiene las siguientes columnas: "N°", "RUT Empresa", "Razón Social", "Código de Actividad Económica (CIIU)", "Nombre Lugar de trabajo", "Dirección (Tipo de calle)", "Dirección (Nombre)", "Dirección (Número)", "Dirección (resto dirección)", "Dirección (localidad)", "Comuna CT", "Fecha de Inicio Evaluación Lugar de Trabajo", "Fecha de Cierre Evaluación Lugar de Trabajo", "N° de Trabajadores Totales CT", "Género", "Edad", "Función/Ocupación", y 20 columnas con las respuestas de cada una de las preguntas que componen la versión breve del cuestionario consultado.</p>
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5) Que, en virtud de lo señalado por la reclamante, el presente amparo se circunscribe a la entrega de los datos que den cuenta del sector (publico/privado) y rubro de las entidades empleadoras, así como aquellas referidas a la ocupación/puesto de trabajo, edad y género de los trabajadores encuestados. Así, tras la revisión de la base de datos remitida, la información requerida es la contenida en las columnas denominadas "Género", "Edad", "Función/Ocupación" y aquellas que contienen las respuestas a las 20 preguntas del cuestionario aplicado. Por su parte, en cuanto a aquella referida al sector y rubro de las entidades empleadoras, se debe señalar que si bien no se encuentra específicamente contenida en dicha base, aquella se puede inferir de las columnas denominadas "Razón Social", "Código de Actividad Económica (CIIU)", "Nombre Lugar de trabajo".</p>
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6) Que en cuanto a los antecedentes contenidos en el "Cuestionario SUSESO/ISTAS21", versión breve, remitidos a este Consejo, se debe tener presente que aquél es aplicado y remitido por los organismos administradores del Seguro Social de la ley N° 16.744, al órgano reclamado. Así, como se explica en documento titulado "Panorama Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo" (Diciembre 2018), que presenta los resultados de aquel, "Los lugares o centros de trabajo (CT) deben aplicar la VB (Versión Breve) del cuestionario SUSESO/ISTAS21, pero no están obligados a informar los resultados salvo cuando son de alto riesgo, lo que hace que estos resultados puedan tener sesgos que hay que considerar en el análisis. Por otra parte, algunos cuestionarios de VB deben digitarse, los códigos CIIU se introducen en forma manual y algunas respuestas están en blanco. Todos estos factores hacen que los totales de las tablas que se presentarán no coincidan por completo. En cambio, la VC (Versión Completa) del instrumento es aplicada directamente en una plataforma operada por SUSESO y, en consecuencia, estos datos se encuentran alojados en los servidores institucionales y tienen mayor precisión". (Disponible en: http://www.suseso.cl/607/w3-article-577950.html, revisado con fecha 13 de mayo de 2019).</p>
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7) Que, tras la revisión de la base de datos remitida a este Consejo, se constató que presenta algunas columnas en blanco o sin respuesta. De esta forma, y en virtud de lo señalado en el considerando anterior, se concluye que aquella es la información que obra en poder de la Superintendencia de Seguridad Social, cuya entrega puede ser requerida.</p>
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8) Que el órgano reclamado deniega el acceso a la información solicitada por considerar que permite caracterizar a los trabajadores, posibilitando su identificación y dando cuenta de datos relativos a los riesgos psicosociales a los que están expuestos e incluso a afecciones de su salud mental, en especial, cuando forman parte de entidades empleadoras de pequeño tamaño. Así, considera que se tratan de datos sensibles sujetos al régimen proteccional establecido en la ley N° 19.628, por lo que, se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21, N° 2 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, es la propia SUSESO la que sostiene que el instrumento cuyos resultados se requieren, no mide el estrés individual, ni permite hacer un diagnóstico de alguna patología psiquiátrica particular, sino que está referido a los factores psicosociales en el ámbito ocupacional relativo más bien a situaciones y condiciones inherentes al trabajo, a saber, tipo de organización, contenido y ejecución de tareas, que tienen la capacidad de afectar, en forma positiva o negativa, el bienestar y la salud (física, psíquica o social) del trabajador y sus condiciones laborales.</p>
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9) Que, por lo tanto, el órgano reclamado no logra, en esta instancia, acreditar la manera en que la divulgación de la información solicitada, podría afectar los derechos de los trabajadores que realizaron los cuestionarios cuya base de datos se requiere, ni que su publicidad revele datos referentes a su salud. Razón por la cual, se descartará la concurrencia la causal de secreto o reserva alegada por la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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10) Que, sin perjuicio de lo resuelto precedentemente y en lo referente a la posibilidad de identificar a los trabajadores que se desempeñan en empresas de menor tamaño, aquello resulta plausible al revelar el dato de la "Razón Social" de aquellas, más aún, en aquellos casos, en que es posible relacionar dicho dato con las variables "Género", "Edad" y "Función/Ocupación". De esta forma, proporcionar dichos antecedentes permitiría la individualización de dichos trabajadores, no contando, en la especie, con autorización legal ni de sus titulares, como lo exige el artículo 4 de la ley N° 19.628.</p>
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11) Que, en este punto se debe hacer presente, que según se da cuenta en la base de datos remitida a este Consejo, el número total de trabajadores de las entidades empleadoras informadas, oscila entre un mínimo de 2 a un máximo de 3.699 empleados. De esta forma, al determinar el tamaño de una empresa por la cantidad de personas que se desempeñan en aquella, según lo dispone el inciso segundo del artículo 505 bis, del Código del Trabajo (modificado por la ley N° 20.416, que fija normas especiales para las empresas de menor tamaño), en el sentido a que "Se entenderá por micro empresa aquella que tuviere contratados de 1 a 9 trabajadores, pequeña empresa aquella que tuviere contratados de 10 a 49 trabajadores, mediana empresa aquella que tuviere contratados de 50 a 199 trabajadores y gran empresa aquella que tuviere contratados 200 trabajadores o más"; se concluye que aquellos trabajadores cuya identificación resulta plausible con la divulgación de los antecedentes solicitados, a que se hace alusión en el considerando anterior, son aquellos pertenecientes a las denominadas micros y pequeñas empresas.</p>
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12) Que, en virtud de lo señalado en los considerandos anteriores, se concluye que la información contenida en las columnas denominadas "Razón Social", "Código de Actividad Económica (CIIU)", "Nombre Lugar de trabajo", "Género", "Edad", "Función/Ocupación", y aquellas referidas a las 20 respuestas al "Cuestionario "SUSESO/ISTAS21", versión breve, del año 2017, correspondientes a medianas y grandes empresas y en cuanto se encuentren registradas en la base de datos que obra en poder de la Superintendencia de Seguridad Social, constituyen datos estadísticos, esto es, el que "..en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable", según lo dispuesto en el artículo 2, literal e), de la ley N° 19.628. De esta forma, procede su divulgación a cualquier interesado, toda vez que carece de la idoneidad para producir algún tipo de afectación a un titular indeterminado. En consecuencia, se requerirá su entrega. Este Consejo se pronunció en el mismo sentido en las decisiones Roles C3926-18 y C5613-18, referidas a solicitudes sobre información similar a la analizada en el presente acuerdo.</p>
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13) Que, por su parte, se rechazará el amparo en cuanto a los antecedentes relativos a aquellas micros y pequeñas empresas, puesto que proporcionarlos permitiría la identificación de sus trabajadores, por lo tanto, se trata de datos personales respecto de los cuales no se cuenta con autorización legal ni de sus titulares para divulgarlos, configurándose, de esta forma, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628, y de la atribución de este Consejo conferida por el artículo 33, literal m), de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por doña Alejandra Pallamar Azua en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Superintendente de Seguridad Social, lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la reclamante las columnas denominadas "Razón Social", "Código de Actividad Económica (CIIU)", "Nombre Lugar de trabajo", "Género", "Edad", "Función/Ocupación", y aquellas referidas a las 20 respuestas del "Cuestionario "SUSESO/ISTAS21", versión breve, del año 2017, correspondientes a medianas y grandes empresas o entidades empleadoras y en cuanto se encuentren registradas en la base de datos que obra en poder de la Superintendencia de Seguridad Social.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo en lo referente a la información solicitada relativa a micros y pequeñas empresas o entidades empleadoras, por concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en la ley N° 19.628.</p>
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IV. Encomendar a la Directora General (S) y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar el presente acuerdo a doña Alejandra Pallamar Azua y al Sr. Superintendente de Seguridad Social.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros doña Gloria de la Fuente González, don Marcelo Drago Aguirre y don Francisco Leturia Infante. El Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Ricardo Sanhueza Acosta.</p>
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